MARIAN JIMON BAHENA y Otros.
Expediente 292/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 40 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Director del Hospital General Iguala "Dr. Jorge Soberon Acevedo
- MARIAN JIMON BAHENA y Otros.
- Marian Jimon Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 263/2023, orden 392/2023, del índice de este juzgado, enviado para notificar los oficios 1515/2023 y 1348/2023 dirigidos al titular de la Secretaría de Salud, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. Anotaciones Se ordena dar de baja la comunicación oficial, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a los autos el sobre devuelto por la empresa de mensajería Estafeta, el cual contiene los oficios 1515/2023 y 1348/2023 dirigidos al titular de la Secretaría de Salud, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, del cual se advierte que no fue posible realizar su entrega por los motivos ahí expuestos. En ese sentido, a fin de evitar dilaciones procesales en el presente asunto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, EN TURNO, para que de acuerdo a su jurisdicción territorial y competencia; y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en las instalaciones que ocupa el titular de la Secretaría de Salud, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y le notifique los oficios 1515/2023 y 1348/2023; para los efectos legales conducentes. En el entendido que la diligencia deberá estar en estricto apego a lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Amparo, deberá hacerle del conocimiento de la citada institución bancaria que en caso de que se niegue a recibir el oficio, no obstante, esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación; y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha para todos los efectos legales. En el entendido de que la nulidad de la referida notificación únicamente puede ser reclamada por la parte procesal a quien le resulte una afectación a sus intereses. Cabe precisar que si bien en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación a las autoridades foráneas se debe realizar mediante oficio, cabe destacar que la misma no se ha podido realizar en términos de dicho artículo; por tal motivo, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgador estima procedente ordenar la notificación del mencionado oficio mediante exhorto. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin necesidad de que se acuse recibo del exhorto de mérito, pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) emite éste al momento del envío relativo, por lo que este órgano de control constitucional desde ese momento tiene conocimiento de quién realizará la diligencia correspondiente. Además, se solicita al Titular del citado Juzgado de Distrito que remita el resultado de la comunicación oficial de mérito vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en el entendido que los documentos digitalizados o escaneados deberán ser legibles y permitir la lectura de todos los elementos relevantes como son: texto, sellos y fechas. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Jefe de la Administración Postal con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio ********************dirigido al titular de la Secretaría de Salud, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, del cual se advierte que no fue posible realizar su entrega por los motivos ahí expuestos. Reenvío de comunicación. En tales condiciones, se comisiona al actuario judicial adscrito, para que en estricto cumplimiento a sus funciones, y con el fin de que la citada autoridad responsable se encuentre debidamente notificada del comunicado en comento, en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, REENVÍE el oficio mencionado en el párrafo precedente a su domicilio correcto; para los efectos legales a que haya lugar Cúmplase.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que el nueve de marzo del presente año, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en torno al cumplimiento informado por la autoridad responsable. Pronunciamiento sobre cumplimiento Bien, en primer término es pertinente destacar que la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto -cuando el acto reclamado sea de carácter positivo- restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la infracción -en caso de ser carácter negativo- el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, ello de acuerdo con el artículo 77 de la ley de la materia. Además, es preciso señalar que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ha dispuesto que no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, sino que debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido defecto o exceso. También, es obligación del órgano jurisdiccional analizar exhaustiva y oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo junto con los lineamientos y las consideraciones señalados en la sentencia protectora, pues, éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal, ya que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentadas las premisas anteriores, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Se advierte que en la ejecutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se determinó que la autoridad responsable debía efectuar los siguientes actos: "a) Dicten instrucciones al personal médico y administrativo que tienen a su mando, a fin de que proporcionen al menor quejoso la atención médica especializada y el tratamiento farmacéutico requerido para su padecimiento, en el que se implementen todas las medidas sanitarias encaminadas a evitar el deterioro de su salud; o, en su defecto, de no ser posible en las instalaciones con que cuenta la responsable, a través del servicio en otras unidades hospitalarias o clínicas del sector salud a su alcance. b) Acrediten que la atención del padecimiento que fue diagnosticado al menor quejoso, fue efectuado de forma oportuna, bajo su más estricta responsabilidad y de conformidad con lo que sus médicos tratantes determinen, respecto del tratamiento médico y hospitalario más adecuado para el peticionario de amparo y en las condiciones (temporalidad, modalidades y todas las cuestiones que sea susceptibles de determinar por los especialistas médicos), lo que debe acontecer de manera gratuita en las instituciones de salud públicas. c) Para el caso de ser indispensable, deberán realizar las diligencias necesarias, incluso ante diversas autoridades no señaladas como responsables, para que se continúe con el otorgamiento de los medicamentos que el médico tratante determine o, de ser el caso, se brinde en forma ininterrumpida al menor quejoso, la atención y medicamentos que requiera, salvo prescripción médica en contrario; incluso, en caso de ser necesario, la atención quirúrgica, hospitalaria o cualquier otro tipo de estudio que resulte indispensable durante el tiempo que sea necesario para garantizar a éste una vida digna. Sin que los efectos del fallo protector impliquen el suministro de determinado o específico medicamento o tratamiento médico, pues es responsabilidad solo del médico tratante decidir el medicamento o tratamiento a seguir, por lo que la protección constitucional solo tiene el alcance que los servicios médicos sean otorgados de manera puntual, pues sólo de esa forma se podrá restituir a la amparista en el pleno goce de las garantías individuales violadas, como el artículo 7728 de la Ley de Amparo ordena." Actuaciones de la autoridad responsable tendientes al cumplimiento del fallo protector De las constancias que conforman el presente asunto se observa que la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: Mediante oficio recibido el diecisiete de febrero del año en curso, la directora General del Hospital General "Dr. ********************", con residencia en esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud en el Estado, hizo del conocimiento que las siguientes circunstancias: a) Que la paciente de iniciales ********************había sido reprogramada para la cirugía de orquidopexia derecha, a las ocho horas del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, y para tal efecto remitió copia simple de la hoja quirúrgica y la orden de hospitalización correspondiente. b) De igual forma, solicitó que a través de este órgano jurisdiccional se hiciera del conocimiento a ********************madre del menor quejoso, la fecha y hora en la que debería presentarse en el referido nosocomio para el trámite de ingreso. Posteriormente, por oficio recibido el tres de marzo de la presente anualidad, la referida autoridad responsable hizo informó a este juzgado de distrito que se realizaron los estudios médicos correspondientes a fin de llevar cabo la intervención quirúrgica que requiere el menor quejoso, de los cuales se obtuvo que éste presenta un cuadro de infección de vías respiratorias superiores agudas (rinofangiritis aguda), por lo que dicha cirugía fue reprogramada para las ocho horas del siete de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, mediante comunicados recibidos le ocho de marzo de la presente anualidad, el hospital señalado como responsable, informó a este órgano jurisdiccional lo siguiente: a) Que a las quince horas con treinta minutos del seis de marzo del año en curso, ingresó el paciente de iniciales ******************** al servicio de cirugía general. b) A las ocho horas del siete de marzo de dos mil veintitrés. Se realizó el procedimiento quirúrgico de orquidopexia derecha sin complicaciones ni incidentes. c) Asimismo, que el ocho del mes y año en curso, el referido paciente fue egresado de la unidad hospitalaria en buenas condiciones, con indicaciones y recomendaciones de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica, explicando ampliamente al familiar que lo acompañó acerca de los signos de alarma y se dejó cita abierta al servicio de urgencias de ese nosocomio. Expuesto lo anterior, una vez precisados los efectos del fallo protector y analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable, se procede a valorar las documentales antes señaladas, cuyo contenido se analiza a la luz del artículo 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y al tener el carácter de documentos públicos, de conformidad con los numerales 129 y 202 de la codificación en mención, tienen pleno valor probatorio. Por lo que, este órgano de control constitucionalidad considera que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto ya que brindó al menor quejoso la atención médica especializada y el tratamiento farmacéutico requerido para su padecimiento a fin de evitar el deterioro de su salud. En consecuencia, se declara cumplido el fallo protector, al haberse ceñido a los lineamientos que se establecieron en la sentencia de amparo. Archivo y anotaciones Por otro lado, con fundamento en el ordinal 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del diverso artículo 18, inciso b), del referido acuerdo este expediente es depurable, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se concedió el amparo a la parte quejosa. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, en términos del diverso artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho Acuerdo General, en relación con el punto 7.5, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al haberse negado y concedido tanto la suspensión provisional como definitiva de los actos reclamados. 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del plazo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General, por ende, glósese copia simple del presente proveído a dicho cuaderno. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la carátula de este asunto y de los cuadernos incidentales el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos como los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 35 del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la carátula de este asunto y de los cuadernos incidentales el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos como los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 35 del Acuerdo General citado. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 36 actuaciones en este expediente
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