Mariame Morales Montiel
Expediente 390/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mariame Morales Montiel
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VENTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Mariaime Morales Montiel, a través del cual cumple la prevención que se le practicara mediante proveído de once de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, se tiene por desahogado en tiempo el requerimiento de la demanda de amparo, contra actos de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, cabe precisar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Es decir, el citado precepto legal impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. ACTO RECLAMADO, la promovente de amparo lo hace consistir en lo siguiente: ". la orden de desocupación y entrega material del inmueble ubicado en la calle Insurgentes uno, esquina Venustiano Carranza, identificado como lote número uno, manzana siete, zona uno, perteneciente al poblado de Aguaje, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, así como todas las consecuencias legales que traiga aparejada la misma". CAUSA DEL IMPROCEDENCIA. Ahora bien, este Juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del precepto legal transcrito, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente cuando contra él no se promovió el juicio de amparo dentro de los plazos que establece la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de amparo fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En ese entendido, debe indicarse que el plazo genérico para la interposición del juicio de amparo es de quince días, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir de que la quejosa se haya impuesto del acto reclamado lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18, de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18, de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice, y de ser el caso, conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Acotado lo anterior, es necesario precisar que la parte promovente en su escrito aclaratorio manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "".que El Juicio Ordinario Civil no. 760/2017/V se encuentra concluido.que en dicha sentencia fui condenada por el Juez a la desocupación y entrega material del inmueble en litigio el cual tengo posesión desde hace aproximadamente 16 años, y en fecha de tres de abril del año 2018, me fue notificado por parte del personal actuante, del juzgado Municipal de Emiliano Zapata, para hacerme del conocimiento que contaba con un término de cinco días con la finalidad de desocupar y entregar materialmente el inmueble que estoy poseyendo en compañía de mis menores hijos." En ese orden de ideas, el plazo que la parte promovente tenía para promover su demanda de amparo, es el genérico de quince días conforme al artículo 17, de la Ley de Amparo, pues no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en las cuatro fracciones del citado precepto legal; por tanto, el aludido plazo transcurrió del cinco al veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Por tanto, si el plazo que tenía el promovente para presentar su demanda transcurrió del cinco al veinticinco de abril de dos mil dieciocho, y la presentó hasta el nueve de mayo de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del sello del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, aunado a ello que del escrito inicial de demanda se desprende que la signó el nueve de mayo del año en curso; por tanto, resulta indudable que la demanda de amparo intentada resulta extemporánea. En efecto, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de amparo fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Además, debe indicarse que con la determinación aquí tomada no se transgrede el derecho humano de acceso a la justicia, pues tal prerrogativa no es absoluta ni se encuentra mermada por la circunstancia de que la legislación ordinaria establezca plazos para ejercer ese derecho, pues si bien toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; no menos cierto es que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones. De ahí que si el justiciable no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o el promovente no impugna oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos. Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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