Mariam Torres Maxil

Expediente 173/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
173/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Director de Protección Civil del Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula, Puebla
  • Mariam Torres Maxil
  • Agente del Ministerio Público de la Adscripción

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: ...Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la diligencia de ratificación de firmas verificada el once de los actuales, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se acuerda lo siguiente: Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Atento a lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la orden de verificación en materia de protección civil contenida en el oficio DPC/048/2018, así como el acta circunstanciada del doce de noviembre del año en curso. Por lo tanto, a fin de conocer el contexto en el que se suscitó la emisión de la orden de verificación es necesario traer a colación, en lo que interesa, lo que al respecto dispone la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para el Estado de Puebla: Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, deberán realizar actos de inspección, supervisión y vigilancia en cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento, a través del personal debidamente autorizado para ello [artículo 112]; Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases [artículo 113]: I. El Inspector deberá contar con una orden por escrito que contendrá la fecha y ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y aspectos de la inspección, el fundamento legal de la misma, la firma de la autoridad competente que expida la orden y el nombre del inspector; II. La visita de inspección se practicará dentro de las setenta y dos horas siguientes a la expedición de la orden; III. Quien efectúe la visita de inspección se cerciorará de que el área, zona o bien inmueble señalado para efectuar la visita coincide con el señalado en la orden escrita y asentará en el expediente correspondiente los medios de que se valió para tal efecto; IV. El Inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario o poseedor, administrador o su representante legal, o en su caso, ante la persona a cuyo encargo esté el inmueble, con la credencial vigente que para tal efecto expida la autoridad ordenadora y entregará copia legible de la orden de inspección; V. Se requerirá la presencia del visitado o su representante legal; en caso de no encontrarse se dejará citatorio para que espere a una hora hábil fija del día siguiente para la práctica de la inspección; VI. Cuando en el lugar designado para la práctica de la diligencia, no se encontrare persona que reciba el citatorio o encontrándose se negare a recibirlo, se dejará pegado éste en lugar visible del área, zona o bien que ha de visitarse y en su defecto, con el vecino inmediato; y VII. Si el visitado o el representante legal no espera en el día y hora señalados, se entenderá la diligencia con el encargado, cualquier dependiente o con la persona que ahí se encuentre; le exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. En caso de negativa o si los designados no aceptan desempeñarse como testigos, no se invalidarán los efectos de inspección y el personal autorizado lo hará constar en el acta administrativa, asignando dos testigos de entre las personas presentes. En toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada por triplicado, en formas numeradas y foliadas, en la que se harán constar los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la inspección, así como lo previsto a continuación [artículo 114]: I. Nombre, denominación o razón social del visitado; II. Domicilio y características del inmueble objeto de la inspección; III. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita; IV. Colonia, calle, número, población o Municipio en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; V. Número y fecha de la orden de visita que la motivó; VI. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de inspección y si fuere posible, los datos de la identificación exhibida; VII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos o su negativa a serlo, y si fuere posible, los datos de la identificación exhibida; VIII. Los datos relativos al área, zona o bien que se inspeccionó, indicando el objeto de la inspección; IX. Manifestación del visitado, si quisiera hacerla; y X. Firma de los que intervinieron en la inspección. La persona con quien se entienda la inspección estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden escrita, así como proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables [artículo 115]; Antes de finalizar la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule sus observaciones con relación a los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva. A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta o se negare el interesado a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez [artículo 117]. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, se requerirá al interesado mediante notificación personal, por correo certificado con acuse de recibo o por correo electrónico; para que adopte de inmediato las medidas correctivas que sean necesarias, fundando y motivando el requerimiento, y para que en un término de cinco días hábiles a partir del día hábil siguiente a la notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta y con la inspección en sí misma, y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en aquélla se asienten [artículo 118]. Como resultado de la visita de inspección, las autoridades competentes podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a la población, a las instalaciones, construcciones o bienes de interés general, así como las que tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos vitales y estratégicos para la comunidad e impedir cualquier situación que afecte la seguridad o salud pública. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan [artículo 119]. Transcurrido el término a que se refiere el artículo 118 y desahogadas las pruebas, la autoridad emitirá la resolución administrativa definitiva, que contendrá una relación de los hechos, las disposiciones legales y administrativas aplicables al objeto de la inspección, la valoración de las pruebas ofrecidas por el interesado, si las hubiere, así como los puntos resolutivos, en los que se señalarán, o en su caso, ratificarán o adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables [artículo 121]. Ahora, con el propósito de determinar si en contra de la orden de verificación en materia de protección civil contenida en el oficio DPC/048/2018, así como el acta circunstanciada del doce de noviembre del año en curso, resulta procedente o no el presente juicio de amparo indirecto, el estudio debe centrarse en analizar si las consecuencias de dichos actos se consumaron o no de manera irreparable. Para establecer lo anterior, en principio, cabe señalar que la autoridad ejerce sus facultades de comprobación a través de una serie de actos concatenados, iniciados con la notificación al particular de la orden de verificación correspondiente; de ahí que ese documento sea parte del procedimiento administrativo, por ser precisamente el sustento constitucional y legal de la diligencia que se ordena, la cual permite a los órganos del Estado el ingreso al domicilio o centro de trabajo de los particulares, así como el examen de sus papeles. Así, los actos suscitados por la orden de verificación en la sustanciación del procedimiento respectivo no se agotan con la sola emisión de ese documento, sino que se desarrollan en el transcurso de las distintas fases del procedimiento respectivo; sin embargo, sí puede agotarse en una sola diligencia, cuyo objeto final se limita a la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales respectivas. Por ende, la orden de visita, al formar parte del procedimiento administrativo, es un acto de molestia no sólo al domicilio o centro de trabajo sino también a la persona, sus papeles y posesiones, así como a la privacidad e intimidad, motivo por el cual es susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal, por lo que se requiere la existencia de un medio de control constitucional para constatar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en la Constitución Federal y en las leyes secundarias. De ahí que para que una orden de esta naturaleza pueda impugnarse de inmediato a través del juicio de amparo conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se requiere de dos requisitos, a saber: 1. Que se promueva dentro del plazo legal establecido en la Ley de Amparo para ese efecto; y, 2. Que no hayan cesado los efectos de la violación al derecho fundamental. En el caso que nos ocupa, la orden de verificación en materia de protección civil contenida en el oficio DPC/048/2018 se consumó en una sola diligencia, dado que los inspectores adscritos a la Dirección de Protección Civil de San Andrés Cholula, Puebla, se limitaron a levantar el acta circunstanciada del doce de noviembre del año en curso, en la que únicamente hicieron constar que la negociación comercial no tenía disponible seguro de daños contra terceros, que la constancia de adiestramiento no contenía firmas, que no se contaba con dictamen de gas ni dictamen eléctrico, que la licencia de uso de suelo específico estaba vencida y que no contaba con el pago de protección civil de años anteriores, pero sin que se hubiera ordenado la continuación de esa visita en alguna fecha posterior o que se hubiera decretado alguna medida de seguridad [consultar fojas 18 a 21]. Tan es así que el Director de la Unidad Operativa de Protección Civil de San Andrés Cholula, Puebla, comunicó a este órgano jurisdiccional que esta autoridad no ha llevado a cabo ninguna imposición de multa y/o clausura del citado comercio, tal como se advierte a foja 141. Por ende, resulta evidente que en ese momento se agotó la posible violación al derecho fundamental de inviolabilidad al domicilio, así como el acto de molestia a la parte quejosa en sus papeles, posesiones, privacidad e intimidad, en razón de que la orden de verificación se desarrolló en una sola diligencia y, en ese sentido, dicho acto no produce una afectación de imposible reparación susceptible de impugnarse de inmediato conforme a la jurisprudencia antes citada. En otras palabras, a la fecha en que se promovió el presente juicio de amparo [catorce de noviembre del año en curso], ya se había agotado la visita de verificación que se efectuó en el establecimiento de la parte quejosa; entonces, resulta dable afirmar que los actos reclamados se habían consumado irreparablemente. En consecuencia, la parte quejosa deberá, en todo caso, esperar a que se emita la resolución definitiva a que alude el artículo 121 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para el Estado de Puebla, momento en el cual podrá combatir esa determinación y los actos de verificación que le antecedieron, a menos que se justifique la procedencia del juicio en términos del numeral 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, lo cual podría acontecer, en caso de que se decrete alguna medida de seguridad o preventiva como la clausura preventiva. Por lo tanto, ante la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, a ningún fin práctico conduciría dar trámite al juicio de amparo, razón por la cual es preferible que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, del resultado del análisis de la demanda y, a su vez, se evite un trámite innecesario, a fin de privilegiar el derecho de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que esta determinación le permite promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia definida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. ? Ratificación de firma: Fundamentación. Artículos 261, fracción I, de la Ley de Amparo, y los diversos Artículos 61, 62, 221 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta el cual aparentemente es signado por ***********; sin embargo, a simple vista se aprecia que la firma que calza dicho ocurso difiere de la estampada en el escrito de demanda de amparo, tal como lo revelan las siguientes reproducciones: Demanda de amparo Escrito de cuenta Por tal motivo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en el local de este Juzgado Federal con identificación oficial vigente (y una copia simple de la misma), a fin de que ante la presencia judicial manifieste si reconoce como puesta de su puño y letra o no la firma que calza el escrito de cuenta y ratifique el contenido de dicho ocurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de contenido siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Apercibimiento. Se apercibe a *********************, que el acto en que manifieste si reconoce o no la firma en comento y ratifique el contenido del escrito en cuestión estará sujeto a lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo contenido dispone lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales..." Y, en caso de no comparecer a ratificar el contenido y reconocer la firma del escrito de cuenta, se tendrá por no presentado. Por lo tanto, se reserva el acuerdo respectivo del ocurso de mérito, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo anterior. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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