Maria Zoveida Novela Arrezola
Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Maria Zoveida Novela Arrezola
Actuaciones
- Principal
Del estado de autos y del contenido de la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Gobernador del Estado de Colima, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 55/2021-II. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ".III. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como las autoridades responsables las siguientes: Como ordenadoras: Congreso del Estado de Colima. Gobernador del Estado de Colima. Secretario General de Gobierno del Estado de Colima. Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima Como ejecutoras: Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima. Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima. Director General de Capital Humano de Gobierno del Estado de Colima. Director de la Coordinación General Administrativa de la Secretaria de Seguridad Pública y la Coordinación Administrativa de la Policía Estatal y/o quien desempeñe esas funciones en el Estado de Colima. Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Colima. Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Colima. Jefa del Departamento de Afiliación de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Colima. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De las autoridades ordenadoras: Congreso del Estado de Colima, Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Colima: La violación a las medidas de protección a la seguridad social que prevé a favor de los quejosos de Derechos Humanos el artículo 13 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. La privación ilegal de las medidas de protección a la seguridad social que prevé a favor de los quejosos de Derechos Humanos el artículo 13 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. La violación al principio de irretroactividad tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aplicación retroactiva en nuestro perjuicio, con motivo del arbitrario cambio de aseguramiento o tipo de afiliación de seguridad social, de la modalidad 10 del Sistema de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de carácter completo, que viola las garantías de trabajo y seguridad social ante la inminente violación de derechos sustantivos de los quejosa de derechos humanos. La ilegalidad de la modalidad 38 del Sistema de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la inminente violación de derechos sustantivos de los quejosos de derechos humanos, que nos priva de la atención de especialidades médicas, seguro de enfermedades, seguro de invalidez, vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guardería y prestaciones sociales, contemplada en la modalidad 10 del Sistema de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social de la que hemos sido derechos habientes. La violación a la garantía esencial de igualdad y discriminación que sufrimos los quejosos de derechos humanos ante el Régimen "Restringido" debido al ilegal desconocimiento de la modalidad 10 del Sistema de seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. De las autoridades ejecutoras: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, el Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, el Director General de Capital Humano de Gobierno del Estado de Colima, el Director General de Administración y Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y/o quien desempeñe esas funciones, el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Colima, el Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jefa del Departamento de Afiliación de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social se reclama: .". De la transcripción anterior se desprende que la quejosa refiere conceptos de violación y no precisa el acto concreto que reclama a cada una de las autoridades responsables. Asimismo, se obtiene que en el apartado relativo al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, en el punto uno, dos, tres y cinco, señala al Gobernador del Estado, Congreso del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Colima, los cuales fueron señalados como ordenadoras, a quienes refiere reclama el Decreto número 616 en el que afirma se priva de sus derechos humanos del régimen de Seguridad Social, por lo que no es congruente con los actos que dice reclama a las ejecutoras. Prevención. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 114, fracciones I, IV y V, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Refiera por separado qué acto en específico reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables. En caso de reclamar la inconstitucionalidad de una ley o decreto, aclare cuáles artículos en concreto reclama y si la reclama como autoaplicativa o heteroaplicativa, en este último caso, narre todos los antecedentes respecto a dicha aplicación, como entre otros, cuándo y cuál fue el acto de aplicación. En ese tenor, dígasele a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. De igual manera, se hace el apercibimiento a la promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio.
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