María Zenaida Cecilia Coronel Pérez

Expediente 763/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
763/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • María Zenaida Cecilia Coronel Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del doce de enero de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por María Zenaida Cecilia Coronel Pérez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de doce de enero de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, doce de enero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, emitidas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como la Secretaria ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio para este juzgador y demás partes en este asunto. Ahora, atendiendo a que a través de la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal se decretaron diversas medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, por circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal se determinó que debían reanudarse las actividades jurisdiccionales; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Se reanuda procedimiento. En consecuencia, en vista de que fueron suspendidos los plazos y términos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional; y, por lo mismo, no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo, y por ende, se reanuda el procedimiento en el punto en que quedó pausado. Tal circunstancia deberá comunicarse a las partes de manera personal para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se ordena notificación personal. A fin de que las partes queden debidamente enteradas de la presente determinación, por conducto del actuario de este juzgado, notifíqueseles de manera personal, lo cual deberán realizar dentro de los plazos contemplados en el artículo 24 de la Ley de Amparo, además conforme lo permitan las cargas de trabajo, con excepción de los casos previstos en el artículo 2, fracciones III y IV del invocado Acuerdo General 21/2020, los cuales se regirán por dicho precepto y a los que específicamente ya se hizo referencia en párrafos precedentes; ello de conformidad con el numeral 2, del apartado II, de la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Desahoga prevención Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María Zenaida Cecilia Coronel Pérez, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto del quince de diciembre de dos mil veinte. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, así como, del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables los siguientes actos: a). De la Secretaria General y Auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reclama: la forma de notificación del acuerdo de admisión de demanda, dentro del expediente laboral C.D.T.244/2020-4, misma que se realizó el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte por medio de los estrados de esa junta y no de manera personal. b) Del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reclama: la omisión de fijar diariamente las listas de las notificaciones ordenadas por estrados, las cuales deben ser publicadas en un lugar visible. c) Y del personal de Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reclama: la omisión de proporcionarle el expediente laboral C.D.T.244/2020-4, para su consulta; así como la omisión de atender las múltiples llamadas que realizó a dicha junta. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En ese sentido, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), consistente en la forma de notificación del acuerdo de admisión de demanda, dentro del expediente laboral C.D.T.244/2020-4, misma que se realizó a través de la lista que se publica en los estrados de la autoridad responsable, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El dispositivo legal transcrito, establece la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto en que la legislación ordinaria, conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento, por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto, exceptuándose de ese supuesto los casos en que éste importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior es así, en virtud que el juicio de amparo es un medio de regularidad constitucional que procede contra actos definitivos, es decir, aquellos contra los cuales no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que de ser procedente, se haya hecho valer oportunamente y lo resuelto en ellos, constituya el acto reclamado de no haberse obtenido la reparación solicitada. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debió previamente a su promoción acudir a las instancias que pudieran producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Bajo esa óptica, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, conforme al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, la parte quejosa de manera previa a acudir al juicio constitucional debió interponer el incidente de nulidad de notificaciones contra la aludida notificación del acuerdo de admisión de demanda, dentro del expediente laboral C.D.T.244/2020-4, realizada por medio de lista que se publica en los estrados el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y, de esa manera, estar en posibilidad de que se le reparara el menoscabo que dice le fue causado por la autoridad responsable. Ello es así, toda vez que la parte quejosa reclama la forma de notificación del acuerdo de admisión de demanda, dentro del expediente laboral C.D.T.244/2020-4, misma que se realizó el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, practicada en el procedimiento de origen. Así, para corroborar que la resolución reclamada se puede combatir con el incidente de nulidad de notificación, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 762 y 763 bis, de la Ley Federal del Trabajo, los cuales, en lo que interesa disponen: "Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763 Bis.- En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio Individual Ordinario, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia. En este caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y presuncionales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización." De los anteriores numerales se desprende que se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones, entre otras, el incidente de nulidad; asimismo, los incidentes se sustanciarán y resolverán en la audiencia preliminar oyendo a las partes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente de nulidad, el que deberá promoverse dentro de los tres días siguientes en que se haya tenido conocimiento del acto irregular, hasta antes que se dicte sentencia. En ese contexto, la Ley Federal del Trabajo, prevé expresamente un medio defensa dentro del procedimiento ordinario, por medio del cual, quien dentro de los tres días siguientes en que tenga conocimiento de una notificación irregular, hasta antes que se dicte sentencia, podrá promover el incidente de nulidad de notificación, con el que evidentemente se puede modificar, revocar o nulificar aquélla notificación. Por consiguiente, si la parte quejosa tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de modificar o nulificar la mencionada notificación, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de garantías, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad rector en esta materia; y, por ende, se actualiza la aludida causal de improcedencia. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2002, Novena Época, Materia Laboral, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, página 259, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo. En esta tesitura, era menester que antes de acudir al juicio de amparo indirecto se agotara el incidente de nulidad de notificación, contra la la forma de notificación del acuerdo de admisión de demanda, dentro del expediente laboral C.D.T.244/2020-4, misma que se practicó el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Sin que en la especie se esté ante alguna excepción al referido principio de definitividad, pues como de autos se desprende, el peticionario del amparo es parte en el procedimiento de origen; además, la resolución reclamada, no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por tanto, se insiste que la parte quejosa, a todas luces, estaba obligada a agotar el principio de definitividad en comento. Apoya lo considerado, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario. Actualización de diversa causa de improcedencia. Por otra parte, en relación a los actos reclamados precisados en los incisos: b) Del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reclama: la omisión de fijar diariamente las listas de las notificaciones ordenadas por estrados, las cuales deben ser publicadas en un lugar visible. c) Y del personal de Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reclama: la omisión de proporcionarle el expediente laboral C.D.T.244/2020-4, para su consulta; así como la omisión de atender las múltiples llamadas que realizó a dicha junta. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto de dichos actos, por las razones que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformaron, entre otros, los artículos 103 y 107 constitucionales, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo; reformas que entraron en vigor el cuatro de octubre siguiente, de conformidad con el artículo primero de tránsito del decreto referido. De tales disposiciones, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción III, del artículo 107 constitucional, que dimensiona el concepto de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, la cual fue analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la que consideró: Si bien la jurisprudencia cuya interpretación provocó la contradicción de tesis fue aplicada por dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia laboral, lo cierto es que dicho criterio está redactado para ser obligatorio en todas las restantes disciplinas. En el artículo 107, fracción III, de la Constitución se contiene como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada. Una de las motivaciones de la reforma constitucional al artículo 107 fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles; por tanto, la interpretación más acorde con este propósito es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con lo anterior, si bien se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional. La expresión "actos de imposible reparación" data del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones; sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera -fracción III- regula los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V- normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Así, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Interpretación que se deduce de las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión. En esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando lo analizado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013, precisó que, un acto de autoridad para ser calificado como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Señaló que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Por lo que aun cuando un particular se duela de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional -violaciones a los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales-, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, ya que se encuentra dentro del mismo; además, refirió que las omisiones de dar respuesta a peticiones formuladas dentro de los procedimientos jurisdiccionales, se rigen por los plazos y términos fijados en las normas secundarias, por tanto, no se cumple con el requisito de procedibilidad del amparo consistente en la afectación a un derecho sustantivo o que deje sin defensa al accionante del amparo, pues no se trata de una transgresión autónoma al procedimiento sino que es en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a dar respuesta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Dichas consideraciones sustentan la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". En el caso, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en: b) Del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reclama: la omisión de fijar diariamente las listas de las notificaciones ordenadas por estrados, las cuales deben ser publicadas en un lugar visible. c) Y del personal de Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, reclama: la omisión de proporcionarle el expediente laboral C.D.T.244/2020-4, para su consulta; así como la omisión de atender las múltiples llamadas que realizó a dicha junta. Dichos actos no son de imposible reparación, como a continuación se verá. Para efectos del juicio de amparo, acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución, como ejemplo de lo anterior, puede señalarse la admisión y desahogo de la prueba pericial en genética, actos que pongan en peligro la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, pues dada su especial naturaleza esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En esta tesitura, la resolución reclamada al tratarse de una cuestión meramente procesal no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado y que tutela la Constitución; o bien, establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte no es reclamable a través del juicio de amparo. En efecto, siguiendo las consideraciones del Máximo Tribunal del País, los actos reclamados descritos en los incisos b) y c); no cumplen las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, dado que el actuar de las responsables no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no impedirle el libre ejercicio de alguna prerrogativa, toda vez que como se desprende de los mismos los efectos de los actos reclamados son meramente procesales, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, de junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Por lo expuesto, se concluye que al no lesionar los actos reclamados ningún derecho sustantivo tutelado por la Constitución, no se actualiza la hipótesis de eventos de imposible reparación que hagan procedente el juicio de amparo. En consecuencia, respecto de los actos reclamados a las autoridades citadas precisadas en los incisos b) y c), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse actualizado las causas de improcedencia a que se ha hecho alusión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Se tiene por designados a los autorizados en términos amplios. En otro aspecto, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios a Kennedy Muñoz Ramírez y Verónica Romero Flores.

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