Maria Zenaida Arrona Perez

Expediente 260/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 83 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
260/2018
Año
2018
Actuaciones
83
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Maria Zenaida Arrona Perez
  • Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral A las Mujeres
  • MARIA ZENAIDA ARRONA PEREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 83.

  1. Principal

    Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa recurriera el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Con esta fecha hágase la anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. Toda vez que es innecesario permanecer con los legajos de pruebas que la autoridad responsable Directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia Nueva Candelaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, envió en apoyo a su informe justificado (un tomo), y las allegadas por la Jueza de Partido Especializada en Materia Familiar (f. 705, 1025, 1081 y 1208) (dos tomos y cuatro discos compactos); por el Abogado de la procuraduría Auxiliar y Director de Programas CEMAIV del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia, adscrito a la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (f. 684) (un disco compacto); y por el Juzgado Único de Oralidad Penal de la IV Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad (f. 777) (un disco compacto), mismas que fueron requeridas por este juzgado, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Se agrega oficio para efectos de control. Téngase por recibido el oficio que remite la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las últimas actuaciones del juicio oral ordinario 0890/2020; oficio que únicamente se agrega para efectos de control, toda vez que con fecha veintiocho de octubre del año en curso, se calificó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Se califica cumplimiento de la sentencia de amparo. Del estado de autos se advierte que en sentencia de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (fojas 117 a 158 de autos), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, ya que, en esencia, dentro de la carpeta de investigación 29116/2017, proveyó de oficio, la apertura del procedimiento sumario previsto en el artículo 106, párrafo tercero, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual, una vez substanciado, declaró procedente, otorgando la representación coadyuvante a favor de la Licenciada Laura Gómez Becerra, Abogada de la Procuraduría Auxiliar y Directora del Programa CEMAIV del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia, en esta ciudad, o bien, en caso de cambio de la persona por situaciones administrativas, a quien supla su cargo; asimismo, notificó a la representante de la menor ofendida y a sus padres la resolución de no ejercicio de la acción penal emitida el doce de julio de dos mil diecisiete, haciéndoles saber el plazo que tenían para interponer el recurso legal correspondiente, todo de lo cual dejó constancia en el expediente; con lo que cumplió con el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la quejosa sus derechos constitucionales violados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad por lo que respecta a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad. Luego, por lo que respecta a la diversa autoridad señalada como responsable Directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia Nueva Candelaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se le ordenó realizar lo siguiente: 1) Notificar de manera personal e inmediata a la aquí quejosa María Zenaida Arrona Pérez, madre de la niña cuyo nombre lleva por iniciales MGRA, así como a su padre el nombre y domicilio del albergue o casa-hogar en la que se encuentre depositada dicha menor de edad. 2) Establezca de manera inmediata un régimen provisional de convivencias entre la niña cuyo nombre lleva por iniciales M.G.R.A., con su familia, especialmente con la aquí quejosa, tomando las medidas necesarias que estime conducentes para mitigar sus efectos en la psique y emociones de la niña tercera interesada, como lo es, la supervisión a través del centro de convivencias del DIF. 3) Girar instrucciones para que sean recabadas las opiniones técnicas necesarias para establecer: i. Si la niña cuyo nombre lleva por iniciales M.G.R.A. presenta un padecimiento psiquiátrico y/o mental; y, de ser así de qué enfermedad se trata y el grado y modalidad de incapacidad que le produce; o, por el contrario, si la sintomatología que se observa en la infante ofendida (ataques de histeria, regresiones, autoagresiones, pensamiento evasivo, delirante, fantasías y alucinaciones), es resultado de "mecanismos de defensa" del organismo propio de víctimas de violencia sexual, física, moral o psicológica, y que por su naturaleza tales mecanismos son transitorios. ii. Si la niña cuyo nombre lleva por iniciales M.G.R.A. presenta signos físicos de haber sido víctima de violación (previa autorización de quienes ejercen la patria potestad y revisión clínica por parte de médico especialista en ginecología infantil). iii. Si la niña cuyo nombre lleva por iniciales M.G.R.A. presenta signos y síntomas físicos y psicológicos de haber sido víctima de violencia física o psicológica; y en qué consistió. iv. El plan de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico que debe darse a la menor de edad, para su recuperación; y las condiciones que deben proveerse para su cuidado y atención; así como la elección de un lugar de asistencia que resulte idóneo a su situación. 4) Elaborar un plan de restitución de derechos que incluyan las propuestas de medidas para su protección, conforme a lo establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 123). 5) Instar ante el juez de lo familiar competente las acciones necesarias para resolver la situación jurídica de la niña tercera interesada, esto es, para definir sobre guarda y custodia y otras medidas de protección, así como establecimiento de un régimen judicial convivencias, y determinación de continuación, restricción, limitación o suspensión de la patria potestad, etcétera. 6) Incluir de manera inmediata a la niña tercera interesada en escuela de educación que conforme a sus necesidades especiales requiera. Para cuyo cumplimiento realizó las siguientes acciones: El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, notificó a María Zenaida Arrona Pérez, madre de la menor cuyo nombre lleva por iniciales M.G.R.A., las fechas en que se realizarían las convivencias supervisadas con su hija en el centro de convivencias del sistema DIF, ubicado en Paseo de los Colines número 202-A, de esta ciudad, a saber, los días once, dieciocho y veinticinco de septiembre, así como dos y nueve de octubre, todos de dos mil dieciocho; asimismo, informó a este juzgado la imposibilidad de notificar tal régimen al padre de la menor, por no contar con el domicilio de éste; precisando, además, que en caso de que fueran necesarias más convivencias supervisadas antes de la reintegración de la menor con su familia, se establecerían otras fechas, lo que se notificaría previamente a sus padres; finalmente, informó a este juzgado que la menor de iniciales M.G.R.A., se encontraba resguardada en un centro de asistencia social (CAS) y llevando un tratamiento psicológico y psiquiátrico para los padecimientos que presenta (fojas 213 a 215 de autos). Mediante oficio recibido el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, informó que los días once, dieciocho y veinticinco de septiembre, así como dos y dieciséis de octubre, todos de dos mil dieciocho, se llevaron a cabo convivencias entre la menor M.G.R.A. y su madre María Zenaida Arrona Pérez (fojas 280 a 291 de autos). Mediante oficio recibido veintiocho de marzo de dos mil diecinueve informó, entre otras cosas, que el doce de noviembre anterior la trabajadora adscrita al CEMAIV Nueva Candelaria, practicó un estudio de investigación en el domicilio de la quejosa María Zenaida Arrona Pérez, en el que se le formularon diversas recomendaciones a efecto de que esté en condiciones de que se le restituya a la menor M.G.R.A. (fojas 331 a 346 de autos). Mediante sesión celebrada el dos de abril de dos mil diecinueve, por el equipo multidisciplinario para establecer la convivencia de la menor M.G.R.A., con su madre María Zenaida Arrona Pérez, señalaron las fechas en que éstas se llevarían a cabo, fijándose para tal efecto, los días dos, diez, dieciséis y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve en la institución residencial (CAS) donde se encontraba albergada la menor; asimismo, los fines de semana en el domicilio de la familia de la aquí quejosa, del treinta y uno de mayo al dos de junio, siete al nueve de junio y catorce al dieciséis de junio, todos de dos mil diecinueve, fijándose como fecha para la reintegración definitiva de la menor el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, a reserva de la estabilidad emocional de ésta observada durante las convivencias; fechas que le fueron notificadas a la parte quejosa en data cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 351 a 359 de autos). Mediante oficio recibido el dos de agosto de dos mil diecinueve, remitió copias certificadas de los documentos que a continuación se describen: a) Constancia de notificación de seis de septiembre de dos mil dieciocho, al padre de la menor de las fechas en que se realizarían las convivencias supervisadas con su hija en el centro de convivencias del sistema DIF, ubicado en Paseo de los Colines número 202-A, de esta ciudad, a saber, los días once, dieciocho y veinticinco de septiembre, así como dos y nueve de octubre, todos de dos mil dieciocho. b) Acta de hechos de data uno de julio de dos mil diecinueve, en la que se hace constar que la madre de la menor y sus abuelos paternos le informaron que M.G.R.A., ya no quiso reingresar al CAS donde se encontraba resguardada provisionalmente, razón por la cual, para garantizar el derecho de la menor a vivir con su familia, el equipo multidisciplinario del CAS Nueva Candelaria determinó la reintegración de aquélla a su entorno familiar en el domicilio ubicado en calle Montecarlo, número 611, colonia Killian, de esta ciudad; determinando, además, que María Zenaida Arrona Pérez debería continuar el tratamiento psicológico que se le inició para adquirir herramientas que le permitan criar a su hija M.G.R.A.; asimismo, se le recomendó que debía buscar una escuela de educación especial para que la menor continúe con su educación; establecer una rutina y limites claros dentro de la casa; dar seguimiento a la atención paidopsiquiatra y psicológica que recibe, informándole la fecha, hora y lugar de su siguiente cita, así como el nombre del doctor que la atiende; participación de actividades dentro del hogar; inscribirla a alguna actividad extraescolar de su agrado; informándole que el DIF daría seguimiento a su reintegración, el cual comenzaría un mes después a ésta, a los tres meses, seis meses, un año y, finalmente, a los dos años; finalmente se le informaron por escrito las fechas de sus próximas consultas psicológicas; comprometiéndose los familiares de la menor a cumplir todas las recomendaciones. c) Oficio signado por la directora del Centro de Atención Integral a la Salud Mental de esta ciudad, en el que informa que de acuerdo con el médico que trata a la menor M.G.R.A., ésta cuenta con un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, con tratamiento farmacológico a base de fluoxetina y valproato de magnesio (fojas 392 a 406 de autos). Mediante oficio recibido el quince de octubre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de los reportes de convivencias de la menor M.G.R.A., con su familia en datas once, dieciocho, veinticinco, todas de septiembre de dos mil dieciocho, dos y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dos, dieciséis y veinticuatro, todas de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, informó que la aquí quejosa María Zenaida Arrona Pérez no ha sido constante en acudir a las citas programadas para recibir atención psicológica y que el diez de octubre de dos mil diecinueve en que acudió le informó que no ha inscrito a M.G.R.A. en la escuela de educación especial aun cuando con anterioridad se le dio un listado de las escuelas que brindan ese tipo de educación (fojas 427 a 442 de autos). Mediante oficio recibido el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de los siguientes documentos: a) Tarjeta informativa de nueve de agosto de dos mil diecinueve, elaborada con motivo de la visita domiciliaria practicada por la trabajadora social adscrita al Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia Nueva Candelaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, al hogar donde fue reintegrada la menor M.G.R.A., de la que se advierte que sus condiciones de vida siguen siendo precarias, e incluso peor, pues al respecto asentó lo siguiente: ". dejaron de darle el medicamento ya que ellos notaban que no le estaba haciendo ningún efecto. que la vivienda se encuentra igual que la visita del mes de junio donde se le pidió que realizara algunos cambios como organización y limpieza. además de que se pudo percatar que se tiene una mala higiene en la vivienda. Todas las áreas de la vivienda continúan sin ningún cambio, al contrario, se pudo percatar que en el pasillo tenían más acumulación bolsas de ropa y botellas de plástico que la visita del mes de junio." (sic). b) Relación de asistencias e inasistencias la aquí quejosa María Zenaida Arrona Pérez a las citas de atención psicológica programadas en el Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia, de las que se desprende que no ha sido constante. c) Constancia de entrega a la quejosa María Zenaida Arrona Pérez de una lista de lugares de apoyo donde la menor M.G.R.A. puede asistir a recibir educación especial (fojas 461 a 469 de autos). Mediante oficio recibido el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, informó que el catorce de octubre del mismo año una trabajadora social adscrita al Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia Nueva Candelaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, acudió al domicilio en el que se encuentra la menor M.G.R.A., percatándose que tanto el inmueble como esta última continúan en malas condiciones de higiene, observando que la menor presenta algunos moretones, por lo que se le programó una cita para ser revisada por el médico adscrito a dicho centro, la cual tuvo verificativo el dieciséis siguiente, en la que el doctor asentó que la menor presenta aliño malo, olor pestilente y aseo general deficiente, que le fueron presentadas las cajas del medicamento que tiene prescrito con activos casi completos, por lo que duda que se le estén suministrando en forma adecuada, asimismo que presenta datos de violencia física y que la menor refiere que fue hecha por su abuela y su madre, con alto riesgo de crisis o alteraciones del estado mental pues refiere alucinaciones; finalmente, el médico asentó que se ha citado a la menor y a su madre en múltiples ocasiones para darles seguimiento pero que éstas no se presentan. Asimismo, la responsable informó que la quejosa María Zenaida Arrona Pérez, presentó el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la tarjeta de citas de paido-psiquiatría de la menor, manifestándole aquélla que sí la ha llevado pero que desconoce cómo se le tiene que dar el medicamento porque es su madre (abuela de la menor) la encargada de dárselo, asimismo, que no la pudo llevar a la cita en el área de psicología programada para el tres de septiembre de ese año, por cuestiones económicas y que su próxima cita es el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 480 a 493 de autos). Mediante oficio recibido el trece de enero de dos mil veinte, la representante legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, informó que el abogado de procuraduría auxiliar y director del programa CEMAIV del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia (guardia) adscrito a la dirección de asistencia jurídica familiar, sería quien continuaría dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio, derivado de diversos cambios y renuncias en la estructura de la institución; razón por la cual, en proveído de catorce de enero de dos mil veinte, se le vinculó a su cumplimiento (fojas 564 a 573 de autos). Mediante oficio recibido el doce de febrero de dos mil veinte, la autoridad vinculada informó que ya instó la demanda correspondiente ante el juez de lo familiar de esta ciudad, a fin de que defina sobre guarda, custodia y otras medidas de protección, así como el establecimiento de un régimen judicial de convivencias, y determinación de continuación, restricción, limitación o suspensión de la patria potestad, etcétera, agregando para acreditar su dicho, copia simple del acuse de recibo correspondiente, precisando que una vez que ésta se admitiera, exhibiría la correspondiente copia certificada; asimismo, informó la imposibilidad para cumplir con los efectos tres y cuatro de la ejecutoria de amparo, derivado de la circunstancia de que al no encontrarse la menor bajo su custodia, requieren de la colaboración de la familia para recabar las opiniones técnicas descritas en el punto tres, y que hasta en tanto no se cuenten con esas opiniones resulta imposible incluir a la menor a una escuela en la que traten sus necesidades especiales; finalmente, precisó que en cuanto al cumplimiento del punto cuatro de los efectos para los que se concedió el amparo, la institución que representa se encuentra elaborando un plan de restitución de derechos para la menor de iniciales M.G.R.A. (fojas 583 a 598 de autos). Mediante oficio recibido el catorce de julio de dos mil veinte, la autoridad vinculada allegó copia certificada de la demanda que instó ante el juez familiar y del auto de radicación respectivo, de la que se advierte que fue admitida a trámite en auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte y radicada bajo el número F890/2020, fijándose las once horas del dieciocho de marzo de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de medida de custodia provisional de la menor (fojas 625 a 638 de autos). Mediante oficio recibido el veintitrés de julio de dos mil veinte, la autoridad vinculada remitió copias certificadas de diversas actuaciones relativas al juicio F890/2020, del índice del Juzgado Civil de Partido en Materia Familiar de esta ciudad, entre ellas, el acta de audiencia de medida de dieciocho de marzo de dos mil veinte, de la que se desprende su suspensión, hasta en tanto se recibiera la información requerida al Hospital Psiquiátrico y a la Dirección de Fortalecimiento Familiar del Sistema Integral de Desarrollo de la Familia; así como del informe rendido por la Directora del Centro de Atención Integral a la Salud Mental de León, al que acompañó copia certificada del expediente clínico de la menor M.G.R.A., las cuales fueron resguardadas en el secreto del juzgado y un disco compacto (fojas 672 a 684 de autos). Mediante oficio recibido el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en atención al requerimiento que se le formuló por parte de este juzgado, remitió copia certificada de lo actuado en el juicio F890/2020, así como el disco compacto que contiene la audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veinte (fojas 703 y 704 de autos). Mediante oficio recibido el quince de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad vinculada informó que se inscribió de manera gratuita a la menor M.G.R.A. y a su mamá aquí quejosa María Zenaida Arrona Pérez, a programas de apoyo social tales como: comedor comunitario, apoyo de despensa básica, apoyo psicológico y taller de escuela padres; asimismo, informó que la juez de oralidad giró instrucciones a la Dirección de Fortalecimiento Familiar adscrita al DIF estatal para que apoyen en la evaluación psicológica del estado mental de M.G.R.A., para determinar el apoyo que requiere en ramas de salud mental (fojas 707 a 709 de autos). Mediante oficio recibido el treinta de abril de dos mil veintiuno, la autoridad vinculada informó que no se ha llevado a cabo la prueba pericial en torno a la salud mental de la menor M.G.R.A., asimismo, que el perito designado informó al juzgado familiar las fechas en que deberían presentarse para las evaluaciones respectivas (fojas 719 a 721 de autos). Mediante oficio recibido el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la autoridad vinculada informó que la evaluación pericial de la menor M.G.R.A., no se ha podido llevar a cabo, en virtud de que ésta no se presentó por encontrarse enferma y no haber querido acudir, por lo que se le dio nueva cita, sin que hayan comparecido la aludida menor ni su mamá (fojas 728 a 729 de autos). Mediante oficio recibido el dos de julio de dos mil veintiuno, la autoridad vinculada informó que se propusieron nuevas fechas para las evaluaciones psicológicas de la menor y su familia, habiéndose presentado únicamente María Zenaida Arrona Pérez (fojas 734 y 735 de autos). Mediante oficio recibido el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad vinculada informó que la evaluación pericial que debe practicarse a la menor M.G.R.A., no se ha materializado porque tanto ella como su familia han sido omisos en acudir a las citas propuestas, por lo que el juez de oralidad ordenó que personal del Centro de Atención Integral a la Salud Mental en León, asistiera y auxiliara en el traslado de aquélla a las instalaciones de dicho nosocomio, sin que a la fecha de la emisión de ese informe se hubiere fijado fecha para ello (foja 743 de autos). Mediante oficio recibido el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad vinculada informó que la evaluación psicológica de la menor no se ha practicado por no existir las condiciones físicas ni mentales para llevarlo a cabo, derivado de la falta de seguimiento de sus padres, pero que desde hace un mes la menor se encuentra bajo tratamiento farmacológico por parte del paidopsiquiatra Alejandro Cervantes Villafan, que ha provocado una mejoría notable en el comportamiento de aquélla (fojas 750 a 751 de autos). Por oficio recibido el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, informó que la valuación psicológica de la menor ya se practicó, pero que la integración del dictamen pericial se encuentra en proceso, por lo que una vez que se agregue al expediente familiar, podrá informar a este juzgado el resultado de la misma. Por oficio recibido el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, ajuntó copia certificada del peritaje psicológico practicado a la menor M.G.R.A., dentro del juicio ordinario civil F890/2020, del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad (fojas 869 a 884 de autos). Por oficio recibido el veinticinco de enero de dos mil veintidós, remitió copia certificada del expediente psiquiátrico de la menor M.G.R.A., que obra en los archivos del Centro de Atención Integral a la Salud Mental de esta ciudad, en el que está siendo atendida por el doctor Alejandro Cervantes Villafán (fojas 919 a 960 de autos). Mediante oficio recibido el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, exhibió el Plan de Restitución de Derechos relativo a la menor M.G.R.A. (fojas 979 a 1006 de autos). Mediante oficio recibido el diez de agosto de dos mil veintidós remitió copia certificada de tarjetas informativas de diez, veinticuatro, veinticinco de junio, veinte de agosto, siete y ocho de septiembre, cinco de octubre, todas de dos mil veintiuno, elaboradas con motivo de las visitas domiciliarias practicadas por la trabajadora social adscrita al Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia Nueva Candelaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León; así como la nota de seguimiento psicológico de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, realizada por la psicóloga adscrita a la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, antes CEMAIV (fojas 1028 a 1052 de autos). Mediante oficio recibido el ocho de septiembre de dos mil veintidós remitió copia certificada de tarjetas informativas de siete de septiembre y trece de diciembre, ambas de dos mil veintiuno, elaboradas con motivo de las visitas domiciliarias practicadas por la trabajadora social adscrita al Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia Nueva Candelaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León (fojas 1063 a 1076 de autos). Finalmente, el seis de octubre de dos mil veintidós, se recibió el oficio mediante el cual la Jueza Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, informó que en audiencia celebrada el treinta de septiembre del año en curso, dentro del juicio ordinario civil F890/2020, instado por la responsable en cumplimiento a ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, decretó el resguardo provisional de la adolescente M.G.R.A., en el lugar que para tal efecto designe el Desarrollo Integral de la Familia, quien tendrá la responsabilidad sobre el bienestar de aquélla, debiendo atender los requerimientos médicos ante el hospital psiquiátrico de la localidad, así como su situación psicológica, debiendo proporcionarle comida, aseo, esparcimiento, habitación, así como permitirle convivencias con su progenitora, hermanos y abuela (fojas 1207 a 1258 de autos). Hasta aquí se hacen referencia a las acciones realizadas por la autoridad responsable y la vinculada, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. De la anterior relación de constancias, se desprende que tanto la autoridad responsable como la vinculada, dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que notificaron a la familia de la adolescente M.G.R.A., el lugar donde se encontraba resguardada; establecieron un régimen provisional de convivencias entre aquélla y su familia; elaboraron un plan de restitución de derechos de la aludida menor e instaron ante el juez de lo familiar competente las acciones necesarias para resolver la situación jurídica de la niña tercera interesada, esto es, para definir sobre guarda y custodia y otras medidas de protección, así como establecimiento de un régimen judicial de convivencias, y determinación de continuación, restricción, limitación o suspensión de la patria potestad, etcétera; juicio que se encuentra radicado en el Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en el que en audiencia de treinta de septiembre del año en curso, se decretó el resguardo provisional de la adolescente M.G.R.A., en el lugar que para tal efecto designe el Desarrollo Integral de la Familia; con lo cual se acató el núcleo esencial del fallo protector. Sin que obste para tener por cumplida la sentencia de amparo, que no obren en autos las opiniones técnicas precisadas en el punto 3) de los efectos de la aludida ejecutoria, ya que del análisis de las constancias que obran en autos se desprende que derivado de la reincorporación de la adolescente a su entorno familiar se vio interrumpido el tratamiento psiquiátrico y psicológico que estaba recibiendo, así como un desapego de su progenitora y demás familiares de cumplir con las recomendaciones del personal adscrito al Sistema del Desarrollo Integral de Familia; en ese sentido, sin el apoyo de la familia de la adolescente, la responsable se vio imposibilitada para recabar las aludidas opiniones puesto que para su práctica era necesaria la presencia de la menor; sin embargo, tal omisión queda subsanada con el hecho de que la menor ha sido valorada por el doctor Alejandro Cervantes Villafan, adscrito al Centro de Atención Integral de la Salud Mental de esta ciudad, quien en la última nota médica que obra en autos de data diecinueve de junio de dos mil veinte la diagnosticó con un trastorno depresivo moderado y capacidad intelectual baja (foja 924 de autos), así como con la valoración psicológica que se le practicó en el juicio ordinario civil F890/2020, en el que se concluyó que la adolescente presenta un retraso mental leve y deterioro del comportamiento significativo, derivado de su entorno familiar. Por idénticas circunstancias, tampoco representa un obstáculo para tener por cumplida la sentencia, el hecho de que no obre constancia de que la menor M.G.R.A., haya sido incluida en la escuela de educación que conforme a sus necesidades especiales requiera, pues se insiste, derivado de la falta de apoyo de la familia, no fue posible tal incorporación; empero, tal cuestión queda subsanada con la decisión asumida por la Jueza Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, quien en audiencia celebrada el treinta de septiembre del año en curso, dentro del juicio ordinario civil F890/2020, instado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, decretó el resguardo provisional de la adolescente M.G.R.A., en el lugar que para tal efecto designe el Desarrollo Integral de la Familia y bajo la responsabilidad de dicha institución, con lo que se garantiza que aquélla podrá continuar con el tratamiento psiquiátrico y psicológico que le fue interrumpido, así como su incorporación a la escuela de educación especial que requiere, pudiendo convivir en todo momento con su progenitora y demás familiares. En ese sentido, se insiste, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable y vinculada. Del mismo modo, se aprecia que no incurrieron en defecto, puesto que no omitieron dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observaron todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitaron en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la quejosa sus derechos constitucionales violados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad por lo que respecta a las autoridades responsable y vinculada, a las que se ha hecho referencia en párrafos anteriores. Por tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. De ahí que si los aspectos que formaron parte de dicha ejecución fueron cumplidos por las responsables y vinculada sin existir exceso o defecto; entonces es inconcuso que la ejecutoria de que se trata fue cumplida. Finalmente, dígasele a las autoridades responsables, a la vinculada y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Sin que para emitir la presente determinación sea necesaria la resolución del juicio ordinario civil F890/2020, ya que el efecto de la sentencia de amparo fue que se instara su tramitación, lo que en la especie ya aconteció, con lo que se garantiza que la situación jurídica de la adolescente M.G.R.A., será decidida por una jueza especializada en materia familiar, quien en todo momento debe velar por el interés superior de aquélla. En la inteligencia de que la presente determinación no exime a la autoridad vinculada Abogado adscrito a la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Integral de la Familia, o a la persona que en su caso lo substituya por cambio o cuestiones administrativas, de dar seguimiento al juicio ordinario civil F890/2020, del índice del Juzgado Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar de esta ciudad.

  4. Principal

    Autoridad informa y remite constancias. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual informa que tuvo verificativo la audiencia programada para el treinta de septiembre del año en curso, en la que determinó que la adolescente de iniciales M.G.R.A., quedará en custodia provisional en el Desarrollo Integral de la Familia para que sea éste el responsable sobre el bienestar de la adolescente mencionada, para lo cual remite las constancias correspondientes, mismas que se agregan para los efectos legales a que haya lugar. Vista con cumplimiento de ejecutoria de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que las autoridades responsables ya informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con las constancias que obran agregadas en autos, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en cuanto al cumplimiento dado por las autoridades responsables; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.

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