María Yunuén Abrego Cortés
Expediente 1020/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Yunuén Abrego Cortés
- R. L. A.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del uno al siete de agosto del año que transcurre; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción IV del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda de amparo presentada por ... contra actos del Director del Hospital Regional de Morelia de alta especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad, que hace consistir en:****************************************"ACTOS RECLAMADOS: a la autoridad señalada como responsable, reclamo la falta de atención médica y quirúrgica/necesaria para el debido tratamiento que requiere mi menor hijo para poder volver a caminar sin problema alguno, ya que fue diagnosticado con Rotura de Ligamento Cruzado Anterior y se requiere para su corrección cirugía inmediata. Acredito mi dicho con la hoja de referencia expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). ********************Cabe señalar que ya se encuentra programado para cita médica en Traumatología y Ortopedia con el Dr. Garcidueñas el día lunes 18 de diciembre de 2023 a las 15:00 horas, en el Hospital Regional antes mencionado y debido a la gravedad de la lesión, solicito que se le programe a mi menor hijo para cirugía lo antes posible.****************************************En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto.**************************************** Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1020/2023. ****************************************Pronunciamiento respecto a la suspensión de plano que solicita.****************************************En el caso concreto, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano que solicitó la parte quejosa, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma sólo procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, sin embargo, del contenido íntegro de la demanda de amparo se inadvierte que la parte quejosa reclame como acto destacado alguno de los anteriormente señalados. ****************************************Se afirma lo anterior, toda vez que la parte del artículo 22 constitucional, a la que alude el citado artículo 126 de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ****************************************Ahora bien, la existencia de esta regulación diferenciada, obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad, o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo (la privación de la vida, de la libertad, etcétera).****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, el principio rector de la tesis con número de registro digital 334093 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas mil seiscientos noventa y ocho del tomo cuarenta y nueve de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación que dice:************************************************************"SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE.- La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio.".****************************************La razón de procedencia de este tipo de suspensión diferenciada (de plano y de oficio), estriba en que los actos a que está referida conllevan una extraordinaria afectación a derechos humanos, lo que se puede advertir con sólo ver las hipótesis normativas que cubren, es decir, se trata de bienes jurídicos que son derechos humanos altamente preciados y que requieren, ante dichas situaciones de riesgo, la protección judicial más accesible que pueda darse y que, precisamente por ello, no se allanan con la exigencia de reglas procesales que en otras hipótesis sin apremios tienen su razón de ser y resulta justificado exigir.****************************************Luego, la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente puede concederse en los casos previstos en dicho numeral, por estar orientada a actos de extraordinaria afectación a derechos humanos, entonces esa medida tendrá que ser concedida -en los casos que así proceda atendiendo directamente a la naturaleza del acto reclamado, y no a lo que manifieste la parte quejosa en relación con su procedencia.****************************************Así entonces, este órgano jurisdiccional considera que en el caso, los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica y quirúrgica de la que está siendo objeto el menor de edad de iniciales R. L. A., respecto del padecimiento consistente en la rotura de ligamento cruzado anterior, no se advierte la existencia de alguna enfermedad que genere una vulnerabilidad que comprometa su salud o ponga en peligro su vida y que permita considerar que se le está generando una aflicción física que afecte su integridad personal; ya que de su escrito de demanda, se advierte que las autoridades responsables han otorgado atención médica al menor de edad, y que cuenta con una cita programada a las trece horas el lunes dieciocho de diciembre del año en curso, en el Hospital Regional de Morelia de alta especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).**************************************** Por tanto, se estima que no se actualiza el presupuesto de la suspensión de plano que solicitó la parte quejosa.****************************************Desechamiento de la demanda de amparo.************************************************************Ahora bien del análisis de la misma, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ****************************************[.] ****************************************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". ****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ****************************************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************[...]". ****************************************Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional y el artículo 4° de la Ley de la materia.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 214, visible en la página 146, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Romo VI, bajo el rubro y texto:****************************************"DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.- Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio".****************************************En este orden de ideas, del escrito de demanda de amparo en estudio, no se advierte firma que lo calce, luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el solicitante del amparo, motivo por el cual, un escrito de demanda presentado sin firma o en copia, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del quejoso de presentar la demanda, por ello al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico.****************************************Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que el acto reclamado se haga consistir en la falta de atención médica y quirúrgica de la que está siendo objeto el menor de edad de iniciales R. L. A., respecto del padecimiento consistente en la rotura de ligamento cruzado anterior, toda vez que como ya se expuso, en la especie, dicho acto no encuadra dentro de los actos a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.****************************************Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y testo siguientes: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". ****************************************Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte2, Julio a Diciembre de 1990, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto es: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento.".****************************************De igual manera, tiene aplicación en lo que en ella interesa por identidad de razón la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías.". ****************************************De igual forma, es aplicable al caso, la Tesis Jurisprudencial visible en la página 315, de Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente señala: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo, carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 166 de la Ley de Amparo por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada."****************************************Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citadas, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.****************************************Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ********************autorizando en términos restringidos a ******************** y a ********************, ya que después de efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales no se localizaron datos inherentes a sus cédulas profesionales, que los acrediten como licenciados en Derecho, toda vez que el presente asunto es de naturaleza administrativa.****************************************Ahora bien, por lo que respecta a su solicitud de que se le tenga señalando como diverso medio de notificación el correo electrónico******************** y el número telefónico ******************** dígasele que únicamente se tendrá como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales.********************Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.****************************************Así también desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. ****************************************En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales.****************************************Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran.****************************************Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.****************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda de amparo presentada por ... contra actos del Director del Hospital Regional de Morelia de alta especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad, que hace consistir en:****************************************"ACTOS RECLAMADOS: a la autoridad señalada como responsable, reclamo la falta de atención médica y quirúrgica/necesaria para el debido tratamiento que requiere mi menor hijo para poder volver a caminar sin problema alguno, ya que fue diagnosticado con Rotura de Ligamento Cruzado Anterior y se requiere para su corrección cirugía inmediata. Acredito mi dicho con la hoja de referencia expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). ********************Cabe señalar que ya se encuentra programado para cita médica en Traumatología y Ortopedia con el Dr. Garcidueñas el día lunes 18 de diciembre de 2023 a las 15:00 horas, en el Hospital Regional antes mencionado y debido a la gravedad de la lesión, solicito que se le programe a mi menor hijo para cirugía lo antes posible.****************************************En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto.**************************************** Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1020/2023. ****************************************Pronunciamiento respecto a la suspensión de plano que solicita.****************************************En el caso concreto, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano que solicitó la parte quejosa, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma sólo procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, sin embargo, del contenido íntegro de la demanda de amparo se inadvierte que la parte quejosa reclame como acto destacado alguno de los anteriormente señalados. ****************************************Se afirma lo anterior, toda vez que la parte del artículo 22 constitucional, a la que alude el citado artículo 126 de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ****************************************Ahora bien, la existencia de esta regulación diferenciada, obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad, o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo (la privación de la vida, de la libertad, etcétera).****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, el principio rector de la tesis con número de registro digital 334093 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas mil seiscientos noventa y ocho del tomo cuarenta y nueve de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación que dice:************************************************************"SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE.- La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio.".****************************************La razón de procedencia de este tipo de suspensión diferenciada (de plano y de oficio), estriba en que los actos a que está referida conllevan una extraordinaria afectación a derechos humanos, lo que se puede advertir con sólo ver las hipótesis normativas que cubren, es decir, se trata de bienes jurídicos que son derechos humanos altamente preciados y que requieren, ante dichas situaciones de riesgo, la protección judicial más accesible que pueda darse y que, precisamente por ello, no se allanan con la exigencia de reglas procesales que en otras hipótesis sin apremios tienen su razón de ser y resulta justificado exigir.****************************************Luego, la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente puede concederse en los casos previstos en dicho numeral, por estar orientada a actos de extraordinaria afectación a derechos humanos, entonces esa medida tendrá que ser concedida -en los casos que así proceda atendiendo directamente a la naturaleza del acto reclamado, y no a lo que manifieste la parte quejosa en relación con su procedencia.****************************************Así entonces, este órgano jurisdiccional considera que en el caso, los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica y quirúrgica de la que está siendo objeto el menor de edad de iniciales R. L. A., respecto del padecimiento consistente en la rotura de ligamento cruzado anterior, no se advierte la existencia de alguna enfermedad que genere una vulnerabilidad que comprometa su salud o ponga en peligro su vida y que permita considerar que se le está generando una aflicción física que afecte su integridad personal; ya que de su escrito de demanda, se advierte que las autoridades responsables han otorgado atención médica al menor de edad, y que cuenta con una cita programada a las trece horas el lunes dieciocho de diciembre del año en curso, en el Hospital Regional de Morelia de alta especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).**************************************** Por tanto, se estima que no se actualiza el presupuesto de la suspensión de plano que solicitó la parte quejosa.****************************************Desechamiento de la demanda de amparo.************************************************************Ahora bien del análisis de la misma, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ****************************************[.] ****************************************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". ****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ****************************************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************[...]". ****************************************Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional y el artículo 4° de la Ley de la materia.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 214, visible en la página 146, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Romo VI, bajo el rubro y texto:****************************************"DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.- Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio".****************************************En este orden de ideas, del escrito de demanda de amparo en estudio, no se advierte firma que lo calce, luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el solicitante del amparo, motivo por el cual, un escrito de demanda presentado sin firma o en copia, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del quejoso de presentar la demanda, por ello al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico.****************************************Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que el acto reclamado se haga consistir en la falta de atención médica y quirúrgica de la que está siendo objeto el menor de edad de iniciales R. L. A., respecto del padecimiento consistente en la rotura de ligamento cruzado anterior, toda vez que como ya se expuso, en la especie, dicho acto no encuadra dentro de los actos a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.****************************************Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y testo siguientes: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". ****************************************Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte2, Julio a Diciembre de 1990, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto es: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento.".****************************************De igual manera, tiene aplicación en lo que en ella interesa por identidad de razón la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías.". ****************************************De igual forma, es aplicable al caso, la Tesis Jurisprudencial visible en la página 315, de Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente señala: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo, carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 166 de la Ley de Amparo por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada."****************************************Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citadas, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.****************************************Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ********************autorizando en términos restringidos a ******************** y a ********************, ya que después de efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales no se localizaron datos inherentes a sus cédulas profesionales, que los acrediten como licenciados en Derecho, toda vez que el presente asunto es de naturaleza administrativa.****************************************Ahora bien, por lo que respecta a su solicitud de que se le tenga señalando como diverso medio de notificación el correo electrónico******************** y el número telefónico ******************** dígasele que únicamente se tendrá como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales.********************Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.****************************************Así también desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. ****************************************En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales.****************************************Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran.****************************************Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.****************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito remitido, vía correo electrónico, por ********** apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán, en representación del Director del Hospital General Regional número 1 en Charo, Michoacán; a través del cual informa y remite informe respecto de la suspensión de plano otorgada a YAMILE OLIVERA MORA, y al efecto indica lo siguiente: ". Bajo este contexto le informó que de conformidad con el correo electrónico de fecha 26 de julio del presente año, de la Dirección del HGR Número 1, nos informa que la quejosa ya tiene el protocolo listo, será valorada el viernes 28 de julio por medicina interna y anestesia el lunes 31 de julio, posterior a ello se programa a cirugía, (.)". Por tanto, con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa, mediante notificación personal, con copia del oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia de que el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico, previamente ha sido certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio aplicado por identidad de razón que aparece publicado en la Octava Época, del tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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