Maria Yucbiana Valdivia Cuevas

Expediente 1985/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1985/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Maria Yucbiana Valdivia Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 7130/2023, procedente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la admisión a trámite del conflicto competencial suscitado entre el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria, y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo promovido por ********************; quedando registrado como conflicto competencial 46/2023; de lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que respecto de dicho conflicto emita el citado órgano colegiado. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 26723/2023, signado electrónicamente por el Secretario del Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, a través del cual devuelve el juicio de amparo 1985/2023, en virtud de no aceptar la competencia planteada por este órgano judicial, por los motivos expuestos en el auto de veintiuno de septiembre del año en curso.****************************************En mérito de lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado insiste en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo en estudio, a favor del órgano judicial oficiante, por los motivos legales expuestos en proveído de cuatro de septiembre del año en curso.****************************************Tiene aplicación al caso por similitud jurídica la tesis jurisprudencial 2a./J. 32/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguientes

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por********************contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en tal virtud, se ordena su registró en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1985/2023-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, analizada en su integridad la demanda de amparo, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, conforme al ordinal 37 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda; y, 3) Que si el acto reclamado no requiere de ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia que establece el artículo 873-F de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, como se advierte en el caso que nos ocupa se actualiza el punto 1) de las reglas para fijar la competencia legal del Juez de Distrito, es decir, cuando el acto reclamado requiera ejecución material será competente el órgano de control constitucional que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deban materializarse sus efectos y sus consecuencias jurídicas. Se dice lo anterior, ya que al acto que se reclama tiene ejecución material en el lugar de residencia de la Junta responsable que conoce del expediente laboral dentro del que se reclama la omisión de pronunciar de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia que establece el artículo 873-F de la Ley Federal del Trabajo, puesto que a la luz del segundo párrafo, del artículo 17 constitucional, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; por lo que, en caso de incumplir con dicho mandato, se genera una omisión con consecuencias materiales, porque se considera vulnerada de manera directa el derecho a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por lo tanto, la demanda de amparo promovida contra dicho acto debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se pretenda realizar la ejecución, consistente en el emplazamiento, por lo que tiene ejecución o tendrá efectivamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De tal manera, en la especie se surte la hipótesis contenida por el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, en cuanto a que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese contexto se estima que el presente controvertido constitucional debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se pretenda realizar la ejecución o se esté realizando, es decir, el Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno. En principio cabe mencionar los aspectos competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos sometidos a su potestad. Tiene aplicación al caso por similitud jurídica la tesis jurisprudencial 2a./J. 32/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto." Asimismo, es aplicable por las razones que las contiene la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 consultable en la página 324, tomo IV, mayo de 2022, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que reza: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo por no cumplirse con una obligación determinada, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito corresponde conocer del presente asunto a la jurisdicción del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno. En consecuencia, con apoyo en los numerales 37 y 48 de la ley de la materia y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se estima que esta autoridad debe declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda planteada y declinar la competencia legal a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno; por lo tanto, remítase el presente juicio de derechos fundamentales y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese por separado el cuadernillo de antecedentes respectivo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en la demanda de amparo, y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Carlos Eduardo Olvera Gordillo. Asimismo, se autoriza la consulta del presente expediente de manera electrónica, lo cual se podrá efectuar en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a través del usuario ******************** instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice las gestiones administrativas relativas para que dicho usuario tenga acceso total al expediente electrónico correspondiente. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que se comisiona al Actuario de la adscripción habilite los campos correspondientes en el sistema respectivo, a fin de que dicha consulta electrónica pueda efectuarse desde el inicio de este asunto. Respecto al correo electrónico y números telefónicos que proporciona el ocursante, tómense nota para los efectos legales conducentes. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Julio César Cruz García, que autoriza y da fe.

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