María Ysac García Villegas

Expediente 1066/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1066/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • María Ysac García Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso (foja 81); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: Así pues, mediante resolución emitida el veintiuno de junio actual (fojas 34 a 47), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: De lo anterior se colige que el acto que debía realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 24, fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; asimismo, para que fueran desincorporados de su esfera jurídica. B). Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal 1952770, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de dicho pago se haya hecho a la quejosa, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable a través de su delegada (fojas 79 y 80), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $18,667.11 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), cantidad ésta sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de abril de dos mil diecinueve y en el veintitrés de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve a agosto de la presente anualidad; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476; y para el mes de julio actual de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00203. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $18,666.93 (dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 93/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al pago efectuado $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $37.81 (treinta y siete pesos 81/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad $18,667.11 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso (foja 81); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: Así pues, mediante resolución emitida el veintiuno de junio actual (fojas 34 a 47), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: De lo anterior se colige que el acto que debía realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 24, fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; asimismo, para que fueran desincorporados de su esfera jurídica. B). Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal 1952770, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de dicho pago se haya hecho a la quejosa, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable a través de su delegada (fojas 79 y 80), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $18,667.11 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), cantidad ésta sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de abril de dos mil diecinueve y en el veintitrés de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve a agosto de la presente anualidad; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476; y para el mes de julio actual de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00203. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $18,666.93 (dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 93/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al pago efectuado $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $37.81 (treinta y siete pesos 81/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad $18,667.11 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por ******, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, remite el comprobante de transferencia bancaria por la cantidad de $18,667.11 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), a favor de la promovente del amparo. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, remite el original del proveído de ocho de agosto del año en curso, dictado dentro de los autos del juicio laboral 211/2011 de su índice, por el que giró oficio recordatorio al Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, para que por su conducto informara si se encuentra bloqueada alguna cuenta a nombre del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, respecto de dicho juicio laboral y de ser así procediera al levantamiento del embargo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio de cuenta junto con su anexo y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Con independencia de lo anterior, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, de cumplimento al fallo protector y en su caso, remita las constancias respectivas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a cada autoridad, una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento al citado Tribunal, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano