María Yrene Ruiz Vargas

Expediente 873/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
873/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • María Yrene Ruiz Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio signado por el Subdirector de Control y Mejora de la Función Registral en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, en suplencia del Director del propio Instituto; por medio del cual, rinde su informe justificado, señala domicilio y designada delegados. Intégrese a los autos el oficio de referencia, sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente de juicio de amparo. Con independencia de lo anterior, téngase por señalado el domicilio que proporciona la autoridad oficiante, y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, mediante el cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la citada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Así, del informe justificado y de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita, -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por memorándum de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el recurso administrativo registral **********, interpuesto por **********; se devolvió dicho recurso a los Registradores Públicos de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla para que requirieran a la recurrente, aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días siguientes, exhibiera original o copia certificada del documento idóneo con el cual acredite su legitimación. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la quejosa **********, reclama al 1) Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla, 2) Director del Registro Público de la Propiedad de Puebla, y 3) Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla el acto consistente en: la omisión de admitir el recurso administrativo registral presentado el diez de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, de las constancias que remite el Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite el Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo, el recurso administrativo registral de origen no se encontraba en estado procesal para proveerse respecto a su admisión o no, toda vez que la recurrente, aquí quejosa **********, no exhibió la documental idónea para acreditar su legitimación, omisión por la que mediante oficio de treinta y uno de mayo del año en curso se devolvió dicho recurso a los Registradores Públicos de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla para que requirieran a la recurrente para que exhibiera la documental respectiva. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Así, de las constancias remitidas por el Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, se observa que mediante memorándum de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el recurso administrativo registral **********, interpuesto por **********; se devolvió dicho recurso a los Registradores Públicos de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla para que requirieran a la recurrente, aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días siguientes, exhibiera original o copia certificada del documento idóneo con el cual acredite su legitimación. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo (doce de mayo de dos mil veintitrés), en el recurso administrativo origen, las autoridades responsables aún no se encontraban procesalmente en condiciones para pronunciarse sobre la admisión o no de dicho recurso; acto que la parte quejosa aduce han omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, mediante el cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la citada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Así, del informe justificado y de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita, -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por memorándum de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el recurso administrativo registral **********, interpuesto por **********; se devolvió dicho recurso a los Registradores Públicos de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla para que requirieran a la recurrente, aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días siguientes, exhibiera original o copia certificada del documento idóneo con el cual acredite su legitimación. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la quejosa **********, reclama al 1) Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla, 2) Director del Registro Público de la Propiedad de Puebla, y 3) Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla el acto consistente en: la omisión de admitir el recurso administrativo registral presentado el diez de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, de las constancias que remite el Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite el Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo, el recurso administrativo registral de origen no se encontraba en estado procesal para proveerse respecto a su admisión o no, toda vez que la recurrente, aquí quejosa **********, no exhibió la documental idónea para acreditar su legitimación, omisión por la que mediante oficio de treinta y uno de mayo del año en curso se devolvió dicho recurso a los Registradores Públicos de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla para que requirieran a la recurrente para que exhibiera la documental respectiva. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Así, de las constancias remitidas por el Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, se observa que mediante memorándum de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el recurso administrativo registral **********, interpuesto por **********; se devolvió dicho recurso a los Registradores Públicos de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla para que requirieran a la recurrente, aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días siguientes, exhibiera original o copia certificada del documento idóneo con el cual acredite su legitimación. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo (doce de mayo de dos mil veintitrés), en el recurso administrativo origen, las autoridades responsables aún no se encontraban procesalmente en condiciones para pronunciarse sobre la admisión o no de dicho recurso; acto que la parte quejosa aduce han omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de Danton Huerta Morales, autorizado en términos amplios de la quejosa María Yrene Ruiz Vargas, a través del cual desahoga la vista otorgada en auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés y amplía la demanda de amparo indirecto. En términos de los artículos 111 y 117 de la Ley de Ampro, se admite a trámite la ampliación de la demanda de amparo indirecto, en contra de la nueva autoridad responsable: Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, por el acto reclamado consistente en: la omisión de admitir el recurso administrativo registral presentado el diez de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, córrase traslado con el escrito de ampliación a la nueva autoridad responsable Director de lo Contencioso Administrativo adscrito a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para que dentro del término de quince días contados a partir de aquél en que reciba el oficio notificatorio de este proveído, rinda el informe justificado que le corresponde, respecto de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para desvirtuar los argumentos que ahora hace valer la parte quejosa, acompañando las constancias generadoras del acto reclamado, haciéndole de su conocimiento que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se apercibe a la referida autoridad responsable que la omisión de rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de la demanda a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este Juzgado federal. Se comisiona al Oficial Judicial "A" -antes Analista Jurídico (SISE)- para realizar la gestión necesaria a efecto de registrar a la nueva autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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