Maria Yolanda Vidal Casanova
Expediente 2213/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2213/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Maria Yolanda Vidal Casanova
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de ocho de diciembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Yolanda Vidal Casanova, contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se integrara de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Por otro lado, vista la cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Yolanda Vidal Casanova, contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2133/2022-IX-2. Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia de la demanda Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. La tesis en cuestión es: 1"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Bajo esa perspectiva, resulta procedente desechar la demanda de amparo que se promueve, porque del estudio integral de la misma, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en relación con los diversos 17 y 18 del mismo ordenamiento, toda vez la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, al no promover el juicio de amparo dentro del plazo previsto. Tales ordenamientos, disponen: 1 Jurisprudencia: I.13º.A.4 K. Novena Época, Instancia: Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Agosto de 2001, Página: 1318. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos legales aludidos, se obtiene lo siguiente: a) Del primero [61, fracción XIV], se desprende el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la ley. b) Asimismo, del segundo numeral [17] se aprecia el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, excepto: 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; en estos casos, el término será de treinta días; 2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; en dicho supuesto, la demanda podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; 3. Cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal que pueda verse afectado por el acto de autoridad en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios; aquí la demanda deberá presentarse en el término de siete años; y, 4. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; pues en estos casos la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. c) Finalmente, del tercero de los normativos de referencia [18], el término de quince días para presentar la demanda se cuenta: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. De ese modo, puede advertirse que esas tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente donde se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Así, la primera hipótesis, necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto el quejoso no combate su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Brinda apoyo el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18, de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ". al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; es decir, que entraña una confesión expresa por parte del afectado respecto de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Cobra vigencia respecto a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y tenor: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualiza alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que, se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Al respecto es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 5 del Tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la promovente solicita la protección de la justicia federal, respecto del acto reclamado consistente en la vinculación proceso dictada en su contra, dentro de la causa 643/2019, del índice de la responsable, sin manifestar en qué fecha fue emitida dicha actuación. No obstante, de las manifestaciones formuladas por la impetrante bajo protesta de decir verdad, se advierte que fue citada a audiencia inicial dentro de la causa penal en comento el cuatro de abril de dos mil diecinueve. Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona imputada puede solicitar que se resuelva su situación jurídica en dicha audiencia o hasta dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, es decir, seis días. En ese sentido, si la audiencia inicial en la causa penal de origen tuvo lugar el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se colige que la resolución respecto de la vinculación a proceso de la ahora quejosa, fue emitida, a más tardar dentro de los seis días siguientes, es decir, el diez de abril de dos mil diecinueve, fecha en la que, por ende, tuvo conocimiento del acto reclamado. Por tanto, si la promovente presentó su demanda el seis de diciembre de dos mil veintidós, es evidente que no ejerció la acción constitucional en el término legal estipulado para ello, por lo que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado, por su notoria e indudable improcedencia. Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miguel Ángel Rosario Ruiz, Víctor Manuel Herrera Vidal, Miguel Antonio Rosario Zapata y Miguel Ángel Rosario Zurita, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado 2 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.
- Principal
En DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, notifico por medio de lista EL ACUERDO DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a la PARTE QUEJOSA, dictado en los autos del JUICIO DE AMPARO 2213/2022-IX, por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.
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