María Yolanda Mul Mex
Expediente 861/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- María Yolanda Mul Mex
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado en veintinueve de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y no existen documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(AVISO-QUEJOSO)Con la demanda de amparo de cuenta, ***, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 861/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la quejosa, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "A) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMAMOS: EL AUTO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NUMERO 209/2018, DEL INDICE DEL JUZGADO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, POR EL HECHO DE HABER ORDENADO QUE SE INCRIBA EL EMBARGO SOBRE EL CIENTO POR CIENTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE MARGARITA MAZA NUMERO EXTERIOR 383, LOTE 6, MANZANA 783 DE LA COLONIA PROTERRITORIO FEDERAL INSCRITO BAJO REAL 104603 DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; CUANDO SE SABE POR PARTE DE LA RESPONSABLE QUE SE TRATA DE UN PREDIO DESTINADO A CASA HABITACIÓN y/o EL LECHO COTIDIANO, Y QUE POR ENDE Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 498 FRACCIONES I, II Y X DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 1395 DEL CODIGO DE COMERCIO, ES UN BIEN INEMBARGABLE, ES DECIR ESTA EXCLUIDO DE LA LISTA DE LOS BIENES QUE SON SUSCEPTIBLES DE SER EMBARGADOS." Esto es, de la interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se ordena la inscripción del embargo sobre el cien por ciento respecto al predio ubicado en Calle Margarita Maza, numero exterior 383, lote 6, manzana 783 de la Colonia Proterritorio Federal, dictado en autos del expediente ejecutivo mercantil 209/2018 del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal. Ahora, en el caso particular se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, toda vez que del contenido de la demanda, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 209/2018 se encuentra en etapa de ejecución. Lo anterior, toda vez que el acuerdo que reclama la aquí quejosa, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, la cual en el caso del procedimiento de remate, lo constituye el auto mediante el cual se ordena la entrega del bien inmueble o en su caso la escrituración del mismo, por lo que el amparo indirecto solo se puede promover contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, los invocados numerales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" (Lo negritas es propio) Del artículo y fracciones transcritos, se advierte que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Además tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Y tratándose del procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, hipótesis en la cual también podrán hacerse valer las violaciones consumadas en dicha etapa de ejecución. De ahí que -en el último supuesto de la norma- el juicio de amparo indirecto será procedente cuando se haya emitido alguna de esas órdenes [escritura de adjudicación o entrega de bienes rematados]. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011474, de rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; la que sin duda no lo constituye el auto que reclama, pues dicho auto únicamente ordenó la inscripción del embargo de su bien inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, mismo que recae dentro del procedimiento de remate, por lo que no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento. En ese sentido, para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, la última resolución será, entonces, la impugnable en amparo, y no las que se dicten durante el procedimiento de ejecución, tendientes a hacer efectiva una sentencia; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al sentenciado, se debe reservar hasta que recaiga en la última resolución, es decir, cuando se le requiera a la quejosa la entrega del bien embargado o la escrituración del mismo. En ese orden de ideas, es evidente que la determinación que en el presente juicio de amparo se combate, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, ya que no se ha emitido orden de escrituración ni de entrega del bien embargado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la Jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.) emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 8 C (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco, Materia Común, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Página 1647, Registro 2004223, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor. Máxime que los autos reclamados no vulneran un derecho sustantivo reconocido por la Constitución Federal, o en los tratados internacionales en los que México sea parte, pues dichos actos reclamados no son de los llamados de imposible reparación, dictados en la etapa de ejecución, al no resultar ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.4o.C.18 K, Época: Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Tomo XXV, Marzo de 2007, de rubro siguiente: "ACTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. SÓLO EN PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O REMATE DEBE ESPERARSE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA PROMOVER AMPARO." Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que cita en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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