María Yolanda Benito Morales

Expediente 2072/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2072/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • María Yolanda Benito Morales

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Petición. La autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones en la Representación Estatal del ISSSTE en Puebla, por conducto de quien legalmente lo represente: a.- Rinde(n) su(s) informe(s) justificado(s); y, b.- Ofrece(n) prueba(s). Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene(n) por rendido(s) el(los) informe(s) justificado(s). Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. ++++++. B.- Tercero(s) interesado(s). No existe. C.- Autoridad(es) responsable(s). Subdelegado de Prestaciones en la Representación Estatal del ISSSTE en Puebla. D.- Acto(s) reclamado(s). La omisión de proveer sobre el escrito de treinta de junio de dos mil veintiuno. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la(s) autoridad(es) responsable(s), manifiesta(n) y acredita(n) que mediante oficio DPSH/1799/2022 de dos de diciembre de dos mil veintidós dio contestación a su petición realizada en su escrito de treinta de junio de dos mil veintiuno. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse dado contestación al escrito de treinta de junio de dos mil veintiuno. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por su contenido la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.)]. El derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se conforma, a su vez, por diversos derechos que le dan contenido y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, las cuales consisten en: I. Dar respuesta por escrito; II. Que ésta sea congruente con lo solicitado; y, III. Que se dé a conocer al particular en breve término. Sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con once minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós.****************************************Estado procesal.****************************************Del estado procesal que guardan los presentes autos y de las certificaciones de cuenta se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la promoción con la cual se dará cuenta más adelante.****************************************Suspensión en el suministro de energía eléctrica en todo el Circuito.****************************************Como se advierte de la certificación de cuenta, mediante circular AR-PUE/65/2022, de doce de diciembre de dos mil veintidós, el Administrador Regional en Puebla de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión en el suministro de energía eléctrica en todo el Circuito, que afectó el adecuado funcionamiento y labor en el Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal en Puebla, imposibilitando la labor jurisdiccional de este juzgado de Distrito, lo cual atiende a una causa de fuerza mayor para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de este Sexto Circuito.****************************************Suspensión de labores ante la imposibilidad de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de este Sexto Circuito y declaración de día inhábil por causa de fuerza mayor.****************************************Atento a lo anterior, mediante oficio de doce de diciembre de dos mil veintidós, los titulares del Sexto Circuito, a través de la Coordinadora de Magistrados del Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y de la Coordinadora de Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla, en atención a la circular antes referida, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, informaron al Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la suspensión de labores respecto del doce de diciembre de dos mil veintidós, por causas de fuerza mayor, por lo que no correrán los términos de ley.****************************************En ese tenor, se tiene como día inhábil el doce de diciembre de dos mil veintidós, lo cual deberá de hacerse del conocimiento de los justiciables, en el presente juicio.****************************************Recepción de promoción.****************************************Al respecto, se precisa que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la promoción que en el acto se acuerda; sin embargo, la situación por la cual se acuerda en esta data, no constituye un desacato a las formalidades esenciales previstas en la Ley de Amparo, pues como se precisó en párrafos que anteceden, el doce de diciembre de dos mil veintidós, en el cual dicha promoción tuvo que ser acordada, se declaró inhábil por causa de fuerza mayor, de conformidad con lo previsto en la última parte del artículo 19 de la referida legislación reglamentaria.****************************************Máxime que el presente acuerdo no constituye una regularización de procedimiento, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, que imponga la necesidad de hacer del conocimiento de manera personal a las partes este proveído, toda vez que surgió ante una circunstancia de fuerza mayor inimputable a este órgano jurisdiccional.****************************************En ese tenor, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se acuerda:****************************************Oficio. ****************************************Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con tres anexos consistentes en los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, un sobre, un tomo de pruebas, así como con copia del voto aclaratorio formulado por la Magistrada ******************** y el testimonio de la ejecutoria emitida el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el toca de revisión ********************, del índice del tribunal de su adscripción; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ****************************************"PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida.********************SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amaparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla y del Diligenciario Impar Adscrito al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla; consistentes en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************.********************TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclamó Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla y del Diligenciario Impar Adscrito al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla; consistentes de la primera autoridad en la orden de desposesión decretada dentro del juicio ejecutivo mercantil, expediente ********************, y de la segunda, su ejecución."****************************************Acuse de recibo. ****************************************Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa.****************************************Cuaderno de antecedentes.****************************************Glósense el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión.****************************************Archivo.****************************************Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente:****************************************Archívese este asunto como concluido.****************************************En virtud de que en este asunto se negó el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional llevará a cabo su depuración y se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia.****************************************En ese orden, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.****************************************Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. ****************************************Digitalización.****************************************Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente.****************************************Transparencia. ****************************************Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.****************************************Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse.****************************************Notifíquese.***********************************

  4. Principal

    El Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, manifestando que no existen las condiciones técnicas ni humanas para designar perito en materia de grafoscopía en el presente asunto, por los motivos que expone. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y se toma conocimiento de lo informado. Por otra parte, no obstante lo informado por la autoridad oficiante, se ordena girar atento oficio a dicha autoridad, a fin de que en el término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del mismo, informe cuando podrá designar perito en materia de grafoscopía, toda vez que resulta necesario el auxilio de este, para poder contar con los elementos necesarios en el presente juicio de amparo.

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