María Yesenia Segueda Rosales

Expediente 991/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
991/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • María Yesenia Segueda Rosales
  • MARÍA YESENIA SEGUEDA ROSALES y Otros.
  • Fiscal General del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    se aprecia que ha transcurrido el etermino y no se recurrió la sentencia emitida...se declara que ha causado ejecutoria...archívese este asunto...

  2. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 991/2016, promovido por María Yesenia Segueda Rosales, por su propio derecho, y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado de Distrito, María Yesenia Seguida Rosales, por su propio derecho, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: Fiscal General del Estado de Guerrero Director General del Jurídico Consultivo Ambos en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero Ejecutoras: Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojo. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojo del Distrito Judicial de Tabares. Ambos en Acapulco, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "La resolución emitida por el Director General Jurídico Consultivo, de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis y notificado con fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, toda vez que no tomó en cuenta lo manifestado en mis escritos.". SEGUNDO.- Por acuerdo de once de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual quedó registrada con el número 991/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó notificar a los terceros interesados, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado se hace consistir en una resolución del Ministerio Público, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal. SEGUNDO: Precisión del acto reclamado. Por razón de método y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese contexto, la lectura íntegra de la demanda de amparo permite advertir que esencialmente la quejosa reclama la resolución de no ejercicio de la acción penal de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro de la averiguación previa número TAB/DES/03/0116/2014. TERCERO: Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se les atribuye al Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Despojos del Distrito Judicial de Tabares, adscrita a la mesa de trámite número 03 y del Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Despojos) del Distrito Judicial de Tabares, pues al rendir sus respectivos informes justificados, reconocieron su existencia, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Pero además, su certeza se acredita fehacientemente con las constancias de la averiguación previa número TAB/DES/03/0116/2014, del índice del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojo del Distrito Judicial de Tabares, que en copia certificada el Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado adjuntó a su informe con justificación, mismas que hacen prueba plena en juicio, de acuerdo con lo establecido en los numerales 129 y 202 del citado Código Federal Adjetivo Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. En cambio, el Fiscal General del Estado, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye consistente en la emisión de la resolución de treinta de junio de dos mil dieciséis; luego, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, se advierte que, la quejosa no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto que le reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por dicha autoridad responsable, no obstante el conocimiento oportuno que de aquello tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable precisada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Especializado en Despojos) del Distrito Judicial de Tabares adscrita a la mesa de trámite número tres y el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Despojo) del Distrito Judicial de Tabares, sostienen que en el presente juicio de actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo; sin precisar si dicho precepto corresponde a la actual Ley de Amparo, pues el mismo se refiere a los requisitos que debe contener la sentencia que se pronuncie en los juicios de garantías; pero además, no vierten razonamiento alguno tendente a tratar de probar su actualización, sino que únicamente se limitan a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgador quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, ya que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió, por lo que es de desestimarse. Aunado a lo anterior, es de precisarse que si se trata de la anterior Ley de Amparo, el cual se refiere a la inexistencia de los actos, debe señalarse que conforme a lo expuesto al inicio de este considerando, es cierto el acto reclamado a estas autoridades. Al no existir otras causas de improcedencia propuestas por las partes, ni alguna otra que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación que se proponen. QUINTO.- Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Dado el carácter de ofendida que le reviste a María Yesenia Segueda Rosales en la averiguación previa TAB/DES/03/0116/2014, este juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis oficioso a la resolución combatida, en torno al no ejercicio de la acción penal, para verificar si tal decisión se apegó o no al texto constitucional. Así, los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En los artículos transcritos, se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, también debe precisarse que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 20, apartado B, fracción IV y 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación con lo establecido por el artículo 64, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, se deriva la competencia exclusiva del Ministerio Público para investigar los delitos, ya que corresponde a dicha institución desahogar los medios de prueba para tener por acreditados los elementos del delito así como la identificación de los probables responsables en su comisión, con miras -entre otras cosas-, a obtener la reparación del daño en favor de la víctima, ya que ello constituye una sanción pública y general con el fin de coadyuvar al restablecimiento del orden jurídico alterado por el ilícito. Orienta lo anterior, la tesis aislada 1a. CCCXIII/2013 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1049, del Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto referido, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, señala que el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal ante los tribunales competentes. Sobre tal cuestión, previo a la citada modificación constitucional, el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía tres principios fundamentales: a) el Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores; b) gozaba a su vez del poder exclusivo para valorar los resultados de la averiguación previa y determinar si quedaba acreditada o no la probable responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal; y, c) el propio Ministerio Público tenía la facultad de ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuación jurisdiccional (consignación). Así, la reforma al artículo 21 constitucional de 2008 moduló parcialmente dichos principios, al añadir el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores. Esto es, de conformidad con la normativa constitucional reformada, el Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados e instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la averiguación previa a la autoridad competente. Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o Local se le asigne el poder para ejercer la acción penal no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino que constituye un requisito que actualmente sólo admite dos modulaciones: 1) la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2) el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normativa secundaria. En consecuencia, el artículo 21 constitucional no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades de la República, por lo que funciona en todos los órdenes jurídicos (federal, estatal y del Distrito Federal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido proceso." Lo anterior adquiere relevancia entonces, porque para verificar la legalidad de la resolución sujeta a examen, habrá que establecer si el sentido de la decisión se basó en el resultado de los indicios recabados durante la integración de la indagatoria, y los mismos no fueron suficientes para acreditar cada uno de los elementos del delito de que se trata. En esa tesitura, de la lectura del acto reclamado se advierte que se encuentra fundado y motivado, pues la autoridad citó los preceptos legales aplicables al caso, que le dan competencia para emitir una resolución, luego invocó aquéllos que fueron el sustento para confirmar la propuesta de no ejercicio de la acción penal; asimismo, en el cuerpo de la resolución reclamada precisó los delitos que describía la conducta denunciada, a partir de los cuales realizó el estudio correspondiente; asimismo, el órgano consultivo responsable argumentó en forma suficiente, mediante razonamientos jurídicos el por qué los hechos denunciados no son constitutivos de delito. Ahora, de las actuaciones que integran la averiguación previa TAB/DES/03/0116/2014, cuyo valor probatorio quedó señalado en el considerando que antecede, se obtiene lo siguiente: La responsable en la resolución que por esta vía se combate señaló como elementos del cuerpo del delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 245 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero, los siguientes: a) Al que de propia autoridad, por medio de la violencia física o moral, el engaño o furtivamente. b) Ocupe un inmueble ajeno, haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenezca. Enseguida hizo relación de las pruebas que obran dentro de la indagatoria y de su contenido, valorándolas en consecuencia, y son las siguientes: Denuncia presentada por María Yesenia Seguida Morales. Dos comparecencias y su ratificación por parte de la quejosa querellante María Yesenia Segueda Morales. Escrito de veinte de octubre de dos mil catorce, signado por la agraviada María Yesenia Segueda Rosales. Escrito de veintisiete de febrero de dos mil quince, suscrito por María Yesenia Segueda Rosales. Escrito de veintiséis de febrero de dos mil quince, suscrito por María Yesenia Segueda Rosales. Copia fotostática certificada de la escritura pública número 8342 de seis de noviembre de dos mil, pasada ante la fe del Lic. Juan Pablo Leyva y Córdova Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Tabares. Copia certificada del certificado catastral expedido por el Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, a nombre de Segueda Rosales María Yesenia referente a los lotes 1, 2, manzana 9, prolongación Icacos de catorce de marzo de dos mil catorce. Copias certificadas del recibo número EE571986 a nombre de Segueda Rosales María Yesenia, por concepto de pago de impuesto predial de los lotes al lote 1, 2, manzana 9, prolongación Icacos de trece de marzo de dos mil catorce. Copia certificada del aviso de movimiento de propiedad del inmueble a favor de María Yesenia Segueda Rosales de seis de noviembre de dos mil con folio 135635. Copias certificadas del contrato privado de cesión de derechos celebrado por María Elena Delgado Irra como cedente y María Yesenia Segueda Rosales en su carácter de cesionaria respecto de los lotes 1, 2, manzana 9, prolongación Icacos. Copia fotostática simple del recibo a nombre de Salomón Acevedo Parra, por concepto de préstamo personal de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y dos firmado por María Elena Delgado Irra. Copia fotostática simple del recibo a nombre de Salomón Acevedo Parra, por concepto de préstamo personal de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y tres, firmado por María Elena Delgado Irra. Copia fotostática simple del recibo a nombre de Salomón Acevedo Parra, por concepto de préstamo personal de trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, firmado por María Elena Delgado Irra. Informe de investigación de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, rendido por Arturo Chávez Reyes, José Luis Felipe Rodríguez y Elvis Castro Radilla, Coordinador de Grupo Habilitado y Agentes de la Policía Ministerial del Estado. Testimonios de Jennifer Cortes Salgado y María Dolores Salgado Magayón, ofrecidos por la agraviada. Elementos de prueba a los que otorgó valor de indicio, pues de ellos se advierte que los testigos refirieron que la agraviada encargó su inmueble a Maribel Solís Solís, y que los inculpados habitan en el bien inmueble en conflicto, lo que se entiende que fue con pleno consentimiento y por lo tanto no empleó ningún medio comisivo para introducirse en el terreno, por lo que con ello no se acredita el primer elemento del ilícito de despojo, pues las declaraciones se rindieron en los siguientes términos: Jennifer Cortes Salgado, manifestó: ".desde que adquirió los predios en conflicto ha mantenido la posesión de manera pública, continua y de buena fe, hasta el día en que ella llegó a esta ciudad el día 15 de marzo del año en curso, aproximadamente a las once horas con treinta minutos, en que los inculpados interrumpieron la entrada a la agraviada, pero debido a la enfermedad de la señora María Yesenia, asimismo manifiesto a este órgano investigador que siendo los días primeros del mes de diciembre del año dos mil once, la señora María Yesenia Segueda, le pidió de favor a la señora Maribel Solís Solís que le encargaba su casa, para que las cuidara ya que la señora María Yesenia se iba a la ciudad de Cuautla Morelos (.) pero cuando regresa de la ciudad de Cuautla Morelos a la Ciudad de Acapulco, se encuentra con la desagradable sorpresa de que las casas las encuentra habitadas por una personas de nombre Ramón Montalván López y Crispina Carballido Martínez, y la señora Yesenia les preguntó ellos que quien les había dado permiso de vivir en sus propiedades sin consentimiento, a lo que contestaron estas personas que fue la señora Maribel Solís Solís y su concubino el señor Román Hernández, ya que ellos decían que eran los dueños de las propiedades (.) hago del conocimiento a este órgano investigador que la señora María Yesenia, desde que llegó de la Ciudad de Cuautla Morelos que fue el día quince de marzo del año dos mil catorce, aproximadamente a las once horas con treinta minutos, la acompañamos junto con mi señora madre María Dolores, a su propiedad los inculpados de referencia ya no la dejaron entrar, las personas que actualmente se encuentran habitando debido a que ya cambiaron las chapas y candados, y la casa se encuentra en mal estado, destruida y deteriorada por completo.". Por su parte, María Dolores Salgado Magayón, declaró: ".que desde que adquirió dichos predios ha mantenido la posesión de manera pública, continua, ininterrumpida y de buena fe, quiero agregar a esta representación social que siendo los días primeros del mes de diciembre del año dos mil once, la agraviada María Yesenia, le encargó sus propiedades a la señora Maribel Solís Solís, para que se los cuidara, ya que la agraviada María Yesenia Segueda Rosales, se fue a la ciudad de Cuautla Morelos por cuestiones de salud (.)pero resulta que cuando regresó de la Ciudad de Cuautla Morelos a este Ciudad de Acapulco, se encontró con la sorpresa de que su propiedad la encontró habitada por unas personas de nombre Ramón Montalván López y Crispina Carballido Martínez, y otras dos personas más de nombre Erick Pastor Droe y Jimena Orozco Aguirre y la señora María Yesenia les preguntó que quien les había dado permiso de vivir en su casa, sin su consentimiento, ya que ella es la legítima propietaria del inmueble en conflicto, por lo que le contestaron estas personas que fue la señora Maribel Solís Solís y su concubino el señor Román Hernández, ya que ellos decían que ellos eran los dueños (.) sigo declarando que la señora María Yesenia desde que llegó de la ciudad de Cuautla Morelos que fue el día quince de marzo del año en curso, aproximadamente a las once horas con treinta minutos, quiso entrar a su propiedad y no la dejaban entrar las personas que actualmente se encuentran habitando debido a que ya cambiaron las chapas y candados, y la casa se encuentra deteriorada y en mal estado y destruida por completo.". Declaración ministerial de la inculpada Crispina Carballido rendida el trece de octubre de dos mil catorce. Declaración de los inculpados Maribel Solís Solís y Román Hernández Cruz de veintitrés de octubre de dos mil catorce. Comparecencia de la inculpada Maribel Solís Solís de trece de marzo de dos mil quince. Comparecencia de la inculpada Maribel Solís Solís de treinta de junio de dos mil quince. Copia certificada de la escritura pública número 18,466 de veinticinco de febrero de dos mil cuatro, pasada ante la fe del Notario Público Número 19 del Distrito Judicial de Tabares. Copia certificada del acta de defunción número 00005, a nombre de María Elena Delgado Irra, con fecha de registro dos de abril de dos mil cuatro. Copia certificada de la escritura 25831 de fecha cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público Número 7 del Distrito Judicial de Tabares. Testimoniales de Leticia Ávila Pérez y Rocío González Hernández, desahogadas el cuatro de noviembre de dos mil catorce. Inspección ocular desahogada por el órgano investigador el veintisiete de noviembre de dos mil catorce. Dictamen pericial en materia de topografía y avalúo de bienes inmuebles de veintitrés de febrero de dos mil quince. Dictamen pericial en materia de grafoscopía de diecisiete de diciembre de dos mil quince. Informe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo, de veintiséis de noviembre de dos mil catorce. Informe de tres de junio de dos mil quince, suscrito y firmado por la Lic. Delfina Ivette Marcial Radilla, Jueza Primera de Paz del Ramo Civil de Acapulco, Guerrero. Testimonios de Leonor Ortiz Molina, Guadalupe Echeverría Parral y Jorge Bernal Carrillo, de fecha catorce y veinticuatro de abril de dos mil quince. Escrito de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, suscrito por la agraviada María Yesenia Segueda Rosales. Medios de prueba que, como se dijo, fueron valorados por la autoridad responsable, al emitir la resolución que por esta vía se combate, para concluir correctamente con los argumentos que una vez analizadas de manera individual el contenido de cada una de las pruebas que obran en la averiguación previa número TAB/DES/03/0116/2014, los mismos resultan ser ineficaces para tener por acreditado el cuerpo del delito. Como acertadamente lo estimó el órgano consultor, para configurar el delito de despojo es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de su desocupación o uso de un derecho real por medio de la violencia física o moral, engañando o de manera furtiva, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo penal, entendiéndose esto último, como la acción de querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos; pues al haber analizado el acervo probatorio determinó, que no se actualizaron los elementos del tipo penal de despojo consistentes en que los agentes activos ocupen un inmueble ajeno, haga uso de este o de un derecho real que no le pertenezca. En efecto, del acto reclamado pueden advertirse tres argumentos fundamentales de la responsable, que en esencia expresan lo siguiente: 1. Los inculpados no cometieron ninguna conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su desocupación, uso o de un derecho real por medio de la violencia física o moral engañando de manera furtiva. 2. Quedó demostrado que los inculpados aquí terceros interesados, no actuaron de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, ni engaños in mucho menos en forma furtiva; y, 3. Que los inculpados tienen la posesión del inmueble, pues Maribel Solís Solís ha estado viviendo en dicho inmueble hasta la actualidad, por lo que no se configura el delito de despojo. Lo anterior, se estima acertado, porque para demostrar el cuerpo de delito de despojo inexorablemente era necesario que se demostrara que la ocupación del inmueble que los activos ostentan, la hubieran realizado de propia autoridad, mediante la violencia física o moral, el engaño o la furtividad, y en consecuencia, la controversia en torno al derecho del ofendido respecto de los activos para poseer tal bien raíz, resulta irrelevante para el derecho penal en atención a lo siguiente. Para dar respuesta a lo anterior, se procede al estudio del juicio de tipicidad del delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 245 del Código Penal de la Entidad en vigor, realizado por la responsable, en relación con el primer elemento del cuerpo del delito consistente en la ocupación de un inmueble ajeno (como primera hipótesis); habrá que estudiar lo siguiente: a) Qué conducta en concreto se imputó a los inculpados a partir de quince de marzo de dos mil catorce, fecha en la que según la declaración de la propia María Yesenia Segueda Morales, se le impidió entrar a su inmueble por personas que se encuentran habitándolo. b) Analizar si esa conducta se subsume en la descripción típica prevista en el ordinal invocado, particularmente en lo que tiene que ver con el elemento atinente a la ocupación de un inmueble. c) Demostrar que existen elementos suficientes que acrediten la ocupación del inmueble a la luz de aquella disposición penal y, d) Que el inmueble sea ajeno al inculpado. Para comprensión de la conducta que se atribuye a los inculpados, de lo expuesto por la ofendida en su escrito de querella se obtiene los siguientes hechos fundamentales: 1. Que mediante escritura pública 8342, el seis de noviembre de dos mil, celebró contrato de cesión de derechos con María Elena Delgado Irra, respecto de dos inmuebles (Lote 1 y lote 2 , ubicados en la Manzana Número Nueve de la Colonia Prolongación Icacos, Acapulco, Guerrero), protocolizado ante el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo. 2. Que en los primeros días del mes de diciembre de dos mil once, encargó su inmueble a la señora Maribel Solís Solís, para que se los cuidara, pues se trasladó a la Ciudad de Cuautla Morelos, por cuestiones de salud. 3. Que al regresar, específicamente el quince de marzo de dos mil catorce, intentó entrar a su inmueble y ello le fue impedido, pues se encontró con que su propiedad estaba habitada por Ramón Montalván Ortiz y Crispina Carballido Martínez, y al preguntarles quien les autorizó habitar la casa, manifestaron que Maribel Solís Solís y Román Hernández Cruz, quienes se ostentaban como dueños. Asimismo, de las documentales exhibidas por la ofendida y la indiciada Maribel Solís Solís, en concatenación con lo declarado por los agentes ministeriales en el informe de investigación, los testigos de cargo, los inculpados, la pericial en grafoscopía, el informe rendido por el Notario Número Uno de los Bravos, así como la inspección ocular, se obtiene lo siguiente: 4. María Elena Delgado Irra, celebró contrato de compraventa con Enrique Gómez Vazquez, respecto del inmueble en controversia (escritura pública 25831). 5. Que la escritura pública 8342 de seis de noviembre de dos mil, instrumento notarial con el que pretende acreditar su propiedad, contiene un acto jurídico diverso a la protocolización del contrato de cesión de derechos que afirmó la agraviada contenía la documental en comento, según se desprende del informe rendido por el Notario Número Uno del Distrito Judicial de los Bravos. 5. Que el inmueble en conflicto se encuentra ubicado en la Calle Mangos Esquina con Calle Mandarinas, Lote Uno y Dos de la Colonia Ampliación Icacos, Acapulco, Guerrero. 6. La agraviada celebró contrato privado de cesión de derechos con María Elena Delgado Irra, en el que aparece la certificación del Secretario de Acuerdos del Juzgado de Paz del Ramo Civil de Acapulco, sin embargo en oficio 61/2015 de tres de junio de dos mil quince, la Juez Primero de Paz del Ramo Civil, informa que en dicho órgano no se encontró dicho documento. 7. Que el inmueble ubicado en Calle Mangos Esquina con Calle Mandarinas, Lote Uno y Dos de la Colonia Ampliación Icacos, Acapulco, Guerrero, fue dejado como herencia a favor de la indiciada Maribel Solís Solís, por María Elena Delgado Irra, acto jurídico que consta en la escritura pública número dieciocho mil cuatrocientos sesenta y seis de veinticinco de febrero de dos mil cuatro, pasada ante la fe del Notario Público Número 19 del Distrito Judicial de Tabares y del Patrimonio Inmueble, Lic. Robespierre Robles Hurtado. 8.- Ante la objeción hecha por la agraviada, respecto del documento exhibido por Maribel Solís Solís, en el que consta el testamento de María Elena Delgado Irra, se desahogó la pericial en grafoscopía a cargo del perito oficial Sandra Trujillo Ortiz, en el que concluyó que la firma que se estampó en la escritura número dieciocho mil cuatrocientos sesenta y seis de veinticinco de febrero de dos mil cuatro, sí corresponde al origen gráfico de María Elena Delgado Irra. 9.- De la diligencia de inspección ocular llevada a cabo el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se aprecia que la inculpada Maribel Solís Solís, tiene la posesión del inmueble. Como puede observarse, la quejosa -ofendida en la causa penal de origen-, define la conducta de los inculpados a partir de la fecha en la que pretendió entrar al inmueble afecto (quince de marzo de dos mil catorce), soslayando que con anterioridad a ese hecho, aquéllos ya ejercían un acto de posesión anterior, es decir, según el dicho de la propia agraviada desde ". los días primeros de diciembre de dos mil once"., fecha en que la misma dejó encargada su propiedad a la ahora indiciada Maribel Solís Solís. Lo anterior adquiere especial relevancia, porque para verificar si la conducta atribuida a los inculpados se ubica en la descripción del artículo 245, del Código Penal del Estado de Guerrero, debe precisarse el significado del verbo rector del injusto en comento; para esto, resulta útil citar la parte conducente de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 106/2010, del tenor siguiente: "A efecto de contestar la pregunta que detona la procedencia de la presente contradicción de tesis, se estima necesario tener presente lo que al respecto disponen los artículos 191, fracción I y 192, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Veracruz, abrogado y el diverso numeral 222, fracción I, último párrafo, del Código Punitivo vigente en la referida entidad federativa. 'ARTÍCULO 191. Se aplicarán prisión de seis meses a siete años y multa hasta de trescientas veces el salario, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste: I.-Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; (.)'. 'Artículo 192. Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. (.)'. 'Artículo 222. Se impondrán prisión de uno a ocho años y multa hasta de cuatrocientos días de salario a quien, sin consentimiento del que tenga el derecho a otorgarlo o engañando a éste: I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; (.) Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. Para el caso de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado o los Municipios, bastará acreditar por éstos su calidad de propietario de los mismos para presumir su posesión'. Los artículos antes transcritos prevén que se configura el delito de despojo cuando se ocupe un inmueble ajeno, se haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, siempre que sea sin consentimiento del que tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste. En el caso concreto, el tipo penal motivo de análisis se integra por los siguientes elementos: Conducta. Es un delito eminentemente de acción, ya que para su ejecución se requiere de la realización de movimientos corporales y materiales, consistentes en: a) La ocupación de un inmueble ajeno. b) El uso de un inmueble ajeno; o c) La utilización de un derecho real que no le corresponda. (.) El ocupar, quiere decir tomar posesión de una cosa, apoderarse, adueñarse, apropiarse, invadir, irrumpir, entrar o introducirse en el inmueble. Significa que el sujeto activo del delito, asiente o reafirme sus plantas sobre el inmueble con el fin de ejercer un poder de hecho respecto del mismo objeto que previamente tenía el sujeto pasivo, ocupación que debe hacerse con el fin de mantenerse permanentemente". (En relación con el último párrafo, se citó como nota al pie de página: "JIMÉNEZ HUERTA, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Tomo IV, La Tutela Penal del Patrimonio, Editorial Porrúa, México, 2000, p. 321"). Los artículos que fueron motivo de análisis en esa ejecutoria, son de redacción idéntica a los que son objeto de estudio del Código Penal del Estado de Guerrero, lo que hace viable su invocación en esta sentencia. Luego, si se determinó que la acción descrita en el precepto legal de mérito, se refiere a un delito cuando la acción de ocupar implica tomar posesión de una cosa, apoderarse, adueñarse, apropiarse, invadir, irrumpir, entrar o introducirse en el inmueble, entonces la circunstancia de que Maribel Solís Solís habitara el inmueble, ubicada en Calle Mangos Esquina con Calle Mandarinas, Lote Uno y Dos de la Colonia Ampliación Icacos, Acapulco, Guerrero, de la que se dice despojada la ofendida, con antelación al quince de marzo de dos mil catorce (fecha en que la agraviada pretendió entrar al inmueble), ello excluye la posibilidad de que sea típica dicha ocupación, porque la posesión del inmueble la tiene con motivo del encargo que le hiciera María Yesenia Segueda Rosales, lo que data desde los primeros días de diciembre de dos mil once, fecha en que, como lo reconoce la propia agraviada, dejó su propiedad encargada a dicha indiciada. De manera que, los hechos narrados por la parte ofendida en su escrito de querella, y lo expuesto por los testigos de cargo y los inculpados que son coincidentes con el tema, no se estiman configurativos del elemento típico: "ocupación de un inmueble" y por consiguiente, que dicha ocupación se haya materializado mediante la violencia física o moral, en forma furtiva o utilizando el engaño. Atento a lo hasta aquí expuesto, no asiste razón a la peticionaria del amparo, al exponer en sus conceptos de violación esencialmente que: a) Se violaron sus derechos constitucionales, porque el veintiséis de febrero de dos mil quince, objetó en cuanto a su autenticidad de contenido y firma la escritura pública número dieciocho mil cuatrocientos setenta y seis, relacionada con un supuesto testamento público abierto de veinticinco de febrero de dos mil cuatro, por lo que el diecisiete de diciembre de dos mil catorce la perito oficial en materia de criminalística documental Sandra Trujillo Ortiz el cual impugnó ofreciendo nuevamente el desahogo de dicha pericial, la cual no se llevó a cabo. b) Dentro de la averiguación previa se omitió enviar oficio al Juzgado Primero de Paz, para que informara si Jorge Bernal Carrillo, Secretario de Acuerdos de dicho juzgado, se encontraba en funciones el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis. En efecto, los motivos de disenso antes reseñados son ineficaces, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que debe suplirse la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Se estima lo anterior, en tanto que, el acto que por esta vía se combate, tiene sustento en la circunstancia de que con los medios de prueba aportados a la indagatoria, la responsable llegó a la determinación de que los indiciados Crispina Carballido Martínez, Ramón Montalván López, Maribel Solís Solís, Román Hernández Cruz, Erick Pastor Droe y Jimena Orozco Aguilar, han mantenido la posesión del inmueble que les reclamó la agraviada, pues quien tiene la posesión material del inmueble es Maribel Solis Solís en tanto que María Elena Delgado Irra le heredó de forma voluntaria el en conflicto. Además, tampoco asiste razón a la peticionaria del amparo, en torno a que se omitió enviar oficio al Juzgado Primero de Paz del Distrito Judicial de Tabares, para que informara si Jorge Bernal Carrillo se encontraba en funciones el día veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, esto es así, porque como se advierte 191, mediante oficio 756 de veintidós de mayo de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Despojos) del Distrito Judicial de Tabares, remitió oficio al Juez Primero del Juzgado de Paz del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, el que se recepcionó por dicho Juzgado el veinticinco de mayo de dos mil quince. Aún más, a fojas 202 del Tomo I de pruebas, se aprecia la comparecencia de veinticuatro de abril de dos mil quince, del Licenciado Jorge Bernal Carillo, quien además de manifestar sus datos generales, reconoció como suya la firma que aparece en la copia certificada de la cesión de derechos sobre la cual depuso, y manifestó que ocupó el cargo de Secretario de Acuerdos del Juzgado de Paz del Ramo Civil, del ocho de abril de mil novecientos noventa y dos, al cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete. Finalmente, tampoco asiste razón a la quejosa cuando aduce que la perito en materia de grafoscopía no formuló su dictamen conforme a derecho, la perito Sandra Trujillo Ortiz no acreditó tener los conocimientos en materia de caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia. En efecto, contrario a lo que aduce la peticionaria del amparo, Sandra Trujillo Ortiz, cuenta con los conocimientos necesarios que le permiten emitir su opinión experta en las materias de documentoscopía, grafoscopía y dactilocopía, lo cual se encuentra acreditado en autos pues al rendir su dictamen exhibió la credencial que la acredita como empleada de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Dirección de Servicios Periciales; luego, como acertadamente lo estimó la responsable, los dictámenes cumplen los requisitos previstos en la Ley Adjetiva, porque fue emitido por persona distinta de las partes de la averiguación previa y calificada por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Además, como de manera acertada lo estimó la responsable la litis en la indagatoria no es la legalidad o falsificación de la firma estampada por María Elena Delgado Irra o la legalidad o no del testamento, en tanto que no prejuzga sobre la veracidad de lo expuesto en la denuncia y lo declarado por los testigos de cargo, sino constituye un juicio de adecuación típica, el cual es necesario realizar antes de proceder al estudio de los medios de convicción que lo puedan acreditar; es decir, los argumentos expuestos en esta resolución, no tienen como finalidad prejuzgar sobre la propiedad y/o derechos de posesión que refieren tener María Yesenia Segueda Rosales, respecto del inmueble que fue objeto material del delito de despojo; sino que el sentido de esta sentencia, se ciñe a demostrar que los hechos denunciados no son típicos del delito de despojo, y que la solución sobre la propiedad o posesión corresponde a los tribunales civiles (entendidos en sentido amplio), no al derecho penal que es de ultima ratio. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse motivo por el cual puedan ser suplidos en su deficiencia, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó María Yesenia Seguera Rosales, en contra de la resolución de treinta de junio de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de garantías, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA YESENIA SEGUEDA ROSALES, contra el acto y autoridad precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO RAMON MONTALVAN LÓPEZ Y CRISPINA CARBALLIDO MARINEZ, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: "...VISTOS; para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 991/2016, promovido por María Yesenia Segueda Rosales, por su propio derecho, y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado de Distrito, María Yesenia Seguida Rosales, por su propio derecho, presentó demanda de garantías contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: Fiscal General del Estado de Guerrero Director General del Jurídico Consultivo Ambos en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero Ejecutoras: Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojo. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Despojo del Distrito Judicial de Tabares. Ambos en Acapulco, Guerrero. ... se, R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de garantías, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA YESENIA SEGUEDA ROSALES, contra el acto y autoridad precisados en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de siete de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Director General Jurídico Consultivo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se advierte que mediante proveído de once de octubre del año en curso, se giró el despacho número 180/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, al Juez Mixto de Paz de Cuajiniculapa, Guerrero, con sede en esa localidad, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional notificara a los terceros interesados Maribel Solís Solís y Román Hernández Cruz, el inicio del presente juicio, sin que se cuente con la comunicación oficial de mérito, ni el acuse de la misma; por tanto, para estar en aptitud de resolver el presente juicio, en obvio de mayores dilaciones, requiérasele vía telegráfica, al citado Juez para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar por la misma vía, si recibió la citada comunicación oficial, y de ser así indique la fecha de su recepción, asimismo en caso de que la misma se encuentre diligenciada, de no existir inconveniente legal o material, la remita a este juzgado; en el entendido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del artículo 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano