Maria Yesenia Mayorga Garay

Expediente 1485/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1485/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Maria Yesenia Mayorga Garay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra la determinación de dos de enero de dos mil veintitrés, en la que, por los actos de naturaleza civil se desechó la demanda de amparo, y por los actos de naturaleza penal, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el desechamiento de la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Remisión de medios de pruebas. Ahora, de la certificación de cuenta también se desprende, que en el expediente en el que se actúa obra un dispositivo de almacenamiento denominado memoria USB, así como actas de nacimiento certificadas los cuales fueron exhibidos como pruebas por la parte quejosa; por lo tanto, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, las probanzas de referencia, sin que se solicite el acuse de recibo correspondiente, toda vez la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese; y por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de enero de dos mil veintitrés. I. Acepta competencia. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, del que se advierte que se avocó al estudio de los actos reclamados de naturaleza Penal, de los cuales se declinó competencia por este Juzgado y el cual fue radicado bajo el Juicio de Amparo ******************** de su índice, de lo que se toma nota para los efectos conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de enero de dos mil veintitrés. I. Boleta. Por otra parte, súmese a los autos la boleta de turno ..., proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, por medio de la cual, se hace del conocimiento de este juzgado que por razón de turno le correspondió conocer de la incompetencia declinada por este Juzgado, al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Querétaro, lo que se asienta para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO B, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DE LA RESOLUCIÓN DE DOS DE ENERO PASADO QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de enero de dos mil veintitrés. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por ......en representación de su hijo menor con iniciales ....., mediante el cual, cumple con la prevención realizada por este juzgado, y al efecto se provee: II. Cuestiones previas. La parte quejosa en el escrito de demanda señala como actos reclamados los siguientes: "PRIMERO. - Consiste en el auto de fecha 09 de diciembre del 2022, publicado en listas en fecha 13 de diciembre del año en curso, (que agrego al presente como Anexo 2). Por lo que de las autoridades; ordenadora y ejecutora, solicito a este H. Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ordene la suspensión provisional y en su momento definitiva del acto reclamado, puesto que se trata de una violación inminente a los derechos fundamentales de mi menor hijo ....., y de la suscrita .....; ya que se viola en perjuicio de mi menor hijo sus derechos a la alimentación, educación, salud, esparcimiento, identidad, libre desarrollo de la personalidad, ambiente libre de cualquier tipo de violencia, sano desarrollo, mínima separación familiar, garantía de tutelar el interés superior del menor en perjuicio de mi menor hijo y la suscrita ya que violenta en mi perjuicio mi derecho de audiencia (garantía judicial), igualdad y observar el principio de proporcionalidad entre la suscrita como madre de mi menor hijo y su padre, así la observancia de una perspectiva de género; derechos establecidos en el Código Civil del Estado de Querétaro, Constitución Federal, en la Convención sobre derechos del Niños y Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes. SEGUNDO.- La omisión de la Fiscalía de la Unidad de Acusación en Jalpan de Serra, Querétaro, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con domicilio en ....., por negarse a brindar atención necesaria y suficiente para investigar los posibles hechos constitutivos del delito de retención de mi menor hijo, es decir, no iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Lo que deviene inconstitucional contra el artículo 4 de la Carta Magna. TERCERO.- La omisión de la atención diligente por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jalpan de Serra, Querétaro, con domicilio en Calle Rivera del Río, Jalpan de Serra, Querétaro, para garantizar la restitución de mi menor hijo...... Lo que deviene inconstitucional y contrario al artículo 4 de la Carta Magna. CUARTO.- LA RETENCIÓN DE MI MENOR HIJO......, a cargo de su padre ...., en el domicilio que ha quedado precisado; lo cual constituye la comisión de un delito en términos de los numerales 212 y 212 BIS del Código Penal del Estado de Querétaro. (.)" De lo que se advierte que los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, versan sobre dos materias, a saber una de índole civil y otra de naturaleza penal, ello en virtud de que la quejosa toralmente reclama los siguientes actos: De naturaleza civil: el auto dictado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se decretó: a) la imposición de una multa, b) la negativa de admitir el desahogo de pruebas, c) el apercibimiento de un posible cambio de custodia gradual. De naturaleza penal: a) La vista otorgada al Fiscal adscrito al juzgado responsable por la posible comisión del delito de falsedad de declaración por parte de la aquí quejosa, b) La negativa de dar inicio a la Carpeta de Investigación por la posible comisión del delito de retención del menor, c) Omisión de atención diligente de la Dirección de Seguridad Publica, por la retención de menor, d) la comisión del delito de retención del menor, por parte de su progenitor. Aunado a lo anterior, por una parte se señalaron autoridades jurisdiccionales competentes en la vía civil, y otras autoridades competentes en la vía penal, por lo que atendiendo a tal circunstancia se provee lo siguiente: III. Se declina competencia respecto de los actos consistentes en la vista otorgada al Fiscal adscrito al juzgado responsable por la posible comisión del delito de falsedad de declaración; la negativa de dar inicio a la Carpeta de Investigación por la comisión del delito de retención de menor, la omisión de atención diligente de la Dirección de Seguridad Publica, por la retención de menor y la posible la comisión del delito de retención del menor, atribuidos a autoridades de Jurisdicción en Materia Penal. Respecto de los actos reclamados consistente en la vista otorgada al Fiscal por la posible comisión del delito de falsedad de declaración; la negativa de dar inicio a la Carpeta de Investigación por la comisión del delito de retención de menor, la omisión de atención diligente de la Dirección de Seguridad Publica, por la retención de menor y la posible la comisión del delito de retención del menor, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de los actos de naturaleza penal atribuidos a las autoridades responsables competentes penalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. De lo cual corresponde conocer al Juez de Distrito en Materia Penal, en turno, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación. En primer término, es pertinente atender lo dispuesto por el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 94. [...] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." "Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; [.]." "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." Además, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Del marco normativo antes expuesto, se advierte que, a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional conoce de la materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales. En el caso, se desprende que los actos reclamados por una parte versan sobre cuestiones de naturaleza penal (la vista otorgada al Fiscal por la posible comisión del delito de falsedad de declaración; la negativa de dar inicio a la Carpeta de Investigación por la comisión del delito de retención de menor, la omisión de atención diligente de la Dirección de Seguridad Publica, por la retención de menor y la posible la comisión del delito de retención del menor), siendo así que el conocimiento del juicio de amparo promovido en su contra, compete a un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro. Ahora, para establecer la competencia por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.VI.P. J/1 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Común, Penal, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, visible en la página 2619, con registro digital 2024229, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar a qué Juzgado de Distrito corresponde la competencia por materia para conocer del juicio de amparo, cuando los actos reclamados consistan en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, emitidos en procedimientos administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), llegaron a soluciones distintas, ya que mientras para uno de ellos la competencia se surte en favor de un Juzgado de Distrito Especializado en Materia Administrativa, para los otros dos corresponde a uno especializado de amparo en materia penal. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos consistentes en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, emitidos en procedimientos administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración, se surte en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. Justificación: El procedimiento administrativo migratorio inicia con la presentación de extranjeros, que es la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de una persona migrante en una estación migratoria, mientras el Instituto dicta una resolución en el procedimiento, el cual puede culminar en la regularización, el retorno asistido o la deportación, todo lo cual pone de manifiesto que se trata de un procedimiento administrativo. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para fijar la competencia por materia, prima la naturaleza del acto y no el carácter de las autoridades responsables o la relación jurídica entre las partes. Ahora, dado que esos actos reclamados afectan la libertad personal del migrante e implican un posible abandono del territorio nacional, tienen la naturaleza de actos de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (56, fracción I, de la norma vigente), que señalan que con independencia de la naturaleza de la autoridad responsable, el asunto es de su conocimiento cuando el acto reclamado atente contra la libertad personal (salvo que se trate de una corrección disciplinaria o medio de apremio impuestos por autoridad distinta de la autoridad penal), así como aquellos que impliquen el destierro o la deportación." Así como la Jurisprudencia 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, consultable en su página veintiocho, cuya sinopsis corresponde a la siguiente literalidad: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Además, por las razones que expone, la tesis con número de registro 176366, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII enero de 2006, página 714, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE UN EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL. Si en un juicio de amparo se reclaman diversos actos emitidos por autoridades migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación, los cuales contienen medidas inherentes a la situación de residencia en el país de un extranjero, como lo es la negativa a prorrogar su autorización para permanecer en el territorio nacional, así como para modificar las restricciones que se le impusieron cuando entró a éste, con el apercibimiento, indicación o invitación de abandonar el país dentro de un cierto plazo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa conocer del recurso de revisión derivado de dicho juicio de garantías, en virtud de que tal determinación sólo constituye un apercibimiento administrativo que está a cargo del quejoso, que no tiene naturaleza penal sino administrativa, en tanto que no implica la privación de la libertad del quejoso (orden de detención), para ser regresado en contra de su voluntad a su país de origen (deportación); máxime si de las constancias que obran en autos se advierte que no fue ordenada la detención del quejoso para su deportación.". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de los actos de naturaleza penal y DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, únicamente sobre dichos actos y las autoridades responsables consistentes en: Fiscal adscrito al Juzgado Mixto Provisional de Primera Instancia del V Distrito Judicial, Unidad de Acusación de Jalpan de Serra, Querétaro; y, Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jalpan de Serra, Querétaro, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que envíese copia certificada de la demanda y sus anexos, así como de los traslados de demanda respectivos, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como informar la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la Ley de Amparo, debido al referido pronunciamiento, por tanto, remítase copia certificada de la demanda y sus traslados respectivos, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. IV. Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". V. Desechamiento. Ahora, se precisa que toralmente la quejosa reclama en el presente sumario, la determinación del Juez responsable de nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que en esencia se determinó: la imposición de una multa a la quejosa; la negativa de admitir el desahogo de pruebas; y el apercibimiento de un posible cambio de custodia gradual sobre el menor de iniciales ...... En ese sentido, este Juzgado Federal advierte que, sobre el acto reclamado consistente en la imposición de una multa a la quejosa, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la parte promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que a continuación se transcriben: "Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De los preceptos legales antes transcritos, podemos concluir que el objetivo del recurso de apelación consiste en modificar, revocar o bien confirmar una resolución que cause agravio al litigante. Asimismo, que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas en aquellos casos que la cuantía no sea susceptible de calcularse en dinero; y para el caso de que se trate de un auto, será apelable cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y además tenga la fuerza de definitivo o bien así lo disponga el código. Los anteriores supuestos normativos se estiman actualizados para concluir que el quejoso estaba obligado agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, al tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado consistente en el proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente de origen, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalpan de Serra, Querétaro, en el cual se impuso al quejoso una multa consistente en veinte valores diarios de la unidad de medida y actualización vigente. Toda vez que al admitir apelación la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el incidente de modificación de sentencia de mérito, y derivado de lo resuelto en el juicio de origen, que versa sobre custodia y alimentos, el interés en el asunto no es susceptible de calcularse en dinero y, al tener el carácter de definitivo el acto reclamado, en razón de que no puede ser reparado en la sentencia definitiva que respecto de ese incidente se dicte, si se toma en consideración que la resolución de fondo de tal incidencia, no será objeto de estudio la multa que le fue impuesta al quejoso. Además, debe tenerse en cuenta que con base en el artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, la sentencia en los incidentes es apelable en los casos en que lo fuere la sentencia en lo principal, de ahí que si en el procedimiento de origen la resolución definitiva era apelable, y si se promovió un incidente de modificación convivencias, ello abona a que el auto aquí recurrido sí podía ser combatido en apelación. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos (imposición de una multa) ni que el juicio de origen cuya modificación de sentencia se busca, verse sobre los derechos de menores de edad, porque aún bajo ese supuesto, queda obligado a acatar el principio de definitividad, dado que la multa se impuso a la promovente y no a un menor de edad, además, en conformidad con las tesis de jurisprudencia obligatorias, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, al no oponerse a sus disposiciones vigentes que dicen: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Además de que tampoco se alega, ni se advierte, que la ejecución de dicho auto traiga perjuicio irreparable al infante involucrado en el juicio de origen, único supuesto en que se materializaría la excepción al principio de definitividad, como se advierte en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, registro 2004677, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la imposición de una multa, dado que se actualiza las hipótesis de improcedencia estatuidas en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto de la negativa de admitir el desahogo de las pruebas periciales en materia de Psicología y Trabajo Social, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. (.)" De tales preceptos, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Preciso que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. En el caso, el acto reclamado consistente en desechamiento de las pruebas periciales en materia de Psicología y Trabajo Social, por el momento no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es así, porque en esencia, en el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la prueba confesional ofertada en los autos del expediente de origen, además de no acordar de conformidad el ofrecimiento de las pruebas periciales en materia de Psicología y Trabajo Social; sin embargo, nada se decidió sobre el fondo de la controversia, tampoco se determinó sobre algún derecho de la parte quejosa, ni se le afectó en forma actual y presente. En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en juicio de origen, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas admitidas; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Cabe destacar que si bien el juez conservará en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales, en cuyo caso, el juez, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación que admite o desecha medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. Bajo ese parámetro, es que se comparte el sentido del auto combatido, en cuanto se determina que respecto de los actos reclamados consistentes en la inadmisibilidad de la prueba periciales en materia de Psicología y Trabajo Social, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que considera impertinentes, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la inadmisibilidad de la prueba periciales en materia de Psicología y Trabajo Social, no se advierte que los actos reclamados constituyan de manera actual una afectación de características irreparables, por lo que se actualiza la causa de improcedencia anotada, al constituir determinaciones intraprocesales, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. Conviene citar la jurisprudencia número J/34 P (10a.), emitida por e Plenos de Circuito, publicada en la página 2114, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado exhibir los estudios que sirvieron para emitir un dictamen pericial, esto es, el descubrimiento probatorio, pues mientras para uno es improcedente, el diverso resolvió la procedencia, cuando en dicha etapa, se niegue al imputado el auxilio respecto a una diligencia de investigación para realizar una valoración pericial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate; asimismo, porque aun cuando el imputado conociera la información pericial tres días antes de la audiencia intermedia, el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; aunado a ello, no se trastoca el debido proceso pues, se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo." Robustece lo dicho, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 6/94 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, con número de registro 205484, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 76, Abril de 1994, visible en la página 13, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, la jurisprudencia número IV.2º.C.J/2 (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; procede DESECHAR DE PLANO respecto de la inadmisibilidad de los medios de prueba señalados, en términos del artículo 113 ibídem. Finalmente, respecto del acto reclamado consistente en el apercibimiento de cambio de custodia gradual del menor de iniciales...., se colige que el mismo no tiene una ejecución inminente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de esta resolutora, el acto reclamado anotado no es real y actual, esto es se trata de un acto futuro e incierto, como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". En esa virtud, en el caso se estima que el acto reclamado no se trata de un acto real y actual en su esfera de derechos. Lo anterior se considera así, ya que la parte quejosa manifiesta que el juez responsable determinó en el auto reclamado que, en caso de que reincidiera con su actitud de impedir las convivencias entre el menor y su progenitor, se le haría efectivo un apercibimiento consistente en un posible cambio gradual sobre la custodia del menor de iniciales.....; lo cual sólo es una suposición por parte de la quejosa de mérito, en tanto dicho apercibimiento dependerá única y exclusivamente de su actuar, al desacatar los lineamientos impuestos en el juicio primigenio, en torno a las convivencias de familiares decretadas. Por tanto, resulta indudable que tal acto reclamado es futuros, probables e inciertos, pues de lo manifestado se advierte que a la fecha el juez de origen no ha hecho efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, consistente en el posible cambio gradual de la custodia del menor. Lo anterior, cuenta habida que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera la quejosa la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por tanto, bajo ese orden de ideas, resulta evidente que la quejosa sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra del apercibimiento consistente en la posibilidad de cambiar gradualmente la custodia de su menor, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. De ahí que se insiste, a la fecha de la presentación de la demanda no existe perjuicio alguno en la esfera jurídica de la quejosa respecto del acto precisado en líneas que anteceden. En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción I, y 6, todos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata respecto de los actos futuros señalados por la quejosa, en términos del artículo 113 ibídem. Asimismo, las causas de improcedencia por las que se desecha la demanda, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." VI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y por oficio al Juez de Distrito en Materia Penal en Turno.

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