María Yenie Hernández Arredondo

Expediente 811/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
811/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • María Yenie Hernández Arredondo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del párrafo segundo de la fracción III, de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General de referencia, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Finalmente, al no ser necesaria la retención de los anexos remitidos por el juzgado responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a los terceros interesados Teodora Ángeles García y Martín Bautista Martínez el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de trece de febrero del año en curso (fojas 38 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa, contra la resolución de plazo constitucional de uno de septiembre de dos mil diecisiete emitida en la causa penal 196/2013 por el juez Sexto Penal de Delitos No Graves de esta ciudad, relativa al auto de formal prisión dictado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, en agravio de Teodora Ángeles García, Martha Cruz García y Martín Bautista Martínez. La protección constitucional concedida, era para que el mencionado juez responsable realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado; y b) Con base en lo expuesto, conforme a la obligatoriedad de la jurisprudencia invocada en la referida sentencia, que al igual que a este juzgado le vincula, emitiera otra determinación en que declarara actualizada la causa de exclusión del delito relativa a la atipicidad, al no acreditarse el medio comisivo del delito de fraude genérico, relativo al engaño, y dictara el sobreseimiento en la causa. Así, por auto de ocho de marzo pasado causó ejecutoria el fallo amparador (foja 55), y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, la cual, mediante oficio recibido el trece siguiente en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional (foja 59), informó y acreditó haber dejado insubsistente el acto reclamado, y que al resolver nuevamente la situación jurídica de la justiciable, el doce anterior había decretado su inmediata libertad (fojas 60 a 63), sin embargo, en relación con la cuestión de fondo del asunto, se advirtió que aún no se restituía a la promovente del juicio en el goce del derecho fundamental que se estimó transgredido, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se concluyó que aún no estaba cumplida en sus términos la sentencia protectora. En principio, porque no obstante se había dejado insubsistente el acto reclamado y ordenado la libertad de la quejosa, las consideraciones expuestas para ello resultaban incongruentes entre sí, lo que implicaba desapego a los lineamientos expuestos en la sentencia amparadora que provocaban un estado de inseguridad jurídica que necesariamente debía ser subsanado. Lo anterior, porque en el caso a estudio se había considerado actualizada la causa de exclusión del delito referida a la atipicidad, prevista en el artículo 29, Apartado A, fracción II, del Código Penal para esta ciudad; situación determinada, no por falta de prueba al respecto, por el contrario, se había demostrado que la conducta estimada delictiva resultaba atípica; de modo que se estableció, sería contrario a derecho tener por cumplida la ejecutoria con base en los argumentos empleados por la responsable, por incongruentes. Y finalmente, porque también se soslayó el último aspecto que integraba la materia de la concesión, relativo a sobreseer en la causa como consecuencia del supuesto de exclusión que se estimó acreditado, pues se ordenó dejar los autos para los efectos del artículo 36, párrafo segundo, del código adjetivo de la materia, lo que implicaba la devolución del expediente al Ministerio Público, para que determinara si proseguía en su integración o proponía el no ejercicio temporal o definitivo de la acción penal. En esas condiciones, por auto de seis de abril pasado (fojas 82 y 83), se requirió nuevamente al juez de la causa para que acatara en sus términos el fallo amparador, por lo que mediante oficio recibido el diez siguiente (foja 86), remitió copia certificada de la determinación pronunciada en esa misma fecha (fojas 87 a 93), de la que se advierte que al haber ordenado la libertad de la demandante del amparo bajo la premisa de que en el caso se actualizaba la exclusión del delito por atipicidad y decretar el sobreseimiento de la causa por esa razón, incuestionablemente se ha restituido a la justiciable en el goce del derecho fundamental que se estimó transgredido; por tanto, no obstante que no se reiteró la insubsistencia del acto reclamado, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria de que se trata. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de trece de febrero del año en curso (fojas 38 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa, contra la resolución de plazo constitucional de uno de septiembre de dos mil diecisiete emitida en la causa penal 196/2013 por el juez Sexto Penal de Delitos No Graves de esta ciudad, relativa al auto de formal prisión dictado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, en agravio de Teodora Ángeles García, Martha Cruz García y Martín Bautista Martínez. La protección constitucional concedida, era para que el mencionado juez responsable realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado; y b) Con base en lo expuesto, conforme a la obligatoriedad de la jurisprudencia invocada en la referida sentencia, que al igual que a este juzgado le vincula, emitiera otra determinación en que declarara actualizada la causa de exclusión del delito relativa a la atipicidad, al no acreditarse el medio comisivo del delito de fraude genérico, relativo al engaño, y dictara el sobreseimiento en la causa. Así, por auto de ocho de marzo pasado causó ejecutoria el fallo amparador (foja 55), y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, la cual, mediante oficio recibido el trece siguiente en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional (foja 59), informó y acreditó haber dejado insubsistente el acto reclamado, y que al resolver nuevamente la situación jurídica de la justiciable, el doce anterior había decretado su inmediata libertad (fojas 60 a 63), sin embargo, en relación con la cuestión de fondo del asunto, se advirtió que aún no se restituía a la promovente del juicio en el goce del derecho fundamental que se estimó transgredido, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se concluyó que aún no estaba cumplida en sus términos la sentencia protectora. En principio, porque no obstante se había dejado insubsistente el acto reclamado y ordenado la libertad de la quejosa, las consideraciones expuestas para ello resultaban incongruentes entre sí, lo que implicaba desapego a los lineamientos expuestos en la sentencia amparadora que provocaban un estado de inseguridad jurídica que necesariamente debía ser subsanado. Lo anterior, porque en el caso a estudio se había considerado actualizada la causa de exclusión del delito referida a la atipicidad, prevista en el artículo 29, Apartado A, fracción II, del Código Penal para esta ciudad; situación determinada, no por falta de prueba al respecto, por el contrario, se había demostrado que la conducta estimada delictiva resultaba atípica; de modo que se estableció, sería contrario a derecho tener por cumplida la ejecutoria con base en los argumentos empleados por la responsable, por incongruentes. Y finalmente, porque también se soslayó el último aspecto que integraba la materia de la concesión, relativo a sobreseer en la causa como consecuencia del supuesto de exclusión que se estimó acreditado, pues se ordenó dejar los autos para los efectos del artículo 36, párrafo segundo, del código adjetivo de la materia, lo que implicaba la devolución del expediente al Ministerio Público, para que determinara si proseguía en su integración o proponía el no ejercicio temporal o definitivo de la acción penal. En esas condiciones, por auto de seis de abril pasado (fojas 82 y 83), se requirió nuevamente al juez de la causa para que acatara en sus términos el fallo amparador, por lo que mediante oficio recibido el diez siguiente (foja 86), remitió copia certificada de la determinación pronunciada en esa misma fecha (fojas 87 a 93), de la que se advierte que al haber ordenado la libertad de la demandante del amparo bajo la premisa de que en el caso se actualizaba la exclusión del delito por atipicidad y decretar el sobreseimiento de la causa por esa razón, incuestionablemente se ha restituido a la justiciable en el goce del derecho fundamental que se estimó transgredido; por tanto, no obstante que no se reiteró la insubsistencia del acto reclamado, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria de que se trata. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

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