María Yazmín Colula Flores

Expediente 1148/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 52 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1148/2021
Año
2021
Actuaciones
52
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • María Yazmín Colula Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    VIII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia. Asimismo, en términos del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del multicitado acuerdo general el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que fue concedida la suspensión definitiva. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, siguiendo los lineamientos que establece el Acuerdo General citado. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Finalmente, toda vez que existe documento exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    VIII... Agréguese el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, mediante el cual -en atención a lo solicitado en autos- remite el original del expediente clínico de la quejosa; sin embargo, toda vez que mediante acuerdo de siete del presente mes y año, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia -en virtud de las razones ahí expuestas-; además, que el requerimiento que se le formuló fue para que remitiera copia certificada, tal como lo dispone el quinto párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, no así originales. En consecuencia, devuélvase a la autoridad oficiante el citado expediente clínico, solicitando el acuse de recibo correspondiente dentro de los tres días siguientes al que surta efecto la notificación del presente proveído, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bajo el apercibimiento ... Ahora bien, por lo que hace al domicilio, personas que nombra como delegados, correo electrónico y número telefónico que señala para oír y recibir notificaciones; dígasele que no ha lugar acordar de conformidad en virtud de que ésta no es parte en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, mediante el cual da cumplimiento al acuerdo de veintidós de noviembre de la presente anualidad y al efecto remite el oficio DE/DPSH/MT/CS/ESMO/4053/2022, a través del cual se advierte que el Subcomité de Medicina del Trabajo de la Delegación del citado Instituto, expidió el certificado médico de invalidez por enfermedad, accidente ajeno al trabajo, de incapacidad total o parcial, defunción por riesgo de trabajo, denominado RT-09, folio 237249, en el que se le reconoció una incapacidad parcial permanente con un porcentaje 03%, el cual fue remitido al departamento de sentencias mediante oficio de nueve de noviembre del año en curso y al dependencia del quejoso. Asimismo, se advierte que mediante cédula de notificación de quince de noviembre pasado, fue entregado el oficio DE/DPSH/MT/CS/ESMO/4053/2022, en la que consta la resolución administrativa respectiva, formato RT-09, con folio 237249. Por otro lado, mediante oficio DE/DPSH/VMHO/2231/2022, de nueve noviembre de dos mil veintidós, se remitió a la dependencia del quejoso formato RT-09, con folio 237249. En ese tenor, se tienen por cumplido el requerimiento de veintidós de noviembre de la presente anualidad, formulado a la autoridad responsable oficiante. Ahora bien, por lo que hace al domicilio, personas que nombra como delegados, correo electrónico y número telefónico que señala para oír y recibir notificaciones; dígasele que no ha lugar acordar de conformidad en virtud de que ésta no es parte en el juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, del análisis de las documentales que obran en autos y las remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI,... Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues las diversas omisiones reclamadas por la parte quejosa derivadas de que no se le había expedido el formato RT-09; continuación de trámite que solicitó a través del escrito de treinta de marzo de dos mil veinte; así como las consecuencias inherentes materializadas en la falta de atención médica con motivo del accidente de trabajo que sufrió el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Esto es, de dar seguimiento a su terapia física y tratamiento. Así como el incumplimiento de los plazos en que se debían otorgar las consultas periódicas, las valoraciones médicas y como deben ser establecidas en el formato RT-09, con el diagnostico nosológico necesario para determinar la situación médico-laboral de la trabajadora. En ese tenor, con las constancias descritas y que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que dichas omisiones se vieron reparadas con la expedición del denominado formato RT-09, folio 237249, en el que se le reconoció una incapacidad parcial permanente de la quejosa, con un porcentaje 03%, el cual fue remitido al departamento de sentencias mediante oficio de nueve de noviembre del año en curso y entregado a la parte quejosa el quince de noviembre de dos mil veintidós, por conducto de Sonia Lopez Sánchez; sin embargo, a fin de sustentar dicha afirmación, resulta necesario hacer referencia al procedimiento administrativo para calificar los riesgos de trabajo y el reconocimiento de invalidez que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual es conveniente tener presente lo que disponen los artículos 58, 118, 124 y 126 de dicha ley.... Conforme a los numerales que nos ocupan, los riesgos de trabajo y la declaración de invalidez debe ser determinada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así mismo, se indica que el trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido. También disponen los requisitos que se deben satisfacer para obtener una pensión por invalidez, bien sea temporal o definitiva, siendo el primero de ellos, la presentación de la solicitud que debe realizar el trabajador o sus legítimos representantes, por lo que al prever que el representante puede presentar la referida solicitud, se privilegia al trabajador el derecho de iniciar el trámite de dicha pensión cuando por su estado de invalidez le impida realizar ese ejercicio. Otro de los requisitos que se exige para el otorgamiento de pensión por invalidez, es la existencia del dictamen médico que califique el grado de invalidez, bien sea el que emite el médico designado por el Instituto, cuando no exista inconformidad del trabajador, o en su caso el que emite el perito tercero. Para que se tramite la solicitud de otorgamiento de la mencionada pensión, es necesario que el trabajador se someta a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto le prescriba y proporcione. Además, importa tener presente los artículos 11 a 20, 60, 61, 63, 68, inciso a), 69, inciso a), 71, 77 y 78, del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales prevén el trámite para la dictaminación de estado de invalidez y el medio para inconformarse contra el dictamen respetivo... Los preceptos en cita señalan que para emitir el dictamen de invalidez, el médico tratante deberá realizar las valoraciones médicas que estime necesarias, con la finalidad de que en un plazo de cincuenta y dos semanas, contado a partir de la expedición de la primera licencia médica, emita el diagnóstico final del caso y si lo amerita elaborar el certificado médico RT-09, o en su defecto, dejar de expedir licencias médicas por el mismo padecimiento del Trabajador, lo cual deberá estar justificado y asentado debidamente en el expediente clínico. Así mismo, el médico tratante al practicar la primera valoración médica o en cualquier momento en el caso de tratarse de una patología que se considere invalidante y que no ofrezca alternativa de mejoría, emitirá de forma inmediata el certificado médico formato RT-09. El proceso para la dictaminación de invalidez debe ser iniciado por el Trabajador, algún familiar o quien legalmente lo represente. El diagnostico anotado en formato RT-09, debe estar apoyado con estudios auxiliares de diagnóstico actualizados y debidamente identificados y autorizados. Por otra parte, la Unidad Médica del Instituto, que a petición del interesado, inicie un proceso para la dictaminación del estado de invalidez, enviará a la subdelegación de prestaciones de su zona o región, el certificado médico RT-09 y el soporte clínico correspondiente, con el propósito de que el Médico de medicina del trabajo emita el proyecto de dictamen de si o no invalidez y posteriormente sea analizado por el Subcomité con el objeto de validar el proyecto de dictamen en un término no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la recepción de la totalidad de los elementos. Para el caso de que se trate de enfermedades terminales o que por su gravedad se considere en riesgo la vida del Trabajador, se deberá emitir, firmar y enviar al Comité del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de forma urgente por parte del médico de medicina del trabajo el formato RT-09, el cual contendrá en el anverso únicamente el soporte de estudios médicos indispensables para su comprobación, sin que se requiera la validación del Subcomité. En la hipótesis de que el aludido Comité resuelva aprobar el estado de invalidez, la Subdelegación de Prestaciones deberá notificar la resolución respectiva en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la resolución, al trabajador vía oficio, a fin de que inicie el trámite para la baja laboral con motivo de la invalidez dictaminada y trámite pensionario, entregándole para tales efectos, el original del formato RT-09. En el supuesto caso de que el Comité resuelva negar el estado de invalidez, la Subdelegación de Prestaciones deberá notificar la resolución respectiva en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la resolución, al Trabajador, con el objeto de que se reincorpore a sus actividades laborales y en su caso, inicie el procedimiento del recurso de inconformidad. Para el supuesto caso de que al Trabajador le sea negado el estado de invalidez, cuenta con treinta días naturales siguientes a la notificación, para inconformarse, cuyo escrito debe ser presentado ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto que corresponda. De lo anterior se concluye que el Comité del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es el facultado para emitir una resolución en la que se apruebe o niegue el estado de invalidez. Lo anterior permite concluir que previo a la solicitud del reconocimiento, otorgamiento y pago de una pensión de invalidez, los trabajadores al servicio del Estado tendrán que cumplir con los trámites previstos en el artículo 124 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los preceptos transcritos del reglamento respectivo de los que se desprenden que en principio el Instituto es el facultado para emitir el dictamen sobre la procedencia de un estado de invalidez, siendo este último acto administrativo con el que culmina el procedimiento respectivo. Por ello, si un trabajador no estuviera de acuerdo con el resultado de la calificación de invalidez emitida por el Instituto, entonces, podrá recurrirlo mediante la vía administrativa, es decir, a través de la inconformidad, cuya resolución de ser desfavorable debe ser controvertida, por la vía jurisdiccional. Con lo anterior, queda evidenciado que, las omisiones que la parte quejosa combatió quedaron reparadas, pues a la fecha ya se expidió el formato denominado RT09, el cual se remitió a la área correspondiente para la continuación del trámite para calificar los riesgos de trabajo y el reconocimiento de invalidez que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual corre a cargo de la quejosa, tal como se evidenció conforme a lo determinado en los preceptos legales trascritos. Esto, pues las omisiones sobre la falta de atención medica que imputaba a su médico tratante eran las relativas a las valoraciones que conforme a dicho procedimiento debían hacerse a fin de que se pudiera expedir el formato del que se habla. Además, la omisión de dar respuesta a su escrito respecto de la cual inicialmente se admitió la demanda, también queda subsumida, pues en dicho ocurso se solicitaba la continuación del referido tramite. Sin que pase inadvertido para el suscrito que la autoridad manifieste que la quejosa no se ha presentado con la intención de que se lleven a cabo las valoraciones; sin embargo, dicha circunstancia se encuentra al margen de lo determinado, pues lo jurídicamente relevante es que ya se llevaron a cabo las valoraciones necesarias para que se pudiera expedir el formato denominado RT09, el cual constituía la causa de pedir de la quejosa, de modo que, sujetar el amparo a todas las consultas de seguimiento externas implicaría una cadena interminable del juicio, además que el seguimiento del trámite corresponde a la parte quejosa. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que sea óbice al criterio sostenido en la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, glósese sin mayor proveído el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México -por medio del cual solicita una prórroga para cumplir con el requerimiento formulado en autos- lo anterior en razón de la determinación que en esta fecha se emite.

  4. Principal

    VIII... Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obran la constancia de notificación del oficio por el que se le requirieron diversas constancias a la autoridad responsable Médico Tratante de la Unidad de Médica Familiar de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidad y Quirófano de Xalostoxc -por conducto de la unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-; por ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las once horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós.

Quedan 48 actuaciones en este expediente

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