Maria Yaneth Rangel Chavez

Expediente 661/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
661/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Maria Yaneth Rangel Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de octubre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que desechó la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE veintinueve de octubre de dos mil veinte QUE EN SINTESÍS DICE LO SIGUIENTE: Recepción oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario actuante adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual informa que el ocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó la separación de autos en el juicio de amparo 605/2020 promovido por María Yaneth Rangel Chávez, por las razones ahí expuestas, por lo que se remitió copia certificada de dicho expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que realizara el turno respectivo; correspondiendo a este juzgado el diverso juicio formado con motivo de tal circunstancia. Radicación. Con lo anterior, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 661/2020-V. Se avoca a conocimiento. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda únicamente en lo relativo a los actos atribuidos al Juez y Secretario Actuario del Juzgado Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, consistentes en la inminente orden de desposesión física o lanzamiento del bien inmueble identificado como Vivienda G-25, condominio G, privada Fiji, construido sobre el lote 17A-6 de la manzana 11, del Desarrollo Urbano Matamoros, también conocido como Villa del Sol, 5ta Sección, de esta ciudad, con motivo del juicio ordinario civil 562/2020, del índice del citado órgano jurisdiccional. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, ya que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por María Yaneth Rangel Chávez, por su propio derecho es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" En el artículo y fracción indicados en primer lugar, se prevé que además de los supuestos considerados en cada uno de los apartados del mencionado ordinal, la improcedencia de la instancia constitucional puede tener sustento en alguna otra disposición de ese cuerpo legislativo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el numeral 107, fracción VI, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio constitucional indirecto a partir de la calidad específica del promovente, esto es, cuando tiene el carácter de tercero extraño a juicio. Para efectos del juicio constitucional, existen dos especies de tercero extraño a juicio, el considerado así en estricto sentido, corresponde al quejoso que resulta afectado por un acto de autoridad proveniente de un procedimiento del que no es parte, sin contar con oportunidad de defensa, en cuya situación está imposibilitado para interponer algún medio ordinario de defensa, al no estar integrado a la relación jurídica procesal. Mientras que por otro lado existe el tercero extraño por equiparación, figura que consiste en que el peticionario del amparo tenga el carácter de parte formal en el procedimiento natural (generalmente demandado) y no haya sido emplazado, o bien, la diligencia respectiva no cumpla con las exigencias legales esenciales de validez. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Es importante destacar, que para considerar a la quejosa como tercera extraña a juicio por equiparación, se requiere necesariamente que la imposibilidad de defensa derive del estado procesal en que se encuentre el procedimiento natural, de tal forma que no sea posible que acuda a ejercer de forma completa su derecho humano de defensa oportuna, pues solamente así podría considerarse que resulta afectado también en su prerrogativa de audiencia previa. Lo que se traduce, en que al promover el juicio de amparo, deben concurrir en ella los requisitos siguientes: a) Que sea parte formal en el juicio natural; y, b) Que se haya dictado sentencia definitiva en el mismo o que aquella haya causado ejecutoria, sin que la parte quejosa haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Por tanto, si el juicio natural se encuentra en trámite y la inconforme fue emplazada al mismo; antes de promover el amparo debe comparecer al juicio de origen, pues aún está en posibilidad de defenderse dentro del mismo e incorporarse materialmente a la relación jurídica procesal en el asunto que se sigue en su contra. Caso concreto. En la especie, la promovente se duele de la inminente desposesión o lanzamiento del bien inmueble identificado como Vivienda G-25, condominio G, privada Fiji, construido sobre el lote 17A-6 de la manzana 11, del Desarrollo Urbano Matamoros, también conocido como Villa del Sol, 5ta Sección, de esta ciudad, derivado del juicio ordinario civil 562/2020, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en el cual es parte demandada y con tal carácter fue emplazada a juicio como lo manifestó en su hecho dos de antecedentes y que se corrobora con la copia certificada de la cédula de notificación con sellos y firmas practicada directamente con la quejosa el diecisiete de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, de sus manifestaciones y de la cedula de notificación practicada, se advierte que el juicio ordinario civil 562/2020 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, con sede en esta ciudad, se encuentra en trámite, es decir, no se ha dictado sentencia definitiva en el mismo a través de la cual hubiese concluido esa controversia. Consecuentemente, el juicio de amparo resulta improcedente, al no actualizarse la hipótesis que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que a la quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña equiparada al juicio natural, en razón de que fue emplazada a juicio y está en posibilidad de comparecer a la controversia de origen para efecto de imponerse de los autos e interponer los medios de defensa ordinarios. Lo anterior, dado que la quejosa fue emplazada y tal conocimiento la faculta de imponerse de los autos del juicio natural; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio procedimiento judicial de origen. Al respecto, resulta aplicable por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J.198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII el artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María Yaneth Rangel Chávez, por su propio derecho. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales, materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizados. Por otro lado, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Alberto Santiago Roque y Odelio Hernández González, ya que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del citado numeral a Ramiro Romero Martínez, ya que no cuenta con cedula profesional registrada en el aludido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la promovente.

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