María Yadira Solano Fernández

Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
703/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • María Yadira Solano Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar, que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve María Yadira Solano Fernández por propio derecho, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables y actos reclamados Del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez: Reclama el incumplimiento al deber legal de establecer en el presupuesto de egresos del año dos mil veintiuno, una partida presupuestal específica para que se le liquide el monto que se estableció a su favor en una condena de laudo ejecutoriado. Del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Reclama el incumplimiento al deber legal de implementar las acciones para el pago de las responsabilidades económicas de los ayuntamientos en los conflictos laborales. Del contralor interno municipal del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Reclama el incumplimiento al deber legal de vigilar el cumplimiento de las acciones para el pago de las responsabilidades económicas de los ayuntamientos en los conflictos laborales, en el caso en particular el de la quejosa. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción II, y 217, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De la fracción XXIII del artículo 61 en cita, se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente hablando, el juicio constitucional es improcedente. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso concreto, la quejosa reclama, en esencia, los siguientes actos: Del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez: Reclama el incumplimiento al deber legal de establecer en el presupuesto de egresos del año dos mil veintiuno, una partida presupuestal específica para que se le liquide el monto que se estableció a su favor en una condena de laudo ejecutoriado. Del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Reclama el incumplimiento al deber legal de implementar las acciones para el pago de las responsabilidades económicas de los ayuntamientos en los conflictos laborales. Del contralor interno municipal del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Reclama el incumplimiento al deber legal de vigilar el cumplimiento de las acciones para el pago de las responsabilidades económicas de los ayuntamientos en los conflictos laborales, en el caso en particular el de la quejosa. Tales actos no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que derivan de un procedimiento de ejecución, en el que el municipio no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón), en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir obligatoriamente a través de la propia vía ordinaria instituida en la ley. Lo anterior es así, ya que con el presente juicio de amparo, se estima que la parte quejosa pretende que las responsables den cumplimiento a un laudo laboral dictado en su contra; por lo que para el caso concreto, los artículos 252, 253, 254, 255 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios (del Estado de México), prevén el procedimiento de ejecución forzosa al facultar al Tribunal o Sala a petición de la parte interesada a dictar auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. De ahí que tienen su origen en un juicio laboral en el que el municipio compareció en su calidad de patrón, por lo que la ejecución del laudo al que fue condenado puede hacerse cumplir a través del procedimiento de ejecución forzosa con el dictado del auto de requerimiento de pago y embargo. Por consiguiente, dado que los actos que reclama la quejosa, por su naturaleza, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la referida causa de improcedencia del juicio de amparo. En lo conducente, resulta aplicable la tesis XIV.T.A.4 L (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, de rubro y contenido: "MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. CUANDO SE LES ATRIBUYE QUE OMITIERON CUMPLIR UN LAUDO CONDENATORIO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIERON EN SU CALIDAD DE PATRONES, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 85/2011). La referida jurisprudencia de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal, prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas, al señalar que contra éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, porque coloca al ente estatal en un plano de desigualdad frente al particular, en el caso de no cumplir voluntariamente con las sentencias condenatorias que en su contra se dicten, pues en atención a su calidad de órgano del Estado, se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa. Sin embargo, dicho criterio no puede ser aplicado para impugnar la omisión de los Municipios del Estado de Yucatán para cumplir con los laudos a que fueron condenados, dictados en juicios laborales en los que comparecieron en su calidad de patrones, debido a que los artículos 160, 160 bis, 161 y 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de esa entidad, prevén el procedimiento de ejecución forzosa, al facultar al tribunal burocrático estatal para que dicte auto de ejecución y, de ser necesario, aplique medios de apremio para el cumplimiento del laudo respectivo; lo que pone de manifiesto que en el referido procedimiento de ejecución, el Ayuntamiento no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón) en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir obligatoriamente, a través de esa vía ordinaria instituida en la ley, razón por la cual no puede asignársele el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, lo que procede es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Como lo solicita la promovente, téngase como su domicilio para oír notificaciones la lista que publica este juzgado; por lo que se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Autorización consulta expediente electrónico Por otro lado, se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona el quejoso para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a la que en la fecha del dictado del presente acuerdo tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea En términos de lo que establecen los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Por otra parte, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. En ese tenor, se tiene como medio de contacto el correo electrónico que proporciona la quejosa, para los efectos y fines legales previstos en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de lo anterior. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

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