María Yadira Solano Fernandez

Expediente 703/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
703/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • María Yadira Solano Fernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de trece de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Yadira Solano Fernández, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, toda vez que el presente expediente, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 21 inciso b), contenido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; [.]. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General Citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por María Yadira Solano Fernández, por propio derecho, en contra de diversos actos que reclama del Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 703/2020-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Causal de improcedencia advertida. Una vez asentadas las consideraciones anteriores, respecto del escrito de demanda se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados deben ser impugnados mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal local respectivo, previo a esta instancia, ya que el promovente debe de observar el principio de definitividad. En ese sentido, es importante establecer cuáles son los diversos actos destacados: 1. Del Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio PS/716/2020; 2. Del Segundo Síndico Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio SIND2/167/2020; 3. Del Tercer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de quince de septiembre del año en curso suscrito por esa autoridad; 4. Del Primer Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio 1R/096/2020; 5. Del Segundo Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio 2REGIDURÍA/OF.0105/2020; 6. Del Tercer Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de quince de septiembre del año en curso emitido por esa autoridad; 7. Del Cuarto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de quince de septiembre del año en curso signado por esa autoridad; 8. Del Quinto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de quince de septiembre del año en curso suscrito por esa autoridad; 9. Del Sexto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de catorce de septiembre de la anualidad que transcurre, signado por esa autoridad; 10. Del Séptimo Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio 7Regiduría/Of.00119/2020; 11. Del Octavo Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio REG8/079/2020; 12. Del Noveno Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de quince de septiembre del año en curso suscrito por esa autoridad. 13. Del Décimo Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio 10REG/MPPG/166/2020; 14. Del Décimo Primer Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio R-11/153/2020; 15. Del Duodécimo Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio 12R/C.E./158/2020; 16. Del Décimo Tercer Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio 13Regiduría/122/2020. 17. Del Décimo Cuarto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de catorce de septiembre del año en curso suscrito por esa autoridad; 18. Del Décimo Quinto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el oficio de quince de septiembre del año en curso, emitido por esa autoridad; y, 19. Del Décimo Sexto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México el oficio de quince de septiembre del año en curso, suscrito por esa autoridad. En ese sentido, se observa que dada la naturaleza de las actuaciones de mérito, es factible sostener que la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. El numeral en cita prevé la improcedencia relacionada con el principio de definitividad tratándose de actos meramente administrativos, mismo eje rector del juicio de amparo que dispone que la garantía constitucional que se pretende ampliar sea destinada para combatir los actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que se hayan agotado los medios ordinarios para su defensa. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 186, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, contra los actos reclamados por la quejosa, procede el recurso de inconformidad o bien, el juicio administrativo, lo que hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, quien esto juzga considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior es así, ya que se reitera, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo como excepcional mismo que solo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito prevé al gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad que no sea tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, no tienen el carácter de tribunal administrativo. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, opera para los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales puedan ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o procedan contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal con los cuales puedan ser modificados, revocados o anulados, con ello se da oportunidad al gobernado para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado. Luego, como se advierte del contenido de la ampliación demanda y toda vez que los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, determinan que el acto reclamado es recurrible a través del recurso de inconformidad, o bien, a través del juicio administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del propio ordenamiento local, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales [.]. Es importante advertir que los actos de autoridad que por esta vía se intentan combatir, implican cuestiones de legalidad que pueden ser combatidas a través de los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado, tal y como quedó señalado en párrafos que preceden, por lo tanto, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes. En consecuencia, los actos reclamados son susceptibles de ser combatidos a través del recurso de inconformidad ante la propia autoridad responsable, o bien, a través del juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; entonces, es inconcuso que la ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que dichos actos reclamados son susceptible de confirmarse, modificarse o revocarse a través de dichas instancias. En las relatadas condiciones, si la promovente se abstuvo de agotar dichos medios antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; al omitir el promovente, agotar el recurso idóneo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a foja 94, con número de registro 205283, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. Igualmente apoyo lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 361, con número de registro 224800, que dice: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Asimismo, es aplicable por analogía, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), con número de registro 2004254, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, visible en la página 1470, que dice: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Además, cabe precisar que la quejosa no se ubica en alguna otra excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien, puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, esa situación que no acontece porque de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que alega vicios de legalidad que a su juicio ostenta el acto reclamado. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se cita enseguida: 1 RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional. Asimismo, debe decirse que también se cumple con el requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; pues el Código del Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. 1 La jurisprudencia IX.1o. J/9, con registro 189268, se consulta en la página 1031, tomo XIV, julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Además, así lo determinó el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: 2 SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. En esa tesitura, si en la especie, la quejosa no acredita haber agotado previamente a la presentación de su demanda de amparo, en contra de los referidos actos, el juicio administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate. En mérito de lo expuesto, al actualizarse en el caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y con base en lo establecido en el numeral 113 de la legislación en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Yadira Solano Fernández, por ser notoriamente improcedente. Sin que pase desapercibido que la quejosa señala como segundo acto reclamado la omisión de proponer al pleno del Ayuntamiento, un punto de acuerdo para se le instruya a la Presidente Municipal y al Tesorero Municipal a dar cumplimiento a la ejecutoría dictada en el juicio laboral; sin embargo, dicha omisión lo refiere en realidad como 2 La jurisprudencia con número de registro 2010436 está ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. concepto de violación, pues refiere que al ser los oficios de contestación incongruentes (actos reclamados) las autoridades debieron proponer dicho acuerdo. Consulta electrónica. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que al parte quejosa señala como autorizado a Bernardo Oscar Basilio Sánchez quien cuenta con el usuario para el trámite en línea a saber: Obsyes777mx mismo que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia; como lo solicita se le autoriza para tener acceso y consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Correo electrónico. Asimismo, éste juzgado de distrito toma conocimiento del correo electrónico obsyes@gmail.com; en ese sentido, en aplicación analógica del artículo 28, fracción III, utilícese el mismo de modo alterno y solo en caso de ser necesario, para notificar a la parte quejosa, lo anterior por así requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso. Domicilio. En virtud de que la parte quejosa en su escrito de demanda, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas de este juzgado, dígasele que los estrados no constituyen un domicilio sin embargo de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se le practicarán todas las notificaciones mediante listas, incluso las de carácter personal. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Uso de medios electrónicos Se le es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el presente expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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