Maria Y/O Ma Jesus Rodriguez Zavala

Expediente 753/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
753/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Maria Y/O Ma Jesus Rodriguez Zavala
  • Erick Vargas Rodriguez
  • MARIA Y/O MA JESUS RODRIGUEZ ZAVALA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: SE ACUERDA PROMOCIÓN Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por el que se informa que se avocó al conocimiento del acto reclamado que motivó la separación de autos dentro del presente asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Sin que pase desapercibido que el oficio de cuenta no cuenta con la firma electrónica de la Juzgadora que lo signa, pero atendiendo a su contenido, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento. Notifíquese....

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado a la parte quejosa para que desahogara la prevención formulada en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, sin que lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el auto de referencia y se dejan de tener como actos reclamados los precisados en el numeral 1 de la demanda, consistentes en ". LA NEGATIVA DE PROPORCIONARNOS UNA MEDIDA DE RESTRICCIÓN EN CONTRA DE LOS ********* *********..", en los expedientes familiares ********* y *********, de la estadística del Juez de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato; y, procede proveer lo conducente respecto de los diversos actos señalados en el apartado correspondiente de la demanda. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con la finalidad de proveer lo conducente sobre la demanda, se precisa que de su estudio integro se advierte que el promovente reclama múltiples actos que hizo consistir en: 1. La omisión de la Agencia del Ministerio Público número III, de Salamanca, Guanajuato, de dictar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación *********, a favor de ********* y/o *********. *********, contra los actos de violencia física y verbal por parte de *********. 2. La omisión de la Agencia del Ministerio Público número VII, de Salamanca, Guanajuato, de dictar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación *********, a favor de ********* y/o *********, contra los actos de violencia física y verbal por parte de *********; y la negativa a recabar testimonios de testigos presenciales. SEPARACIÓN DE AUTOS Ahora bien, hecha la revisión de los actos reclamados reseñados, se advierte que no guardan relación entre sí, dado que derivan de carpetas de investigación y autoridades distintas; de ahí que se considere que deben separarse para ser estudiados de manera autónoma. En efecto, cuando se reclaman actos desvinculados entre sí, debe decirse que, así como existe la figura de la acumulación de juicios, también existe aquella figura que tiene por objeto separar juicios, la cual, si bien no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, sí existe jurisprudencia al caso, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, incluso, previo a la admisión de la demanda, pero debe ser antes de la celebración de la audiencia constitucional; la cual, tiene por objeto en gran medida, que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 76/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197671, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". En la especie, en el presente asunto se reclaman actos desvinculados entre sí, dado que derivan de hechos e indagatorias diferentes; de modo que, resulta necesario separar los actos reclamados para que sean analizados de manera autónoma, dado que no se aprecia que tengan relación entre sí y, actuar de manera contraria, sería tanto como caer en el absurdo de que en un juicio de amparo se emprendiera el estudio de todos y cada uno de los asuntos de los cuales el quejoso fuera parte o en su defecto le surgiera algún interés. En consecuencia, toda vez que se dan los extremos para separar los actos reclamados en esta demanda de garantías, de conformidad en lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, procédase a su separación por tratarse de actos que no guardan relación entre sí, para que se conozca de ellos en diversas demandas de garantías. Así, este órgano jurisdiccional se avocará al estudio de los actos impugnados consistentes en la omisión de la Agencia del Ministerio Público número III, de Salamanca, Guanajuato, de dictar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación *********, a favor de ********* y/o *********, contra los actos de violencia física y verbal que refiere ejerce *********. Luego entonces, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, copia certificada de la demanda y autos del juicio, para que realice su turno aleatorio y el juzgado que corresponda, se avoque al conocimiento del diverso acto impugnado relativo a: - La omisión de la Agencia del Ministerio Público número VII, de Salamanca, Guanajuato, de dictar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación *********, a favor de *********, contra los actos de violencia física y verbal que refiere ejercen ********* y *********; y la negativa a recabar testimonios presenciales. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, fórmense los respectivos testimonios a fin de dar cumplimiento a la presente determinación. REQUERIMIENTO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN Ahora bien, dado el apercibimiento que se hizo efectivo y la separación de juicios decretada en este acuerdo, solicítese a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, que de no existir impedimento legal alguno, en la demanda de amparo registrada ante esa oficina como *********, realice la supresión de los antecedentes que fueron registrados en la papeleta de turno correspondientes a los actos derivados de los expedientes familiares ********* y *********, de la estadística del Juez de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato, al haberse dejado de tenerse como reclamados; así como a la carpeta de investigación *********, de la estadística del la Agencia del Ministerio Público número VII, de Salamanca, Guanajuato, dada la separación de autos decretada en párrafos que anteceden. Ello, aunado a que los actos respecto de los que este juzgado se avocó a su conocimiento no derivan ni guardan relación con los citados expedientes e indagatoria. De modo que el presente requerimiento tiene como finalidad que se distribuyan equitativamente las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales que residen en esta ciudad, ante la falta de relación de tales actos. ESTUDIO DE PROCEDENCIA En esas condiciones, a fin de proveer lo conducente respecto del acto por el este juzgado se avocó al conocimiento, se precisa que el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Sobre esa base, este Juzgado Federal advierte que, respecto del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Contradicción de tesis 277/2011. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 18 de enero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 44/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil doce. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 25/2015, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de septiembre de 2017. En el caso, este órgano jurisdiccional se avocó al estudio del acto consistente en la omisión de la Agencia del Ministerio Público número III, de Salamanca, Guanajuato, de dictar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación *********, a favor de ********* y *********, contra los actos de violencia física y verbal, que refiere ejerce *********. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto preinserto se obtiene que procede el recurso innominado para impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." ; determinó que, a través de ese medio de impugnación se podían controvertir las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, entre las que se encuentra la tarea de resolver sobre las medidas de protección que le sean solicitadas, conforme con el numeral 16 de la Constitución Federal. En ese orden, se tiene que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene como finalidad que el citado juzgador revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación y, de estimar que su actuación es ilegal, deberá conminarlo a que reanude la investigación y/o practique todas las diligencias que sean necesarias, en cumplimiento a su facultad investigadora. Luego entonces, se colige que la parte quejosa, previo a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley que regula el acto reclamado, es decir, el recurso innominado a que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que la omisión de la responsable de pronunciarse sobre las medidas de protección que le fueron solicitadas, contraviene su facultad investigadora. Sin embargo, de la narrativa de los antecedentes no se advierte que se haya hecho valer previo a la presentación de la demanda de amparo; por tanto, esa circunstancia da lugar a que se actualice la causal de improcedencia citada con antelación, pues no agotó el principio de definitividad. Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, ya que es la victima u ofendida en la carpeta de investigación de origen; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003109, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de identificación siguientes: Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) Página: 943 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Contradicción de tesis 233/2017. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 18 de abril de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja 142/2016, sostuvo la tesis aislada I. 9o.P. 140. P (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. AL NO ESTABLECERSE EXPRESAMENTE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NI EN ALGUNA OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE, EL RECURSO O MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE INTERPONERSE EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2781, con número de registro digital: 2013932. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la queja 38/2017, consideró que no hay recurso alguno que proceda contra las omisiones del Ministerio Público que se actualicen en la etapa de investigación, por lo que no hay necesidad de agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo. Lo anterior, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece de forma expresa el recurso o medio de impugnación que debe interponerse contra dichas omisiones, de ahí que no exista medio de defensa al que se deba acudir antes de promover el juicio de amparo. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver las quejas 197/2016, 189/2016 y 252/2016, sostuvo la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), de título y subtítulo: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 2141, con número de registro digital: 2014279. Tesis de jurisprudencia 28/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 17 de agosto de 2018 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. De modo que, al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la quejosa debió promover el recurso de innominado previsto en la legislación penal que rige la carpeta de investigación de la que deriva el acto impugnado previo a acudir a esta instancia constitucional. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    ...Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** y *** por derecho propio, contra actos que reclama de la Juez de Oralidad Familiar de Salamanca, Guanajuato, y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 753/2020; en el entendido que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. REPRESENTANTE COMÚN Ahora, toda vez que los quejosos fueron omisos en designar representante común, este juzgado nombra con tal calidad a *** sin perjuicio de que la parte respectiva la sustituya entre ellos. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones II y IV, en relación con el diverso numeral 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: a) Aclaren los actos reclamados. Es el caso que en el numeral 1 del apartado correspondiente de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama ".Del Juez de Oralidad Familiar, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. quien ha intervenido en los Expedientes Familiares *** y *** Se le reclama LA NEGATIVA DE PROPORCIONARNOS UNA MEDIDA DE RESTRICCIÓN EN CONTRA DE LOS *** y *** Sin embargo, del contenido de la demanda no se advierte si en ambos expedientes *** y *** los promoventes peticionaron medidas de restricción, así como la fecha del proveído o resolución en que se haya materializado la negativa de decretarlas. Lo anterior, pues en la parte final del primer concepto de violación, se aprecia que las medidas de protección solo se solicitaron en el expediente *** sin embargo, la demanda que dio origen a dicho asunto se desechó y no se admitió el recurso de apelación que interpusieron contra esa decisión. En ese sentido, se considera necesario requerir a los quejosos para que aclaren si en ambos expedientes solicitaron medidas de restricción y, de ser así, proporcionen la fecha del proveído o resolución en que se haya materializado la negativa de decretarlas. O bien, para que esclarezcan si el motivo del reclamo deriva de la inadmisión del recurso de apelación que interpusieron contra la resolución por la que se desechó la demanda que dio origen al expediente *** y, de ser ese caso, precisen las fechas, tanto del desechamiento de la demanda, como de la inadmisión del referido medio de impugnación, así como que aclaren si contra esta última decisión hicieron valer diverso recurso, pues dicha información resulta necesaria para la fijación de la litis en el presente asunto. b) Precisión sobre medidas de protección solicitadas. Los quejosos señalaron un apartado de medidas de protección; sin embargo, la Ley de Amparo solo permite que el juzgador de control constitución se pronuncie sobre la suspensión de los actos impugnados. Por tanto, se requiere a los promoventes para que aclaren si tienen interés en el otorgamiento de una medida de protección, o bien, que se provea sobre la suspensión de los actos reclamados. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente, que de no cumplir con lo indicado en el término concedido, se dejarán de tener como actos reclamados los precisados como ". LA NEGATIVA DE PROPORCIONARNOS UNA MEDIDA DE RESTRICCIÓN EN CONTRA DE LOS *** y *** y se proveerá lo conducente respecto de los diversos señalados en el apartado correspondiente de la demanda. En lo tocante a las medidas de protección que solicitan, se les previene que, no realizar alguna manifestación sobre el particular, se entenderá su desinterés de que se provea sobre la suspensión de los actos reclamados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. Por tanto, las notificaciones a la parte promovente, aún las de carácter personal, realícense por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en el área de ingreso al edificio en que se localiza este juzgado, que fue el espacio designado por la Administración para facilitar su consulta a quienes acudan sin contar con cita, del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *** se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de lo asentado en la certificación de cuenta SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación...

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