María Virinia Ortiz Napoles

Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
847/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • María Virinia Ortiz Napoles
  • Poder Ejecutivo del Estado de Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio promovido por María Virinia Ortiz Nápoles; consecuentemente, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, previa revisión del Secretario encargado del trámite, de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"); archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto veitiseis de agosto de esta anualidad: Agréguese el oficio que firma el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe con justificación y remite las constancias con las que apoya el mismo, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente 1278/2019-IIIC de su índice. Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa María Virinia Ortiz Nápoles, reclama la omisión del tribunal señalado como responsable de proveer respecto la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral señalado con antelación. De acuerdo con ello, el análisis del oficio que se atiende y de las constancias adjuntas al mismo, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 1278/2019-IIIC, de su índice, se advierte que en trece de agosto de dos mil veintiuno, el tribunal responsable dictó auto en el que proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes del citado asunto laboral, señalando fecha y hora para el desahogo de las pruebas que fueron admitidas. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo - doce de agosto de dos mil veintiuno- el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no había emitido pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el multicitado juicio laboral 1278/2019-IIIC; también lo es, que con posterioridad a ello, la responsable el trece de agosto de la presente anualidad, dictó el acuerdo correspondiente; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con treinta y tres minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que firma el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe con justificación y remite las constancias con las que apoya el mismo, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente 1278/2019-IIIC de su índice. Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa María Virinia Ortiz Nápoles, reclama la omisión del tribunal señalado como responsable de proveer respecto la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral señalado con antelación. De acuerdo con ello, el análisis del oficio que se atiende y de las constancias adjuntas al mismo, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 1278/2019-IIIC, de su índice, se advierte que en trece de agosto de dos mil veintiuno, el tribunal responsable dictó auto en el que proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes del citado asunto laboral, señalando fecha y hora para el desahogo de las pruebas que fueron admitidas. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo - doce de agosto de dos mil veintiuno- el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no había emitido pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el multicitado juicio laboral 1278/2019-IIIC; también lo es, que con posterioridad a ello, la responsable el trece de agosto de la presente anualidad, dictó el acuerdo correspondiente; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las nueve horas con treinta y tres minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno. Admisión Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 107, 108, 112, 113, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de cuenta, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 847/2021-3. Incidente de Suspensión Sin que sea el caso formar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el mismo no fue solicitado por la promovente. Intervención al Agente del Ministerio Público Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Informe justificado Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de amparo, solicítese a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado dentro del plazo de quince días, y remita adjunto al mismo copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto reclamado; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalentes a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, se le indica a la responsable, que tanto los informes y, en su caso, las constancias certificadas que hayan servido como base para emitir el acto reclamado, podrán ser remitidos con firma electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional 1jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de hacer la remisión que corresponda por los demás medios que señala la ley de la materia. Audiencia constitucional Se fijan las nueve horas con treinta y tres minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando para oír y recibir notificaciones en el domicilio que proporciona en su escrito y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raquel Lorena Hernández Torres; autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones la pasante en derecho Carmen Irene Muñoz López. Consulta electrónica de expediente Ahora, por lo que hace a la solicitud de la autorización para consulta virtual del expediente, considerando que la promovente proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante usuario "lorenahernandeztt"; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Pruebas Sin que sea el caso proveer respecto de la admisión de probanzas, toda vez que no se hizo ofrecimiento alguno de las mismas por parte de la ocursante. Terceros Interesados Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, incisos b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), se ordena su emplazamiento al juicio mediante oficio, debiéndose correrle traslado con copia del escrito de demanda. Exhortación al Uso de Medios Electrónicos Ahora, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes del presente asunto a que de ser posible, realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Notificaciones respecto a los diferimientos Se instruye al actuario judicial adscrito para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Igual razonamiento se efectúa respecto a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es inconcuso que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional en el presente asunto, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista publicada en los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con independencia de que si dicho auto contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación que corresponda. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto, en días y horas inhábiles. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento Prevéngase a las partes para el caso de que tengan conocimiento sobre actualización de causa de sobreseimiento del presente sumario, quedan obligadas a comunicarlo a este Juzgado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con los numerales 64 y 251 de la Ley de Amparo.

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