María Virginia Orta Puga
Expediente 1154/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Virginia Orta Puga
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de nueve de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Partido Civil de Apaseo el Grande, del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1154/2016-IV. Ahora bien, debe precisarse que la solicitante del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando: El desposeimiento de una fracción de terreno de aproximadamente 8-01-30 hectáreas, ubicada en el ejido de Santa Cruz de Gamboa, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil C-236/2014 de la estadística del Juzgado de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato. La omisión por parte del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, de acordar lo relativo a la medida precautoria de mantención de hechos solicitada dentro del juicio agrario 1880/2016 del índice del referido Tribunal. Bajo dicha guisa, debe decirse que, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa: Argumenta que es poseedora de una fracción de terreno de aproximadamente **********, ubicada en el ejido de **********, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, derecho que adquirió con motivo de una cesión de derechos que hizo a su favor **********. Refiere que ante el Juzgado Único de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, **********, a través de su apoderado legal demandó en la vía ordinaria civil a ********** la restitución de la fracción de terreno aludida con antelación, asunto que se radico con el número C-236/2014. Indica que **********, quien fungió como parte demandada en el juicio ordinario civil antes aludido, le informo que se había dictado un acuerdo en ese controvertido para ejecutar a favor del apoderado legal de **********, la sentencia dictada en tal expediente y para ello se había emitido la respectiva boleta de ejecución. Que con motivo de lo anterior promovió demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en la ciudad de Guanajuato, la cual quedó registrada bajo el expediente 1880/2016, reclamando entre otras prestaciones el mejor derecho a poseer la parcela materia de controversia, donde solicitó una medida precautoria de mantención de hechos. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Numeral que reconoce como derecho fundamental de las personas, la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional indicado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo citada, el suscrito considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión, máxime que puede darse el caso de tramitación en un mismo expediente de actos de diversas materias (lo cual implicaría que la revisión la conocieran Tribunales Colegiados de distinta especialización). Atento a los razonamientos antes expuestos, así como a los criterios citados, el suscrito advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, toda vez que, la solicitante del amparo manifestó que se tramitó un juicio ante el Juzgado Único de Partido Civil de Apaseo el Grande, de esta entidad federativa, bajo el número 236/2014 donde el demandado fue condenado a la restitución de una fracción de terreno a favor del actor, controvertido al que es ajena y por tanto, al ser ella la poseedora de tal bien raíz con motivo de la cesión de derechos realizada a su favor, promovió ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, el juicio 1880/2016, donde reclamó tener mejor derecho del inmueble de referencia y pidió una medida precautoria de mantención de hechos. Por tanto, de los datos antes expuestos se advierte que los actos reclamados, emanan de diversos procedimientos que están completamente desvinculados entre sí, ya que provienen de distintos hechos, por lo que los actos reclamados no se aprecia que emerjan de un mismo procedimiento o actuación, lo que los hace ser autónomos e independientes, dado que del juicio ordinario civil 236/2014, del índice del Juzgado de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, se reclama la desposesión de una fracción de terreno de aproximadamente 8-01-30 hectáreas ubicada en el ejido de Santa Cruz de Gamboa, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato; por otro lado del juicio agrario 1880/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, reclama la omisión del titular de dicho órgano de acordar lo relativo a la medida precautoria de mantención de hechos solicitada. En tales circunstancias, al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada de los actos reclamados, se decreta la separación de la afectación que reclama la parte quejosa respecto del juicio ordinario civil 236/2014 del índice del Juzgado Único de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato y la omisión de pronunciarse en relación a la medida precautoria de mantención de hechos que solicitó en el juicio agrario 1880/2016 de la estadística del Tribunal Unitario Agrario, para que se tramiten por cuerda separada. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda presentada por la parte quejosa y de sus anexos para la formación del nuevo juicio de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, para los efectos de registro correspondiente de la demanda de que se trata, se sirva turnarla a este órgano jurisdiccional para su tramite correspondiente y haga las anotaciones respectivas a fin de nivelar las cargas de trabajo, únicamente en lo relativo al acto reclamado que la parte quejosa señaló como: la omisión de acordar lo relativo a la medida precautoria de mantención de hechos solicitada dentro del juicio agrario 1880/2016 del índice del Tribunal Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en la ciudad de Guanajuato. Por consiguiente, en el presente expediente se conocerá del juicio de amparo promovido contra el acto reclamado consistente en el desposeimiento de una fracción de terreno de aproximadamente 8-01-30 hectáreas, ubicada en el ejido de Santa Cruz de Gamboa, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil C-236/2014 de la estadística del Juzgado de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario observar lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese orden, el suscrito estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso o quejosos. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista, así como que se agregue copia certificada, la ejecutoria de once de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, en el amparo en revisión civil 194/2016 de su índice, que se formó con motivo del medio de impugnación que interpuso la aquí quejosa contra la sentencia emitida en el juicio de amparo 62/2016-V de la estadística de este órgano jurisdiccional, publicada en la intranet del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, habida cuenta que se justifica la invocación de este dato en virtud que las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Ahora, de la lectura de la constancia arriba descrita se obtienen los siguientes datos: - ********** promovió el juicio de amparo indirecto 62/2016-V de la estadística de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al juicio ordinario civil 236/2014 de la estadística del Juzgado Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, reclamando la desposesión del bien inmueble consistente en la parcela de aproximadamente 8-01-30 hectáreas que pertenece al Ejido Santa Cruz de Gamboa, ubicado dentro de la ampliación del Ejido, en la tercera sección de la Hacienda de Santa Cruz de Gamboa, en Apaseo el Alto, Guanajuato, el cual adujo tener en posesión con motivo del contrato de cesión de derechos posesorios agrarios de cuatro de febrero de dos mil catorce, que celebró con ********** y/o **********. - Mediante sentencia de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió sobreseer en el juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa no demostró el interés jurídico que le asistía. - Contra la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado, quien la radicó bajo el número 194/2016 y el once de noviembre de dos mil dieciséis, confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por su parte, de las narraciones torales de la demanda de cuenta se advierte que: - **********, reclama el desposeimiento de una fracción de terreno ubicada en el ejido de Santa Cruz de Gamboa, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, de aproximadamente 8-01-30 hectáreas con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil C-236/2014 de la estadística del Juzgado de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, inmueble del cual adquirió la posesión con motivo de la cesión de derechos que realizó a su favor **********. Bajo esas premisas, el requisito marcado con el número 1, atinente a que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y el propio acto reclamado, se encuentra cubierto, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fue promovida por la misma quejosa. Las autoridades responsables a quienes se les atribuye el acto que se analiza, son las mismas en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos reclama el desposeimiento de una fracción de terreno de aproximadamente 8-01-30 hectáreas ubicada en el ejido de Santa Cruz de Gamboa, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil C-236/2014 de la estadística del Juzgado de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato; derecho de posesión que aduce, adquirió con motivo de la cesión de derechos que realizó a su favor **********. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, atinente a que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, también se encuentra cubierta, debido a que el acto que se reclama en el presente juicio ya fue materia del diverso juicio de amparo 62/2016-V del índice de este juzgado. Se afirma lo anterior, ya que el veinte de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió sobreseer en el juicio de amparo en contra del referido acto reclamado. Inclusive, dicha determinación fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado, al resolver el amparo en revisión civil 194/2016 de su índice. Bajo las anteriores consideraciones, si la quejosa ********** acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente el desposeimiento de una fracción de terreno de aproximadamente 8-01-30 hectáreas ubicada en el ejido de Santa Cruz de Gamboa, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil C-236/2014 de la estadística del Juzgado de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 62/2016-V del índice de este juzgado, en el que se decretó el sobreseimiento, es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinar el referido acto que reclama, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la Ley de la materia. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada, únicamente por lo que se refiere al acto reclamado consistente en el desposeimiento de una fracción de terreno de aproximadamente 8-01-30 hectáreas, ubicada en el ejido de Santa Cruz de Gamboa, municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato. Por otra parte, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Arce Mendoza, al contar con cédula profesional 2932615 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del precepto legal en cita a la diversa persona que menciona por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".
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