Maria Vigil Mendoza

Expediente 1115/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1115/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Maria Vigil Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas y facultadas recurrieran la resolución emitida el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que reza: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce, asimismo se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado , Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento realizado el pasado trece de febrero, y remite las constancias que en el mismo le fueron requeridas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a catorce de febrero de dos mil diecinueve. Como de autos se advierte que en proveído de trece de los actuales, se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, diversas documentales en relación al acto reclamado, en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a trece de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de febrero del presente año, informa que en audiencia de uno anterior, no fue posible llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, por así haberse manifestado; que ante ello ordenó turnar los autos al área correspondiente para que acordará lo que en derecho procediera. Por tal motivo, a efecto de no inadvertir alguna causa de improcedencia, que es su obligación informar en su caso su actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 primer párrafo de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído informe si a la fecha ya realizo el pronunciamiento respectivo a que hace alusión en su oficio de cuenta, y de ser así remita las constancias que lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, o bien, no manifieste el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa oscilará entre los treinta a trescientos días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, conforme a lo que establece el precepto 251 de la Ley de la Materia. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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