María Víctoria Sánchez Capilla
Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/05/2021
Partes del expediente
- María Víctoria Sánchez Capilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a) de dicho Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el expediente en que se actúa será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, dado que en el presente asunto obra un documento original exhibido por la parte quejosa en su demanda, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca para recogerlo; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Asimismo, devuélvase al Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
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MESA I.- SE NOTIFICA EL ACUERDO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LISTA A LA QUEJOSA MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ CAPILLA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRECE DE MAYO DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a) de dicho Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el expediente en que se actúa será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, dado que en el presente asunto obra un documento original exhibido por la parte quejosa en su demanda, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca para recogerlo; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Asimismo, devuélvase al Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
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SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 132/2021-I, promovido por ********************, en contra de actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.- con domicilio en Morelos Oriente número 1300, esquina Jaime Nunó, Barrio San Sebastián, Código Postal 50090, Toluca, Estado de México. 2. C. LICENCIADO FERNANDO ONOFRE MOLINA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO." "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: PRIMERO.- La abstención de acordar de manera escrita, en breve término, las peticiones realizadas en fecha 23 de diciembre 2020 por la suscrita, ante el C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, así como ante el C. LICENCIADO FERNANDO ONOFRE MOLINA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, de que me sea reconocida la calidad de OFENDIDA dentro de la Carpeta de Investigación, NIC: ******************** y NUC: ********************, por el DELITO DE HOMICIDIO cometido en agravio de mi concubino ********************, también conocido con el nombre de ********************. SEGUNDO.- La negativa verbal del C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, así como ante el C. LICENCIADO FERNANDO ONOFRE MOLINA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, de permitir a ******************** la consulta de la Carpeta de Investigación, NIC: ******************** y NUC: ********************, por el DELITO DE HOMICIDIO cometido en agravio de mi concubino ********************, también conocido con el nombre de ********************." Actos reclamados que la promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, 16, 17 y 20, incisos a y c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. En proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el catorce de abril del año en curso, en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que los actos que se reclaman son en materia penal, emitidos y aplicados por una autoridad del orden penal, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La omisión de acordar el escrito presentado en veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación NIC: ******************** y NUC: ********************; y, 2. Como consecuencia, la negativa de consultar la referida carpeta de investigación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal General de Justicia del Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado en el presente juicio, no obstante haber sido debidamente notificado para ello; y si bien ante dicha circunstancia debería presumirse cierto el acto reclamado, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el presente caso no es dable hacer efectiva tal presunción de certeza. Esto es así, puesto que si el acto reclamado, en el presente sumario, es la omisión de acordar el escrito presentado en veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación NIC: ******************** y NUC: ********************, que corresponde al índice del Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México; tan es así que esta autoridad remitió la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación de origen, de las que se aprecia el escrito en cuestión. Y el escrito en mención, que dio origen al presente asunto, no se advierte dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México; entonces no resultaba dable que otorgara contestación alguna al mismo, pues evidentemente no podría emitir ninguna opinión de una solicitud que no se elevó ante su potestad. No pasa inadvertido que, con posterioridad a lo anterior, la ahora quejosa sí presentó un escrito dirigido, entre otros, al Fiscal General de Justicia del Estado de México, con similar contenido al que constituyó la omisión que se reclama en el presente juicio constitucional; sin embargo, se advierte que éste fue redirigido al Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, por ser este quien atiende el trámite de la carpeta de investigación en cuestión, y por lo tanto ser la autoridad con facultades para emitir el acuerdo correspondiente. Circunstancias por las cuales, resulta evidente la inexistencia del acto que se reclama al Fiscal General de Justicia del Estado de México, porque no resultaba factible jurídica y materialmente que se otorgara una respuesta por dicha autoridad, en tanto que un escrito no fue dirigido a la misma, y el diverso que sí se dirigió a sus oficinas, dadas las funciones y facultades del fiscal aludido, no se encontraba en aptitud de atenderlo, y menos de otorgar materialmente a la ahora quejosa el acceso a la carpeta de investigación de origen que solicitó, tan es así que este último escrito lo redirigió al Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, por ser este quien atiende el trámite de la carpeta de investigación en cuestión. En virtud de lo anterior, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable de que ahora se trata. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa no es de ser tomada en consideración, porque, una vez ponderado el contenido de las constancias que, como complemento a su informe justificado, remitió dicha autoridad, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación NIC: ******************** y NUC: ********************; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, dada su naturaleza de documental pública, por ser emitida por servidor público en uso de sus facultades, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de una actuación judicial. Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Se obtiene que, efectivamente, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se allegó al Ministerio Público responsable, el escrito mediante el cual la ahora quejosa solicitó se le reconociera el carácter de ofendida en la carpeta de origen, así como se le diera acceso a la misma; y si bien dicho escrito fue acordado por el responsable el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, al momento de la presentación de la demanda que dio origen al presente sumario constitucional, dicha determinación no se había notificado. Por lo cual, tomando consideración que los elementos que constituyen el derecho de petición protegido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, la notifique al peticionario en los términos legales que correspondan, es inconcuso que, al no obrar constancia de notificación respecto de la parte aquí quejosa, bien se puede concluir sobre la certeza de la omisión reclamada a la autoridad señalada. Es aplicable a lo anterior, la tesis II.1o.P.A.9 K, del otrora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, visible a página 383, que dice: "DERECHO DE PETICION. NOTIFICACION DEL. Aun cuando la responsable señale haber dado respuesta a la solicitud que el quejoso le presentó de acuerdo con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no demuestra de manera fehaciente que la respuesta a tal solicitud, le fue notificada al solicitante, debe considerarse que no dio contestación al peticionario, violando con ello el precepto constitucional en comento." QUINTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, respecto de los actos reclamados, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Se obtiene que la causa de improcedencia en estudio se actualiza, cuando los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sobre lo expuesto, una vez examinadas las copias certificadas anexadas al informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, se advierte que los efectos de los actos reclamados cesaron, en virtud de que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, emitió el acuerdo correspondiente a lo peticionado por la aquí quejosa; y además se advierte que ésta compareció a hacerse conocedora de la carpeta de investigación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en atención a la orden de notificación expedida el veintidós previo, la cual se ordenó por medio de correo electrónico, incluso se tomó la protesta de su asesor jurídico y se le tomó entrevista para manifestarse respecto de la carpeta de origen. En las relatadas condiciones, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por consiguiente, al aparecer o sobrevenir dicha causa de improcedencia, con fundamento en la fracción V, del diverso 63 de del ordenamiento legal citado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo por cuanto a los actos reclamados y autoridad responsable a que se hace referencia en este apartado. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe apuntar que este sentido del fallo, no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos humanos del menos promovente del amparo, pues no es la obligación de este juzgado de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse el accionante de amparo y entre las que se encuentran las causas de improcedencia advertidas en el presente fallo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, con número de registro 174737, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, conforme a los razonamientos y determinación establecidos en la presente resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades señalados en los Considerandos Segundo, Tercero y Cuarto de esta sentencia, por los razonamientos expresados en los Considerandos Tercero y Quinto de la misma.
- Principal
MESA I.- SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LISTA A LA QUEJOSA MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ CAPILLA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTE DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 132/2021-I, promovido por ********************, en contra de actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.- con domicilio en Morelos Oriente número 1300, esquina Jaime Nunó, Barrio San Sebastián, Código Postal 50090, Toluca, Estado de México. 2. C. LICENCIADO FERNANDO ONOFRE MOLINA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO." "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: PRIMERO.- La abstención de acordar de manera escrita, en breve término, las peticiones realizadas en fecha 23 de diciembre 2020 por la suscrita, ante el C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, así como ante el C. LICENCIADO FERNANDO ONOFRE MOLINA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, de que me sea reconocida la calidad de OFENDIDA dentro de la Carpeta de Investigación, NIC: ******************** y NUC: ********************, por el DELITO DE HOMICIDIO cometido en agravio de mi concubino ********************, también conocido con el nombre de ********************. SEGUNDO.- La negativa verbal del C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, así como ante el C. LICENCIADO FERNANDO ONOFRE MOLINA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, de permitir a ******************** la consulta de la Carpeta de Investigación, NIC: ******************** y NUC: ********************, por el DELITO DE HOMICIDIO cometido en agravio de mi concubino ********************, también conocido con el nombre de ********************." Actos reclamados que la promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, 16, 17 y 20, incisos a y c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. En proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el catorce de abril del año en curso, en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que los actos que se reclaman son en materia penal, emitidos y aplicados por una autoridad del orden penal, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La omisión de acordar el escrito presentado en veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación NIC: ******************** y NUC: ********************; y, 2. Como consecuencia, la negativa de consultar la referida carpeta de investigación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal General de Justicia del Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado en el presente juicio, no obstante haber sido debidamente notificado para ello; y si bien ante dicha circunstancia debería presumirse cierto el acto reclamado, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el presente caso no es dable hacer efectiva tal presunción de certeza. Esto es así, puesto que si el acto reclamado, en el presente sumario, es la omisión de acordar el escrito presentado en veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la carpeta de investigación NIC: ******************** y NUC: ********************, que corresponde al índice del Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México; tan es así que esta autoridad remitió la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación de origen, de las que se aprecia el escrito en cuestión. Y el escrito en mención, que dio origen al presente asunto, no se advierte dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México; entonces no resultaba dable que otorgara contestación alguna al mismo, pues evidentemente no podría emitir ninguna opinión de una solicitud que no se elevó ante su potestad. No pasa inadvertido que, con posterioridad a lo anterior, la ahora quejosa sí presentó un escrito dirigido, entre otros, al Fiscal General de Justicia del Estado de México, con similar contenido al que constituyó la omisión que se reclama en el presente juicio constitucional; sin embargo, se advierte que éste fue redirigido al Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, por ser este quien atiende el trámite de la carpeta de investigación en cuestión, y por lo tanto ser la autoridad con facultades para emitir el acuerdo correspondiente. Circunstancias por las cuales, resulta evidente la inexistencia del acto que se reclama al Fiscal General de Justicia del Estado de México, porque no resultaba factible jurídica y materialmente que se otorgara una respuesta por dicha autoridad, en tanto que un escrito no fue dirigido a la misma, y el diverso que sí se dirigió a sus oficinas, dadas las funciones y facultades del fiscal aludido, no se encontraba en aptitud de atenderlo, y menos de otorgar materialmente a la ahora quejosa el acceso a la carpeta de investigación de origen que solicitó, tan es así que este último escrito lo redirigió al Agente del Ministerio Público del Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, por ser este quien atiende el trámite de la carpeta de investigación en cuestión. En virtud de lo anterior, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable de que ahora se trata. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa no es de ser tomada en consideración, porque, una vez ponderado el contenido de las constancias que, como complemento a su informe justificado, remitió dicha autoridad, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación NIC: ******************** y NUC: ********************; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, dada su naturaleza de documental pública, por ser emitida por servidor público en uso de sus facultades, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de una actuación judicial. Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Se obtiene que, efectivamente, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se allegó al Ministerio Público responsable, el escrito mediante el cual la ahora quejosa solicitó se le reconociera el carácter de ofendida en la carpeta de origen, así como se le diera acceso a la misma; y si bien dicho escrito fue acordado por el responsable el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, al momento de la presentación de la demanda que dio origen al presente sumario constitucional, dicha determinación no se había notificado. Por lo cual, tomando consideración que los elementos que constituyen el derecho de petición protegido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, la notifique al peticionario en los términos legales que correspondan, es inconcuso que, al no obrar constancia de notificación respecto de la parte aquí quejosa, bien se puede concluir sobre la certeza de la omisión reclamada a la autoridad señalada. Es aplicable a lo anterior, la tesis II.1o.P.A.9 K, del otrora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, visible a página 383, que dice: "DERECHO DE PETICION. NOTIFICACION DEL. Aun cuando la responsable señale haber dado respuesta a la solicitud que el quejoso le presentó de acuerdo con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no demuestra de manera fehaciente que la respuesta a tal solicitud, le fue notificada al solicitante, debe considerarse que no dio contestación al peticionario, violando con ello el precepto constitucional en comento." QUINTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, respecto de los actos reclamados, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Se obtiene que la causa de improcedencia en estudio se actualiza, cuando los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sobre lo expuesto, una vez examinadas las copias certificadas anexadas al informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Zinacantepec, Estado de México, se advierte que los efectos de los actos reclamados cesaron, en virtud de que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, emitió el acuerdo correspondiente a lo peticionado por la aquí quejosa; y además se advierte que ésta compareció a hacerse conocedora de la carpeta de investigación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en atención a la orden de notificación expedida el veintidós previo, la cual se ordenó por medio de correo electrónico, incluso se tomó la protesta de su asesor jurídico y se le tomó entrevista para manifestarse respecto de la carpeta de origen. En las relatadas condiciones, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por consiguiente, al aparecer o sobrevenir dicha causa de improcedencia, con fundamento en la fracción V, del diverso 63 de del ordenamiento legal citado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo por cuanto a los actos reclamados y autoridad responsable a que se hace referencia en este apartado. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe apuntar que este sentido del fallo, no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos humanos del menos promovente del amparo, pues no es la obligación de este juzgado de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse el accionante de amparo y entre las que se encuentran las causas de improcedencia advertidas en el presente fallo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, con número de registro 174737, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, conforme a los razonamientos y determinación establecidos en la presente resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades señalados en los Considerandos Segundo, Tercero y Cuarto de esta sentencia, por los razonamientos expresados en los Considerandos Tercero y Quinto de la misma.
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