María Victoria Rodríguez González
Expediente 284/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- María Victoria Rodríguez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha actuación que sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ************, por conducto de ************, queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del veintiséis de mayo de dos mil veintiséis Por otra parte, en cumplimiento al artículo 15, del capítulo quinto del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se precisó en la certificación que antecede.
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta enviado electrónicamente por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual refiere rendir su informe justificado; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de veintiuno de abril del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido mediante proveído de siete de marzo del año en curso, a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, a fin de que rinda informe justificado, el cual le fue notificado mediante oficio el once siguiente, sin que a la fecha se haya recibido su informe. Por tal motivo, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de todas y cada una de las constancias que obran en el expediente laboral ********************, toda vez que se consideran necesarias para la resolución del presente asunto. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de ser omisa a lo anterior dentro del plazo conferido para ello, o en su caso, informe su imposibilidad se le hará efectiva una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós para su desahogo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Apoderado Legal del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el cual se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Así también, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, se autorizan como delegados en términos el artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su ocurso. Finalmente, se tiene por ofrecida la documental que acompaña consistente en el auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, con sellos de recibido y despachado, misma que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, de la cual se hará relación de sentencia respectiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
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