Maria Victoria Rocha Ramirez

Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
106/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Maria Victoria Rocha Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en autos del recurso de revisión 292/2026, deducido del juicio de amparo indirecto 106/2023-II, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "(.) PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 106/2023-II, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por ****** En atención a lo resuelto, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción I; por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Supervisión de registro diario. Finalmente, con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Mor., seis de junio de dos mil veintitrés. OF. NUM. 14365/2023 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en las aludidas materias. P R E S E N T E.Por medio del presente, y en cumplimiento al proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo número 106/2023-II, promovido por ********************, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS" Femenil, Morelos, remito vía interconexión el expediente citado, en virtud del RECURSO DE REVISIÓN, interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Adjunto el original y copia del escrito de expresión de agravios.

  3. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, siendo en ésta donde se reclama el acto combatido y reside la autoridad responsable.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en:********************La omisión de proporcionar atención médica a la quejosa, así como de proporcionarle los suministros médicos a efecto de contrarrestar los padecimientos crónicos degenerativos consistentes en las afecciones de diabetes (D********************.********************La omisión de canalizarla a un Centro Hospitalario o de Salud a efecto de que le sean practicados los estudios especializados que requiere la quejosa con motivo de los padecimientos crónicos que tiene.********************TERCERO. Certeza del acto reclamado. No obstante que la responsable, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos; debe de tenerse por cierto, ya que, dicha negativa debe desvirtuarse debido a que después de negarlos enseguida expone razones con base en las cuales se evidencia su certeza; de ahí, que se tengan por ciertos los actos reclamados por la accionante del juicio de amparo.********************Sustenta lo aquí considerado, la tesis sin número, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO."********************Certeza que además se corrobora de la documentales que anexó la autoridad responsable como justificante de su informe y las diversas remitidas consistes en el expediente clínico de la parte quejosa, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************CUARTO. Causales de improcedencia. Es presupuesto procesal el estudio de la inviabilidad del juicio, por tanto, debe abordarse de oficio y en forma preferente al análisis de fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************La autoridad responsable al rendir su informe justificado refiere que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues a su consideración antes de acudir al juicio de amparo indirecto, la quejosa debe agotar los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.********************La causa de improcedencia se estima infundada con base en las siguientes consideraciones********************La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 79/2018 (10a.), estableció que en los casos en que se señalen como actos reclamados, las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, como es la falta o negativa de atención médica adecuada, la persona privada de su libertad debe agotar el procedimiento administrativo de peticiones y los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo, dado que contempla un mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento que inicia con la presentación de una petición formulada por la persona privada de su libertad (en prisión preventiva o en ejecución de penas), ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde puede ofrecer pruebas o incluso, la autoridad puede recabar de oficio las que estime pertinentes.********************Asimismo, destacó que se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición, puedan ser impugnadas a través de los recursos correspondientes; por tanto, estimó que el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento.********************Refirió, que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación, conclusión a la que se conduce después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.********************Sin embargo, también estableció que si la omisión reclamada (falta de atención médica), pone en riesgo la integridad física o la vida de la persona privada de la libertad, se actualiza una excepción a la improcedencia analizada y, por tanto, la parte quejosa no se encuentra obligada a agotar los recursos ordinarios de defensa, previo a acudir a la instancia constitucional.********************Lo que a consideración de esta Juzgadora, se actualiza en el presente juicio, dado que los padecimientos que presenta la quejosa -********************-, deben estar bajo control médico y con el debido suministro de los medicamentos prescritos para dichas afecciones y en caso contrario podría implicar una violación directa del derecho fundamental a la salud, previsto en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************De ahí que, resulte infundada la causa de improcedencia que hace valer la autoridad responsable.********************En virtud de lo anterior, al no advertir esta juzgadora de oficio alguna otra causa de improcedencia que deba ser estudiada, se procede al estudio del fondo del asunto.********************QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación formulados, aunque para considerarlos así sea necesario suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.********************Para evidenciar lo anterior, resulta conveniente transcribir el contenido del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra, entre otros, el derecho fundamental de salud:********************"Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá´ la organización y el desarrollo de la familia.********************[.]********************Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá´ las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá´ la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [.]."****************************************El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al derecho a la salud, estableció´ que el mismo se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica, es decir, no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, debe ir más allá´, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo.********************Asimismo, indicó que el numeral 4 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización.********************Las anteriores consideraciones se contemplan en la tesis P. LXVIII/2009, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL."********************Así, como en la diversa P. XVI/2011, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN."********************De lo anterior, se advierte el derecho fundamental que toda persona tiene de que su salud sea protegida, así´ como la obligación del Estado de definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en las diferentes instancias.********************Por su parte el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: ********************"Artículo 18. [.]********************El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. [.]."****************************************El citado dispositivo garantiza el derecho fundamental a la salud de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla y protegerla.********************Ahora bien, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece:********************"Artículo 12********************1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.********************2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuraran las necesarias para:********************a) La reducción de la mortinatalidad (sic) y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;********************b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;********************c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;********************d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad."****************************************En ese tenor, con relación al derecho a la salud, el principio número 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, dispone:********************"Principio 24 Se ofrecerá´ a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos."****************************************Asimismo, los artículos 9, fracciones I, II, III y VI, así como el diverso 10, fracciones II, IV y V, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen:********************"Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario********************Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:********************I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;********************II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley;********************III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud;********************[.]********************VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; [.]."****************************************"Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario********************Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:********************II. Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica podrá solicitar que la examine personal médico de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del Centro Penitenciario de sexo femenino;********************[.]********************IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud;********************V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley; [.]."**************************************** Los anteriores normativos, también tienden a garantizar la salud de las personas sujetas a reclusión, la cual será obligación del Estado, pues cuando estamos frente al citado derecho en contextos de reclusión se convierte en una exigibilidad inmediata ya que las personas privadas de la libertad están impedidas para satisfacerlo por su cuenta.********************De lo anterior, se advierte que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, impone obligaciones positivas a los Estados parte, de las que se destacan -por la particularidad del presente caso- las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y, especialmente, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.********************Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general.********************Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que las actividades de atención médica, contienen el cuidado integral del paciente con el objetivo de preservar la calidad de vida del mismo y, por tanto, el suministro de medicamentos es un elemento indispensable para garantizar el derecho de protección de salud.********************Ahora bien, atendiendo al caso en estudio, no debe perderse de vista que la quejosa ******************** se encuentra privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social, Número 16 CPS Femenil, Morelos, en ese contexto, las autoridades carcelarias deben atender las necesidades médicas que requiera, tomando como base los lineamientos que establece el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, lo anterior, toda vez que por acuerdo publicado el veintisiete de octubre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación se incorporó el Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, al Sistema Penitenciario Federal.********************En dicho reglamento en lo relativo a la protección a la salud, dispone:********************Artículo 49.- Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria.********************El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud.****************************************Artículo 50.- La atención médica de los internos se realizará en las instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de Servicios Médicos.********************Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, podrá autorizar por escrito:********************I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo su más estricta responsabilidad, o********************II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el Comisionado o el Coordinador General en su ausencia.********************El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial que tenga a su cargo el proceso.****************************************Artículo 51.- El Comisionado celebrará convenios con instituciones públicas del sector salud para los casos a que se refiere el artículo anterior, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos.****************************************Artículo 52.- El traslado de un interno a una institución pública del sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública.********************Artículo 53.- La intervención de médicos particulares sólo procederá en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio, manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio. Para ello, se requerirá de la autorización por escrito del Director General previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General.********************Los gastos y honorarios derivados de la intervención correrán a cargo del interno y la responsabilidad profesional corresponderá al médico particular.****************************************Artículo 54.- Cuando del diagnóstico del Área de Servicios Médicos, se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física del interno, se requerirá de su consentimiento por escrito, salvo en casos de emergencia y aquéllos en que el interno atente contra su integridad.********************Si el interno no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá suplirse con el de su cónyuge, ascendiente, descendiente o de la persona previamente designada por él y, en su ausencia, por el Director General, previa consulta con el Coordinador General.****************************************Artículo 55.- Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas estarán sujetos a medidas de prevención de contagio y deberán estar alojados en lugar aparte al de los demás internos, donde recibirán el tratamiento adecuado en la medida de las posibilidades del Centro Federal.****************************************De los citados ordinales se advierte, que los servicios médicos de los Centros Federales tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos, proporcionarles la atención médica en sus instalaciones y con personal de la propia institución.********************Existen convenios celebrados por el Comisionado (Titular de Prevención y Readaptación Social) con instituciones públicas del sector salud para casos extraordinarios en que por su gravedad así´ lo requieran, así´ como para el desarrollo de acciones y de programas específicos.********************Inclusive, los internos podrán ser atendidos por médicos particulares en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las cuales se haya celebrado convenio manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio, previa autorización por escrito del Director General y previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General.********************Según se advierte, el Reglamento prevé´ que aun en los supuestos en que el Centro Penitenciario no cuente con la capacidad para atender a los internos, se acudirá´ a las instituciones públicas y, más aún, ante la incapacidad de éstas para otorgar el servicio, pueden ser atendidos por médicos particulares o trasladados a instituciones públicas, previa la satisfacción de los requisitos que el propio reglamento enuncia.********************Ahora bien, la quejosa padece ********************, además de otra afección de la salud (********************).********************Conforme a la OMS, el virus de la inmunodeficiencia humana ******************** ataca el sistema inmunitario y debilita la defensa contra muchas infecciones y contra determinados tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia.********************La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que en función de la persona puede tardar muchos años en manifestarse si no se trata. Las personas con SIDA pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras manifestaciones clínicas crónicas de gravedad sino reciben el tratamiento adecuado. ********************El VIH es uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, sin embargo, habida cuenta del acceso creciente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención eficaces del VIH, se ha convertido en un problema de salud crónico llevadero que permite a las personas que viven con el virus llevar una vida larga y saludable.********************Para el tratamiento de las personas que viven con dicha afección es importante hacer especial énfasis en la "Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas que Viven con VIH/SIDA", pues ésta sostiene que el éxito del tratamiento antirretroviral depende de varios factores, incluyendo, principalmente, el mantenimiento de un óptimo cumplimiento en la toma de los medicamentos.********************Sobre el tópico, conviene traer a colación las consideraciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de revisión ********************, relativo al análisis de las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana ********************, donde se señala la obligación del Estado de garantizar que el tratamiento sea adecuado y oportuno, así como de entregar el medicamento de forma ininterrumpida para preservar la salud de las personas que viven con VIH/SIDA.********************Dicho esto, la quejosa reclama en esencia la omisión de proporcionar atención médica, así como de proporcionarle los suministros médicos a efecto de contrarrestar los padecimientos crónicos degenerativos consistentes en las afecciones de diabetes (D********************.********************También, la omisión de canalizarla a un Centro Hospitalario o de Salud a efecto de que le sean practicados los estudios especializados que requiere la quejosa con motivo de los padecimientos crónicos que tiene.********************En particular narra que desde los primeros días de diciembre de dos veintidós, dejaron de suministrarle los medicamentos para controlar sus afecciones de diabetes (D********************, lo cual se prolongó hasta la fecha de la presentación de la demanda (veinticuatro de enero de dos mil veintitrés), es decir, casi dos meses. ********************La autoridad responsable para acreditar que la quejosa ******************** ha recibido la atención médica y se le han proporcionado los medicamentos para tratar sus padecimientos crónicos, así como la canalización al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), remitió copia certificada de las siguientes constancias:********************Nota medica de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte como diagnóstico ******************** (foja 43).********************Carnet de citas, donde se aprecia una única cita señalada para el uno de marzo de dos mil veintitrés en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) (foja 47 y 48).********************Formato único de receta de uno de marzo de dos mil veintitrés, expedido por el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en el que se estableció como diagnóstico una infección por virus de la inmunodeficiencia humana ******************** (foja 48, adverso).********************Papeletas de entrega de medicamentos, de las que se advierten las siguientes: ********************CONTROL DE ARTÍCULO EN ESTANCIA POR PPL****************************************Fecha********************Entrega de los medicamentos siguientes:****************************************27/Enero/2023********************(foja 44)********************Complejo B.********************Naproxeno 250 miligramos.********************Paracetamol 500 miligramos.********************Omeprazol.********************Azitromicina.****************************************30/Enero/2023********************(foja 45)********************Metformina 850 miligramos (2 cajas).********************En la papeleta se establece que dicho medicamento fue enviado por la familia.****************************************8/Febrero/2023********************(foja 46)********************Biktarvy (caja con 30 tabletas).********************Metformina 850 miligramos.********************Glibenclamida (caja con 50 tabletas).************************************************************De lo anterior, se desprende que si bien la autoridad responsable en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en el presente juicio, ha efectuado diversas acciones tendentes a proporcionar la atención médica necesaria para la quejosa; sin embargo, de las constancias relativas al expediente clínico de la quejosa ********************, que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte sustancialmente:********************Historia clínica de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, elaborado por el médico ********************, con cédula profesional ********************, en el que se estableció entre otros, la ficha de identificación de la aquí quejosa, antecedentes personales patológicos, destacando la diabetes (D******************** desde el año dos mil cinco (fojas 66 a 70).********************Notas médicas de fechas:********************Diecisiete de mayo de dos mil veintiuno (foja 75).********************Tres de junio de dos mil veintiuno (foja 74).********************Nueve de septiembre de dos mil veintiuno (foja 73).********************Catorce de diciembre de dos mil veintiuno (foja 72).********************Diecinueve de octubre de dos mil veintidós (foja 71).********************Registro de suministro de medicamentos (metformina, glibenclamida y biktarvy), del que se advierten firmas de recibo de la interna ********************, sin que pase desapercibido que del dieciocho al veinticuatro de mayo y del veintinueve al treinta y uno de mayo, todos del año dos mil veintidós, no recibió los medicamentos, como se advierte de la siguiente imagen:******************** (Foja 78).********************Registro de suministro de medicamento (biktarvy), del que se advierten firmas de recibo de la interna ********************, sin que pase desapercibido que del veintiséis al treinta de junio de dos mil veintidós, no recibió los medicamentos, como se advierte de la siguiente imagen:******************** (Foja 79).****************************************Papeleta de entrega de medicamento de fecha dos de noviembre de dos mil veintidós (foja 82), de la que se advierte la entrega de biktarvy (caja con 30 tabletas), señalando como término del mismo el dos de diciembre de dos mil veintidós, firmando de recibo la interna ********************.********************Papeleta de entrega de medicamentos (foja 85), de la que se advierte la entrega de metformina y glibenclamida (caja con 30 tabletas), señalando como término de los mismos el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, firmando de recibo la interna ********************.********************Formatos únicos de recetas expedidos por el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de fechas:********************Once de noviembre de dos mil veintiuno (foja 123).********************Ocho de diciembre de dos mil veintiuno (foja 122).********************Cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 126 y 127).********************Dos de junio de dos mil veintidós (foja 121).********************Trece de julio de dos mil veintidós (foja 120). ********************Diez de agosto de dos mil veintidós (foja 119). ********************Quince de agosto de dos mil veintidós (foja 118).********************Veintiocho de octubre de dos mil veintidós (foja 117).********************Exámenes de laboratorio de fechas:********************Veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 133 a 136).********************Catorce de abril de dos mil veintidós (foja 132). ********************Ocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 130 y 131).********************De todo lo anterior, se evidencian omisiones a cargo de la responsable conforme a su ámbito de competencia y respectivas atribuciones, destacando las siguientes:********************La última atención médica dentro del Centro penitenciario fue el diecinueve de octubre de dos mil veintidós.********************El último suministro de los medicamentos de metformina y glibenclamida, tenía como término de los mismos el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, sin que se advierta entrega posterior de los mismos después de esa fecha (hasta que por el otorgamiento de la suspensión de plano se volvieron a suministrar a la quejosa).********************El último suministro del medicamento de biktarvy (caja con 30 tabletas), tenía como término del mismo el dos de diciembre de dos mil veintidós, sin que se advierta entrega posterior del mismo después de esa fecha (hasta que por el otorgamiento de la suspensión de plano se volvió a suministrar a la quejosa).********************La última canalización en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) fue el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, sin que se advierta valoración posterior a esa data (hasta que por el otorgamiento de la suspensión de plano se volvió a canalizar a la quejosa).********************Los últimos exámenes de laboratorio realizados a la aquí quejosa fueron el ocho de octubre de dos mil veintidós.********************Sin que la responsable demostrara que, la quejosa recibió la atención médica para tratar sus padecimientos, así como la canalización al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en el mes de diciembre de dos mil veintidós y principios de enero del año en curso, es decir, antes de la presentación de la demanda de amparo.********************Siendo importante destacar que el suministro por parte de la autoridad penitenciaria del medicamento de biktarvy para su tratamiento relativo al ********************, tenía como término del mismo el dos de diciembre de dos mil veintidós (como se señaló en la constancia de entrega del mismo), volviéndose a suministrar el ocho de febrero de dos mil veintitrés.********************Así, como el diverso para el tratamiento de ********************, tenía como término del mismo el veintinueve de octubre de dos mil veintidós (como se señaló en la constancia de entrega del mismo), volviéndose a suministrar por parte de la autoridad penitenciaria el ocho de febrero de dos mil veintitrés.********************En tales condiciones y tomando en consideración los padecimientos médicos de la parte quejosa, se concluye que al restringirse la atención médica y el suministro de los medicamentos para tratar la diabetes (D********************, la autoridad vulneró el derecho fundamental de salud previsto en el artículo 4º constitucional, pues con ello, se pone en riesgo su integridad física, lo cual podría repercutir incluso en el menoscabo de su salud y vida.********************De ahí que se consideren fundados los argumentos de la quejosa, pues la autoridad responsable no ha cumplido con su deber de otorgar la atención médica y proveer el tratamiento adecuado a sus problemas de salud antes descritos, provocando con ello que se ponga en peligro su vida ante la falta de medicamentos que requiere para sus padecimientos.********************Sin que sea óbice que, con posterioridad a la presentación de la demanda, la responsable haya proporcionado la atención médica y los medicamentos respectivos a la quejosa, pues ello fue con motivo de la suspensión de plano decretada en el presente juicio y no motu proprio, como se dijo en los párrafos que anteceden.********************SEXTO. Efectos. Por lo expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, de conformidad con lo establecido por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS" Femenil Morelos, realice lo siguiente:********************1. En el ámbito de su competencia y atribuciones, de manera inmediata dicte las medidas necesarias para que:********************a) Se realice una valoración del estado actual derivado de los padecimientos que sufre la parte quejosa;********************b) Proporcione de inmediato atención médica adecuada para los padecimientos de diabetes (D********************;********************c) Garantice con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento del********************seguimiento de atención médica de la quejosa en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS); y,********************d) Provea lo conducente a fin de que en forma oportuna, permanente y constante se proporcione a la quejosa, sin interrupciones, los medicamentos para tratar sus padecimientos esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos.********************2. Lleve a cabo las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de que la quejosa continúe recibiendo la atención médica adecuada a su favor, así como los medicamentos indispensables a sus padecimientos, ello a efecto de preservar su salud.********************En la inteligencia que quedará a cargo de la responsable en el ámbito de su competencia y atribuciones, la obligación de garantizar la adecuada atención médica de manera oportuna en favor de la salud de la quejosa, así como verificar que no se repita la práctica violatoria sobre ese derecho a la salud, pues sólo de esta forma se logrará restituir cabalmente los derechos fundamentales infringidos a la parte quejosa.********************Resulta necesario precisar que, dada la naturaleza de los padecimientos de la parte quejosa, para efectos de cumplir con la ejecutoria de amparo, bastará con que la responsable haga el pronunciamiento respectivo en el sentido de que se acatará este fallo, remitiendo las constancias respectivas, con independencia de que en lo sucesivo, se provea todo lo necesario para el estricto cumplimiento de la ejecutoria respectiva en los términos señalados en la presente determinación.********************Lo anterior, sin que se soslaye que si en razón de sus funciones autoridades diversas deben tener intervención en el cumplimiento de esta ejecutoria, se encuentran igualmente obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia constitucional.********************SÉPTIMO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos.********************Por lo expuesto y fundado se resuelve:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.

  4. Principal

    ********************Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos.****************************************Ana Columba Contreras Martínez****************************************

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