María Victoria Pech Maldonado

Expediente 423/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
423/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • María Victoria Pech Maldonado
  • Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA VI.- Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que ha fenecido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, en contra de la determinación de siete de abril de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el aludido recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto y 214 "a contrario sensu" de la Ley de Amparo vigente, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. ACUERDO DE DEPURACIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio cuya sentencia concedió el amparo. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Por lo que, hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído veinticuatro de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; proveído en el que se le apercibió que en caso de que no hiciera manifestación alguna en el plazo de tres días, este Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa personalmente el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en su segundo punto resolutivo, se AMPARÓ Y PROTEGIÓ, a la quejosa ***, respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Esto es, en el fallo protector que amparó al referido quejoso, se determinó que la citada autoridad debía realizar los siguiente: De inmediato, autorice el auxilio de la fuerza pública, que le solicitó Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, mediante oficio 590/2020, de veintiséis de febrero del año en curso, en el expediente 488/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por la quejosa, a fin de ejecutar el convenio transaccional de desocupación y entrega que celebró como propietaria con ***, como ocupante, respecto del predio número noventa y nueve letra B, de la calle dieciocho, de la localidad y municipio de Baca, Yucatán, y que sea desalojada la nombrada Pech Gómez del mismo. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio CJ/DCLP/OD/019/2021, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, informó que mediante diverso oficio DGOB/0387/2020 de veintiuno de septiembre de dos mil veinte dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado, le instruyó proporcionar de inmediato el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en los términos señalados en la sentencia dictada en este Juicio de amparo, adjuntando copia certificada del mismo. Posteriormente, por oficio SSP/DJ/8964/2021, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que la diligencia solicitada por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, mediante oficio 590/2020, de veintiséis de febrero del año en curso, en el expediente 488/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por la quejosa, a fin de ejecutar el convenio transaccional de desocupación y entrega que celebró como propietaria con Marianny Sucely Pech Gómez, como ocupante, con el apoyo de la fuerza pública autorizada por el Gobernador Constitucional del Estado en el diverso oficio DGOB/0387/2020 de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se desahogó el dos de marzo del año en curso, a las diez horas con treinta minutos, remitiendo al respecto el acta circunstanciada levantada por el actuario adscrito a dicho Juzgado, en la que consta que se dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Con lo antes considerado, se demuestra que la autoridad responsable realizó los requerimientos plasmados en la sentencia. Por tanto, es evidente que con ello se colma el derecho fundamental de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías constitucionales violadas, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo de mérito vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que puede interponer dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el recurso de inconformidad establecido en el primer numeral citado, y que una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE personalmente.

  3. Principal

    MESA VI.- Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos. En consecuencia, con fundamento en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes del oficio y anexo de cuenta, por el término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, remitiendo copia certificada de dicho oficio, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibidas que una vez transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado dictará la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA VI.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio 435/2021 de diecisiete de febrero del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos, en funciones de Juez tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, proveído en el que se apercibió a las partes que en caso de no hacer manifestación alguna en el término de tres días, éste Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de diecisiete de septiembre del año en curso, dictada por este Juzgado de Distrito, en su primer punto resolutivo SE SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo promovido por *** contra los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y en su segundo punto resolutivo AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la citada quejosa contra el acto que atribuyó al Gobernador Constitucional Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos siguientes: De inmediato, autorice el auxilio de la fuerza pública, que le solicitó Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, mediante oficio 590/2020, de veintiséis de febrero del año en curso, en el expediente 488/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por la quejosa, a fin de ejecutar el convenio transaccional de desocupación y entrega que celebró como propietaria con Marianny Sucely Pech Gómez, como ocupante, respecto del predio número noventa y nueve letra B, de la calle dieciocho, de la localidad y municipio de Baca, Yucatán, y que sea desalojada la nombrada Pech Gómez. Previos requerimientos, mediante oficio 435/2021 de diecisiete de febrero del año en curso, la Secretaria de Acuerdos, en funciones de Juez tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, comunicó que cumplió con los requerimientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de que esté en aptitud de proporcionar los elementos policíacos y ejecutar la orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública aprobada por el Gobernador del Estado. Ahora bien, de la lectura de las constancias antes relatadas, las cuales de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio; se considera que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria, en virtud de que, no acreditó haber llevado a cabo la diligencia ordenada con el auxilio de la fuerza pública, señalando los elementos policiacos que llevarán a cabo la diligencia solicitada. En consecuencia, la suscrita considera que la autoridad responsable está incurriendo en un defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo Vigente, en virtud de que no está cumpliendo con los lineamientos precisados en la sentencia ejecutoriada. Por tanto, lo procedente en el caso es requerir a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo, en los términos señalados en la sentencia amparadora, esto es: 1. El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, deberá: a) Llevar a cabo la diligencia ordenada con el auxilio de la fuerza pública, señalando fecha y hora para su desahogo y a los elementos policiacos que llevarán a cabo la diligencia solicitada. Por lo que en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo Vigente, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados, debiendo remitir las constancias debidamente certificadas que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cien valores diarios... de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la referida Ley de Amparo, y asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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