María Victoria Najera Pérez

Expediente 705/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
705/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • María Victoria Najera Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 6635/2023 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 705/2023, interpuesto por la promovente Maria Victoria Nájera Pérez, contra el auto de desechamiento del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Hágase saber a las partes que la superioridad resolvió: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja" Acúsese el recibo correspondiente. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. lll. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto del correcto llenado del libro de control electrónico. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Durango, Durango, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. I. Recurso de queja. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa María Victoria Nájera Pérez, mediante el cual con fundamento en lo establecido en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja, contra el auto de fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de garantías. II. Se rinde informe justificado. En aras de dilaciones procesales innecesarias, al no notificarse a tercero interesado alguno en el presente juicio, ríndase el informe, reconociendo que en la data indicada en el punto anterior se dictó el auto recurrido. A guisa de informe, transcríbase el presente acuerdo para ser comunicado por conducto del secretario de juzgado, a quien se autoriza a suscribir el oficio correspondiente. III. Cuaderno de antecedentes. De conformidad con el artículo 3 de la citada legislación reglamentaria, toda vez que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, de manera que las actuaciones del cuaderno físico se encuentran integradas en aquél, entre ellas, la demanda, la resolución de doce de abril de dos mil veintitrés y escrito de revisión, es innecesario formar el cuaderno de antecedentes relativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025908 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 73/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo III, página 2704 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES INNECESARIO QUE OBRE SU COPIA EN EL CUADERNO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si es necesario que en el cuaderno principal del juicio de amparo obre agregada copia del recurso de revisión, llegaron a posturas contrarias, pues mientras uno de ellos concluyó que sí es necesaria dicha reproducción en el expediente, el otro estimó lo contrario. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que es innecesario que la reproducción del recurso de revisión obre en el cuaderno principal del juicio de amparo, dado que no es indispensable para la tramitación y solución del recurso. Justificación: El artículo 88, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, establece como requisito para el trámite del recurso de revisión que se anexe una copia de los agravios al expediente principal, además de las necesarias para correr traslado a las partes; en caso de no hacerlo, no obstante que medie requerimiento al respecto, se tendrá por no interpuesto. Tal imperativo tiende a que quede constancia del recurso de revisión en el cuaderno principal del juicio de amparo. Sin embargo, no es necesario que la copia del recurso obre agregada en el expediente de amparo, ya que el recurso no se resuelve en el indicado cuaderno principal, sino que se hace por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito en el respectivo toca a su cargo, donde obra el original, por lo que el hecho de que no quede en el sumario la reproducción aludida no afecta el trámite y la solución de ese medio de defensa. De ahí que no sea forzoso que en el expediente del juicio de amparo quede constancia de los agravios, pues su ausencia nada afecta para la debida integración y solución del asunto, por lo que entonces no debe ser requerida por el órgano jurisdiccional respectivo. Contradicción de criterios 223/2022. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 16 de noviembre de 2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver la queja 29/2016, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 178/2022. Tesis de jurisprudencia 73/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil veintidós. Nota: De la sentencia que recayó a la queja 29/2016, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, derivó la tesis aislada I.2o.A.E.7 K (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN, COPIA PARA EL EXPEDIENTE. EL ARTÍCULO 88, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE AMPARO, VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de agosto de 2016 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo IV, agosto de 2016, página 2694, con número de registro digital: 2012220. Esta tesis se publicó el viernes 3 de febrero de 2023 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 7 de febrero de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. IV. Remisión de constancias. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en turno, el escrito original de agravios, copia certificada del auto recurrido, de la constancia de su notificación y las demás que se consideren necesarias para apoyar el referido informe, para lo que tenga a bien determinar respecto del recurso de que se trata.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete. ll. Desechamiento. Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse por las siguientes consideraciones. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Actos intraprocesales dentro de juicio. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la Ley de Amparo, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza; por tanto, Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda o incidente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley de Amparo preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación que ahora alega deberá combatirla mediante el medio de impugnación que corresponda o, en su caso, por medio del juicio de amparo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, sólo es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. En el caso, la parte quejosa señaló; como acto reclamado lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. El acuerdo del Magistrado Agrario en el Juicio Agrario número ********************, del día 25 y abril y notificado el día 2 de mayo en curso y que a la letra establece: Primero. Se tiene al demandado Edgar Refugio Diez Rubio en cumplimiento al acuerdo del 12 de abril curso, exhibiendo el original del contrato de cesión de catorce de julio de 2004 que celebro con Francisco Diez Mata. Resguárdese en el secreto del Tribunal y copia del mismo agréguese al expediente. Segundo. Queda a la vista de las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el acta 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese personalmente tuve que ser y cúmplase. Acuerdo que tiene su origen en la audiencia de fecha 12 de abril del año en curso dentro de los autos que integran el Juicio Agrario número ********************, en el cual el Magistrado Agrario, negó mi petición, para que el demandado físico se le declarara perdido su derecho para ofrecer pruebas de su reconvención conforme al artículos 182 ley agraria, ya que al momento de ofrecer probanzas no acompaño documento alguno, sin embargo el magistrado agrario, determino que no ha lugar y le otorga al señor Edgar Refugio Diez Rubio un término de tres días hábiles, MAS, para que exhiba el original de un contrato de fecha 14 de julio de 2004 que ofreció como prueba en su escrito de reconvención, acuerdo que a la letra dice: DÉCIMO PRIMERO. Por cuanto a la petición de que se declare perdido el derecho del reconvencionista a exhibir el documento, no ha lugar, por virtud de que de conformidad con el artículo 185 de la Ley Agraria, en relación con los numerales 186 y 187, aún no se ha cerrado la fase probatoria y las partes aún tiene expedito el derecho de ofrecer las pruebas de su interés, incluso el tribunal está en aptitud de requerir de oficio las que sean necesarias para la solución de la controversia a verdad sabida y en conciencia, con las facultades que le confiere los numerales 186, 188 y 189 de la Ley Agraria. Acuerdo que dicto cuando ya me habían emplazado con la reconvención y me habían corrido traslado, contraviniendo el Magistrado el numeral 182 ley agraria. Y que a juicio de la impetrante causa daños irreparables, al haber dado oportunidad al demandado de ofrecer pruebas cuando ya se había cerrado la etapa. Violando las normas esenciales del debido proceso agrario. Pues esa oportunidad de ofrecer pruebas de manera extemporánea, genera iniciar un juicio que debió haber terminado en ese momento al no ofrecer pruebas de su contrademanda, sujetándome a un juicio, que la agraviada ya había ganado, al permitir que la contraria perfecciones una probanza que no tenía y que debió haber ofertado en la etapa oportuna que los es cuando se reconviene y nunca pues según las normas agrarias procedimentales. (Transcripción literal) Constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal e Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo ******************** del índice administrativo de este juzgado, en el que la quejosa reclamó del Tribunal Unitario Agrario el proveído de fecha doce de abril del presente año, dictado en los autos que integran el juicio agrario número ********************, en el cual, contrario a lo solicitado por la parte quejosa en el sentido de tener por perdido el derecho de su contraparte en el juico de origen para ofrecer pruebas, la responsable concedió un término de tres días más a la parte demanda para que se exhibiera una prueba documental ofrecida come medio de prueba en su escrito de reconvención. El citado juicio ******************** el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, fue desechado por ser notoriamente improcedente la demanda presentada por la parte quejosa, toda vez que el proveído que reclamó no afectaba de manera alguna derechos sustantivos ya que el proveído reclamado solo conllevaba una afectación procesal. Ahora bien, en el presente juicio ******************** reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete en esta Ciudad, el proveído de fecha veinticinco de abril del presente año, dictado en los autos que integran el juicio agrario número ********************, en el cual, la responsable tuvo a la parte demanda exhibiendo como prueba documental de su intención el contrato de cesión celebrado el catorce de julio de dos mil cuatro. Prueba documental que le fue requerida al demandado mediante acuerdo del doce de abril de dos mil veintitrés. De lo anterior, se advierte que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, por lo siguiente: En efecto, dicha determinación tiene como efecto la continuación del procedimiento de origen, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento de la resolución definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses del solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. III. Señala domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Antonio Rodríguez Sosa, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Diana Edith Piña Muñiz y a Cinthya Aralí Piña Muñiz, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional de licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Proporciona correo. Asimismo, téngasele proporcionando correos electrónicos a fin de que se establezca contacto en los casos que se estime pertinente. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 35 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio con el usuario "********************". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 18/05/2023.Téngase por recibida la demanda promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete. ll. Desechamiento. Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse por las siguientes consideraciones. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Actos intraprocesales dentro de juicio. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la Ley de Amparo, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza; por tanto, Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda o incidente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley de Amparo preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación que ahora alega deberá combatirla mediante el medio de impugnación que corresponda o, en su caso, por medio del juicio de amparo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, sólo es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. En el caso, la parte quejosa señaló; como acto reclamado lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. El acuerdo del Magistrado Agrario en el Juicio Agrario número ********************, del día 25 y abril y notificado el día 2 de mayo en curso y que a la letra establece: Primero. Se tiene al demandado Edgar Refugio Diez Rubio en cumplimiento al acuerdo del 12 de abril curso, exhibiendo el original del contrato de cesión de catorce de julio de 2004 que celebro con Francisco Diez Mata. Resguárdese en el secreto del Tribunal y copia del mismo agréguese al expediente. Segundo. Queda a la vista de las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el acta 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese personalmente tuve que ser y cúmplase. Acuerdo que tiene su origen en la audiencia de fecha 12 de abril del año en curso dentro de los autos que integran el Juicio Agrario número ********************, en el cual el Magistrado Agrario, negó mi petición, para que el demandado físico se le declarara perdido su derecho para ofrecer pruebas de su reconvención conforme al artículos 182 ley agraria, ya que al momento de ofrecer probanzas no acompaño documento alguno, sin embargo el magistrado agrario, determino que no ha lugar y le otorga al señor Edgar Refugio Diez Rubio un término de tres días hábiles, MAS, para que exhiba el original de un contrato de fecha 14 de julio de 2004 que ofreció como prueba en su escrito de reconvención, acuerdo que a la letra dice: DÉCIMO PRIMERO. Por cuanto a la petición de que se declare perdido el derecho del reconvencionista a exhibir el documento, no ha lugar, por virtud de que de conformidad con el artículo 185 de la Ley Agraria, en relación con los numerales 186 y 187, aún no se ha cerrado la fase probatoria y las partes aún tiene expedito el derecho de ofrecer las pruebas de su interés, incluso el tribunal está en aptitud de requerir de oficio las que sean necesarias para la solución de la controversia a verdad sabida y en conciencia, con las facultades que le confiere los numerales 186, 188 y 189 de la Ley Agraria. Acuerdo que dicto cuando ya me habían emplazado con la reconvención y me habían corrido traslado, contraviniendo el Magistrado el numeral 182 ley agraria. Y que a juicio de la impetrante causa daños irreparables, al haber dado oportunidad al demandado de ofrecer pruebas cuando ya se había cerrado la etapa. Violando las normas esenciales del debido proceso agrario. Pues esa oportunidad de ofrecer pruebas de manera extemporánea, genera iniciar un juicio que debió haber terminado en ese momento al no ofrecer pruebas de su contrademanda, sujetándome a un juicio, que la agraviada ya había ganado, al permitir que la contraria perfecciones una probanza que no tenía y que debió haber ofertado en la etapa oportuna que los es cuando se reconviene y nunca pues según las normas agrarias procedimentales. (Transcripción literal) Constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal e Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo ******************** del índice administrativo de este juzgado, en el que la quejosa reclamó del Tribunal Unitario Agrario el proveído de fecha doce de abril del presente año, dictado en los autos que integran el juicio agrario número ********************, en el cual, contrario a lo solicitado por la parte quejosa en el sentido de tener por perdido el derecho de su contraparte en el juico de origen para ofrecer pruebas, la responsable concedió un término de tres días más a la parte demanda para que se exhibiera una prueba documental ofrecida come medio de prueba en su escrito de reconvención. El citado juicio ******************** el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, fue desechado por ser notoriamente improcedente la demanda presentada por la parte quejosa, toda vez que el proveído que reclamó no afectaba de manera alguna derechos sustantivos ya que el proveído reclamado solo conllevaba una afectación procesal. Ahora bien, en el presente juicio ******************** reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete en esta Ciudad, el proveído de fecha veinticinco de abril del presente año, dictado en los autos que integran el juicio agrario número ********************, en el cual, la responsable tuvo a la parte demanda exhibiendo como prueba documental de su intención el contrato de cesión celebrado el catorce de julio de dos mil cuatro. Prueba documental que le fue requerida al demandado mediante acuerdo del doce de abril de dos mil veintitrés. De lo anterior, se advierte que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, por lo siguiente: En efecto, dicha determinación tiene como efecto la continuación del procedimiento de origen, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento de la resolución definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses del solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. III. Señala domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Antonio Rodríguez Sosa, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Diana Edith Piña Muñiz y a Cinthya Aralí Piña Muñiz, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional de licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Proporciona correo. Asimismo, téngasele proporcionando correos electrónicos a fin de que se establezca contacto en los casos que se estime pertinente. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 35 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio con el usuario "********************". Notifíquese personalmente.

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