María Victoria Maya Acevedo

Expediente 321/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
321/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • María Victoria Maya Acevedo
  • Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Diversos Jannet Cruz Novoa, de la Fiscalía Regional Zona Oriente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión definitiva, se determinó negarla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos: En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase a la autoridad responsable, los anexos que remitió como complemento a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa , el contenido de la determinación de fecha TRECE de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: VISTO, para resolver el juicio de amparo 321/2022, promovido por ******************** contra actos de la agente del ministerio público titular de la Unidad Investigadora de Delitos Diversos de la Fiscalía General del estado de Morelos; y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós, ante los buzones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Agente del ministerio público titular de la Unidad Investigadora de Delitos Diversos de la Fiscalía General del estado de Morelos "De la Autoridad responsable se reclaman los actos de molestia, que surgen de la investigación que realiza en la carpeta de investigación número ********************, en la cual el suscrito no forma parte, ni como denunciante, ni como imputado, por lo cual se me está afectando en mi propiedad y posesión, sin ser sujeta a una investigación penal, resultando afectados mi derecho a la propiedad y la posesión del inmueble identificado como ********************, ubicado en ********************, investigación de la cual tuve conocimiento el día 18 de febrero del 2022, cuando perito en materia de topografía y fotografía, adscrito a la fiscalía de la regional oriente, se presentó a mi propiedad, pretendiendo entrar en mi inmueble, sin razón alguna" [sic]. Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos Perito en materia de Topografía y Fotografía adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional Oriente SEGUNDO. El quince de marzo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 321/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La pericial ordenada en la carpeta de investigación ********************, sobre el predio rústico denominado "********************", ubicado en la ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados rendidos; lo que se robustece con las copias certificadas exhibidas por el Director Regional de Servicios Periciales de la Zona Oriente, de la Fiscalía General del estado de Morelos, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. En ese sentido, conviene precisar que las autoridades responsables en sus informes justificados aceptaron que, con motivo de las diligencias de investigación ordenadas por la agente del ministerio público que conoce de la carpeta de investigación ********************, a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos, se designó a un perito en materia de topografía y fotografía, con la finalidad de que ese experto emita el dictamen correspondiente en los términos solicitados en esa indagatoria. Sin embargo, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el perito designado informó la imposibilidad que tuvo para realizar la pericial solicitada en virtud de que se le impidió el acceso al inmueble objeto de la prueba. Ahora la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, con el propósito de impedir que se lleve alguna otra diligencia en su domicilio, ya que se ostenta como propietaria del predio rústico denominado "********************", ubicado al sur del municipio de********************clasificado catastralmente con la clave********************ubicado en la carretera federal "********************", en el municipio de Atlatlahuacan, Morelos. Para acreditar su dicho, pretendió ofrecer como prueba una copia supuestamente certificada del instrumento notarial ********************, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, otorgado ante la fe de Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario Público número Uno, de la Sexta Demarcación Notarial del estado de Morelos; y anexos. Sin embargo, este juzgador no puede conceder valor probatorio pleno a ese instrumento notarial, debido a que no se tiene la certeza de que efectivamente sea copia certificada, pues la primera hoja de ese documento es una copia fotostática a color, y que por lo tanto, no cuenta con las formalidades que debe reunir una copia certificada, como lo es, el sello estampado del notario que dio fe de la certificación; circunstancia que afecta la validez de esa copia certificada. Lo mismo ocurre con el anexo de la copia supuestamente certificada, consistente en la declaración para el pago de impuestos sobre adquisición de inmuebles número 3329, que también resulta ser una copia fotostática a color. Ahora bien, se insiste en que no puede concederse valor probatorio pleno a ese documento, ya que carece del sello del notario que expidió la certificación respectiva, para lo cual, resulta oportuno invocar el artículo 80 de la Ley del Notariado del estado de Morelos, que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 80. El sello del Notario se imprimirá en el ángulo superior izquierdo del anverso de cada hoja de los folios del Libro o Libros de Protocolo y en cada folio que se vaya a utilizar; deberá imprimirse también cada vez que el Notario autorice una escritura, acta, testimonio, certificación, o cualquier otro instrumento notarial en los términos de la presente Ley". El artículo anterior prevé que el sello de las personas notarias del estado de Morelos deberá plasmarse en el ángulo superior izquierdo del anverso de cada hoja y deberá imprimirse cada vez que se autorice una escritura, acta, testimonio, certificación, o cualquier otro instrumento notarial en los términos de esa ley. En este caso, debido a que no todas las hojas de la copia certificada ofrecida por la parte quejosa cuentan con el sello del Notario Público número Uno de la Sexta Demarcación Notarial del estado de Morelos, puede afirmarse que carecen de una formalidad que invariablemente deben tener para la expedición de una certificación; circunstancia que afecta la validez de esa copia certificada. Así, este juzgador considera que no se acredita de manera fehaciente la posesión del predio rústico denominado "********************", ubicado al sur del municipio de********************clasificado catastralmente con la clave********************ubicado en la carretera federal "********************", en el municipio de Atlatlahuacan, Morelos; y por ende, la promovente carece de interés jurídico para promover el presente juicio. En efecto, de conformidad con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la persona quejosa se ostente como persona extraña a un juicio, a fin de acreditar su posesión y que esta sea objeto de protección en el amparo indirecto, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Si bien, el presente asunto no se trata de un juicio civil en el que la parte quejosa aduzca ser tercera extraña, sino del desahogo de una prueba pericial ordenada en la carpeta de investigación ********************, de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos, resultan aplicables las razones de la decisión del Máximo Tribunal del país, ya que para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Dicho en otras palabras, debe averiguarse si esa posesión se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. De no existir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que fundada y razonablemente produzca la convicción de la posesión, ese derecho no puede ser tutelado en este juicio. Para pronta referencia, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En el presente asunto, las documentales exhibidas por la parte quejosa no reúnen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerarlas como un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, pues no producen una convicción del derecho cuya vulneración se reclama, al no amparar de manera fehaciente la causa generadora de la posesión que se aduce en el escrito de demanda. En tales condiciones, no puede considerarse que las documentales exhibidas por la parte quejosa sean suficientes para reconocerle el carácter de propietaria del inmueble sobre el cual se realizará la pericial ordenada en la carpeta de investigación ********************, lo que se traduce en una falta de interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que da fe, hasta hoy trece de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 321/2022, promovido por ******************** contra actos de la agente del ministerio público titular de la Unidad Investigadora de Delitos Diversos de la Fiscalía General del estado de Morelos; y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós, ante los buzones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Agente del ministerio público titular de la Unidad Investigadora de Delitos Diversos de la Fiscalía General del estado de Morelos "De la Autoridad responsable se reclaman los actos de molestia, que surgen de la investigación que realiza en la carpeta de investigación número ********************, en la cual el suscrito no forma parte, ni como denunciante, ni como imputado, por lo cual se me está afectando en mi propiedad y posesión, sin ser sujeta a una investigación penal, resultando afectados mi derecho a la propiedad y la posesión del inmueble identificado como ********************, ubicado en ********************, investigación de la cual tuve conocimiento el día 18 de febrero del 2022, cuando perito en materia de topografía y fotografía, adscrito a la fiscalía de la regional oriente, se presentó a mi propiedad, pretendiendo entrar en mi inmueble, sin razón alguna" [sic]. Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos Perito en materia de Topografía y Fotografía adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional Oriente SEGUNDO. El quince de marzo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 321/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La pericial ordenada en la carpeta de investigación ********************, sobre el predio rústico denominado "********************", ubicado en la ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados rendidos; lo que se robustece con las copias certificadas exhibidas por el Director Regional de Servicios Periciales de la Zona Oriente, de la Fiscalía General del estado de Morelos, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. En ese sentido, conviene precisar que las autoridades responsables en sus informes justificados aceptaron que, con motivo de las diligencias de investigación ordenadas por la agente del ministerio público que conoce de la carpeta de investigación ********************, a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos, se designó a un perito en materia de topografía y fotografía, con la finalidad de que ese experto emita el dictamen correspondiente en los términos solicitados en esa indagatoria. Sin embargo, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el perito designado informó la imposibilidad que tuvo para realizar la pericial solicitada en virtud de que se le impidió el acceso al inmueble objeto de la prueba. Ahora la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, con el propósito de impedir que se lleve alguna otra diligencia en su domicilio, ya que se ostenta como propietaria del predio rústico denominado "********************", ubicado al sur del municipio de********************clasificado catastralmente con la clave********************ubicado en la carretera federal "********************", en el municipio de Atlatlahuacan, Morelos. Para acreditar su dicho, pretendió ofrecer como prueba una copia supuestamente certificada del instrumento notarial ********************, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, otorgado ante la fe de Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario Público número Uno, de la Sexta Demarcación Notarial del estado de Morelos; y anexos. Sin embargo, este juzgador no puede conceder valor probatorio pleno a ese instrumento notarial, debido a que no se tiene la certeza de que efectivamente sea copia certificada, pues la primera hoja de ese documento es una copia fotostática a color, y que por lo tanto, no cuenta con las formalidades que debe reunir una copia certificada, como lo es, el sello estampado del notario que dio fe de la certificación; circunstancia que afecta la validez de esa copia certificada. Lo mismo ocurre con el anexo de la copia supuestamente certificada, consistente en la declaración para el pago de impuestos sobre adquisición de inmuebles número 3329, que también resulta ser una copia fotostática a color. Ahora bien, se insiste en que no puede concederse valor probatorio pleno a ese documento, ya que carece del sello del notario que expidió la certificación respectiva, para lo cual, resulta oportuno invocar el artículo 80 de la Ley del Notariado del estado de Morelos, que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 80. El sello del Notario se imprimirá en el ángulo superior izquierdo del anverso de cada hoja de los folios del Libro o Libros de Protocolo y en cada folio que se vaya a utilizar; deberá imprimirse también cada vez que el Notario autorice una escritura, acta, testimonio, certificación, o cualquier otro instrumento notarial en los términos de la presente Ley". El artículo anterior prevé que el sello de las personas notarias del estado de Morelos deberá plasmarse en el ángulo superior izquierdo del anverso de cada hoja y deberá imprimirse cada vez que se autorice una escritura, acta, testimonio, certificación, o cualquier otro instrumento notarial en los términos de esa ley. En este caso, debido a que no todas las hojas de la copia certificada ofrecida por la parte quejosa cuentan con el sello del Notario Público número Uno de la Sexta Demarcación Notarial del estado de Morelos, puede afirmarse que carecen de una formalidad que invariablemente deben tener para la expedición de una certificación; circunstancia que afecta la validez de esa copia certificada. Así, este juzgador considera que no se acredita de manera fehaciente la posesión del predio rústico denominado "********************", ubicado al sur del municipio de********************clasificado catastralmente con la clave********************ubicado en la carretera federal "********************", en el municipio de Atlatlahuacan, Morelos; y por ende, la promovente carece de interés jurídico para promover el presente juicio. En efecto, de conformidad con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la persona quejosa se ostente como persona extraña a un juicio, a fin de acreditar su posesión y que esta sea objeto de protección en el amparo indirecto, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Si bien, el presente asunto no se trata de un juicio civil en el que la parte quejosa aduzca ser tercera extraña, sino del desahogo de una prueba pericial ordenada en la carpeta de investigación ********************, de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente de la Fiscalía General del estado de Morelos, resultan aplicables las razones de la decisión del Máximo Tribunal del país, ya que para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Dicho en otras palabras, debe averiguarse si esa posesión se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. De no existir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que fundada y razonablemente produzca la convicción de la posesión, ese derecho no puede ser tutelado en este juicio. Para pronta referencia, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En el presente asunto, las documentales exhibidas por la parte quejosa no reúnen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerarlas como un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, pues no producen una convicción del derecho cuya vulneración se reclama, al no amparar de manera fehaciente la causa generadora de la posesión que se aduce en el escrito de demanda. En tales condiciones, no puede considerarse que las documentales exhibidas por la parte quejosa sean suficientes para reconocerle el carácter de propietaria del inmueble sobre el cual se realizará la pericial ordenada en la carpeta de investigación ********************, lo que se traduce en una falta de interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que da fe, hasta hoy trece de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Investigadora de Delitos Diversos, residente en Cuautla Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa a su informe justificado de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar los anexos que correspondan por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Ahora, toda vez que del contenido de las constancias remitidas se advierte que contiene información reservada y confidencial de conformidad con los artículos 110, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo tanto, no deberá darse a conocer su contenido; lo anterior a fin de asegurar la información contenida en el mismo, para los efectos legales conducentes. Asimismo, considerando la naturaleza del acto reclamado y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a las partes el acceso a las constancias exhibidas por la autoridad oficiante, únicamente para su consulta; sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Ello no implica que este juzgador realice una desclasificación, sino que, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa es que se hace de su conocimiento, para que haga valer lo que a su derecho convenga, sin que por ese motivo la información de referencia se esté haciendo pública, pues únicamente se puso a la vista de las partes que intervienen en este juicio, no el público en general (terceros); máxime que al momento de verificar su contenido se advierte que dicha documentación es materia de la litis. Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen "INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva". Así como la tesis 1ª.XXXVII/2006, visible en la página 650, del tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario -que la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros gobernados- equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos subjetivos". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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