María Victoria López López
Expediente 137/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María Victoria López López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó fuera de audiencia en el presente; ello, ya que la responsable sólo podrá interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ella se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables. En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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