María Victoria Limón Orduña

Expediente 378/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
378/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • María Victoria Limón Orduña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo. Finalmente, remítanse al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás de Romero, los cuatro anexos del expediente 54/2013 en copia certificada que adjuntó como complemento a su informe con justificación. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las once horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día fijados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 378/2021-VII, en audiencia pública Erandi Paulina Fuentes Chávez, secretaria en funciones de jueza del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el doce de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2597/2021, asistida de Julio César Tolentino Trejo Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la diligencia sin que sea necesaria la asistencia de la partes, ya sea física o virtualmente a través de videoconferencia, en virtud que tanto sus pruebas como alegatos los pudieron hacer vale por escrito, a fin de acatar lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de continuar con un esquema de trabajo en el que se evite la concentración de personas en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor provocada por el virus COVID-19. Primeramente, si bien a J. Apolinar Gregorio Zúñiga también conocido como Apolinar Gregorio Zúñiga, le recae el carácter de tercero interesado, en términos del ordinal 5, fracción III, inciso B, de la Ley de Amparo, se considera que no es necesario su emplazamiento a este sumario, toda vez que al efectuar un estudio anticipado del presente juicio, la resolución que se emita no será desfavorable a sus intereses y, por ende, su falta de llamamiento no representaría una violación procesal que le deje sin defensas. Estimar lo contrario y diferir esta audiencia constitucional, traería consigo un retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, en términos del criterio contenido en la tesis P. V/98 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 45, registro 196912, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LARESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas. Por otra parte, se abre el periodo probatorio en el que se da cuenta con las pruebas que obran en autos y, al respecto, la Secretaria en funciones de Jueza acuerda: que de conformidad con los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas dichas probanzas en razón de su propia y especial naturaleza y, al no existir alguna pendiente por desahogar, procede a cerrar este periodo. A continuación, se abre la fase de alegatos en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de dicho derecho; por ende, la Secretaria en funciones de Jueza determina, cerrar dicho periodo. En esas condiciones, conforme al ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al dictado de la resolución correspondiente: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 378/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el tres de mayo de esta anualidad, recepcionado el cuatro siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, es decir, el seis posterior, a este juzgado, María Victoria Limón Orduña, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Desechamiento y recurso de queja. Del expediente al rubro citado tocó conocer a este juzgado, por lo que mediante auto de diez de mayo de este año se desechó estimando actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, al tratarse de actos dictados en ejecución de sentencia, sin que éste constituyera la última resolución emitida en dicha etapa. Sin embargo, la parte quejosa interpuso recurso de queja, y mediante ejecutoria de ocho de julio de la presente anualidad se declaró fundado dicho medio de impugnación, esencialmente bajo el argumento de que la causal de improcedencia que se estimó actualizada no operaba, atento a que se soslayó que existe diversa determinación del expediente de origen en el que, en otro acuerdo distinto al reclamado, había determinado lo atinente a la imposibilidad de continuar con la ejecución de la sentencia en razón de que el inmueble litigioso estaba inscrito a favor de un tercero. Tercero. Trámite. Por tanto, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó parcialmente el escrito inicial respecto al Secretario Judicial de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México; asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables: - La resolución dictada el ocho de abril de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado del procedimiento especial sobre divorcio incausado 54/2013, que confirmó el auto de tres de marzo de esta anualidad, en el que no se acordó de conformidad la solicitud de inscripción en el registro público de la propiedad del inmueble ubicado en calle California, número 4, colonia Vicente Guerrero, Nicolás Romero, Estado de México, remitiendo al efecto al contenido de la diversa interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. - La notificación de esa interlocutoria. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza y Notificadora adscritas al Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México (promociones 9255 y 9322); pues al rendir su respectivo informe justificado aceptaron su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad enunciada en primer término, relativas a copia certificada de los autos del controvertido de origen, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Procedencia del juicio. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En el caso, se advierte en la hipótesis la actualización de la causa de improcedencia comprendida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Primeramente debe decirse que los órganos de Justicia Federal facultados para crear criterios interpretativos que en forma de precedente tienen obligatoriedad para las autoridades jurisdiccionales del país, han estimado que la relación sistemática que deriva de los supuestos normativos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, radica un motivo de improcedencia distinto de los que en dichas porciones normativas se encuentran expresamente reguladas, como lo es el supuesto de ineficacia de la acción constitucional conocida como acto derivado de otro consentido, que lo sostiene la tesis III.1°.A.11 K, con número de registro 202345, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582 del tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". De igual forma resulta ilustrativa la tesis con número registro 230859, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 52, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". En adición, también es necesario precisar que la funcionalidad de la hipótesis de improcedencia que se comenta lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal causal es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a) La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b) La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el hecho primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el acto anterior o primario; esto es, que el derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c) Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. En armonía con lo expuesto es menester apuntar que para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -se entiende por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- a través del juicio de amparo, de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la hipótesis de imposibilidad que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de amparo que exige forzosamente la existencia de un perjuicio cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el juicio de amparo, porque la naturaleza misma de éste es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludible la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo. Presupuesto que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo, y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa- (esto es, que no se haya promovido el juicio de amparo). Pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque sería imposible considerar que se consintió algo que era inexistente, sin ser la nada materia de consentimiento. Para una mejor comprensión de este punto, conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; luego, el Diccionario de la Lengua Española, define al primer vocablo como "Del participio de consentir". "Consentir. (.) 4. tr. Der. Otorgar, obligarse. 5. tr. Der. Arg. Acatar una resolución judicial o administrativa sin interponer contra ella los recursos disponibles (.)"; además, precisa que es sinónimo de tolerar, acceder, admitir, conformarse, entre otros; y en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica: "Del participio de derivar". "Derivar. Dicho de una cosa: Tener su origen en otra. U. t. c. prnl". En ese sentido debe entenderse que por consentido implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto -beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. De todo lo hasta aquí expuesto, se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia en estudio, el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). En la hipótesis, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado de las autoridades responsables Jueza y Notificadora adscritas al Juzgado Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, consisten en: la resolución dictada el ocho de abril de dos mil veintiuno en el incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado del procedimiento especial sobre divorcio incausado 54/2013, que confirmó el auto de tres de marzo de esta anualidad, en el que no se acordó de conformidad la solicitud de inscripción en el registro público de la propiedad del inmueble ubicado en calle California, número 4, colonia Vicente Guerrero, Nicolás Romero, Estado de México, remitiendo esencialmente al contenido de la diversa interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; y como consecuencia, su notificación. A efecto de establecer la actualización de la causal de improcedencia, resulta pertinente la cita de los siguientes antecedentes relevantes: - Seguido el cauce del controvertido de origen, el trece de febrero de dos mil trece se dictó sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial en el divorcio incausado 54/2013, instado por María Victoria Limón Orduña contra J. Apolinar Gregorio Zúñiga también conocido como Apolinar Gregorio Zúñiga. - Como resultado de la promoción del incidente de liquidación conyugal promovido por ella, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en esencia, se aprobó el inventario propuesto por la actora incidentista, declarando que el inmueble ubicado en calle California, número 4, colonia Vicente Guerrero, Nicolás Romero, Estado de México, correspondía a ambos litigantes en partes iguales, ordenando fijar cita para la junta a efecto de que se pusieran de acuerdo en la forma en que habría de llevarse a cabo la partición de bienes. - Ante la incomparecencia del demandado incidentista a la junta en mención, procedieron a la designación de peritos para el avalúo, mismos que ya obran y de los que se les tuvo por precluido el derecho de las partes para objetar el dictamen correspondiente. - En auto de tres de noviembre de dos mil veinte, ante la petición de la actora incidentista de señalar fecha para la primera almoneda pública de remate y venta del bien materia del incidente, se le tuvieron por hechas las manifestaciones y exhibido el certificado de libertad o inexistencia de gravamen, sin embargo, atento a que de dicha documental se advirtió que se pretende liquidar un inmueble que aparece inscrito como propiedad de la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México, la Jueza apuntó que no era dable en ese momento la liquidación pretendida, dejando a salvo los derechos de las partes para que hicieran valer en la vía y forma que consideren oportuna la inscripción a su favor de tal inmueble; proveído que fue recurrido mediante el recurso de revocación, mismo que fue resuelto en interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte en el sentido de ser infundados los agravios planteados confirmando el acuerdo reprochado, por lo que aquélla determinación adquirió firmeza. -La actora incidentista ingresó ante la jueza de origen un escrito solicitando se girara oficio a la autoridad registral para el efecto de la inscripción del inmueble como de su propiedad atendiendo a que aduce que la interlocutoria citada de veinte de mayo de dos mil diecinueve tiene efectos constitutivos de su propiedad y posesión sobre aquél. -Petición a la que recayó el proveído de tres de marzo de esta anualidad, en el que no se acordó de conformidad la solicitud de inscripción en el registro público de la propiedad del inmueble remitiendo al efecto al contenido de la diversa interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Mismo que dicha incidentista recurrió en revocación y, mediante la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, la Jueza de origen confirmó el citado auto, la cual fue notificada por la fedataria adscrita al juzgado del conocimiento el doce siguiente. RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE AQUÍ EL ACTO RECLAMADO, Y EN VÍA DE CONSECUENCIA, SU NOTIFICACIÓN. En ese contexto, de lo expuesto por la parte quejosa se observa que el acto reclamado destacado que se analiza en el presente juicio, tuvo su origen y no es más que una consecuencia directa del auto de tres de noviembre de dos mil veinte, emitido ante la exhibición del certificado de libertad o inexistencia de gravamen se advirtió que se pretende liquidar el citado inmueble del que se encuentra inscrito como propietaria la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México, en el que la Jueza apuntó que no era dable en ese momento la liquidación pretendida, dejando a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía y forma que consideren oportuna la inscripción a su favor de tal bien raíz, acuerdo que fue confirmado en el recurso de revocación mediante interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte adquirió firmeza. Siendo esa la primera determinación, que en su caso, realmente le irrogaba perjuicio y que de ser la hipótesis para efectos del juicio de amparo en vía de excepción lo hacía procedente, al negar en su totalidad la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada, tratándose así de un caso análogo a la resolución que en dicha etapa declara la imposibilidad para cumplirla; resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/65 (9a.), registro 160336, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4277, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, de rubro y texto siguiente: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA TOTALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, ES UN CASO ANÁLOGO A LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIRLA Y PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO." De ahí que la peticionaria del amparo tuvo conocimiento del acto primario desde el tres de noviembre de dos mil veinte, y al no promover el juicio de amparo en contra de éste, por ende, se considera consentido. Dicho de otro modo, debe decirse que lo que en realidad deparaba perjuicio a la parte quejosa dicho proveído de tres de noviembre de dos mil veinte al negar ya la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada, pues es análoga a la resolución que declara la imposibilidad para cumplirla, sin que ella sea la última dictada en la etapa de ejecución; máxime que al recurrirla mediante la revocación, es preciso destacar que expresó su consentimiento lo que indirectamente dio origen al acto reclamado en este juicio atento a que si bien interpuso dicho recurso ordinario ante la juez del proceso, lo cierto es que agotado aquél, no promovió juicio de amparo. Por tanto, la resolución que por esta vía impugna, no es más que una consecuencia directa e inmediata del auto emitido el tres de noviembre de dos mil veinte, donde se generó el perjuicio del que se duele la parte quejosa. En ese sentido, si la justiciable consintió tal proveído al abstenerse de impugnar mediante juicio de amparo una vez resuelta la revocación que interpuso, debe considerarse también como consentida la negativa a continuar con la liquidación respecto al inmueble afecto al expediente de origen, y al ser el acto reclamado combatido en el presente asunto, una consecuencia de aquél, es inconcuso que opera la causal de improcedencia invocada; lo que implica que también no amerite estudio el diversos acto reclamado consistente en la notificación, por no haberse combatido por vicios propios, y al resultar ser una consecuencia directa del citado auto de tres de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, como anticipadamente se mencionó al haberse actualizado la causa de improcedencia aludida, se sobresee en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado rendido por la Notificadora adscrita al Juzgado Sexto Civil de primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Villa Nicolás Romero, Estado de México, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, en términos de la fracción XIX, del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus Covid-19, téngase como correo electrónico el que indica a fin de que este Juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Notifíquese

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado rendido por la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad las documentales que anexa a su oficio de cuenta. Por lo cual, con dichas constancias fórmense los anexos correspondientes como tomos de pruebas I, II, III y IV. Asimismo, este juzgado toma en consideración el correo electrónico en el cual se le pueden realizar notificaciones, en los casos en que se estime necesario. Notifíquese.

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