María Víctoria Hernández Cruz
Expediente 1022/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Víctoria Hernández Cruz
- Hermilia Ramón de la Cruz
- Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María Victoria Hernández Cruz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos en original o certificados que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la sala responsable, el toca civil 217/2021-II; copia certificada del incidente de ejecución de sentencia; copia certificada del cuaderno de amparo indirecto 1798/2015-II, y copia certificada del expediente 157/2014, y al juzgado responsable, hágase devolución de la copia certificada del expediente número 157/2014; copia certificada del cuaderno de amparo indirecto número 1798/2015-II; copia certificada del cuadernillo de incidente de ejecución de sentencia sin número, y copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia sin número, que remitieron como apoyo a su informe justificado, los cuales se manejaron por cuerda separada. Ahora, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1022/2021-2, promovido por María Victoria Hernández Cruz, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el treinta y uno siguiente en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el uno de septiembre del aludido año, María Victoria Hernández Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 217/2021-II, así como la ejecución de la misma. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1022/2021-2; se ordenó requerir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó a los terceros interesados Hermila Román de la Cruz y Juan Miguel Ulín Román. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 217/2021-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, así como la ejecución de la misma. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido las autoridades responsables en los informes justificados, lo que se corrobora con (1) el Toca civil 217/2021-II; (2) la copia certificada del incidente de ejecución de sentencia; (3) la copia certificada del cuaderno de amparo indirecto 1798/2015-II; y, (4) la copia certificada del expediente 157/2014. Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como se estableció en su oportunidad, la impetrante reclama la resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca 217/2021-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, así como la ejecución de la misma. La aludida determinación se apoyó en las siguientes consideraciones: ". Este Colegiado no comparte la decisión de la primera instancia y por lo tanto le asiste la razón a la parte apelante, ya que se aprecia de la resolución combatida que la a quo declaró la compensación de las costas, al decretar la caducidad de la instancia, sosteniendo que la parte demandada incidentada dio contestación a la demanda incidental, oponiendo excepciones al respecto, sin embargo dicha decisión es contraria a lo establecido en la fracción II, inciso j) del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, ya que de la literalidad de dicho ordenamiento jurídico, no se aprecia que imponga la citada figura en el caso de que se decrete la caducidad de la instancia, pues a la letra establece: . De la transcripción anterior, dicho ordenamiento lo que establece es que, las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad de la primera instancia, sin que imponga excepción alguna a dicha regla, o sea, que pueden compensarse en caso que las restantes partes del juicio hayan opuesto reconvención, compensación o excepciones encaminadas a destruir la acción. De tal forma que la regla general, es que las costas correrán a cargo de la actora cuando la caducidad se decrete en la primera instancia, esto es así, ya que, no existe inconformidad en contra de la caducidad decretada y las costas sin una consecuencia de su declaración. En esas condiciones, esta Alzada considera equivocada la decisión del a quo en tal sentido, ya que está imponiendo una carga a la contraparte del actor, que no prevé nuestra legislación procesal, tocante al pago de las costas en lo que hace cuando se decrete la caducidad de la instancia, luego, dado que donde la ley no distingue, no puede hacerlo el juzgador, consecuentemente, es dable concluir que, en tratándose de juicios de naturaleza civil, cuyo procedimiento se sigue con el Código Procesal Civil, que dicho ordenamiento no establece la compensación en las costas, aun cuando la contraparte de la actora haya opuesto reconvención o excepciones tendientes a variar la situación que imperaba antes de la demanda. Lo anterior, sin soslayar que en el Titulo Quinto denominado Partes, en el Capítulo V sobre "Costas y Daños Procesales", del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, que en su artículo 92, prevé que en las sentencias que se dicten en los procesos que versen sobre acciones de condena; las costas procesales serán a cargo de la parte a quien la sentencia haya sido adversa. Si fueren varias las personas vencidas en el proceso, la condena en costas afectará a todas ellas proporcionalmente al interés que tengan en la causa y cuando cada parte resulte vencedora y vencida parcialmente, las costas se compensarán mutuamente o se repartirán proporcionalmente, según lo determine el juzgador en la sentencia. Por otra parte, el numeral 93, que contempla las costas en las sentencias declarativas y constitutivas, prevé que cuando el demandado se allane a las pretensiones del actor, o este se conforme con la contestación a la demanda, no habrá condena en costas y cada parte reportará las que hubiere erogado. Con lo antes expuesto, se advierte que no existe ni siquiera en la legislación procesal una regla general para que opere la compensación en costas en todo momento, sino que tiene sus especificaciones en tratándose de la naturaleza de cada sentencia, es decir, sentencias de condena, declarativas y constitutivas, mientras que en tratándose de caducidad la regla especifica consiste en que las costas son a cargo del actor cuando se decreta la caducidad de la primera instancia. No se aparta a lo contestado por la parte actora, al dar contestación a los agravios expuestos por la demandada, al señalar que resultan improcedentes los agravios expuesto por su contraparte, alegando que si impulsó el procedimiento y que la juzgadora no debió declarar la caducidad, que ambas partes estaba en igualdad de derecho, por lo que se le debe absolver de las costas, sin embargo, tales aseveraciones van encaminadas a evidenciar la incorrecta declaración de caducidad realizada por la juzgadora, pero no se inconformó con esa decisión, y en consecuencia de la misma es que se debe realizar la condena en costas en contra de la parte actora incidentista, en razón que como ya se dijo la Legislación Procesal Civil en vigor en el Estado, literalmente reza que es la parte actora quien debe soportar los gastos y costas cuando la caducidad se decrete en la primera instancia. Pues de la lectura del articulo antes transcrito, se observa que las costas serán a cargo de la actora, cuando se decrete la caducidad de la primera instancia, o de la parte que haya promovido el incidente o interpuesto el recurso, cuando se decrete la caducidad de un incidente o de la sentencia instancia, respectivamente; sin que dicho dispositivo contemple la compensación de las costas, en el supuesto de la caducidad de la instancia, sino que la impuso a cargo de la actora, como se advierte del numeral 150 inciso j), entonces no resulta viable imponer en el caso que las costas sean compensadas. En esas relatadas consideraciones, le asiste la razón a la parte demandada apelante, por lo que se modifica el punto tercero del auto recurrido, para efectos de condenar al pago de gastos y costas a la parte actora incidentista, a favor de la parte demandada incidentada HERMILA ROMÁN DE LA CRUZ y JUAN MIGUEL ULÍN ROMÁN, quienes comparecieron a juicio resultando representante común la primera de las mencionadas. Quedando su cuantificación para ejecución de sentencia, una vez que esta haya adquirido autoridad de cosa juzgada, siempre que tales gastos se comprueben conforme a la ley y no sean excesivos ni superfluos, a juicio del juzgador conforme al artículo 91 del Código Adjetivo Civil vigente. Ahora bien, no ha lugar a condenar al pago de gastos y costas en esta Instancia, tomando en cuenta que la materia de impugnación, únicamente, consiste en la imposición al pago de gastos y costas con motivo de la caducidad de la instancia en el incidente. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 351 y 361 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se: RESUELVE: PRIMERO. Esta Segunda Sala Civil resultó competente para conocer el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultó fundado y suficiente el punto único de agravio expresado por la ciudadana HERMILA ROMÁN DE LA CRUZ. TERCERO. Se MODIFICA el punto tercero del auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el Incidente de Ejecución de Sentencia, promovido por la Incidentista MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ CRUZ, en contra de los incidentados HERMILA ROMÁN DE LA CRUZ y JUAN MIGUEL ULÍN ROMÁN deducido del expediente 157/2014 relativo al Juicio Especial Hipotecario. promovido por MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ CRUZ en contra de HERMILA ROMÁN DE LA CRUZ y JUAN MIGUEL ULÍN ROMÁN, para quedar de la siguiente manera: "TERCERO. De conformidad con el artículo 150 fracción II, inciso j) del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, se condena a la parte actora incidentista MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ CRUZ, a pagar los gastos y costas en primera instancia a favor de los demandados incidentados HERMILA ROMÁN DE LA CRUZ y JUAN MIGUEL ULÍN ROMÁN. Quedando su cuantificación para ejecución de sentencia, una vez que esta haya adquirido autoridad de cosa juzgada, siempre que tales gastos se comprueben conforme a la ley y no sean excesivos ni superfluos, a juicio del juzgador, conforme al artículo 91 del Código Adjetivo Civil vigente...". Quedando firme los puntos primero y segundo del auto impugnado, al no ser motivo de impugnación por las partes. CUARTO. Por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución, no ha lugar a decretar pago de gastos y costas en esta Segunda Instancia.". Al respecto, la quejosa aduce que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo, en lo que interesa, que: me causa perjuicio, en razón de que se violan en mi perjuicio los preceptos Constitucionales antes invocados, pues la única parte que se INCONFORMO Con la decisión del Juez de Primera Instancia, fue la incidentada HERMILA ROMAN DE LA CRUZ, Más no así el C. JUAN MIGUEL ULlN ROMAN, para que me condenen a pagarle gastos y costa; el Juez de Primera Instancia quien conoció de la verdad de los hechos incidentales, analizando que la suscrita no actúo con Dolo o temeridad con apego a la verdad ordeno la compensación de los gastos y costa, pues no se habían generado NINGUNOS GASTOS Procesales, ya que en el juicio incidental no se llegó a desahogar ninguna prueba, en el caso, la Perjudicada seria la suscrita con la caducidad, mas sin embargo la Sala Responsable modifica el punto Tercero de la Resolución de fecha VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, violando en mi perjuicio el artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles en el estado de Tabasco. . como se advierte, en las consideraciones de la Resolución que llevo a modificar el punto Tercero de la Resolución de Primera Instancia, no son congruentes con los preceptos y consideraciones pues van más allá de las interpretaciones legales que el Juez de Origen aplico por las razones antes expuestas, sin tomar en cuenta que la condena de costa son del fondo de la acción.": Son infundados los aludidos conceptos de violación. En efecto, el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El aludido precepto constitucional contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación, se traduce en la expresión de las razones por las cuales, la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales, es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación, ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso. Mientras que la indebida motivación, se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. En ese contexto, nadie puede ser molestado en sus propiedades, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, siendo este un requisito esencial para que el acto cumpla con las formalidades que para tal efecto señala la ley, con la finalidad de que el gobernado esté en aptitud de defenderse. En la resolución reclamada, la autoridad responsable modificó la determinación apelada, por considerar que, la figura de la compensación no está prevista en el ordinal 150 fracción II, inciso j, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, señalando que dicho dispositivo establece expresamente que las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad de la primera instancia, o de la parte que haya promovido el incidente o interpuesto el recurso, cuando se decrete la caducidad de un incidente o de la segunda instancia, respectivamente. Asimismo, determinó que en los numerales 92 y 93 del aludido ordenamiento jurídico, no se establece una regla general para que opere la compensación en costas en todo momento, sino que tiene sus especificaciones en tratándose de la naturaleza de cada sentencia. Por ello, condenó a la ahora quejosa al pago de gastos y costas, a favor de la parte demandada incidentada Hermila Román de la Cruz y Juan Miguel Ulín Román. En ese contexto, es infundado el concepto de violación en el que la impetrante aduce que no debió condenársele al pago de costas, porque no generó gastos procesales, ya que no se llegó a desahogar ninguna prueba. Además, porque las consideraciones de la resolución no son congruentes con los artículos 92 y 150 fracción II, inciso j, del Código Procesal citado, pues estima que van más allá de las interpretaciones legales que el juez de origen aplicó, sin tomar en cuenta que la condena de costa son del fondo de la acción. Como se dijo, carece de razón la inconforme porque, las costas constituyen los gastos y honorarios en que incurren las partes que intervinieron en juicio y son la indemnización para quien tuvo que comparecer a juicio de manera injusta. Así, las costas comprenden los gastos y honorarios de abogados en que haya incurrido por el solo hecho de comparecer a un juicio en el que la parte que la llamó resultó parte perdidosa. Por tanto, quien obtiene sentencia favorable tiene derecho a que la parte que perdió le pague las costas que, como se dijo, comprenden los gastos y honorarios de abogados en que legítimamente haya incurrido por haber tenido que comparecer al juicio. Si bien, en el caso la condena en costas fue establecida con motivo de la declaración de caducidad de la instancia, como se evidenció, ello tiene su fundamento en el artículo 150 fracción II, inciso j, del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, que instituye: "ARTÍCULO 150.- Extinción de la instancia. La instancia se extinguirá: . II.- Por caducidad de la instancia. En este caso se aplicarán las reglas siguientes: . j) Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad de la primera instancia, o de la parte que haya promovido el incidente o interpuesto el recurso, cuando se decrete la caducidad de un incidente o de la segunda instancia, respectivamente". De acuerdo con dicho dispositivo, las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad de la primera instancia, o de la parte que haya promovido el incidente o interpuesto el recurso, cuando se decrete la caducidad de un incidente o de la segunda instancia, respectivamente. En el caso, la parte actora del juicio natural, aquí quejosa, fue quien promovió el incidente de ejecución de sentencia, en el que se decretó la caducidad por falta de impulso procesal. Entonces, conforme al numeral precitado, a dicha parte corresponde pagar las costas ocasionadas con motivo del mismo. Sobre el particular, es de tomar en cuenta las consideraciones que sustentan la tesis de jurisprudencia IV.1o.C. J/9, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2902, con número de registro 163185, del siguiente rubro y texto: "COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Del contenido del primer párrafo del artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone: "En toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas, determinando cuál de las partes debe pagar a la parte contraria las costas que se le hayan causado en el juicio.", se advierte que la ley impone al juzgador la obligación de condenar en costas en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso; sin embargo, no puede considerarse que sólo en esos casos ha lugar a imponer dicha condena, pues un juicio no necesariamente concluye con el dictado de una resolución de las anteriormente referidas, como ocurre, por ejemplo, cuando el actor desiste de la demanda o se decreta la caducidad de la instancia. Al respecto, el primer párrafo del artículo 3o. del citado ordenamiento prevé la condenación en costas cuando el actor desista de la acción, si los demandados ya han sido emplazados; consecuentemente, se concluye que no sólo el dictado de una sentencia (definitiva o interlocutoria), da lugar a la condena en costas. La misma regla puede aplicarse analógicamente tratándose de la declaratoria de caducidad de la instancia, de acuerdo con el principio general de derecho que dice: "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición", ello en virtud de que tanto el desistimiento como la caducidad llevan implícito el desinterés del actor por la continuación del procedimiento (el primero en forma expresa, y el segundo por una presunción de la ley); además, ambas figuras extinguen el juicio en forma anticipada y, por ende, excluyen la posibilidad de dictar sentencia definitiva". Lo anterior no se contrapone a lo dispuesto en el ordinal 92 de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Tabasco, ya que, como se estableció, en el caso no procede la compensación de costas al haberse decretado la caducidad en el incidente de ejecución de sentencia promovido por la parte actora, aquí quejosa. Asimismo, es infundado el motivo de inconformidad en el que la quejosa refiere que, la única parte que se inconformó con la decisión del juez de primera instancia, fue la incidentada Hermila Román de la Cruz, más no Juan Miguel Ulín Román. Lo anterior, porque como se hizo constar en la sentencia impugnada, Hermila Román de la Cruz tiene la calidad de representante común en el juicio de origen, por lo que el recurso de apelación que interpuso le produce las mismas consecuencias jurídicas a Juan Miguel Ulín Román. Al respecto, el artículo 74 de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Tabasco, prevé que, siempre que dos o más personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción, deberán litigar unidas y bajo una misma representación. En esos casos, de acuerdo con el aludido numeral, las partes deberán nombrar un procurador o un representante común, que tendrá las facultades generales de un procurador, excepto las de desistir y transigir. De igual forma, dicho dispositivo establece que si el procurador o el representante común omitiera interponer los recursos e incidentes, ofrecer, preparar o desahogar las pruebas o presentar los alegatos que procedan para la mejor defensa de los intereses de sus representados, éstos podrán hacerlo directamente, dentro del último día del plazo de que se trate. Como se puede advertir, el referido precepto legal faculta al representante común para que interponga los recursos que procedan para la defensa de los intereses de sus representados. Al respecto, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis XX.128C, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo IV, diciembre de 1996, página 446, con número de registro 199964, del siguiente rubro y texto: "RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE COMUN DE LOS DEMANDADOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). La circunstancia de que el representante común de los demandados haya interpuesto el recurso de apelación por sí y en representación de los demás demandados, y que al seguir el recurso en la alzada exprese agravios por propio derecho y no a favor de quienes representa, debe considerarse como una falta irrelevante, en virtud de que el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, señala que basta ser persona designada como representante común de las partes, para que se goce de las mismas facultades a nombre de sus representados como si lo hiciera exclusivamente por propio derecho, máxime que cuando dichas partes oponen la misma excepción, deben litigar unidas con igual representación, a fin de hacer más práctico en todos los sentidos cualquier procedimiento jurisdiccional". De ahí que se considere que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. Con motivo de lo anterior, se niega a la quejosa la protección de la justicia federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María Victoria Hernández Cruz, por las razones establecidas en el considerando QUINTO de la presente sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado, al cual anexó las siguientes documentales: 1.- copia certificada del expediente número 157/2014, constantes de (286) doscientos ochenta y seis fojas. 2.- copia certificada del cuaderno de amparo indirecto número 1798/2015-II, constante de (119) ciento diecinueve fojas. 3.- copia certificada del cuadernillo de incidente de ejecución de sentencia sin número, constante de (35) treinta y cinco fojas. 4.- copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia sin número, constante de (94) noventa y cuatro fojas. En tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del juzgado oficiante, las constancias que anexó, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la voluminosidad de los cuatro tomos de pruebas remitidos, manéjense éstos por cuerda separada. EMPLAZAMIENTO DE TERCEROS INTERESADOS Ahora, toda vez que mediante proveído de dos de septiembre del año actual, se advirtió que le reviste el carácter de tercero interesada en el presente juicio a Hermila Ramón de la Cruz, y del contenido del informe y constancias remitidas por la autoridad ocursante, se advierte que el nombre correcto de ésta es Hermila Román de la Cruz. En consecuencia, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme al arábigo 2 de esta última, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de tener como tercero interesada con el nombre correcto a 1) Hermila Román de la Cruz, con domicilio ubicado en casa marcada con el número 101 de la calle Primero de Mayo de la colonia Jesús García de esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. De igual manera, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a: 2) Juan Miguel Ulín Román, con domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en el Despacho Jurídico ubicado en la calle Primero de Mayo número 101, de la colonia Jesús García de esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a los terceros interesados a que se aluden, en el domicilio precisado, por conducto de la Actuaria de este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo; del auto admisorio de dos de septiembre del año actual, del proveído de trece de los actuales, se de vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y de este acuerdo; de igual manera, les hará saber que en caso de que lo estimen conveniente se apersonen al presente juicio a defender sus derechos y que la audiencia constitucional se llevará a efecto a las diez horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- María Trinidad Alcudia Izquierdo294/2016
- María Trinidad Castro Hernández90/2017
- María Trinidad Jiménez López1699/2018
- María Trinidad Rodríguez Madrigal1734/2018
- María Vianney Gloria Sánchez1477/2021
- Maria Victoria García Cabrera566/2012
- María Victoria Merodio Zapata1870/2018
- María Victoria Merodio Zapata795/2019
- María Victoria Merodio Zapata1247/2016
- María Victoria Sánchez Alipi1011/2018
- María Yolanda Vidal Casanova1285/2021
- María Yolanda Vidal Casanova1804/2022