María Victoria Cázares Ramírez

Expediente 485/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
485/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • María Victoria Cázares Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio número J30-2304/2022, remitido vía correo electrónico por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecisiete de agosto del año en curso, remite copia certificada de la notificación de veintiséis de los corrientes, a través del cual se le notifica a la quejosa el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano el Incidente de nulidad de notificación que presentó el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza una causal de improcedencia respecto del acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, las cuales son de estudio preferente y oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar que el acto reclamado, consiste en: " ".IV. ACTO RECLAMADO.- La violación de mis Derechos de Acceso a la Justicia y de Justicia Pronta y Expedita, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violación que se materializa con la omisión de la Responsable de proveer sobre el Incidente de Nulidad de Notificación que presenté con fecha 28 de septiembre del 2018". Al respecto se actualiza la causa de improcedencia la contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de tal causal de improcedencia, es preciso establecer que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló previamente, el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, consiste en la omisión de proveer sobre el incidente de nulidad de notificaciones que presentó el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 1641/2010, en especial, del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como la notificación del mismo practicada el veintiséis de los corrientes,, se advierte, que la responsable desechó de plano el Incidente de nulidad de notificación que presentó la parte quejosa el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. De esta manera, es claro que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho desechó el incidente de nulidad de notificaciones aludido, mismo que le notificó a la quejosa el veintiséis del mes y año en curso. De ahí que, resulte claro que el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, al haberse pronunciado la responsable sobre el incidente planteado, aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable la tesis número 2a. XLVIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196442, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En las relatadas condiciones, al actualizarse los motivos de improcedencia previstos en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las once horas con diez minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós...

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J30/2354/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del proveído del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral de origen 1641/2010; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J30/2234/2022, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral de origen 1641/2010. Sin embargo, tomando en consideración que no da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de cinco de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, de nueva cuenta requiérasele para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación efectuada a la parte actora del auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que únicamente remitió copia del citado auto y no así de la notificación solicitada. Bajo apercibimiento que de hacer caso omiso, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se le hará efectivo el medio de apremio con el que se le previno en proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se desprende que, en se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, para que cumpla con el requerimiento que se le formuló en auto de cinco de agosto del año en curso, esto es, remita copia certificada de la constancia de notificación efectuada a la parte actora del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente laboral de origen 1641/2010. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese

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