Maria Victoria Castañeda López

Expediente 1507/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1507/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • Maria Victoria Castañeda López

Actuaciones

  1. Principal

    - causa estado - Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.(III)

  3. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por María Victoria Castañeda López, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el consecutivo 1507/2018-III. - Análisis integral del escrito de demanda - En principio, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y texto que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. ..En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: "a) De la Autoridad Ordenadora: BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD señalo que el acto que se reclama ES DE VIOLACIÓN Y PUESTA EN PELIGRO DE MI ESFERA JURÍDICA CONSTITUCIONAL consistente en la resolución de fecha TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO y notificada a la parte que represento mediante lista de acuerdos de fecha CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO." Luego, como antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad expuso la parte quejosa, y que por ello constituyen una confesión de su parte, se obtiene que: 1.- El seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la promovente y su esposo Salvador Cardoso Fernández, celebraron un contrato de apertura de crédito simple con garantía e interés hipotecario con la institución bancaria tercera interesada, para la adquisición del inmueble descrito en su demanda de amparo. 2.- Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero BANAMEX, demandó en la vía especial hipotecaria a la promovente y a su cónyuge, radicándose el juicio el trece de febrero de dos mil dieciocho, con el número de expediente 0153/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Estado de Aguascalientes. 3.- El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la promovente informó al juez civil responsable el deceso del codemandado Salvador Cardoso Fernández; por lo que el veintinueve siguiente, se decretó la interrupción del procedimiento por causa de muerte, en términos de lo dispuesto por el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles estatal. 4.- El veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Juez responsable dictó un auto en el que, a petición de la parte actora, ordena girar oficios a autoridades judiciales (sic) del orden familiar, solicitando información. 5.- Inconforme con ese proveído, la hoy quejosa interpuso recurso de revocación el veintitrés de agosto siguiente, alegando esencialmente que si ya estaba decretada la interrupción del procedimiento, no procedía autorizar la emisión de dichas "misivas" (sic).. 6.- Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable resolvió el recurso de revocación, declarándolo infundado, al estimar que tales "misivas" en forma alguna impulsa el procedimiento. Esta última actuación constituye el acto reclamado en esta vía. - Desechamiento por notoria improcedencia- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"....Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del examen relacionado de las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, procederá el juicio de amparo indirecto. A su vez, que se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el citado artículo 107, señalando que ahora el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio cuando se afecten "materialmente derechos sustantivos", lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando solo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Así se advierte de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J 37/2014 (10A), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 39, libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ..En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador, de acuerdo con un criterio racional orientado en la jurisprudencia obligatoria emitida sobre el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales. Con base en las anteriores premisas normativas, este juzgador estima que el acto reclamado no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución ni en los tratados Internacionales, sino que la eventual violación de derechos que pudieran producirse únicamente son de carácter formal dentro del proceso del que derivan. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.). En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la quejosa, cuenta habida que, como ella misma lo refiere, el Juez responsable estimó que el hecho de acordar favorablemente la petición de la parte actora en el juicio génesis, para solicitar informes a los jueces familiares, en forma alguna impulsa el procedimiento. Lo que evidencia la inexistencia de algún perjuicio inmediato y directo en la esfera jurídica de la solicitante de amparo, que se traduzca en una afectación a sus derechos sustantivos de carácter irreparable dentro del juicio, pues es inconcuso además, que el levantamiento de la interrupción del procedimiento decretada, no puede determinarse o darse de manera implícita, sino que requiere necesariamente de la emisión de un proveído que expresamente la decrete, ya que sólo así podrá levantarse el estado de interrupción al momento en que desaparezca la causa que lo motivó, o bien, en caso de que al interesado se le haya dotado de representante legal. Orienta lo anterior por la identidad jurídica de razones que contiene, así como por la similitud de contenido del precepto que interpreta, en relación con el correlativo de la legislación estatal adjetiva civil de Aguascalientes, la tesis VI.2o.C.689 C, consultable con el registro IUS 166638, en la página 1651 del Tomo XXX, Agosto de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERRUPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. NO PUEDE DARSE DE MANERA IMPLÍCITA, REQUIERE DE LA EMISIÓN DE UN PROVEÍDO QUE EXPRESAMENTE LA DECRETE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). ..Ahora bien, conforme a lo aquí expuesto, es evidente que la determinación impugnada no es de las consideradas por la ley como de aquéllas de imposible reparación, pues el hecho de que la juez responsable resolviera infundado el recurso de revocación interpuesto por la impetrante, en contra del auto que ordenó solicitar informes a los jueces familiares, a petición de la parte actora en el juicio especial hipotecario interrumpido, no se traduce en un acto en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos como propiedades, posesiones o derechos del quejoso, al no implicar por sí mismo la obtención de una sentencia desfavorable a sus intereses en la mencionada contienda judicial. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso ordinal 107, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Bernardo Cardoso Castañeda y Armando Reyes Robles Arenas, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General...(III)

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