María Victoria Cantú Rincones

Expediente 169/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
169/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • María Victoria Cantú Rincones

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido oficio 1550/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal aceptó la competencia declinada por este órgano judicial en este asunto; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno se encuentra concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; éste es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, como esta ordenado en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, remítase copia simple del oficio de cuenta al Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, para los efectos legales a que haya lugar, por tener relación con el juicio de amparo 150/2022, de su índice. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 5762/2022, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos. Ahora bien, como lo solicita la autoridad oficiante, una vez que se tenga conocimiento de la determinación adoptada por el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en el sentido de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, se le hará del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 3045/2022, signado de forma electrónica por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, con el que remite el expediente original del juicio de amparo 150/2022, de su índice, constante de quince fojas útiles y cinco copias de la demanda de amparo promovida por María Victoria Cantú Rincones, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, residente en San Fernando, Tamaulipas, en virtud de que dicho órgano jurisdiccional, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, declinó competencia a este Juzgado de Distrito para el conocimiento de la referida demanda de amparo. Regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este tribunal federal bajo el número 169/2022-III y acúsese recibo. Ahora bien, de la demanda de amparo que se remite se desprende que María Victoria Cantú Rincones, reclama al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, residente en San Fernando, Tamaulipas, lo siguiente: "Es la Sentencia de fecha 1°. De junio del año 2021, dictada dentro de Expediente número 0075/2019 relativo a Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión promovido por Juan Carlos Cantú Guerrero, enterándome que existía Sentencia en dicho Juicio mediante proveído de fecha 12 de julio del año 2021, el cual al notificárseme personalmente en mi domicilio, donde me concedían el termino de 5 días para desalojar voluntariamente el terreno que tengo en Posesión por más de 50 años, como quedo acreditado en Autos, interponiendo el Recurso de Revocación en fecha 9 de agosto del año 2021 del Acuerdo del desalojo, lo cual fue admitido dicho Recurso, procediendo dicha Revocación de fecha 12 de noviembre 2021 y quedando sin efecto dicha Revocación por acuerdo de fecha 16 de diciembre del año 2021, por lo que no da procedencia a la Apelación de la Sentencia, quedando firme conforme a Acuerdo de fecha 26 de enero del año 2022 el desalojo de dicho inmueble, lo cual vulnera los Derechos Constitucionales de mi persona, previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales sin tomar en cuenta que dicha Sentencia dictada en los Autos me causa agravio, en primer término porque nunca fui notificada en forma personal y si se hizo en los medios electrónicos en la fecha en que se dictó yo no tenía correo electrónico, porque dicho beneficio lo obtuve hasta el 3 de agosto del 2021, que fue el motivo por el que procedió la revocación del Acuerdo de Apelación de la Sentencia, situación que me deja en estado de indefensión." (sic) Por su parte, bajo protesta de decir verdad, manifestó los siguientes antecedentes del acto reclamado: "Al contestar la Demanda del Juicio Plenario de Posesion que promueve en mi contra JUAN CARLOS CANTU GUERRERO, manifesté haciendo transcripción del artículo 610 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, que en el Juicio Plenario de Posesion no se analizan ni importan los Títulos de Propiedad, porque en los Juicios sobre Posesión definitiva, como en el Plenario de Posesion, se discuten únicamente las cuestiones sobre la misma Posesion, sin involucrar una decisión de fondo sobre la propiedad, por lo tanto, el documento relativo no puede ser tomado en cuenta como sustento para decidir quién tiene mejor derecho a la Posesion del inmueble que mantengo en posesión de hace muchos años, además es falso que el actor tenga Posesion alguna, tampoco las personas que le vendieron, situación que no tomo en cuenta el Juez de los Autos al dictar la Sentencia de fecha 1°. De Junio Del año 2021, que se me pretende hacer valer, además como antecedente del Acto reclamado manifiesto que obra en Autos del expediente 00075/2019 Contrato elaborado ante Notario Público a Título gratuito para ser ocupado dicho terreno como casa habitación, instrumento que tampoco tomo en cuenta la Autoridad responsable al dictar Sentencia de referencia que me causa agravio." (sic) En ese contexto, en relación a la competencia que se plantea, debe decirse que, si bien este tribunal sería competente por razón de territorio como apreció el declinante, lo cierto es que atendiendo a lo establecido en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como del 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, carece de competencia legal para conocer de la misma. Para efectos de establecer la falta de competencia de este órgano de control constitucional, se hace necesario traer a colación el contenido de los preceptos legales invocados en el párrafo que antecede, los cuales disponen: Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. ... Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. . Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; . Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; ." De las anteriores trascripciones, en lo medular, se advierte que los Tribunales Colegiado de Circuito conocerán de los juicios de amparo directo en materias materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones que decidan el juicio en lo principal. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que la parte agraviada se duele de la sentencia emitida el uno de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario civil plenario de posesión 75/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, residente en San Fernando, Tamaulipas, lo que conlleva a establecer que la resolución generadora de agravio se ubica en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; además, le reviste el carácter de definitiva al poner fin al juicio; circunstancia que trae como consecuencia, que ese acto sea susceptible de analizarse por un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo, mas no en la vía indirecta como se propone. Sin que se soslaye que la impetrante del amparo en el capítulo de acto reclamado realiza una reseña de diversas actuaciones que tuvieron verificativo dentro del juicio de origen como pudieran ser la forma de notificación del fallo, el desalojo del inmueble que dice tener en posesión, la interposición de un recurso de revocación; empero, a consideración del suscrito, ello no constituye materia de reproche, pues resulta clara su pretensión al fijar como acto destacado la sentencia emitida el uno de junio de dos mil veintiuno, máxime que sus alegaciones se encuentran encaminadas a combatir el fondo de ese fallo. En tal virtud, en acatamiento a lo que establecen los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se declara que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata; por ende, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por ser aplicable al caso en concreto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 6/2015 (10a.), con número de registro electrónico 2008791, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de dos mil quince, Tomo I, Materia Común, página 95, cuyo epígrafe y texto dicen: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Asimismo, por contener consideraciones aplicables al caso, se cita la tesis aislada I.3o.C.92 K (10a.), con número de registro electrónico 2009523, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de dos mil quince, Tomo III, Materia Común, página 2362, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA DESECHAR LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA O UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Federal; 34, párrafo primero y 170 de la Ley de Amparo vigente; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, cuando se trate de: a) Una sentencia definitiva o laudo; o, b) Una resolución que ponga fin al juicio. Es decir, que la cualidad de sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio ya no depende de que se haya o no agotado el recurso ordinario, sino que para establecer si son materia de amparo en la vía directa ha de atenderse a su contenido; mientras que el determinar si la ley de la materia que rige el acto establece o no recurso, bastará para definir la procedencia del juicio de amparo, puesto que si el recurso no se agotó el amparo será improcedente y debe ser desechado de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La conclusión anterior conlleva establecer que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para desechar una demanda de amparo promovida contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, por no haberse agotado el recurso ordinario procedente con el que pudo modificarse o revocarse esa sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio. De ahí que, en ese supuesto, no procede declarar la incompetencia legal del Tribunal Colegiado de Circuito." Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, la determinación aquí adoptada para los efectos legales a que haya lugar respecto al juicio de amparo 150/2022, de su orden cronológico. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.

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