María Verónica Solaegui Candiani
Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Verónica Solaegui Candiani
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y el anexo señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 582/2022. Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme María Verónica Solaegui Candiani reclama los actos siguientes: De la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca combate: La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar del recurso de apelación 284/2021, en donde confirmó el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 42/2020 a bienes del extinto Alberto Martínez Aguilar, en el que la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, declaró que carecía de competencia legal, por razón del territorio, para conocer de ese asunto y declinó su competencia a favor del Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, porque estimó que ese presupuesto procesal se surtía a su favor, dado que la última autoridad judicial ejerce competencia en el lugar donde se localiza el último domicilio del autor de la herencia. De la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca -en su denominación correcta-, impugna: La ejecución del fallo descrito. Enseguida, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por María Verónica Solaegui Candiani, porque en relación con los actos reclamados a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar del recurso de apelación 284/2021, en donde se confirmó el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 42/2020 a bienes del extinto Alberto Martínez Aguilar, en el que la Juez primaria declaró que carecía de competencia legal, por razón del territorio, para conocer de ese asunto y declinó su competencia a favor del Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, porque estimó que ese presupuesto procesal se surtía a su favor, dado que la última autoridad judicial ejerce competencia en el lugar donde se localiza el último domicilio del autor de la herencia y la ejecución de ese fallo se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituye un acto definitivo que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la inconforme. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas citadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el contenido del arábigo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 239/2014 sostuvo que aunque en esa porción normativa el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que por ese solo hecho el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, estableció de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto con fundamento en dicho precepto legal deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de los estatuido por el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, señaló que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en lo estatuido por el numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Las consideraciones establecidas en dicha ejecutoria dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que expone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso particular, la quejosa María Verónica Solaegui Candiani reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar del recurso de apelación 284/2021, en donde confirmó el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 42/2020 a bienes del extinto Alberto Martínez Aguilar, en el que la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, declaró que carecía de competencia legal, por razón del territorio, para conocer de ese asunto y declinó su competencia a favor del Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, porque estimó que ese presupuesto procesal se surtía a su favor, dado que la última autoridad judicial ejerce competencia en el lugar donde se localiza el último domicilio del autor de la herencia y de la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combate la ejecución de ese fallo. Lo anterior pone de relieve que la resolución judicial impugnada no es un acto definitivo en términos de lo prescrito por el normativo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la inconforme. Se sostiene lo anterior, porque el fallo dictado por el Tribunal de alzada señalado como responsable en donde confirmó el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 42/2020 a bienes del finado Alberto Martínez Aguilar, en el que la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, declaró que carecía de competencia legal, por razón del territorio, para conocer de ese asunto y declinó su competencia a favor del Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, porque estimó que ese presupuesto procesal se surtía a su favor, dado que la última autoridad judicial ejerce competencia en el lugar donde se localiza el último domicilio del autor de la herencia no es una resolución definitiva aun cuando fue pronunciada por un órgano jurisdiccional de segundo grado en un mecanismo de impugnación, porque no tiene como consecuencia forzosa e inmediata la aceptación de la competencia legal, por razón del territorio, por el Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, dado que podría darse el caso de que este último rechace la competencia declinada, por lo que será hasta el momento en el que el órgano jurisdiccional requerido dicte el pronunciamiento correspondiente en cuanto a ese presupuesto procesal cuando se podrá advertir si la decisión del Tribunal responsable produce una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la justiciable, pero no antes, porque no se tiene la certeza jurídica de cuál será el sentido de la resolución definitiva que el Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, pronunciará. En efecto, será hasta el momento indicado cuando la incidencia en los derechos de la quejosa cobre una especial relevancia, ya que esa declaratoria de incompetencia y su aceptación por el órgano jurisdiccional requerido podría traer como consecuencia que el procedimiento relativo se tramite no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; es así, porque la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial se produce precisamente cuando los actos en los que se determinen declinar la competencia o el conocimiento de un asunto sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto por el arábigo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo es necesario que el acto de autoridad en el que se decline la competencia produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que no acontece en la especie, porque la resolución atacada no es definitiva, ya que hasta este momento el Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, a favor del cual se declinó la competencia legal, por razón del territorio, no la ha aceptado ni la ha rechazado, por lo que antes de que se tenga noticia de esta última determinación no es factible considerar que el fallo combatido y su ejecución causen una afectación personal y directa en la esfera normativa de la inconforme. En ese contexto, las actuaciones impugnadas no irrogan un perjuicio en el universo de derechos de la disidente que la legitimen para ejercer la acción constitucional de manera inmediata, porque no se está ante un acto definitivo que de pauta a la promoción del juicio constitucional; de ahí que se estime que este medio extraordinario de defensa resulta improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado. La determinación anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", cuyos datos texto y datos de localización se indicaron en los párrafos precedentes. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, este Juzgado Federal desecha de plano la demanda de amparo presentada por María Verónica Solaegui Candiani en contra de los actos reclamados a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar del recurso de apelación 284/2021, en donde se confirmó el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 42/2020 a bienes del extinto Alberto Martínez Aguilar, en el que la Juez de primer grado declaró que carecía de competencia legal, por razón del territorio, para conocer de ese asunto y declinó su competencia a favor del Juzgado Familiar de San Andrés Cholula, Puebla, porque estimó que ese presupuesto procesal se surtía a su favor, dado que la última autoridad judicial ejerce competencia en el lugar donde se localiza el último domicilio del autor de la herencia y la ejecución de ese fallo, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la inconforme el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Jesús Audelo Vásquez y a Marcos Marcelino Zarate Vásquez, con cédulas profesionales 2414758 y 3941873 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y a las personas restantes que señala en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no aparecen registradas sus cédulas profesionales en dicho sistema ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalados el correo electrónico y los números telefónicos que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- María Teresa Galindo Reyes701/2015
- Maria Teresa Guzman Hernández894/2016
- María Teresa Hernández Soto1009/2016
- Maria Teresa Santos López637/2016
- María Toledo Fuentes672/2023
- María Trinidad Méndez Cortés291/2018
- María Vianney Romero Ramos398/2023
- Maríaelena López Valle480/2022
- Mariana Echeverría Fernández406/2022
- Mariana Margarita Sánchez Pacheco245/2013
- Mariana Matus Jiménez406/2019
- Mariana Ortiz Osorio1182/2022