Maria Veronica Ortega Fernandez
Expediente 573/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Veronica Ortega Fernandez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que determinó desechar la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo cuarto de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que es disposición prevé.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Titular del Juzgado Único de Primera Instancia de lo Civil de Cortazar, Guanajuato. Regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 573/2020-VI. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la ley de la materia, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El numeral 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Desechamiento de la demanda. De la demanda de amparo se advierte que señala como autoridad responsable al Titular del Juzgado Único de Primera Instancia de lo Civil de Cortazar, Guanajuato, de quien reclama el acto siguiente: Convocatoria de remate señalado para las once horas del treinta de octubre de dos mil veinte, respecto del ***. Y para tal efecto, la quejosa señaló los hechos de su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad; aunado a que adjunto al referido escrito, copia simple del edicto de fecha ocho de octubre del presente año, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el que se advierte que se mandó anunciar el remate en primer almoneda del 50% cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad del bien inmueble ubicado en ***; con lo cual quedó corroborada su afirmación respecto de lo que constituye el acto reclamado, además, a dicha documental se le concede pleno valor probatorio, en términos de los ordinales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En la especie, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo. De lo anterior, tenemos que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De lo que se sigue que de la intelección de los numerales 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos emitidos por autoridades jurisdiccionales: La primera consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo bi-instancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia o durante la sustanciación del procedimiento de remate, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y, tratándose de remates, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en el entendido de que la última resolución es aquella en la que se ordena la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, lo que puede suceder de forma coetánea o separada. En el caso que nos ocupa, conviene destacar algunos antecedentes del acto reclamado a fin de ubicar el momento en que se emitió el acto reclamado, así, tanto del proemio como del capítulo de antecedentes narrados en la demanda de amparo, en conjunto con las constancias que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda, se desprende lo siguiente: La promovente manifiesta ser propietaria del bien inmueble ubicado en ***. El edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, por el que se anuncia la convocatoria para remate del bien señalado en el inciso anterior, deriva del juicio sumario de arrendamiento C-***, del índice del Juzgado Único de Primera Instancia de lo Civil, radicado en Cortazar. La impugnante tuvo conocimiento del remate que nos ocupa el día de la publicación del multicitado edicto, esto es, el ocho de octubre del año corriente. De la anterior relatoría, se obtiene que el acto reclamado se trata de un trámite dictado en la etapa intermedia del procedimiento de remate; auto que no se trata de aquél en el que se ordena otorgar la escritura de adjudicación y, del mismo modo, tampoco se trata de aquella en la que se ordena hacer entrega de la posesión del bien inmueble rematado. Se estima así, toda vez que la parte quejosa reclama substancialmente la convocatoria a remate en primera almoneda publicada el ocho de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio ***, del índice del Juzgado Único de Primera Instancia de lo Civil, radicado en Cortazar. Por tanto, resulta incontrovertible que lo reclamado en esta vía es un acto intermedio dictado en la etapa de remate, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el correspondiente procedimiento de remate, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante esta etapa. Por tanto, se reitera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en el procedimiento de remate, y no como una determinación que revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV de la Ley de Amparo, párrafo segundo, en virtud de no ser aquélla la última resolución del remate, a saber, no se trata de la determinación que ordena entregar la escritura de adjudicación y tampoco se trata de la determinación que ordena entregar la posesión de los bienes rematados. En abono a lo anterior, es necesario precisar que la procedencia del juicio de amparo en tratándose de remates, se rige por la última resolución que se dicte en esa etapa -la que de forma indistinta ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado-; lo anterior se estima así, porque, es esta determinación la que afecta el derecho sustantivo de propiedad de la parte quejosa al privarla de ésta, en virtud de que dicha determinación incorpora derechos en favor de la persona que se hubiese adjudicado el bien inmueble materia del remate. De ahí que se considere que contra toda determinación intermedia dictada en la fase de remate improceda el juicio de amparo, ya que tiende a retrasar o dilatar el cumplimiento de la ejecución de la sentencia; máxime si se toma en consideración que aquellas violaciones suscitadas en etapas intermedias del remate se pueden reclamar en el amparo bi-instancial que se promueva contra la determinación que le ponga fin a dicha fase. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Ahora, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, así como la dirección de correo electrónico que proporcionó, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Carlos Miranda Rojas, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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