María Verónica Martínez Sánchez
Expediente 2207/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2207/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- María Verónica Martínez Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que alude el artículo 117, primer párrafo de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y actuario de su adscripción, rindan su informe justificado, solicitado en auto del veintiséis de noviembre de la presente anualidad, al haberse suspendido éste, en razón de que gozaron de su segundo vacacional. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas del siete de enero de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Análisis oficioso del cumplimiento a la ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto del ocho de noviembre del dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en su punto resolutivo se estableció: "(.) ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Ignacia Ofelia Gómez Juárez, respecto del acto y autoridad precisados en el punto III de este fallo, por las razones expuestas y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de esta resolución." Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado bajo el amparo en revisión 287/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el que mediante sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve determinó: "(.) PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 635/2019. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Ignacia Ofelia Gómez Juárez, contra la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla le fuera autorizada su pensión por jubilación, para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Por lo anterior, el veintitrés de septiembre de la presente anualidad, se requirió al Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, el cumplimiento a la concesión del amparo. En síntesis, el amparo y la protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla: "... Ahora, la autoridad responsable Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el siete de noviembre del año en curso, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual remitió copia certificada del memorándum del seis de noviembre de dos mil diecinueve, así como del oficio DG/346-121/2019; que por ser documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y de la cual se advierte que fue aprobada la solicitud de pensión por jubilación planteada por la quejosa. Fallo cumplido. Por tanto, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable resolviera sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la quejosa, es decir, integrara el expediente relativo, lo turnara para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resolviera por conducto de la Junta Directiva, y al respecto atendió la solicitud de la quejosa de aprobar su solicitud de pensión por jubilación, dejando a salvo sus derechos para que en el momento en que la quejosa decida, haga efectivo el oficio resolutivo de su petición, previo cumplimiento de los requisitos administrativos ahí descritos, lo que le fue notificado el cinco de noviembre del dos mil diecinueve, como se advierte del oficio DG/346-121/2019, remitido por la autoridad oficiante. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias antes citadas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tomar en consideración lo determinado en la sentencia dictada en autos, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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