María Veronica Leal Sosa
Expediente 822/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Veronica Leal Sosa
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por María Verónica Leal Sosa, por su propio derecho y en representación de su hija menor A.G.L.S., contra el acto que reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 822/2023-I. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, el acto reclamado consiste en el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Primero Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, en el expediente número 668/2015, relativo al procedimiento ordinario familiar de reconocimiento de paternidad promovido por María Verónica Leal Sosa en contra de Roberto Alfonzo Carrillo Ruiz, en el que se ordenó levantar el embargo trabado en el predio número doscientos setenta y nueve de la calle quince del fraccionamiento Campestre, Colonia México, de esta ciudad, con el que se garantizó la pensión alimenticia a cargo del citado Carrillo Ruiz. Al respecto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el ordinal 192, ambos de la Ley de Amparo, cuyo textos dicen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/2001 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, página 366, en relación con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo que deben realizar las autoridades responsables, estableció diversos escenarios que se pueden presentar, y los medios de defensa que la parte quejosa debe emplear en caso de estar en desacuerdo con las posturas adoptadas por las autoridades responsables; el citado criterio es el siguiente de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia". Del contenido de la transcrita jurisprudencia se desprende en lo que interesa, que cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo, la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras no se logre cabalmente el cumplimiento de lo sentenciado; en tanto no se cumpla con la sentencia de amparo se debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello; si no se logra el cumplimiento, se tendrá que acudir al superior jerárquico a fin de que intervengan para lograrlo, y obligue a la autoridad contumaz a acatar la ejecutoria de amparo; si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, se deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se invoca como hecho notorio, los juicios de amparo directo 34/2022 y 72/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, promovidos el primero, por Roberto Alfonso Carrillo Ruiz y el segundo, por María Verónica Leal Sosa, en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno emitida en el toca 504/2020 por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Lo anterior, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mi veinte, dictada por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino en el expediente número 668/2015 relativo al juicio ordinario oral familiar promovido por María Verónica Leal Sosa, a fin de que se declare el reconocimiento de paternidad de la menor de edad A.G.L.S., en contra de Roberto Alfonso Carrillo Ruiz. Al resolver el aludido amparo directo 72/2022, el tribunal de alzada concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: OCTAVO. Efectos de la concesión. Por tales consideraciones, al ser violatoria de derechos fundamentales la sentencia reclamada, procede conceder a la quejosa y la menor de identidad reservada la protección constitucional solicitada, para que la autoridad responsable, además de cumplir con los lineamientos establecidos en la ejecutoria del amparo directo relacionado 34/2022, lleve a cabo lo siguiente: 1. Al resolver sobre la pensión alimenticia definitiva, en favor de la menor de identidad reservada y con iniciales A.G.L.S., funde y motive debidamente la capacidad económica del deudor alimentario, con especial atención a la comprobación de sus ingresos y la existencia de sus acreedoras alimentarias. 2. Considere que para la rectificación del acta de nacimiento de la menor de identidad reservada, no debe ser en primer lugar la autoridad judicial quien fije directamente el orden de sus apellidos, sino que sus progenitores pueden hacerlo de común acuerdo, desde luego conociendo para ello el sentir de la menor, que deberá ser escuchada para este único efecto, salvo que exista una causa fundada y motivada que lo impida. 3. Ordene que previo a que se lleve a cabo la rectificación del acta de la menor de identidad reservada, la juzgadora natural provea lo conducente para generar las condiciones necesarias en las que los progenitores puedan fijar de común acuerdo el orden de los apellidos de la menor, y que esta última sea escuchada para este único efecto, salvo que se advierta una causa que impida escucharla, lo que habrá de fundar y motivar la autoridad judicial. 4. Para el caso de que los progenitores no fijen de común acuerdo el orden de los apellidos, habrá de privilegiarse el sentir de la menor de identidad reservada, sobre dicha cuestión. Cabe precisar, que a efecto de no incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, habrá de reiterar las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo al quejoso en este asunto, ni a la quejosa en el amparo directo 34/2022, relacionado". Por su parte, en el amparo directo 34/2022, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Por tales consideraciones, al ser violatoria de derechos fundamentales la sentencia reclamada, procede conceder al quejoso la protección constitucional solicitada, para que la autoridad responsable lleve a cabo lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acto reclamado. 2. Dicte una nueva resolución, donde al resolver sobre la pensión alimenticia definitiva, en favor de la menor de edad de identidad reservada y con iniciales A.G.L.S., funde y motive debidamente la capacidad económica del quejoso, con especial atención a la comprobación de sus ingresos y la existencia de sus acreedoras alimentarias. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción emita la resolución correspondiente. Cabe precisar, que a efecto de no incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, habrá de reiterar las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo al quejoso en este asunto, ni a la quejosa en el amparo directo 72/2022, relacionado. Como se puede advertir, en ambos amparos directos en esencia, se concedió el amparo y protección de Justicia Federal solicitados para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno emitida en el toca 504/2020, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y se dicte una nueva en relación con la pensión alimenticia definitiva en favor de la menor de edad de identidad reservada y con iniciales A.G.L.S., en los términos precisados en los considerandos de las ejecutorias de los amparos directos 34/2022 y 72/2022. Por acuerdo de auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Primero Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, en el expediente número 668/2015, relativo al procedimiento ordinario familiar de reconocimiento de paternidad promovido por María Verónica Leal Sosa en contra de Roberto Alfonzo Carrillo Ruiz, ordenó levantar el embargo trabado en el predio número doscientos setenta y nueve de la calle quince del fraccionamiento Campestre, Colonia México, de esta ciudad, con el que se garantizó la pensión alimenticia a cargo del citado Carrillo Ruiz, (proveído que la quejosa señala en este juicio de amparo, que deriva de la reposición del procedimiento ordenada en el juicio de amparo directo 72/2022). En esa tesitura, si de lo que se duele la parte quejosa en este juicio de amparo, guarda estrecha relación con el cumplimiento que debe dar dicha autoridad señalada como responsable, al juicio de amparo directo 72/2022 y su relacionado 34/2022, resulta innegable que el acto que se le atribuye, no es acto aislado y ajeno a dicho cumplimiento, sino que por el contrario, como se indicó, está vinculado a su cumplimiento. Por tal motivo, si la parte agraviada con la emisión del acuerdo reclamado en este juicio de amparo, tenía alguna inconformidad, al formar parte de la ejecución del juicio de amparo directo 72/2022 y su relacionado 34/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, debió promover en todo caso, un incidente de inejecución de sentencia, y no un nuevo juicio de amparo, pues de conformidad con la jurisprudencia transcrita párrafos precedentes, así como de lo relatado líneas arriba, el acto que aquí reclama, no son ajenos al cumplimiento que la responsable pretende dar al juicio de amparo directo 72/2022 y su relacionado 34/2022. Así, al actualizarse la causal de improcedencia de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el ordinal 192, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la citada Ley, se desecha de plano la presente demanda de amparo. En otro orden, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado para tal efecto en su escrito de demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, y con las limitaciones que establece el segundo párrafo del invocado ordenamiento legal, a los restantes que menciona en su demanda; de igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo de la parte quejosa el que proporciona al presentar su demanda de amparo, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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