María Verónica Chávez Chávez
Expediente 846/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Verónica Chávez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Leonardo Chávez Chávez, apoderado jurídico de la parte quejosa a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés dictada en autos; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, un tomo de pruebas, el escrito original de agravios, así como una copia para Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, así como al fiscal federal de la adscripción, al para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 846/2023-III, promovido por María Verónica Chávez Chávez, por conducto de su apoderado Leonardo Chávez Chávez, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el treinta de junio de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional el tres de julio del mismo año, María Verónica Chávez Chávez, conducto de su apoderado Leonardo Chávez Chávez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al que le reclamó el siguiente acto: "(.) IV. ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha 2 dos de junio del año 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de revocación RR-CVD/71/2022, derivada de la resolución de fecha 10 diez de marzo del año 20223 (sic) dos mil veintitrés, que resolvió en definitiva el procedimiento CVD/71/2022. (.)." En ese escrito, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, la admitió; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa promovió ampliación de demanda de amparo, por lo que veía al Pleno del Consejo del Poder Judicial, Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Michoacán, a los que reclamó lo siguientes actos: "(.) IV. ACTO RECLAMADO: E. La resolución de fecha 2 dos de junio del año 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de revocación RR-CVD/71/2022, derivada de la resolución de fecha 10 diez de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, que resolvió en definitiva el procedimiento CVD/71/2022. F. La inconstitucionalidad del artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, publicado en la octava sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el miércoles 3 de diciembre de 2014. G. La aplicación de las normas antes señaladas a la quejosa en el procedimiento de responsabilidades administrativas dentro del recurso de revocación RR-CVD/71/2022, derivada de la resolución de fecha 10 diez de marzo del año 2023 dos mil veintitrés que resolvió en definitiva el procedimiento CVD/71/2022. (.)." Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que veía al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, así como por los reclamados al Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, y la admitió por las restantes autoridades, a las que se solicitó su informe justificado. A las once horas con diez minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia administrativa con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional consisten en: Del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Michoacán: a) La inconstitucionalidad del artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el tres de diciembre de dos mil catorce, con motivo de su acto concreto de aplicación y dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/71/2022 y del recurso de revocación RR-CVD/71/2022. Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán: b) La resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación RR-CVD/71/2022, interpuesto en contra de la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa CVD/71/2022, en la que se determinó imponer a la aquí quejosa la sanción consistente en una amonestación pública. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Contrario a lo referido por la agente del Ministerio Público de la adscripción en su pedimento, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Michoacán, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, ya que aunque la primera aceptó los actos y la segunda los negó, también lo es que su existencia se acredita plenamente sin necesidad de medio de convicción adicional. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales las leyes y reglamentos no son objeto de prueba, pues basta su publicación en un medio de difusión oficial para tener por ciertos esos actos legislativos. Se citan como apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "Registro digital: 191452 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 260 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." "Registro digital: 233090 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 65, Primera Parte, página 15 Tipo: Aislada LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por su parte, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuyó, por tanto, se tiene por cierta la resolución que se le reclama. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias en copias certificadas que integran el proceso administrativo de origen CVD/71/2022, así como las que obran en el recurso de revocación RR-CVD/71/2022; las que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente, conviene traer a glosa los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, Montserrat Yeimi Castilla García, presentó denuncia en contra de la titular y el secretario del ramo civil del Distrito Judicial de Ario, por supuestas irregularidades cometidas en el juicio sucesorio intestamentario número 17/2021 a bienes de Ciro Álvarez Ruiz Hernández, esencialmente relativos al retardo en la resolución del asunto, dejando de cubrir alimentos a los menores de iniciales T.R.C., y M.R.C.; y, la negativa recurrente a proveer positivamente sus promociones o solicitudes. 2. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán, tuvo por recibida la denuncia, a la que asignó el número de expediente CPJEM/STIRA/INV/73/2022; se avocó al conocimiento de los hechos y dio inicio al asunto. 3. En auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, la autoridad investigadora requirió a la denunciante para que precisara los acuerdos o recursos denegados, el nombre de los servidores públicos en contra de quienes interpuso la denuncia, y las actuaciones proveídas en su contra; lo que así realizó mediante escrito de diez de agosto de dos mil veintidós, en el que precisó, entre otras cosas, que el juzgado omitió apercibir y solicitar a su contraparte que no se dirigiera a ella y su abogado con "majaderías" o groserías (acuerdos de once de mayo de dos mil veintiuno y veinticinco de febrero de dos mil veintidós). 4. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, dictó acuerdo en el que determinó la conclusión y archivo respecto de las conductas atribuidas a los Secretarios de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán. En cambio, por lo que veía a la aquí quejosa, como titular del Juzgado citado, determinó que existían actos cometidos por ésta, que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señalaba como falta administrativa y pudiera derivarle responsabilidad. También se precisó que la falta que habría de atribuírsele se calificaba en una categoría de no grave. Tal conducta la precisó, en lo esencial de la forma siguiente: "(.) En efecto, de los hechos acreditados con los medios de prueba reseñados, previamente valorados, se acredita que la funcionaria involucrada María Verónica Chávez Chávez, probablemente incurrió en la siguiente conducta: Dentro del juicio sucesorio intestamentario número 17/2021 -a bienes de Ciro Álvaro Ruiz Hernández, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales-, la juzgadora en auto decretado en fecha 14 catorce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, omitió exigir a la coheredera Hortencia Reyes Trujillo, que guardara el respeto de la coheredera Monserrat Yeimi Castilla García, en razón del ocurso que Reyes Trujillo presentó ante el órgano jurisdiccional el día 11 once del precitado mes y año, en el cual empleó diversos calificativos denigrantes para referirse a Castilla García -tales como ramera, sexoservidora, prostituta, tumbamaridos, caza fortunas, lángara, gata, rata, can, revoltosa, malnacida, mal agradecida, gigola, insoluta y coscolina- y a sus menores hijos '-M. y T. (que feo)', 'BASTARDOS de nacimiento' e 'hijos de un mugroso llamado FIRISTEO'. En ese sentido, es indudable que dicha conducta atribuida a María Verónica Chávez Chávez, titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, actualizaría la causa de responsabilidad consistente en la comisión de un descuido en el desempeño de sus funciones o labores, prevista en la fracción VII del artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. (.) Lo que para esta Secretaria Técnica se actualiza en la especie, ya que la conducta de la juzgadora María Verónica Chávez Chávez, es violatoria de los artículos 123 y 124 del Código de Procedimientos Civiles." Indicó que el inicio del procedimiento administrativo disciplinario atinente, se elaborara junto con el expediente de investigación, pero ahora como de presunta responsabilidad administrativa, por lo cual determinó emitir el informe correspondiente. 5. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial del Estado, admitió el informe de presunta responsabilidad respecto de la aquí quejosa, a la que solicitó compareciera a la audiencia inicial. 6. El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se hizo constar la comparecencia de la aquí quejosa, así como del Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, en la que se le hizo saber a la denunciada las etapas que consta la audiencia, se le informó que tenía derecho de ser asistida por un defensor y nombrarlo como tal, lo que así aconteció. Las partes ratificaron los escritos que habían presentado, por su lado. Hecho lo anterior, declaró concluida y cerrada la audiencia inicial. 7. Posteriormente, el diez de marzo de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal dictó resolución en la que determinó que se acreditó y justificó el supuesto del artículo 165, fracción VII - de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado-, al mostrar el descuido de la denunciada, aquí quejosa, en el desempeño de su función como titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario; específicamente, al no haber conminado mediante auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, a una coheredera para que se condujera con respeto hacia otra, dentro de la sucesión intestamentaria 17/2021. A más de que se encontraba justificada la figura de reincidencia en perjuicio de la responsable, por esa razón, concluyó que, atendiendo a la ponderación de los elementos analizados, el nivel de responsabilidad que la servidora pública María Verónica Chávez Chávez tuvo sobre la comisión de las faltas administrativas que se le atribuyeron y por las que se le sancionaba, se ubicaban en un grado superior al mínimo. Por esas razones, al considerar que se trataba de una conducta no grave, determinó imponerle como sanción individualizada una amonestación pública, conforme al artículo 75, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, también precisó que dicha medida surtiría efectos inmediatamente al día siguiente al en que se tuviera por hecha la notificación de la determinación a la servidora pública responsable. 8. Inconforme, la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, del que tocó conocer al Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, el que le asignó el número de expediente RR-CVD/71/2022, y en resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, declaró infundado tal medio de impugnación, por lo que confirmó la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Análisis de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafos primero y segundo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto al acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente ejecutoria, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el tres de diciembre de dos mil catorce, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafos primero y segundo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Del primer precepto citado se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de la materia, en cuyo caso, se entenderá que la parte quejosa consiente tácitamente los actos reclamados. Además que solo se entenderá consentida una norma si no se promueve el amparo oportunamente contra el primer acto concreto de aplicación de la norma reclamada. Así, el artículo 18 de la Ley de la materia, establece tres supuestos en los cuales debe empezar a computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, las cuales son las siguientes: A partir del día hábil siguiente en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Al día hábil siguiente en que el quejoso tuvo conocimiento de la actuación impugnada o de su ejecución. Al día hábil siguiente en que el quejoso se ostentó sabedor de estos. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día hábil siguiente en que surtió efectos la notificación (regla uno) es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén. En tanto que la tercera regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. En el caso se actualiza la regla dos, toda vez que se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, al menos desde el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se explica. Es relevante señalar que de las constancias que integran el procedimiento administrativo sancionador de origen se observa un documento expedido por el Secretario de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado, en la que indica lo siguiente: "(.) 02/03/2022 Of. No. SE/1777/2022.- De fecha 2 de marzo de 2022.- Procedimiento Administrativo No. CVD/34/2021.- Por resolución del Consejo del Poder Judicial del Estado, de fecha 2 de marzo de 2022.- Es fundado el procedimiento administrativo en contra de María Verónica Chávez Chávez, por lo que se le impone una amonestación privada; y, se declara infundado el procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que respecta a la imputación en contra de María Guadalupe Hernández Domínguez.- Con fundamento en el artículo 75 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.- Por violación al artículo 165, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- Dentro del juicio ordinario civil 470/2018 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario, en dos ocasiones mediante decreto, en el sumario en donde emanan los hechos, no se encontraba una información (oficio); no obstante haberla recibido y glosado meses atrás, de ahí que, por descuido haya emitido resoluciones contra constancias al no revisar los asuntos de su competencia. Of. No. SE/3088/2022.- De fecha 25 de mayo de 2022.- El Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, aprobó el recurso de revocación interpuesto por Verónica Chávez Chávez, deducido del procedimiento administrativo No. CVD/34/2021. Declarándolo improcedente el recurso interpuesto en contra de la sentencia de fecha 2 de marzo de 2022.- (.)." (subrayado y énfasis añadido). Mientras que en la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, se observa que se asentó lo siguiente: "(.) Como ya se señaló la conducta -descuido- por la cual fue anteriormente sancionada María Verónica Chávez Chávez se hizo consistir en no haber revisado que en el juicio ordinario civil número 470/2018 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario, se incorporara un oficio, a pesar de que previamente se había recibido y glosado, lo cual acreditó la falta administrativa prevista en el artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (.)." (subrayado y énfasis añadido). Ahora, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en la resolución dictada en sesión de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el amparo directo administrativo 20/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, promovido por la quejosa en contra de la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el reconsideración JA-R-0099/2022-I, interpuesto dentro del juicio administrativo JA-0650/2022-III; el Pleno de dicho órgano jurisdiccional, indicó lo siguiente: "(.) QUINTO. Procedencia del juicio de amparo 20/2023. (.) Sobre esa base interpretativa, se estima que resulta procedente el juicio de amparo directo promovido por María Verónica Chávez Chávez, en razón de que el acto reclamado se trata de una resolución que declaró la incompetencia del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de la legalidad de la resolución emitida en el recurso de revocación CVD-34/2021, mediante el cual el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, confirmó la resolución definitiva de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa que se inició a la ahora quejosa, en el que se le sancionó con amonestación privada conforme a lo dispuesto por el artículo 75, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas, al haberse determinado que incurrió en la falta prevista en el numeral 165, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. (.)." (subrayado y énfasis añadido). De lo anterior se observa que en la resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento administrativo CVD/34/2021 del índice del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, aconteció el primer acto de aplicación del precepto legal tildado de inconstitucional, con motivo de una supuesta falta administrativa que derivó en una amonestación privada, de la que se advierte conoció, al menos, desde el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, con motivo del recurso de revocación que interpuso en contra de tal determinación, el que se declaró infundado. De esta manera, al menos, a partir del día siguiente hábil de la última fecha citada, que debe empezar a computarse el plazo para la promoción del juicio de amparo. Así, el término de quince días hábiles para que la parte quejosa promoviera juicio de amparo contra el referido artículo aconteció del veintiséis de mayo al quince de junio de dos mil veintidós, excluyéndose de tal cómputo los días sábados y domingos, al ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De esta manera, ante la previa aplicación de la conducta infractora prevista en el artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que aquí se reclama, en la resolución dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el diverso procedimiento administrativo CVD/34/2021, de la que, se reitera, tuvo conocimiento al menos desde el veinticinco de mayo del mismo año, es que a partir de ese momento se encontraba en posibilidad de promover juicio de amparo con la finalidad de defender sus derechos. De ese modo, si la demanda de amparo en la cual impugna la inconstitucionalidad del artículo referido, fue presentada hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con motivo de un posterior acto concreto de aplicación, es incuestionable que ésta se promovió de manera extemporánea, de ahí que lo consintió tácitamente. Por esas razones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los párrafos primero y segundo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo únicamente por lo que respecta al acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. En ese sentido, resulta innecesario hacer pronunciamiento alguno de las causales de improcedencia previstas en las fracciones VII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocadas por el Congreso del Estado de Michoacán, en cuanto al acto que la quejosa le reclamó, pues en nada cambiaria a lo aquí resuelto. Así, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia en contra de la restante actuación reclamada, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación por lo que respecta al acto impugnado precisado en el numeral 2 del considerando segundo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación vertidos para controvertir el acto reclamado son infundados en una parte, e inoperantes en otra, por las razones que más adelante se expresarán. I. Consideraciones previas En el caso, debe tenerse presente que atendiendo al origen del acto reclamado (procedimiento administrativo sancionador), opera, en la especie, el principio de estricto derecho, lo que implica que la resolución reclamada debe analizarse a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que le esté permitido a este órgano ampliar o suplir nada de ellos, en virtud de que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas para tal efecto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 190/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, enero de 2017, Libro 38, tomo I, página 705, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior se procede al análisis de los conceptos de violación, los que se estudiarán de manera conjunta, por cuestión de técnica jurídica y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente. En concordancia con lo expuesto en la jurisprudencia J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, y que este órgano colegiado comparte, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." II. Síntesis de los conceptos de violación En sus motivos de disenso, la parte quejosa alega que la resolución impugnada le causa perjuicio porque no se encuentra debidamente fundada y motivada. Además, indica que el acto de subsunción no se adecúa al caso en concreto, es decir, su actuar no se ajustó al supuesto de la conducta infractora, que establece el artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cuanto a tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que debía realizar. También refiere que en nada abona a la legalidad de la resolución impugnada que la responsable citara la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 12 de la resolución combatida, porque ninguno de los elementos del tipo administrativo del artículo antes citado, se encuentra acreditado en el procedimiento administrativo de donde deriva la resolución primigenia, porque sostiene que se trata de una cuestión meramente jurisdiccional y de criterio. Para ello, indica que se debía realizar un ejercicio de interpretación holística y hermenéutica de los artículos 123 a 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, para entender de manera racional, cómo puede llegarse a conclusiones diferentes en su actuar. Esto es, indica que tales normas no se pueden interpretar de manera aislada, sino que tienen que debe hacer como un todo, en virtud de que los derechos y reglas admiten modulaciones, ponderaciones y son sujetas de interpretación. Así, afirma que el artículo 123 citado, señala un deber -no obligación- que en el contexto del derecho tiene múltiples acepciones, pero, en el caso, el único deber que tienen los jueces y magistrados es mantener el orden en los debates judiciales y exigir a todas las partes se guarden el respeto y las consideraciones debidas, sin que sea nexo causal inmediato el apercibimiento o sanción a alguna de las partes. Por otro lado, afirma que el numeral 124 del mismo ordenamiento legal, es complementario para mantener el orden a los abogados y ministerios públicos que cometan faltas en ejercicio de sus funciones, para evidenciar que se trata de una norma complementaria en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán e, incluso, remite a la legislación de Profesiones del Estado y la respectiva de Arancel del Abogado. Así, indica que necesariamente se debe interpretar el numeral 123 del cuerpo normativo citado, porque éste se encuentra dirigido a las partes en general, pero la forma de aplicación de la sanción de las faltas que hayan cometido los abogados y los ministerios públicos establecidas en dicho artículo serán sancionables en términos del artículo 124 referido, mientras que el diverso 125 establece cuáles son las correcciones disciplinarias que puede utilizar el juzgador. De esa manera, afirma que no se puede interpretar la norma de manera aislada, sino como un todo de manera hermenéutica, situación que pasó por alto la responsable, lo que la lleva a concluir que es un deber y una facultad del juzgador aplicar los apercibimientos para que las se guarden respeto. En ese contexto, refiere que se trata de una facultad del juez o magistrado, por ende, queda al prudente arbitrio de los juzgadores moderar los debates, por lo que, aduce, no se trata de una regla que deba ser aplicada de manera indiscriminada, sino a través de la ponderación del criterio de los juzgadores, haciendo valer virtudes como la temperancia para la moderación de las pasiones entre las partes y el juzgador, por lo que, reitera, es una cuestión de criterio judicial. A más de que, indica, la Secretaria Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Michoacán, realizó una interpretación diversa de la que formuló el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en su acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Así, refiere que la responsable, al resolver, no es congruente con la acusación de la Secretaria Técnica, porque señala la omisión de aplicar los artículos 123 y 124 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán y, por otro lado, hace patente que esas normas son interpretables, pues queda de manera fehaciente que ésta tiene una postura distinta al Pleno del Consejo del Poder Judicial, y ésa representación jurídica tiene otra diversa. Esto es, afirma que existen tres posturas en la forma de interpretar las hipótesis legales. Citó en su apoyo las tesis de rubro: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO. AUNQUE LA LEGISLACIÓN CIVIL NO REGULE UN PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE EMITIR SU MANDAMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." y "MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NO TRAMITA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO O NO REMITE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA Y EN LOS PLAZOS LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS. PUEDE INAPLICARSE, PREVIO EJERCICIO DE VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 260 DE LA LEY DE LA MATERIA)." En ese tenor, señala que discrepa del argumento de la responsable, en la claridad y lo patente del supuesto error judicial, porque no es algo notorio que sea tan claro y transparente que no deje lugar a duda que la juzgadora actuó de manera arbitraria. Ello porque indica que el legislador dejó a criterio del juzgador apercibir e imponer las sanciones que correspondan de manera casuística. También indica que su defensa siempre argumentó haber realizado una ponderación del ejercicio de defensa de Hortencia Reyes Trujillo, para el apercibimiento y multa hacia ella y su abogado patrono, por lo tanto, tal cuestión fue motivo de análisis de la litis de la resolución principal; segundo, porque contrario a lo sostenido sí fueron analizadas las constancias de autos del diverso juicio ordinario familiar número 355/2017, en el que tuvo por realizadas las manifestaciones y adjuntando la documental que así lo indicaba. En ese sentido, refiere que eran razones suficientes para estimar improcedente un apercibimiento y multa hacia la mencionada en el párrafo anterior, porque ésta solo parafraseó lo apuntado por Ciro Álvaro Ruiz Hernández, en un diverso escrito, el que sí utilizó un lenguaje peyorativo para referirse a Monserrat Yeimi Castilla García. En otro aspecto, refiere que la exigencia del Pleno rebasa sus facultades disciplinarias, en cuanto a la autonomía e independencia que tenía como Juzgadora establecidas en el artículo 17 Constitucional, puesto que el auto que se le imputa, lo dictó fundado en derecho y no se le podía exigir mayor motivación en dicho proveído, incluso, tal auto era apelable de acuerdo con el artículo 1010 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. También sostiene que Hortencia Reyes Trujillo replicó en términos exactos los insultos que Ciro Álvaro Ruiz Hernández dirigió a Monserrat Reimi Castilla García, luego, para los efectos de ese argumento no existía trascendencia jurídica que la primera mencionada citara, replicara o parafraseara, sino que lo importante era que el Pleno así lo reconociera, por ese motivo, aduce que es correcta su apreciación en cuanto a la improcedencia de las sanciones de los artículos 123 y 124 del Código Adjetivo de la materia. En otra parte, refiere que no cualquier error judicial o descuido es susceptible de sanción en un procedimiento administrativo, que éste debe ser importante y de naturaleza extraordinaria, de tal envergadura que, por sí mismo, sea sancionable por constituir una falta administrativa. En ese sentido, afirma que el artículo 165, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no exige una afectación en el derecho procesal o sustantivo con motivo de un descuido del Juzgador, por ende, no podría entender su constitucionalidad sin que se realice una interpretación conforme a la Constitución. Así, aduce que el error judicial debe ser una equivocación crasa, cometida culposamente por un juez, magistrado o grupo de magistrados, que cause un daño significativo, y que en caso de que ella hubiera cometido un error, éste no resultaba con esas características. Argumentos que, como se adelantó, resultan en una parte infundados y, en otra, inoperantes. Veamos. Fundamentación y motivación Es infundado lo concerniente a la indebida fundamentación y motivación. III. Marco teórico Para evidenciar tal aserto es necesario precisar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía de legalidad consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, que deberá encontrarse fundado y motivado, a efecto de colmar los extremos ahí consignados. Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida y falta de fundamentación y motivación; la indebida fundamentación y motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se exponen motivos, pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la ausencia total de expresión de razonamientos y fundamentos del caso en particular. Asimismo, cabe destacar que la garantía de legalidad, en lo relativo a la fundamentación, impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos concretos de que se trate, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho; de igual manera, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión que se plasma en los actos que se emiten, lo que debe exteriorizarse en una argumentación o juicio de hecho. En suma, tanto fundar como motivar consisten en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad, dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados y la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen. En ese mismo sentido, conviene precisar que el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, en lo que aquí interesa, tratándose de resoluciones jurisdiccionales la garantía constitucional de referencia se satisface sin necesidad de que necesariamente se invoquen de manera expresa los preceptos que las funden, siempre que de la misma se pueda advertir con claridad el precepto normativo en que se sustentó. Esto porque los actos jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "Registro digital: 191358 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P. CXVI/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 143 Tipo: Aislada FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De manera que basta que la autoridad exprese con claridad las razones por las cuales resuelva en el sentido que lo hace para que las partes puedan controvertir el acto o resolución que consideran lesivo a sus derechos. IV. Caso concreto Ahora, en el caso concreto, en específico, de la resolución impugnada dictada el dos de junio de dos mil veintitrés, con motivo del recurso de revocación número RR-CVD/71/2022, interpuesto por María Verónica Chávez Chávez, se observa que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, confirmó la diversa recurrida de diez de marzo del mismo año, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa número CVD/71/2022, en los términos siguientes: - En cuanto al agravio vertido por la recurrente, relativo a "que no se acreditaba la falta administrativa 'descuido en las funciones', por inexistencia del efecto dañino", refirió que no se advertía irregularidad alguna que reparar en cuanto a la subsunción de los hechos acreditados a la falta administrativa de descuido en las funciones que debía realizar, en virtud de que, aunque es cierto que no cualquier descuido o error judicial es susceptible de ser sancionado en un procedimiento de responsabilidad administrativa, también lo era que se debía atender a la naturaleza extraordinaria de tal envergadura, que por sí misma fuera sancionable por constituir una falta administrativa. Indicó que, incluso, en la resolución recurrida se precisó que ese tipo de errores no podrían ser de carácter intencional, ya que por su propia naturaleza no se cometían deliberadamente, sino por un desliz inculpable, o por una conducta culposa del funcionario judicial debido a su ignorancia o falta de atención o cuidado. Partió de tal supuesto, para establecer que el error cometido por la aquí quejosa, al emitir el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que pese a dar cuenta con el escrito de Hortencia Reyes Trujillo, mediante el cual realizó una serie de insultos y ofensas hacia otro de las interesadas en el juicio, esto es, a Monserrat Yeimi Castilla García, la jueza únicamente tuvo a la coheredera realizando manifestaciones y exhibiendo constancias de otro juicio, por lo que omitió atender su obligación establecida en el artículo 123 del Código de Procedimientos civiles del Estado, esto es, mantener el orden en el debate (escrito) de las partes en dicho proceso judicial y exigir se condujeran con respeto, así como corregir dicha falta, en su caso, mediante la imposición de una multa. Así, señaló que también resultaba infundado el agravio de la recurrente, porque la falta administrativa prevista en el artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, esto es, descuido en el desempeño de las funciones o labores que debía realizar, no exigía como uno de sus elementos para su acreditación que existiera un perjuicio en algún derecho procesal o sustantivo de alguna de las partes, como lo afirmaba en sus agravios. Por tanto, exigir la acreditación de un perjuicio en un derecho procesal o sustantivo, se estarían extralimitando los elementos del tipo administrativo imputado a circunstancias no previstas por el legislador para su verificativo. Además, el descuido -por omisión- de la jueza ameritaba ser sancionado, dado que sí generó afectación, que si bien no era de naturaleza sustantiva o procesal, sí incidió de manera negativa, dado que al no intervenir para mantener el orden, los interesados continuaron utilizando un lenguaje soez entre sí, hasta que la juzgadora, meses después, el dos de marzo de dos mil veintidós, conminó al coheredero Ciro Álvarez Ruiz Reyes a que se condujera con respeto, apercibiéndolo con la aplicación de una multa. En ese sentido, señaló que en la sentencia recurrida, la omisión de la jueza trascendió en la correcta dirección de la controversia y, por ello, se trastocó la eficiencia en el servicio público de la administración de justicia. - Ahora, por lo que veía al agravio relativo a "que el acto u omisión atribuido es una cuestión de criterio jurisdiccional", indicó que, contrario a los motivos de disenso, no se podía considerar que la omisión de la jueza constituía un criterio debatible u opinable y, que por ello, no podía actualizarse la falta administrativa. Tan era así, que como lo había establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cumplir con las funciones en materias de disciplina de jueces y magistrados, podía analizarse la correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas al emitir sus decisiones, debiendo referirse a aquellas actuaciones que constituyeran una desviación de la legalidad que no fuera una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual pudieran sustentarse válidamente diversas soluciones, sino que derivaban de datos objetivos, como sería un evidente error o descuido, por haberse emitido en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto. Para ello, citó los artículos 123, 124 y 125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y precisó que lo dispuesto en el primero citado, no constituía una facultad potestativa para los juzgadores, sino una obligación. Ello era así, porque de su redacción, se advertía claramente que los jueces tienen el deber de mantener el orden en los debates, incluidos, los que son por escrito, y también la obligación de exigir a las partes y a sus representantes o al ministerio público, que guardaran el respeto y consideraciones correspondientes. Además que esa disposición legal también obligaba al juzgador a corregir las faltas que se cometieran con la aplicación de multas. También indicó que la obligación contenida en el artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para mantener el orden en los debates, exigir a las partes que se guardaran el respeto debido y la corrección de dichas faltas mediante multas, era independiente y diversa a la facultad de imponer las correcciones disciplinarias prevista en el numeral 124 del mismo ordenamiento. Era así porque la facultad potestativa de imponer correcciones disciplinarias, conforme al último artículo citado, estaba limitada para el caso de que los abogados y ministerio público cometieran faltas en el desempeño de sus funciones, no así para cuando "las partes", como en el caso, se faltaran el respeto, pues de ser así, la jueza tenía la obligación -no facultad potestativa- de mantener el orden, exigir que se condujeran entre ellos con respeto y corregir la falta con una multa, tal como lo establecía de forma clara y precisa el artículo 123 citado. Por tanto, manifestó que, contrario a lo afirmado por la recurrente, de la redacción del artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no podían sustentarse válidamente distintas soluciones, ya que ese numeral era claro y preciso respecto del deber de los jueces de mantener el orden del debate y exigir a las partes se condujeran con respeto, en el caso de que existiera una falta de esa índole, así como corregirla mediante la aplicación de una multa; y, considerando que la actuación de la jueza transgredió el texto expreso de ese precepto legal, por omitir cumplir con esa obligación, constituía un evidente descuido o error judicial. De igual manera, refirió que tampoco se podía justificar la actuación de la jueza, por el hecho de que no se trataba de insultos, sino del parafraseo de una parte de otro escrito que anexaron en copia certificada, dado que dichas circunstancias no fueron especificadas en la que se atribuía la comisión de la falta cometida por la Jueza, por lo que no eran susceptibles de análisis. - En cuanto al agravio relativo a "que no existió una ofensa a título personal, por el cual la jueza no estaba obligada a intervenir en la dirección del debate", indicó que, contrario a lo que se sostenía en los agravios, no podía considerarse que Hortencia Reyes Trujillo se encontrara parafraseando a Ciro Álvaro Ruiz Hernández y, por tanto, que no se tratara propiamente de ofensas a título personal. Era así, porque si bien era cierto que del contenido del escrito del último mencionado se apreciaba que utilizó términos peyorativos para referirse a Monserrat Yeimi Castilla García, similares a los enunciados por Hortencia Reyes Trujillo, en su escrito de once de mayo de dos mil veintiuno, no podía afirmarse que se tratara de una simple paráfrasis, pues parafrasear implicaba tomar las ideas de una persona en su propias palabras. Lo cual, dijo, no aconteció, pues en parte de su promoción replicó en términos exactos los insultos referidos, además que al examinar la redacción del escrito materia de la queja, se advertía que algunas de las palabras peyorativas que utilizó Hortencia Reyes Trujillo, las realizó a título personal tales como ".la citada Yeimi ya le prestaba sus servicios de sexo servidora a mi todavía esposo.", ".por eso cuando se ofrecía de ramera, sexo servidora y prostituta.", ".ésta la corrió de gata por descubrirla de rata y lo peor es que por estar en la penuria siempre la ha visto como can.", por citar algunas esas frases. Por ende, determinó que la jueza tenía la obligación legal de mantener el respeto entre los intervinientes en juicio y, al no hacerlo así, como resolvió la sentencia impugnada, incurrió por omisión en el descuido de sus funciones, por tanto, su agravio resultó infundado. V. Decisión Debida fundamentación y motivación En principio, como se observa, la autoridad responsable sí cumplió con las garantías de legalidad y seguridad jurídica en la medida que fundó y motivó su resolución, porque de la lectura de la resolución reclamada se observa que expresó las razones que la llevaron a resolver en la forma en que lo hizo y citó los preceptos que consideró aplicables al caso en concreto, entre ellos: - Artículos 123, 124 y 125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. - Numeral 213 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Artículos y consideraciones en los que se basó para sustentar la determinación emitida, de los que se observa existe adecuación entre tales disposiciones normativas con las razones ahí vertidas. A más que dichos razonamientos se consideran ajustados a derecho. Se explica. Sentido literal del artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán Al respecto, del artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, en lo conducente al caso, se desprende que los jueces tienen el deber de mantener el orden en los debates judiciales y de exigir que las partes, sus representantes o abogados y agente del Ministerio Público les guarden y se guarden entre sí el respeto y consideraciones correspondientes, incluido lo expresado en los escritos presentados. Para ello establece la obligación de corregir las faltas que se cometieren con la imposición de multas. Como se observa, contrario a lo indicado por la parte quejosa, el numeral es claro y preciso en establecer la obligación de los juzgadores de exigir el respeto de las partes entre sí, y dicha legislación no realiza alguna distinción, además que no contiene imprecisión, laguna o posible antinomia que deba ser resuelta utilizando los instrumentos interpretativos previstos en la doctrina, dado que es entendible su sentido literal, por lo que, de hacerlo, se contravendría el principio de derecho que establece que donde la ley no distingue el intérprete no debe hacerlo. En tal sentido, del propio texto y semántica del artículo referido, se advierte que claramente que también el verbo "deber" alude a una obligación que es de observancia ineludible por la juzgadora. De ahí que no es dable realizar una interpretación holística o hermenéutica de tal dispositivo normativo, en relación con otros del mismo ordenamiento o de alguno diverso; por ende, no asiste razón a la promovente del amparo al indicar que de dichos artículos se advertía que existían varias formas en que debía actuar, con motivo de la falta de respeto ejercida entre alguna de las partes a la otra. Lo anterior porque dicho numeral es claro y preciso en establecer la obligación de los Juzgadores y Magistrados de mantener el orden en los debates judiciales y de exigir que las partes se guarden respeto entre sí, incluso, de imponer las multas correspondientes en caso de que alguno de estos falte el respeto. A más que de una simple lectura del numeral 124 del mismo Código, se obtiene que únicamente establece la facultad -potestativa- de imponer correcciones disciplinarias, en caso de que sujetos pasivos específicos (abogados y el ministerio público) cometan faltas en el desempeño de sus funciones y, para ello, en el dispositivo legal de orden siguiente -125- establece el catálogo de las que puede hacer uso. Pero, como lo dijo la responsable, ello no aplica para las partes, cuya norma especial aplicable prevé su propia regulación. En ese sentido, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, no existen varios supuestos sobre los cuales debía actuar para mantener el orden y respeto entre las partes, en virtud de que, se reitera, la legislación es clara y precisa que solo existe una forma y cómo debe hacerlo, por lo que no es dable realizar alguna interpretación para conocer su contenido, si éste establece las pautas mínimas a seguir por parte de los Juzgadores para tal efecto. Por ende, no queda al prudente arbitrio de los juzgadores mantener o no el orden en los debates y escritos, o cómo lo debe de moderar, pues es preciso establecer que ante la falta de respeto entre las partes, están obligados a actuar y, en su caso, a imponer las multas correspondientes. Por lo anterior, como se observa, el legislador ordinario no realizó distinción al respecto, por ese motivo, tampoco sería dable que la autoridad responsable lo hiciera en el sentido pretendido por la aquí quejosa, y partir de esa errónea premisa para resolver el asunto. Tampoco asiste la razón a la solicitante del amparo en el sentido de que el Pleno del Consejo hizo patente que dichas disposiciones normativas fueran interpretables entre sí, ni que así lo realizara en su acusación el Secretario Técnico, dado que se observa que la primera mencionada sí fue clara en establecer que no era dable la interpretación propuesta por la recurrente, dado que el artículo 123 referido, era preciso en su contenido. Ni existe incongruencia entre las conductas atribuidas en la acusación del Secretario Técnico, con la establecida en la resolución reclamada, en virtud de que en ambas se precisó que la aquí quejosa no atendió la obligación establecida en el citado numeral 123 de la legislación procesal civil local, aunque el primero de ellos, también señaló que no había atendido el diverso numeral 124, sin embargo, no por esa razón se advierta que exista incongruencia alguna en la acusación con lo resuelto, si en ambas se consideraron los mismos hechos y tipos administrativos. La exigencia de mantener el orden y respeto entre las partes, así como imponer multa ante su falta, no queda a criterio o debate judicial En ese contexto, tampoco asiste la razón a la parte quejosa en el sentido de que la forma de mantener el orden se trate de un criterio judicial y, por ende, la autoridad responsable haya rebasado sus facultades disciplinarias en cuanto a la autonomía e independencia de su actuar como Juzgadora. Para ello, es necesario precisar que el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, establece que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado está a cargo del Consejo adscrito a dicho órgano, que posee autonomía técnica y de gestión. Mientras que de los artículo 6° y 49, ambos en su fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, se advierte que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, institucionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, así, para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos actuarán conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Así, precisan que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de cumplir dichas funciones. Por su parte, de los artículos 164 y 165, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, se obtiene que los servidores públicos serán responsables en términos de dicha legislación, y de la diversa de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. También establece que será el Consejo quien conocerá y resolverá sobre los procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos que cometan alguna falta administrativa, imponiendo, en su caso, las sanciones correspondientes. En ese sentido, cabe destacar que el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos tiene como objetivo vigilar y sancionar toda conducta que vaya en contra de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la prestación del servicio público; el órgano disciplinario sancionará las desviaciones al mandato del contenido en el catálogo de las conductas que la ley impone. Respecto del objetivo del procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos, es ilustrativa la tesis CXXVII/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Octubre de 2002, página: 473, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta". Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la revisión administrativa 11/99 Tomo XVI, Octubre de 2002, página: 473, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en síntesis, sustentó: Las decisiones del Consejo de la Judicatura implican una importante labor jurídica que adquiere una especial relevancia cuando se trata de determinación de responsabilidades administrativas y la imposición de sanciones de carácter disciplinario, pues al estarle conferida constitucionalmente a dicho Consejo la vigilancia y disciplina de los integrantes de los órganos jurisdiccionales federales, no resultaría congruente con la responsabilidad asignada el impedirles analizar, jurídicamente, la congruencia y correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas por tales órganos al emitir sus decisiones. La facultad de examen descrita debe referirse a aquellas actuaciones jurisdiccionales que constituyan una desviación de la legalidad que no sea debatible u opinable, sino que deriven de datos objetivos como sería un evidente error o descuido; es decir, el análisis de la legalidad de la resolución materia de la queja administrativa no debe dilucidar una cuestión de criterio jurídico, en la cual puedan sustentarse, válidamente, diversas soluciones, derivadas de la interpretación de normas jurídicas, sino decidir sobre si el fallo o actuación judicial se emitió en evidente contravención al texto de la ley aplicable, o ignorando constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto. La conclusión no atenta contra la autonomía e independencia con que deben contar los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito en el ejercicio de sus funciones, porque estos juzgadores conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, los que deben ser objetivamente acordes con las disposiciones legales y constitucionales aplicables, y atender a las constancias de autos, únicos aspectos que, como se dijo, son susceptibles de análisis al resolver sobre su responsabilidad administrativa. La naturaleza jurídica de la resolución recaída a una queja administrativa no es la de un recurso o medio de defensa susceptible de modificar el sentido de las decisiones decretadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, puesto que la única finalidad de esta instancia consiste en revisar que la actuación de los Jueces y Magistrados se haya apegado a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia e independencia que deben caracterizar su actividad, sin afectar las situaciones jurídicas que se generaron por virtud de la resolución del juicio relativo, con lo que se respeta la autoridad de la cosa juzgada. Los anteriores argumentos originaron la tesis XLII/2000, Tomo XI, Marzo de 2000, página 88, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra dispone: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. Para cumplir con las funciones en materia de disciplina al resolver sobre la responsabilidad administrativa de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, el Consejo de la Judicatura Federal puede analizar la correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas al emitir sus decisiones, siendo que en el caso específico de remoción, la resolución respectiva debe ser aprobada por mayoría de cinco votos, situación que garantiza un suficiente consenso en cuanto a la determinación de responsabilidad grave de esos funcionarios. Asimismo, cabe destacar que como la única finalidad de esta revisión consiste en determinar si la actuación de los juzgadores se apegó a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar su actividad, no es susceptible de modificar las situaciones jurídicas derivadas de las resoluciones judiciales, por no tratarse de un recurso o medio de defensa, debiendo referirse a aquellas actuaciones que constituyan una desviación de la legalidad que no sea una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable, en la cual puedan sustentarse válidamente diversas soluciones, sino que deriven de datos objetivos, como serían un evidente error o descuido, por haberse emitido en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto, lo cual no atenta contra la autonomía e independencia con que deben contar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones, pues éstos conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, los que deben ser apegados a derecho." (subrayado y énfasis añadido). De lo anterior se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que el Consejo de la Judicatura Federal, al resolver sobre responsabilidades administrativas y la imposición de sanciones de carácter disciplinario, se encuentra facultado para analizar jurídicamente la congruencia y correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas por tales órganos al emitir sus decisiones. Sin embargo, el propio Pleno de nuestro Máximo Tribunal dispuso que la facultad de examen descrita se refiere únicamente a aquellas actuaciones jurisdiccionales que constituyan una desviación de la legalidad que no sea debatible u opinable, sino que deriven de datos objetivos como sería un evidente error o descuido. En ese sentido, el análisis de la legalidad de la resolución materia de la queja administrativa no debe dilucidar una cuestión de criterio jurídico, en la cual puedan sustentarse, válidamente, diversas soluciones, derivadas de la interpretación de normas jurídicas, sino decidir sobre si el fallo o actuación judicial se emitió en evidente contravención al texto de la ley aplicable, o ignorando constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto. Consideraciones que son aplicables al caso, en tanto que los actos reclamados emanan de un procedimiento administrativo de responsabilidades de una juzgadora, instruido por el Consejo de la Judicatura del Estado, con motivo de una conducta sancionable relativa a actuar con descuido en el ejercicio de su labor. Así, este órgano jurisdiccional advierte que, tal como lo dispuso la autoridad responsable, la conducta reprochable a la aquí quejosa no resulta ser una decisión judicial debatible u opinable, en virtud de que para establecer que ésta no atendió a la obligación establecida en el artículo 123 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Michoacán, no realizó alguna interpretación sobre lo ahí establecido, ni precisó mayores consideraciones que involucren un criterio jurídico. Ello porque la obligación de actuar en el citado numeral es clara, la que debe ser atendida por el Juzgador que conoce de un proceso para mantener el orden y exigir el respeto de las partes en los debates, por lo que la omisión de no hacerlo, evidentemente lo sitúa en la causa de responsabilidad establecida en el artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, esto es, por descuido en el ejercicio de sus funciones. A más que la legislación citada no establece otras formas de actuar de los juzgadores que no sea el deber de mantener el orden y respeto entre las partes, representantes o abogados, y en caso de que alguno de estos no lo realice, está obligado a imponer las multas correspondientes. De ahí que solo existe un actuar de la autoridad que no queda a criterio jurídico alguno, pues el no hacerlo, implicaría contravenir al texto de la ley aplicable. En ese sentido, la actuación -omisiva- reprochable a la aquí denunciante, sí constituye una desviación de la legalidad que no es debatible u opinable, esto es, no queda a su prudente arbitrio si debe o no mantener el orden o imponer la multa establecida en el artículo 123 de la legislación procesal civil local, ante la falta de respeto de alguna de las partes a la otra, pues el no hacerlo es un dato objetivo que hace evidente el descuido en sus funciones. Por ende, al no ser un criterio judicial, sí estaba dentro de las facultades disciplinarias de la autoridad responsable emitir una resolución en el procedimiento administrativo sancionador de origen y, por ello, se advierte que no violó los principios de autonomía e independencia que establece el artículo 17 Constitucional. Ello a más de que no es dable considerar que el hecho de no realizar pronunciamiento alguno ante las palabras peyorativas que utilizó Hortencia Reyes Trujillo a título personal en contra de la otra coheredera, se deba a una cuestión de "temperancia" para la "moderación de las pasiones", como lo afirma incorrectamente la quejosa, en virtud de que sí estaba obligada a actuar ante dichas expresiones ofensivas, incluso, imponer las multas correspondientes y, el no hacerlo, denota objetiva y claramente un descuido -por omisión- de su parte para mantener el orden y respeto entre los coherederos en el juicio sucesorio intestamentario número 71/2021 a bienes de Ciro Álvaro Ruiz Hernández. Incluso, como lo refirió la autoridad responsable, tal omisión permitió que los interesados continuaran utilizando un lenguaje soez entre sí. Utilización de lenguaje peyorativo por parte de Hortencia Reyes Trujillo Sentadas las bases anteriores, es necesario precisar que, contrario a lo indicado por la parte quejosa, es correcto lo resuelto por la autoridad responsable, en el sentido de que Hortencia Reyes Trujillo sí utilizó lenguaje peyorativo a título personal en el escrito de once de mayo de dos mil veintiuno, al utilizar las frases que fueron transcritas en la resolución reclamada. A más de que este órgano jurisdiccional advierte que, efectivamente, vierte una serie de insultos dirigidos a Monserrat Yeimi Castilla García (y a sus hijos), lo que no realizó parafraseando, pues si bien citó algunas supuestas frases del autor de la herencia Ciro Álvaro Ruiz Hernández, también lo es que las hizo suyas, tal como se advierte de una simple lectura de dicha promoción. En ese sentido, el solo uso de ese lenguaje para denostar y faltar respeto a la otra coheredera, incluso, parafraseando lo vertido por otra persona, pero haciéndolo suyo, al usar frases u ofensas tales como que: ".la citada Yeimi ya le prestaba sus servicios de sexo servidora a mi todavía esposo.", ".por eso cuando se ofrecía de ramera, sexo servidora y prostituta.", ".ésta la corrió de gata por descubrirla de rata y lo peor es que por estar en la penuria siempre la ha visto como can."; lo que, desde luego, no constituye un completo parafraseo; sino que ameritaba la intervención de la Juzgadora a efecto de mantener el orden y exigir el respeto entre las partes, incluso con la aplicación de las multas correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que no realizó. Por ello, adverso a lo referido por la quejosa, sí se configuró la conducta relatada en el artículo 165, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Existencia de un perjuicio o afectación en las partes Ahora, contrario a lo referido por la parte quejosa, asiste razón a la autoridad responsable en el sentido de que no cualquier descuido o error judicial es susceptible de ser sancionado en un procedimiento de responsabilidad administrativa, pues para ello éste tiene que ser de naturaleza extraordinaria que sea sancionable por constituir una falta administrativa. Es más, como se asentó, el artículo 165, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no exige que el descuido en las funciones deba necesariamente causar perjuicio en algún derecho procesal o sustantivo a alguna de las partes, por lo que solo basta que éste acontezca (omitir exigir respecto respeto entre las partes e imponer las multas correspondientes, ante el lenguaje peyorativo de uno de éstas a la otra), para que la conducta sea motivo de una causa de responsabilidad, de conformidad el principio que establece que donde la ley no distingue el intérprete no tiene por qué hacerlo -antes citado-. En todo caso, la gravedad de la falta será determinada por lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Michoacán en el título tercero denominado "faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves", para establecer si ésta es grave o no, y el tipo de sanción. A más de que, como lo dijo el Pleno responsable, la omisión de la aquí quejosa sí incidió de manera negativa en el proceso, dado que permitió que, con posterioridad, las partes continuaran utilizando un lenguaje soez para ofenderse. Lo anterior con independencia de si las actuaciones son recurribles o no, pues lo que se califica en un procedimiento administrativo sancionador es el reproche del servidor público para actuar de cierta manera y no lo haya hecho, tal como lo dispone la legislación correspondiente, no así los criterios jurisdiccionales que haya utilizado y plasmado en el proceso, como se precisó previamente. Taxatividad del tipo administrativo Ahora bien, tampoco asiste razón a la quejosa en el sentido en el sentido de que el artículo 165, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tenga que establecer que el descuido o negligencia tenga que establecer alguna afectación, para que sea causa de responsabilidad, o que su eficacia esté sujeta a una interpretación conforme a la Constitución, se explica. Es necesario precisar que en cuanto a las sanciones administrativas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios de tipicidad y de reserva de ley integran el núcleo de la garantía de legalidad en materia de sanciones, el que se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción, que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. El máximo tribunal del país ha sostenido que dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a aquellos del derecho penal sustantivo como el de legalidad y, particularmente, al de tipicidad, que exige una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, de manera que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Por lo que si la conducta de reproche se desprende de la propia legislación o de sus disposiciones reglamentarias y permite al gobernado su previsibilidad, evitando con ello la arbitrariedad de la autoridad administrativa al establecer una sanción; entonces, no se vulnera el principio de tipicidad. Se citan como apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "Registro digital: 2013245 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 2a. CXXVI/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 919 Tipo: Aislada TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a aquellos del derecho penal sustantivo como el de legalidad y, particularmente, al de tipicidad, que exige una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, de manera que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación. Sobre esa base, cuando la norma que contiene el supuesto de infracción establece: "las demás violaciones a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias" o expresiones similares, no vulnera el principio de tipicidad, siempre que la conducta de reproche se desprenda de la propia legislación o de sus disposiciones reglamentarias y permita al gobernado su previsibilidad, evitando con ello la arbitrariedad de la autoridad administrativa al establecer una sanción." "Registro digital: 2007406 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 1a. CCCXVI/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, página 572 Tipo: Aislada DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio." Ahora, del último criterio citado, se observa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del a Nación ha contemplado que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que, para determinar el balance debido, es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Precisó que al menos existen cinco ramas del derecho administrativo sancionador que son: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado evidencia que han sido explorados diversos ámbitos en la jurisprudencia y se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad que permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de rubro: "TIPOS ADMINISTRATIVOS EN BLANCO. SON CONSTITUCIONALES SI SE JUSTIFICAN EN EL MODELO DE ESTADO REGULADOR.", consideró que para analizar los tipos administrativos, se debía tomar en cuenta la específica modulación del principio de legalidad exigido por el balance precisado de los valores constitucionales en juego que cada ámbito demanda. Señaló que en el derecho administrativo sancionador el principio de legalidad no exige un grado de satisfacción absoluto del principio de reserva de ley, ya que la regulación de ciertas cuestiones técnicas requiere de la coparticipación del Ejecutivo o de ciertos órganos constitucionales autónomos, por lo que el principio de legalidad seguía teniendo aplicación en sus dos vertientes, pero de forma diferenciada: el principio de tipicidad en cuanto a la predeterminación inteligible de la conducta; sin embargo, el principio de reserva de ley dejaba de ser absoluto para ser relativo. En este contexto, el principio de tipicidad se colma cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; puesto que supone la presencia de una "lex certa" (claridad de la ley) que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones, es decir, la tipificación de determinadas circunstancias como reprochables que coinciden con las advertidas en cada caso concreto. Luego, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, bastaba que el núcleo esencial o básico de la conducta reprochada como falta estuviera previsto en la ley. Ello porque el mandato de tipificación integraba las condiciones de previsión y certeza de la disposición legal, a efecto de que las infracciones y las sanciones no solo estuvieran previstas con anterioridad a que se produjera la conducta enjuiciable (lex previa), sino que esa descripción tuviera un grado de precisión tal (lex certa) que incluyera: i) las conductas; ii) las sanciones; así como iii) la metodología para aplicarlas, expuestas con un grado de precisión que privara al operador jurídico de cualquier veleidad, creativa, analógica o simplemente desviada de la letra de la ley. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en materia derecho administrativo sancionador, es innecesario que las leyes relativas contengan exactamente la conducta infractora o, como en el caso, contrario a lo indicado por la quejosa, que el artículo 165, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para su efectividad tenga que establecer que el descuido o negligencia del servidor público origine una afectación y que al no hacerlo, se tenga que acudir a una interpretación conforme con la Constitución. Puesto que basta con que la conducta a sancionar ahí establecida (descuido o negligencia en las funciones del servidor público) sea idónea para predecir, con suficiente grado de seguridad esa conducta, las sanciones correspondientes (amonestación pública), y las condiciones para su individualización (artículos 76 y 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán), lo que así acontece. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 2019469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: I.4o.A.156 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2784 Tipo: Aislada RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LAS LEYES RELATIVAS, EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS DE TAXATIVIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. En el ámbito del derecho administrativo sancionador, en especial, en lo concerniente a los aspectos de taxatividad, basta que el núcleo esencial o básico de la conducta reprochada como falta esté previsto en la ley, siendo innecesaria o superflua la remisión a regulaciones administrativas, como por ejemplo, los manuales de organización, para que se cumpla con el principio de legalidad y dicha norma sea de observancia obligatoria. Ello se debe a que el mandato de tipificación es una fórmula técnica que integra las condiciones de previsión y certeza de la disposición legal, a efecto de que las infracciones y las sanciones no sólo estén previstas con anterioridad a que se produzca la conducta enjuiciable (lex previa), sino que esa descripción tenga un grado de precisión tal (lex certa), que incluya: i) las conductas; ii) las sanciones, así como iii) la metodología para aplicarlas, expuestas con un grado de precisión que prive al operador jurídico de cualquier veleidad, creativa, analógica o simplemente desviada de la letra de la ley. Por tanto, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es innecesario que las leyes relativas contengan exactamente la conducta infractora, pues basta con que sean idóneas para predecir, con suficiente grado de seguridad esa conducta, las sanciones correspondientes y las condiciones para su individualización. Todo esto, en el entendido de que respondan y sean pertinentes para la observancia de los principios constitucionales inherentes al desempeño de los servidores públicos, de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, previstos en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí lo infundado de sus argumentos. Al margen de lo expuesto, en cuanto a las tesis que citó en apoyo a sus argumentos de rubros: - "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES." -"DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS" Y "ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE". SU DISTINCIÓN." "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE UN JUEZ. NO PUEDE DETERMINARSE CON BASE EN EL CUESTIONAMIENTO DE SU CRITERIO, BASADO EN LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA QUE DE UN PRECEPTO REALIZÓ EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)." - "EXCEPCIÓN A LA REGLA QUE EXCLUYE LA INTROMISIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN CUESTIONES JURISDICCIONALES." - "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO. AUNQUE LA LEGISLACIÓN CIVIL NO REGULE UN PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE EMITIR SU MANDAMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." - "MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NO TRAMITA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO O NO REMITE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA Y EN LOS PLAZOS LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS. PUEDE INAPLICARSE, PREVIO EJERCICIO DE VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 260 DE LA LEY DE LA MATERIA)." Sin embargo, quien resuelve considera que dichos criterios son acordes a la resolución reclamada, porque, como se explicó, la sanción consistente en la amonestación pública no se derivó de una actuación que fuera a criterio o arbitrio debatible u opinable, ni existían válidamente diversas soluciones para tal efecto; también porque la responsable atendió los principios de legalidad y seguridad jurídica, al realizar una valoración de la situación en que se encontró la Jueza sancionada frente al cumplimiento de sus obligaciones procesales. Ahora, en cuanto a lo que alega en el sentido de que: - En la resolución de origen no se indicó qué tipo de error era el que le imputaban, dado que podría ser de iure o de facto y, que en el caso, era el primero al dejar de aplicar una hipótesis legal; Que no se podía considerar que existiera un error judicial inexcusable cuando del análisis de los hechos, el examen o de la interpretación o interpretaciones de las normas jurídicas, acertada o equivocadamente, obedecieran a un proceso mental lógico y, por ello, sirvieran de base a la formación de la convicción psicológica de quien emitió la resolución; y, Que lo anterior era porque lo que se pretende corregir y prevenir es la desatención a datos de carácter indiscutible que genere una resolución esperpéntica, absurda, que rompa la armonía del orden jurídico, lo que no ocurre en el caso. Tales argumentos resultan inoperantes por novedosos y no podrían ser motivo de pronunciamiento en este sumario, pues a pesar de que estuvo en condiciones de hacer valer dicha situación ante la responsable al interponer su recurso de revocación, no lo hizo, de ahí la inoperancia aludida. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 424, del Tomo XXX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2009, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." (subrayado añadido). Por lo referido, ante la calificación de infundado por una parte, e inoperante en lo restante de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. De ahí que la resolución reclamada no afecta o ignora las tesis invocadas por la parte quejosa en su demanda de amparo. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por el agente del Ministerio Público de la adscripción, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no hace valer diversa causa de improcedencia, ni existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo antes expuesto, fundado, y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Verónica Chávez Chávez, por propio derecho, en cuanto al acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Verónica Chávez Chávez, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.gabk
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ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DIECICHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO III-846/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo III-846/2023 promovido por María Verónica Chávez Chávez, a través de su apoderado Leonardo Chávez Chávez, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de tercera interesada a Monserrat Yeimi Castilla García. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: 1. El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. 2. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Morelia. 3. Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas documentales como prueba, así como que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe las documentales consistente en: ? Las constancias del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa número CVD/71/2022, con las cuales se ordenó formar un tomo de prueba por separado. EL JUEZ: Se tienen por admitidos y desahogados los medios probatorios de cuenta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló alegatos de su parte a través del pedimento número 526/2023. EL JUEZ: Téngase por rendido el alegato de referencia, y al no existir diversa manifestación al respecto, se da por concluida la presente audiencia. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE
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Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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