María Verónica Alcara Jiménez
Expediente 1311/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1311/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 06/09/2016
Partes del expediente
- Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa Única de Rezago de la Fiscalía Especial de Investigación de Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
- María Verónica Alcara Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Atento a la diligencia de ratificación que antecede, como lo solicitó la quejosa en la citada diligencia, se le tiene por desistida del presente juicio de amparo, por lo cual, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO del presente asunto. Dicho precepto establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Es aplicable al caso el criterio jurisprudencial que expresa: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El desistimiento que contempla la fracción I del artículo 63, transcrita, constituye una abdicación o renuncia a la potestad o derecho del sujeto, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implica, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. Es así, porque la figura del desistimiento ha sido considerada en la doctrina procesal como la abdicación al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho. Por otra parte, uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I del artículo 107 Constitucional y el artículo 6 de su Ley Reglamentaria, que establecen que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Así las cosas, si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda abdicar de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto. Lo anterior, fue reconocido por el legislador al establecer como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de garantías, el desistimiento de la demanda, como señala el transcrito artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, tomando en consideración que la quejosa manifestó expresamente su voluntad de desistir de la instancia constitucional, por tanto, existe certeza y seguridad de que es la persona a quien interesa culmine el procedimiento constitucional que instó. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de identificación son: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. Asimismo, a virtud del sobreseimiento en el juicio, los efectos que se producen es que se ponga fin al procedimiento, sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad del acto reclamado, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda. Esto, porque el juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada que tutela el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, es evidente que atendiendo a ese principio, si aquel a quien perjudica el acto reclamado se desiste en su perjuicio del amparo interpuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, al actualizarse la causa de sobreseimiento del juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, acorde con el texto de la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMÁS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Verónica Alcará Jiménez, mediante el cual desiste del presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2, requiérase a la promovente, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este órgano de control constitucional, traiga consigo identificación oficial, para que ante la presencia judicial manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento en el presente asunto. Lo anterior, pues únicamente de esta manera se tendría la certeza de que quien desiste es la parte quejosa, que realmente es intención del solicitante de amparo el abdicar de la acción constitucional y que no se trata de un escrito en el que se le haya suplantado o hubiese obedecido a una causa ajena a su voluntad; sin perjuicio de que posteriormente pueda acudir a ratificarlo, mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria. Tiene aplicación al respecto, la siguiente jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis: 2a./J. 119/2006, Página: 295, No. Registro: 174,481, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XI, abril del 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 147, que señala lo siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia."
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