María Trinidad y/o Ma. Trinidad López Martínez
Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Trinidad y/o Ma. Trinidad López Martínez
- Elizabeth Jannette López López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Menor Mixto del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad requirente que en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo en la que por una parte se decretó el sobreseimiento y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, razón por la cual se ordenó el archivo definitivo; lo anterior, se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Menor del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo Michoacán, mediante el cual devuelve los oficios 18880 y 18881 que van dirigidos al Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán. En ese sentido, se ordena reenviar dichos oficios a la autoridad correspondiente. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 504/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó a juicio el juez responsable. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da hace constar que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 2), María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez y Elizabeth Jannette López López, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos de las autoridades y acto reclamado siguiente: Autoridades responsables: Juez Menor Mixto; y, Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto. Ambas autoridades con residencia en La Piedad, Michoacán. Acto reclamado: Auto de once de mayo de dos mil veintiuno pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 483/2013, que sobre pago de pesos promovió Ernesto Alejandro Bravo Calderón, por conducto de su endosatario en procuración, frente a María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, en el cual se ordenó la desocupación y entrega real y material del inmueble rematado en autos. Invocándose en esta demanda como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Recepción, registro y admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 504/2021, mediante auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno (foja 7) se desechó la demanda por lo que toca al secretario del Juzgado Menor Mixto, con sede en La Piedad, Michoacán y se admitió a trámite por las demás señaladas como responsables, se solicitó a la autoridades su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El diez de agosto siguiente (foja 65), se reconoció el carácter de tercero interesado a Ernesto Alejandro Bravo Calderón, por figurar como actor dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen. Finalmente, el cinco de octubre de dos mil veintiuno (foja 89) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclaman un auto emitido por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que, en la especie, el acto reclamado consiste en: Acto reclamado: Auto de once de mayo de dos mil veintiuno pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 483/2013, que sobre pago de pesos promovió Ernesto Alejandro Bravo Calderón, por conducto de su endosatario en procuración, frente a María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, en el cual se ordenó la desocupación y entrega real y material del inmueble rematado en autos. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado (fojas 38 y 71). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó al informe justificado rendido dentro del juicio de amparo, el Juez Menor Mixto, con residencia en La Piedad, Michoacán, consistente en copia certificada de las principales constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 483/2013. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden, la quejosa Elizabeth Jannette López López, en su carácter de auténtica extraña, reclama el auto de once de mayo de dos mil veintiuno pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 483/2013, que sobre pago de pesos promovió Ernesto Alejandro Bravo Calderón, por conducto de su endosatario en procuración, frente a María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, en el cual se ordenó la desocupación y entrega real y material del inmueble rematado en autos. Por tanto, resulta inconcuso que para acreditar su interés jurídico contra lo actuado en el juicio del que derivan los actos reclamados, la quejosa debió acreditar el derecho que le asiste para intervenir como parte demandada en la contienda, situación que no demostró, razón por la que este juzgado de oficio advierte que se actualiza la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional, la promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. Como se estableció anteriormente, en el caso la parte quejosa se duele del auto de once de mayo de dos mil veintiuno pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil 483/2013, que sobre pago de pesos promovió Ernesto Alejandro Bravo Calderón, por conducto de su endosatario en procuración, frente a María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, en el cual se ordenó la desocupación y entrega real y material del inmueble rematado en autos; procedimiento en el cual no es parte formal. Bajo el anterior panorama, para que este juzgador esté en condiciones de emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, es necesario que ésta demuestre que dichas actuaciones afectan de manera directa sus derechos; sin embargo, la peticionaria de amparo no exhibió ningún documento suficiente para acreditar su interés jurídico, ya que no allegó alguno con el que demuestre el derecho que le asiste para ser llamada al juicio de origen, sino que únicamente en su demanda se indicó que ésta, en presencia del juez y secretario del juzgado responsable, llevó a cabo un convenio con la parte actora, en el cual se le concedió un plazo de veinticinco días para que desocupe voluntariamente el inmueble ubicado en la calle Allende 326, colonia Centro, en La Piedad, Michoacán, sin especificar bajo qué causa jurídica, es decir, virtud a que acto jurídico obtuvo la posesión de dicho inmueble. Entonces, si lo reclamado se vincula con la posesión de determinado bien, en un procedimiento donde la peticionaria aduce no haber sido oída y vencida, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que la accionante de amparo demuestre dos aspectos: primero, que el inmueble cuya posesión dice ostentar, es el mismo materia de aquel juicio; y segundo, que tiene un título como causa generadora de la posesión que alega, el cual debe producir la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien y no ser perturbado en su posesión, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento y, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese procedimiento. En ese sentido, cuando se reclama un acto referente a la posesión o que vulnere ese derecho respecto de un inmueble, debe acreditarse la causa legal que sustenta la posesión, para demostrar que se tiene interés jurídico y pedir amparo, pues el artículo 14 constitucional tutela la posesión jurídica y no la simple detentación material del bien respectivo. Por tal razón, la quejosa estaba obligada a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el bien materia del juicio de origen, esto es, debió acreditar su posesión, con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho -contrato de compraventa, donación, arrendamiento-, de manera que permitiera advertir que la promovente del juicio constitucional tiene una base objetiva que fundada y razonablemente produjera la convicción que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Por lo anterior, se considera que no se afecta el interés jurídico de la quejosa, porque como quedó asentado anteriormente, el interés jurídico se constituye de dos elementos, la afectación al derecho subjetivo y la titularidad del derecho subjetivo que se estima afectado; consecuentemente, si la quejosa no acreditó que es titular de algún derecho posesorio del inmueble que defiende, sustentado en una causa legal, resulta evidente que no tiene interés jurídico en el presente juicio, al no acreditar ser poseedora del mismo, sino simple ocupante. Ello es así ya que es poseedor de una cosa, el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, atendiendo a que el ejercicio de la acción constitucional está reservada, en exclusiva, a quien resiente un perjuicio con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna, entendiéndose que la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante los tribunales federales demandando la protección constitucional contra la citada autoridad; se impone sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que corresponde a la quejosa Elizabeth Jannette López López, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Dicho lo anterior y como ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por lo que corresponde a la diversa quejosa María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tiene aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, la causa de pedir de la quejosa María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, descansa en esencia, en que en la etapa ejecutiva quedó en estado de indefensión, en atención a que no se dio cuenta de la prosecución del juicio natural ni de la escrituración del inmueble de su propiedad que se remató en esa contienda. Ello, señala, porque a partir del dieciocho de febrero de dos mil veinte y después de que se remató el inmueble de su propiedad, esto es, del veintidós de enero del mismo año, el licenciado José Antonio Ibarra Ramírez, quien se desempeñaba como su abogado, solicitó expresamente dejar de recibir notificaciones respecto de ese juicio y de esa circunstancia, ella nunca se enteró. Entonces aduce, a partir de que el abogado que la representaba en juicio renunció a ese cargo y al haberse levantado razón por parte de la actuaria responsable en el sentido que se desconocía su domicilio actual, el juez responsable debió, en términos de lo dispuesto en los artículos 1068, 1069 y 1070 del Código de Comercio, haber ordenado que se publicaran edictos para requerirla que señalara nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, porque al no haberlo hecho así, no estuvo en condiciones de oponerse a las actuaciones verificadas en la etapa de ejecución y por ello, se le dejó en completo estado de indefensión. Concepto de violación que es infundado, como se demostrará a continuación. Para hacerlo, primeramente debe decirse que de las constancias que remitió el juez responsable se aprecia que en auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte pronunciado en el juicio de origen (foja 43), el juez responsable tuvo al licenciado José Antonio Ibarra Ramírez, manifestando que no deseaba seguir recibiendo notificaciones a nombre de la quejosa en el domicilio procesal señalado en autos. Por esa razón, en el mismo proveído, el juez responsable ordenó que a efecto de garantizar una tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y un debido proceso a la demandada, la actuaria responsable debería notificarle dicha renuncia a la accionante del amparo en su domicilio particular y debería también requerirla para que en el término de tres días, señalara nuevo domicilio procesal para ese efecto. En cumplimiento a lo anterior, mediante actuación judicial de veinticuatro de febrero del mismo año (foja 43 reverso), la actuaria responsable razonó la imposibilidad material para notificar a la quejosa en el domicilio ubicado en la Calzada Cerro Grande 370, del fraccionamiento Jardines del Cerro Grande, de la ciudad de La Piedad, Michoacán, ya que al constituirse en ese inmueble, pudo percatarse que el mismo estaba en remodelación y en el acto fue informada por un albañil que efectuaba esos trabajos, que no conocía a la quejosa y que la casa estaba deshabitada. Por lo anterior, mediante auto de veintiséis de febrero siguiente (foja 45 reverso) el juez responsable, ordenó que la notificación del auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se realizara en el domicilio particular en el cual fue emplazada a juicio y en esa misma determinación ordenó nuevamente que se requiriera a la quejosa para que en el término de tres días, señalara nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones personales. Ante esta situación, mediante razón de veintisiete de febrero de dos mil veinte (foja 46) la actuaria responsable nuevamente estableció la imposibilidad para materializar la notificación encomendada. Al respecto, señaló que al constituirse en el domicilio ubicado en la Calle Allende en medio de las casas marcadas con los números 44 y 32, de esa ciudad, se percató que la puerta de acceso del mismo se encontraba cerrada con candado; y que al entrevistarse con dos vecinos, uno del sexo masculino y otra del sexo femenino, el primero de ellos, le dijo que sí conocía a la quejosa pero que ella tenía como cuatro años que se cambió de domicilio; mientras que la segunda, dijo no conocer a nadie en esa calle, que respondiera al nombre de la peticionaria del amparo. Por esa razón, el tres de marzo de dos mil veinte (foja 46 reverso) el juez responsable ordenó que se notificara a la quejosa, el auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte por medio de lista y que por tercera ocasión, se le requiriera para que en el término de tres días, señalara nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones personales, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales le correrían por lista. Como consecuencia de lo anterior, en auto de veintiséis de abril del año pasado (foja 55), se ordenó que las notificaciones personales se le realizaran por lista en términos de los artículos 1068 y 1069 del Código de Comercio. Ahora bien, como ya quedó establecido, el argumento esencial de la quejosa María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, es que el juez responsable debió, en términos de lo dispuesto en los artículos 1068, 1069 y 1070 del Código de Comercio, ordenar que se publicaran edictos para requerirla que señalara nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, porque al no haberlo hecho así, no estuvo en condiciones de oponerse a las actuaciones verificadas en la etapa de ejecución y por ello, se le dejo en completo estado de indefensión. Entonces, para dar sustento a la calificación de ese concepto de violación, se hace necesario traer a cuenta lo establecido en los artículos 1068, 1069 y 1070 del Código de Comercio, que señalan: Art. 1,068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. A tal efecto, el juez deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda la infracción, a efecto de que este substancie el procedimiento disciplinario respectivo. Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; V. Por correo certificado, y VI. Por telégrafo certificado. Art. 1,069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada. Art. 1,070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rige. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio. De dichos artículos obtenemos para lo que aquí nos interesa: Que todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias; Que cuando un litigante no designe domicilio procesal, las notificaciones se harán conforme a las reglas establecidas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Que cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado; y, Que mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Bajo ese orden de ideas, no es cierto como lo afirma la quejosa, que el juez responsable estaba obligado a ordenar la notificación del auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por medio de edictos, porque como se aprecia del primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, la notificación por medio de edictos, se encuentra reservada en exclusiva para la primera notificación, que en el caso, lo fue el emplazamiento. Aunado a ello, porque el artículo 1070, sexto párrafo, del referido ordenamiento legal, es contundente al señalar que, mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado y que si el notificador hace constar la imposibilidad para realizarlas en el mismo, deberán correr mediante publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales. Último supuesto que se actualizó en el caso sujeto a estudio, pues como se aprecia de las constancias que integran el juicio de origen, mediante auto de veintiséis de febrero siguiente (foja 45 reverso) el juez responsable, señaló que la notificación del auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se debería realizar en el domicilio particular en el cual fue emplazada a juicio la quejosa. Sin embargo, atendiendo a que la actuaria levantó razón en la que asentó la imposibilidad para efectuarla en ese domicilio porque estaba deshabitado, por esa razón, el tres de marzo de dos mil veinte (foja 46 reverso) el juez responsable ordenó que se notificara a la quejosa, el auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte por medio de lista y que por tercera ocasión, se le requiriera para que en el término de tres días, señalara nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones personales, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales le correrían por lista. Por lo que al no hacerlo así la quejosa, en auto de veintiséis de abril del año pasado (foja 55), el juez natural ordenó que las notificaciones personales se le realizaran por lista en términos de los artículos 1068 y 1069 del Código de Comercio; en ese sentido, resulta evidente que el actuar de la responsable se sujetó a lo establecido legalmente en el artículo 1070 del Código de Comercio y que por ende, contrario a lo que argumenta la quejosa, no existía obligación legal de notificarle por edictos en la etapa ejecutiva. En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Elizabeth Jannette López López, en términos de la consideración cuarta de esta determinación. Segundo. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a María Trinidad López Martínez y/o Ma. Trinidad López Martínez, contra el acto reclamado al Juez Menor Mixto, con residencia en La Piedad, Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- María Teresa Morales Ortega1091/2021
- Maria Teresa Tafolla Zetina831/2018
- María Trinidad Aguilar Ramirez1017/2017
- María Trinidad Correa Quintana440/2019
- María Trinidad López Nava76/2019
- María Trinidad Villalobos Reyes532/2021
- María Valentina Cornejo Resendíz1039/2023
- Maria Vargas Rosas478/2023
- María Veronica Gutierrez Villaseñor384/2020
- María Virginia Escalera García624/2019
- María Virginia Sendel E Iturbide137/2019
- María Y/O Ma. Concepción Miranda Aguirre240/2020