María Trinidad Raymundo Carranza
Expediente 1462/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1462/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/07/2019
Partes del expediente
- María Trinidad Raymundo Carranza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, que disponía la parte quejosa para compareciera a recibir el documento exhibido en el presente juicio, sin que lo haya valer; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado y se ordena la depuración del mismo junto con el expediente. Notifíquese.
- Principal
Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos de advierte que en sentencia dictada el seis de febrero de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí quejosa para los siguientes efectos: "[.] No le apliquen a la impetrante en lo presente, ni en lo futuro, el artículo, fracción e inciso declarados, inconstitucionales. El de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria deriva de la porción normativa declarada inconstitucional, lo que no se traduce en que el amparo tenga por efecto exentar a la parte quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad. Se explica lo anterior. En el presente caso se trata de una prestación por parte del Estado de un servicio, como lo es el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, al que corresponde el pago de un derecho; en ese sentido, el propio numeral reclamado dentro de la fracción I, en que se ubica en lo general la situación en examen, contempla como cuota mínima (de todas las hipótesis que prevé y que se tomaron como parámetro para evidenciar la inconstitucionalidad del inciso h) en su inciso i) el monto de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional); el amparo tiene por efecto, entonces, otorgarle el mismo trato que como monto mínimo se establece para el pago de este derecho en la comentada hipótesis. En consecuencia, una vez hechas las operaciones aritméticas correspondientes, se deberá devolver a la parte quejosa la diferencia de la cantidad que pagó por concepto del registro de la escritura pública, conforme al inciso h) fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, cobrándole únicamente la cantidad de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional) por la operación en que se aplicó el precepto declarado inconstitucional contenido en el mencionado recibo oficial número A 39957056. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco y versar sólo en lo que exceda a la citada tarifa mínima. Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización. Finalmente, es necesario señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esa devolución, aun cuando no haya sido señalada como responsable, conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. [.]" Actos realizados respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio PF-DC-JA-10046 el Subprocurador Fiscal del Estado de Jalisco, informó que el cinco de abril de dos mil diecinueve, emitió acuerdo de devolución por el Procurador Fiscal del Estado, además informó que se encontraba en proceso la emisión de la orden de pago (contra recibo) y cheque correspondiente a favor de la parte quejosa, así como la notificación a la incoante del oficio PF-DC-JA-10044. Por oficios PF-DC-JA-11782 y PF-DC-JA-15835 y anexos, la autoridad obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó las gestiones realizadas a fin de cumplir con el fallo. A través del comunicado PF-DC-JA-17079, el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, informó que el diez de junio pasado, el apoderado legal de la aquí quejosa, se presentó a recibir el contra recibo con el número de orden de pago 1810364, para acreditar dicha circunstancia anexó un legajo de copias certificadas. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, atendieron los lineamientos trazados en el fallo protector. Por ende, se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, se emitió acuerdo de devolución, en el que se ordenó expedir cheque a favor de la aquí quejosa, circunstancia que se hizo del conocimiento del impetrante de garantías, quien por conducto de su apoderado legal compareció a recibir el cheque por la cantidad de cuatro mil novecientos siete pesos 76/100 moneda nacional, cumpliéndose así con el núcleo esencial de la ejecutoria del presente juicio de garantías. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiv; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Se requiere a la parte quejosa. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger el documento certificado que exhibió. Apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, podrá ser destruido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO: Por este medio de lista se notifica a la PARTE QUEJOSA, el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el cual Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: De autos de advierte que en sentencia dictada el seis de febrero de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí quejosa para los siguientes efectos: a) "[.] No le apliquen a la impetrante en lo presente, ni en lo futuro, el artículo, fracción e inciso declarados, inconstitucionales . b) El de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria deriva de la porción normativa declarada inconstitucional, lo que no se traduce en que el amparo tenga por efecto exentar a la parte quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad. Se explica lo anterior. En el presente caso se trata de una prestación por parte del Estado de un servicio, como lo es el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, al que corresponde el pago de un derecho; en ese sentido, el propio numeral reclamado dentro de la fracción I, en que se ubica en lo general la situación en examen, contempla como cuota mínima (de todas las hipótesis que prevé y que se tomaron como parámetro para evidenciar la inconstitucionalidad del inciso h) en su inciso i) el monto de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional); el amparo tiene por efecto, entonces, otorgarle el mismo trato que como monto mínimo se establece para el pago de este derecho en la comentada hipótesis . En consecuencia, una vez hechas las operaciones aritméticas correspondientes, se deberá devolver a la parte quejosa la diferencia de la cantidad que pagó por concepto del registro de la escritura pública, conforme al inciso h) fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, cobrándole únicamente la cantidad de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional) por la operación en que se aplicó el precepto declarado inconstitucional contenido en el mencionado recibo oficial número A 39957056. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco y versar sólo en lo que exceda a la citada tarifa mínima . Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización . Finalmente, es necesario señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esa devolución, aun cuando no haya sido señalada como responsable, conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. [.]" Mediante oficio PF-DC-JA-10046 el Subprocurador Fiscal del Estado de Jalisco, informó que el cinco de abril de dos mil diecinueve, emitió acuerdo de devolución por el Procurador Fiscal del Estado, además informó que se encontraba en proceso la emisión de la orden de pago (contra recibo) y cheque correspondiente a favor de la parte quejosa, así como la notificación a la incoante del oficio PF-DC-JA-10044. Por oficios PF-DC-JA-11782 y PF-DC-JA-15835 y anexos, la autoridad obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó las gestiones realizadas a fin de cumplir con el fallo. A través del comunicado PF-DC-JA-17079, el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, informó que el diez de junio pasado, el apoderado legal de la aquí quejosa, se presentó a recibir el contra recibo con el número de orden de pago 1810364, para acreditar dicha circunstancia anexó un legajo de copias certificadas. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Precisado lo anterior, se advierte que las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, atendieron los lineamientos trazados en el fallo protector. Por ende, se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, se emitió acuerdo de devolución, en el que se ordenó expedir cheque a favor de la aquí quejosa, circunstancia que se hizo del conocimiento del impetrante de garantías, quien por conducto de su apoderado legal compareció a recibir el cheque por la cantidad de cuatro mil novecientos siete pesos 76/100 moneda nacional, cumpliéndose así con el núcleo esencial de la ejecutoria del presente juicio de garantías. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiv; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger el documento certificado que exhibió. Apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, podrá ser destruido.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que el apoderado legal de la incoante, se presentó a recoger el contrarecibo con el número de orden de pago 1810364, acreditando su dicho con un legajo de copias certificadas que anexa a su comunicado.En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista la quejosa, en los términos contenidos en el presente acuerdo.Notifíquese; y personalmente la quejosa.
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