María Trinidad Ochoa López

Expediente 722/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
722/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • María Trinidad Ochoa López

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, quince de diciembre de dos mil veinte Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de dieciocho de noviembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, Presidente, Representante del Trabajo, Representante del Capital y Secretario de Acuerdos de la dicha Junta Especial. Dicha documental por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable en señalar fecha para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio expediente 447/2019. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de la presente anualidad, dictado en el juicio 447/2019, del cual se advierte se fijaron las diez horas de nueve de marzo de dos mil veintiuno, para que verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, remitiendo copias certificada de las constancias de las notificaciones realizadas a las partes. Por tanto, respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXI, en concordancia con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de trece de octubre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos de once de diciembre de la presente anualidad. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA. Culiacán, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, Presidente, Representante del Trabajo, Representante del Capital y Secretario de Acuerdos de la dicha Junta Especial. Dicha documental por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable en señalar fecha para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio expediente 447/2019. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de octubre de la presente anualidad, dictado en el juicio 447/2019, del cual se advierte se fijaron las diez horas de nueve de marzo de dos mil veintiuno, para que verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, remitiendo copias certificada de las constancias de las notificaciones realizadas a las partes. Por tanto, respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXI, en concordancia con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de trece de octubre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos de once de diciembre de la presente anualidad. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, trece de octubre de dos mil veinte. De la certificación que antecede y del estado de autos se desprende: por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se suspendieron labores a partir del miércoles dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del año en curso, por lo que no corrieron plazos procesales dentro de ese periodo, y mediante diverso acuerdo general 21/2020 se ordenó la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal a partir del tres de agosto del año en curso; situación que aumentó considerablemente las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito. Por otra parte, vistos los autos, se advierte que no se cuenta con los acuses de recibo de los oficios 10191/2020 y 10193/2020 dirigidos a las autoridades Juez Tercero de Primera Instancia Especializado en Justicia Para Adolescentes en el Estado, y Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado, ambos con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual se les notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, gírese telegrama a las referidas autoridades, para que informen si recibieron el referido oficio; en caso afirmativo, comuniquen la fecha de su recepción, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda; por lo que se pone a su disposición el número telefónico de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, 667 8465792 y el correo electrónico oficial 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, para que por ese conducto se sirvan rendir la información solicitada. Apercibidas que de ser omisa se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.

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