María Tirso Hernández Soto

Expediente 677/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
677/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • María Tirso Hernández Soto
  • Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Téngase por recibida la copia del oficio número 1851, remitida por la Secretaria de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz-Llave, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 11509, del índice de este juzgado federal, a través del cual se le notificó el acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad en contra del auto de tres de abril del dos mil diecinueve, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa, del once de abril al siete de mayo de la presente anualidad, descontándole los días trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril y uno, cuatro y cinco de mayo del año que transcurre, por haber sido inhábiles, sin que lo hubiera hecho valer; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, es susceptible de depuración, al haberse otorgado el amparo y protección de la justicia federal, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del mismo en el entendido de que se exceptuaran aquellas constancias relativas a la demanda y la sentencia respectiva del juicio principal, por lo que, una vez transcurridos más de cinco años, se procederá en consecuencia a su depuración, con posterioridad al ocho de mayo del dos mil veinticuatro. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al ocho de mayo del dos mil veintidós. El presente asunto, no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del precitado Acuerdo General Conjunto.

  3. Principal

    Téngase por recibido la copia del oficio número 1516, remitido por la Secretaría de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz Llave, con sede en esta ciudad, a través del cual, acusa recibo el oficio 8076/2019, de tres de abril de dos mil diecinueve, del índice de este Juzgado, con el que se le hizo del conocimiento la resolución del cumplimiento emitido en el Juicio de Amparo en que se actúa en esa propia data; lo anterior para para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa Xalapa, Veracruz, tres de abril de dos mil diecinueve. Visto, el estado que guardan los autos del juicio de amparo número 677/2018 y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del artículo 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de las sentencia de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. Cumplimiento al fallo protector. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso Mario Tirso Hernandez Soto, para el efecto de que la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad realizará lo siguiente: ".a) Deje insubsistente la resolución de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal 315/2018-A; b) En su lugar emita una nueva, en la que, proceda a estudiar y analizar de manera fundada, motivada, congruente y exhaustivamente los agravios expuesto por el quejoso Mario Tirso Hernández Soto en su recurso de apelación de siete de marzo de dos mil dieciocho, sintetizados en este considerando con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 9; y, c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, sin perjuicio de reiterar el análisis que no fue objeto de estudio en este amparo, puesto que sobre tales aspectos no se ha hecho un pronunciamiento de fondo." El dieciséis de enero del dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia, por lo que, en esa misma data, se requirió a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, se estima que de la contraposición de la sentencia amparadora, con las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo SÍ fue cumplida een su totalidad, como a continuación se explica. En efecto, mediante oficio número 0475 de cinco de febrero del dos mil diecinueve, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado, con residencia en esta ciudad, el seis de febrero del dos mil diecinueve, la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, informó que por resolución de treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución dictada el cinco de junio de dos mil dieciocho, en el toca 315/2018-A, procediendo a resolverlo nuevamente. Asimismo, el treinta y uno de enero de la anualidad que transcurre, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta localidad, en estricto cumplimiento al fallo protector, dio contestación de manera fundada, motivada, congruente y exhaustivamente a los agravios formulados por el quejoso Mario Tirso Hernandez Soto, en su recurso de apelación de siete de marzo del dos mil dieciocho, específicamente los sintetizados con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 9 precisados en la sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho. Pues en el caso, en relación a los agravios, determinó: Al número 1). "consistente en que, en la causa penal número 97/2019, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, cursa un incidente de incompetencia, el cual se encuentra en trámite, por lo que el auto de veintidós de febrero de la presente anualidad, debe considerarse nulo de pleno derecho y no debe producir efectos jurídicos, ya que de seguir actuando, la Juez de conocimiento podría incurrir en abuso del poder o en incumplimiento del deber legal; agravio que en tal sentido orientado, quienes esto resolvemos somos de la opinión, que no le asiste la razón y por ello procedemos a su desestimación, atentos a que la competencia y conocimiento del asunto por parte de la Juez de Primera Instancia, se debió a la desaparición del Juzgado Primero de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, tal y como se estableció por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, a través de la Circular número 35, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, lo que no es verdad que contravenga la Constitución y las Leyes Secundarias, como sería el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, toda vez que aun cuando los hechos delictuosos que se le atribuyen al quejoso no se hubieran cometido dentro del Distrito Judicial de Xalapa, sino en Jalacingo, lo cierto es que al artículo 103 fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, faculta al Consejo de la Judicatura del Estado, para determinar mediante acuerdos generales, la competencia por materia y por territorio en cada uno de los Juzgados del Estado, como ocurrió con la circular número 35 que le otorgó competencia al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, para que conociera de los asuntos del Juzgado Primero de Jalacingo, Veracruz, al haberse anunciado su desaparición, ordenándose en esa misma circular el envío de los expedientes que se encontraban en trámite al Juzgado que se habilitó para que se avocara al conocimiento de los asuntos hasta su total conclusión." Al número 2). "señala el recurrente que la orden de traslado resultaba violatoria de los artículos 1, 14, 16, 18, penúltimo párrafo, 19, último párrafo, 20 y 21 de la Constitución General, ya que no se instrumentó el procedimiento administrativo y el Juez de Enjuiciamiento de Jalacingo, Veracruz, no intervino, ni autorizó el traslado, a pesar de que en su contra se sigue el proceso penal número J-11/2017-I, del índice del referido juez, por lo que se encontraba bajo la jurisdicción del Juez de Enjuiciamiento de Jalacingo, quien no legalizó el traslado respectivo; agravio que en tal sentido orientado tampoco le asiste la razón, toda vez que contrario a sus manifestaciones, no se violaron en su perjuicio los preceptos legales a que hace referencia, en razón de que si no realizó el procedimiento administrativo dentro del proceso penal número J-11/2017-I, del Juzgado de Enjuiciamiento de Jalacingo, Veracruz, esto no le causa agravio alguno, pues de las constancia procesales se desprende que con anterioridad se le iniciaron los procesos penales número 83/2015 y 87/2015, del índice del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, por lo que el procesado se encontraba a disposición de un Juzgado de Primera Instancia, que al haberse decretado su desaparición, de acuerdo a la circular número 35, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado, los asuntos pasaron a ser del conocimiento y jurisdicción enviándose al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en la Congregación de Pacho Viejo Veracruz, destacándose entonces que si esos procesos se iniciaron con anterioridad al proceso que también se le instruía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es evidente que primero tendrá que enfrentar los procesos por los cuales se puso a disposición ante la autoridad competente, es decir, que si primero se puso a disposición del Juez de Primera Instancia y con posterioridad ante el Juez de Enjuiciamiento, tendrá que enfrentar los dos primeros procesos hasta su total conclusión, en razón de que continúa a disposición de un Juez que conoce del sistema tradicional en el que se venían tramitando las causas penales que se iniciaron en su contra; motivo por el cual contrario a su argumento, no podría llevarse a cabo el procedimiento administrativo por ambos sistemas penales, dado que ya estaba a disposición de la autoridad que conoció de los primeros procesos bajo el sistema penal tradicional. Al número 3). "arguye el apelante, que la calificación que hizo la Juzgadora respecto a su traslado que solicitó el Director General de Prevención Social del Estado de Veracruz, mediante el oficio GPGPRS/DJ/8908/2018, no tiene valor jurídico, en virtud de que debió oponerse al trámite, ya que había sido recusada a través del incidente de incompetencia de uno de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que no podía seguir conociendo y actuando en la causa penal 97/2017, de su índice; agravio que quienes esto resolvemos consideramos que resulta igualmente inatendible, en razón de que, como ya se dijo, la Juez del conocimiento si era competente para conocer del asunto, atentos a que reiteramos, acató lo ordenado en la circular número 35 que citamos con anterioridad, es decir, atendió cabalmente a lo que la Superior decidió debido a la desaparición de diversos Juzgados en el Estado, entre ellos el de Jalacingo, Veracruz, siendo que aun cuando se le hubiera recusado esto no le impedía a la Juzgadora que ahora conoce de los procesos del extinto Juzgado, calificar el traslado mientras se resolvía en definitiva la cuestión de incompetencia que le fuera planteada, pues al ya no existir autoridad que conociera de asuntos en el sistema tradicional en el Distrito Judicial en donde se encontraba recluido el quejo, la medida que se tomó fue trasladar la jurisdicción al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, coligiéndose entonces que aun cuando lo menciona el recurrente, se recusó a la Juez, esta circunstancia por sí sola no le impedía que calificara el traslado y tampoco la imposibilidad para seguir actuando dentro del proceso de que se trata, pues no puede atenderse lo pretendido por el inconforme en el sentido de que su proceso por el cual fue trasladado sea competencia de un Juez del Nuevo Sistema de Justicia Penal, si como ya se dijo su traslado se gestionó dentro de los primeros procesos que se le iniciaron y que se seguían en su contra. Al número 4). "que la autorización de su traslado por la Juez de Primera Instancia, resultaba contraria a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el artículo 51 de la Ley de Ejecución Penal, disponía que la autoridad competente para autorizar un traslado involuntario, necesariamente debe ser validado por un Juez de Control o de Ejecución, de ahí que, resultaba evidente que la Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en la Congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, era incompetente para conocer del traslado efectuado en su persona; sin embargo, debemos precisar, que no le asiste la razón al apelante en este diverso agravio que formula, habida cuenta que insistimos, la Juez de Primera Instancia sí tenía competencia para resolver sobre su traslado, porque esa facultad se le confirió la circular número 35, promulgada por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, acatando así las instrucciones que le fueron dadas por la Superioridad, quienes fueron los que acordaron la desaparición del Juzgado de Jalacingo, por lo que aun cuando se le recusara, ello no le impedía continuar conociendo del asunto hasta en tanto se decidiera separarla del mismo, pues si bien hace referencia el apelante a la Ley de Ejecución Penal, citando el artículo 51, donde se establece que el traslado debe de ser validado por un Juez de Control o de Ejecución, lo cierto es, como ya se ha dicho, que al estar el procesado sujeto a una causa penal que se inició en el procedimiento tradicional, es evidente que quien es competente para resolver tal circunstancia lo es un Juez de Primera Instancia y no así uno diverso del Nuevo Sistema de Justicia Penal". El número 5). "expresa el apelante, que en su contra se sigue el proceso penal número 11/2017, a cargo del Juez de Juicio del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, situación que dice que tampoco se tomó en consideración al momento de legalizar su traslado, pues alega que en todo caso el Juez competente para autorizarlo era el referido Juez, en atención a lo que dispone el artículo 49 de la Ley de Ejecución Penal, quien por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, proveyó que no podía calificar la legalidad o convalidar el traslado que se le informaba, toda vez que el proceso penal no se encontraba en etapa de ejecución de sentencia; inconformidad que igualmente consideramos no resulta atendible, toda vez que, como ya se ha venido mencionando, era precisamente un Juez de Primera Instancia, el competente para decidir sobre el traslado que solicitó el Director General de Prevención Social del Estado de Veracruz, mediante oficio número GPGPRS/8908/2018, pues independientemente de que sea correcto o no el argumento emitido por el Juez de Juicio, en donde adujo que no podía calificar la legalidad o convalidar el traslado, lo cierto es que el apelante se encontraba a disposición de un Juez de Primera Instancia, en razón de que estaba siendo procesado en las causas penales número 34/2015, y sus acumuladas las número 83/2015 y 87/2015, que como ya se dijo son anteriores al diverso proceso penal número 11/2017, del índice del Juzgado de Enjuiciamiento de Jalacingo, Veracruz, por lo tanto el Juez de Juicio no podía asumir jurisdicción calificando o convalidando la legalidad del traslado. Y en el número 9). "que la juzgadora sostuvo que el traslado se debió a los estudios criminológicos practicados a los internos por la L.C.C. Cruz Mayeli Montero, en su calidad de Jefa del Área de Criminología, sin embargo, a decir del recurrente, no atendió ni verificó que la referida profesionista contara con el perfil y estudios necesarios para realizar los análisis clínicos, pues al realizar una búsqueda de su cédula profesional correspondiente en la página https://www.cedulaprofesiona.sep.gob.mx, no encontró registro alguno, siendo que para ejercer esa carrera es necesario contar con dicho documento; que además, en la resolución administrativa no se anexaron pruebas en las que constaran cómo es que la referida Jefa del Área de Criminología arribó a la conclusión dada, más aún cuando ésta nunca se dirigió a su persona para realizarle los estudios referidos, por lo que resultaba un informe falso y carente de sustento jurídico; que además el estudio fue realizado el veinticinco de enero de la presente anualidad y el traslado fue efectuado en la madrugada del veintiséis de enero de este año, es decir, menos de veinticuatro horas para que el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, concluyera que el impetrante de amparo resultaba un riesgo para la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario, puesto que, la mala conducta que se le atribuía no estaba probada, ya que no obraba registro alguno por el que se acreditara su mala conducta dentro del Centro de Reinserción Social de Jalacingo, Veracruz, ni que su grado de peligrosidad fuera alto; agravio que en tal sentido orientado quienes integramos este Tribunal de Apelación consideramos que no resulta atendible y por ello procedemos a su desestimación, pues independientemente de sus argumentos, en primer lugar, debemos de precisar que pese a que la autora del dictamen en criminología no contara con el registro que la acredita como profesionista en la materia, lo cierto es que ese dictamen no fue concluyente para la decisión y autorización del traslado, sino que, como ya se ha dicho lo fue la desaparición del Juzgado de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, órgano jurisdiccional en donde se encontraban radicados sus procesos, siendo además necesario establecer que aunque la Jefa del Área de criminología, no anexara a su dictamen las pruebas que le practicó al procesado para arribar a la conclusión a la que llegó, argumentando además que nunca se acercó al apelante hoy quejoso para valorarlo, lo cierto es que esas afirmaciones resultan ser de naturaleza meramente subjetiva, atentos a que no aportó ningún medio de prueba con el que se pudiera afirmar que en efecto, la perito no hubiera estado en contacto directo con él para elaborar la pericial que ahora pretende impugnar, toda vez que al pertenecer la Perito a la Institución del Ministerio Público, la cual es una Institución de buena fe, todas sus actuaciones y diligencias deberán de considerarse como válidas por haber sido practicadas por un órgano técnico y por ende tienen valor probatorio pleno en términos de ley, máxime que como ya se dijo, esa pericial no fue determinante para que se declarara procedente su traslado a otro reclusorio; en segundo término, el hecho de que el estudio criminológico fuera realizado el día veinticinco de enero de dos mil dieciocho y el traslado se llevara a cabo en la madrugada del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, como lo alega el recurrente, es una circunstancia que tampoco le perjudica porque se reitera, que el traslado se llevó a cabo con motivo también de la desaparición del Juzgado y porque además el quejoso se encontraba a disposición del mismo, por lo que se informó, de acuerdo con la circular número 35, se determinó la jurisdicción a favor del Juez de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, con residencia en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, siendo además necesario destacar que el quejoso ya presentaba reportes de mala conducta y de no querer participar en las actividades que se le asignaban en el Reclusorio, por lo que el informe rendido por la Criminóloga, no fue de ninguna manera improvisada, sino que atendió además a los antecedentes que obraban en el expediente del procesado ahora quejosa y debido a la desaparición del Juzgado que se encontraba llevado su procesado, fue necesario su inmediato traslado". Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que la sentencia ha sido cumplida totalmente en su núcleo esencial, sin defectos o excesos por la autoridad responsable, pues ordenó dejar sin efecto el acto reclamado y emitió una nueva resolución bajo los lineamentos de la sentencia de amparo. III. Vista a la partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido por los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve, contenido en oficio CCJ/ST/122/2019, que remite el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ante el licenciado Marcial Soto Montaño, Secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.

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