María Thelma Saavedra Iturbe

Expediente 968/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
968/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • María Thelma Saavedra Iturbe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 968/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 968/2018-V, promovido por MARÍA THELMA SAAVEDRA ITURBE, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, MARÍA THELMA SAAVEDRA ITURBE, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades: 1) Congreso del Estado, 2) Gobernador, 3) Secretario de Gobierno, 4) Secretario de Hacienda, 5) Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como 6) Presidente y 7) Tesorero, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO. Mediante auto de veinte de junio de dos mil dieciocho se admitió la demanda de garantías, quedó registrada bajo el número de expediente 968/2018-V. Por consiguiente se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos reclamados son los siguientes: 1. El contenido de los artículos 94 ter a 94 ter 11, así como 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; así como el artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; 4. El cobro de las cantidades erogadas por concepto de pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional, con motivo del contrato contenido en el instrumento notarial 79,656 otorgado ante la fe del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, en aplicación de las normas citadas en el párrafo anterior. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, consistentes en la expedición de las normas que el quejoso tilda de inconstitucionales. Lo anterior en virtud de que así lo señala en su informe. Sin que el quejoso aportara prueba alguna en aras de desvirtuar dicha negativa. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto a dichos actos y autoridad. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todas del Estado de Morelos, consistentes en la expedición, refrendo, promulgación y publicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; así como el artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Ello en virtud de que así lo expresaron al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, y por extensión las locales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2 de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por otro lado, es cierto el cobro de la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional en un porcentaje del veinticinco por ciento sobre la suma anterior, a razón de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); que la quejosa estima son aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, así como 119 a 125, respectivamente, de la de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, así como el 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete Lo anterior, en virtud de que esto se acredita a través del recibo de pago folio 01552563, expedido por el Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos (foja 87); de igual manera, con la fotocopia certificada del recibo expedido por el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de siete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 26); así como la fotocopia simple de la escritura pública 79,656 de siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 88 a 91). Del análisis conjunto e integral de dichos documentos, se acredita que la quejosa, MARÍA THELMA SAAVEDRA ITURBE, celebró contrato de compraventa de bien inmueble con el carácter de adquirente, que consta en el instrumento público referido en el párrafo anterior. De igual manera, se aprecia de dichas documentales, que se cobró a la peticionaria de amparo, por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a razón de una tasa del dos por ciento, sobre el precio de la operación, es decir, de $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo precisamente $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), más veinticinco por ciento por concepto de impuesto adicional, resultando la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). A las fotocopias certificadas de los recibos mencionados, se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de ser documentos públicos, en virtud de haber sido expedidos por un fedatario público y una autoridad en ejercicio de sus funciones, respectivamente. En particular a la fotocopia simple de la escritura pública 79,656 pasada ante la fe del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, exhibida por el Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos (fojas 88 a 91), también se otorga eficacia demostrativa acerca de la existencia del acto jurídico de compraventa celebrado por la parte quejosa, en calidad de compradora, respecto del bien inmueble que ahí se describe, así como del cobro de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional, como igualmente en ella se menciona expresamente. Ello es así, a pesar de que se trata de fotocopia simple, pues aunque en principio por sí sola no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es firma autógrafa de quien lo suscribe o bien certificación de tratarse de una copia fiel con su original; en este caso, produce plena convicción en quien resuelve acerca de su autenticidad y contenido, por la fuerza probatoria que le proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad, como son: La propia mención de existencia que el quejoso hace en la demanda bajo protesta de decir verdad. La fotocopia certificada del recibo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, expedido por el Notario Público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado (foja 26), en el que se hace constar el cobro a la aquí quejosa, del impuesto de adquisición de bienes inmuebles por $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (que incluye impuesto adicional), respecto del acto jurídico de compraventa hecho constar en la escritura pública 79,656. La fotocopia certificada del recibo folio 01552563, expedido por el Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos (foja 87), de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, donde consta el cobro a MARÍA THELMA SAAVEDRA ITURBE, del impuesto de adquisición de bienes inmuebles por $20,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mas $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto adicional), derivado de la compraventa hecha constar en la escritura pública 79,656 otorgada ante el Notario Público Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado. Eficacia probatoria que parte del hecho de que la propia mención de la quejosa en la demanda y los aludidos recibos expedidos por un fedatario público y una autoridad en ejercicio de sus funciones, permiten válidamente a este juzgador arribar a la conclusión de que la fotocopia simple de la escritura pública 79,656 exhibida en autos, proviene de la original existente en el protocolo del Notario indicado y, que la autoridad responsable la tuviera en su poder, se justifica porque ella es quien recauda el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles generado por la compraventa que se hizo constar en dicho instrumento y que motivó el cobro de los impuestos reclamados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 93 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que prevén, el primero que: "La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; en tanto que el segundo, que: "El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. En la parte conducente, se invoca la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 203516, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C. J/5, Página: 124, del rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias fotostáticas simples de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: "La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia..." El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, "... de cualquier cosa..." Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad.". Dicho lo anterior, ahora debe señalarse que los cobros explicados, son acordes al sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, e impuesto adicional, previsto en los artículos 94 ter a 94 ter 11, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, y 119 a 125, del mismo ordenamiento legal referido; que son del tenor literal siguiente: "ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER.- Son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento. ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-1.- Para los efectos de esta Sección, se entiende por adquisición la que se derive de: I.- Todos los actos por los que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; II.- La compraventa en la que el comprador se reserve la nuda propiedad, aun cuando la trasferencia de ésta opere con posterioridad; III.- La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; V.- Fusión de sociedades; VI.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie, remates, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; VII.- Transmitir la nuda propiedad; VIII.- La que se derive de toda resolución judicial o administrativa de adjudicación de inmuebles; IX.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, así como la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios; (REFORMADA, P.O. 10 DE FEBRERO DE 2016) X.- Las que se realizan a través del Fideicomiso, en los siguientes casos: a).- En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. b).- En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: a).- En el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. b).- En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos aún si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. XI.-Toda adquisición por arrendamiento financiero; XII.- La extinción de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la parte que se adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge; y XIII.- La celebración del contrato de permuta, en cuyo caso se considerará que se efectúan dos Adquisiciones. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-2.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 94 Ter de esta Ley, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En la determinación del valor del inmueble, se incluirá el valor de Construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstas tengan terceras personas. Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. Las Tesorerías Municipales, establecerán las reglas de carácter general para práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que refiere este artículo. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-3.- Los Municipios, por conducto de las autoridades fiscales, se reservan el derecho de revisar los avalúos que se emitan por la celebración de los actos que grava esta Ley. En consecuencia las autoridades fiscales quedan facultadas para practicar u ordenar se practique avalúo sobre el o los inmuebles materia de los actos debiendo referirlo a la fecha de celebración; este nuevo avalúo deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal y prevalecerá sobre los avalúos anteriores y aun sobre el precio pactado en los siguientes casos: A).- Cuando el valor resultante de dicho acto de fiscalización exceda en más de un diez por ciento de aquel o aquellos que hayan servido originalmente para determinar la base gravable de este impuesto, la autoridad fiscal con base en el nuevo avalúo procederá a determinar las diferencias del impuesto que resulten. B).- Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por las Autoridades Fiscales, resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las mismas, siempre y cuando el avalúo original no hubiere sido tramitado por dichos fedatarios. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-4.- El pago de este impuesto se deberá hacer mediante declaración, en las formas que para el efecto apruebe la Tesorería Municipal de la demarcación correspondiente, las cuales se presentarán dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: I.- Cuando se adquiera la nuda propiedad; II.- A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma, si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o el enajenarse bienes de la sucesión. En estos últimos casos el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente de que se cause por el cesionario o por el adquiriente; III.- Cuando se afecten inmuebles en fideicomiso; IV.- Cuando se elija la opción terminal en el contrato de arrendamiento financiero; V.- Tratándose de resoluciones judiciales o administrativas de adjudicación de inmuebles, a partir de la orden de inscripción o de la protocolización de escritura; y VI.- En los contratos de compraventa, a partir de la celebración. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-5.- En las adjudicaciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios y quien por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad por cada uno de los actos que consignen, lo que harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. Los contribuyentes que adquieran un inmueble cuyo valor no exceda al equivalente a 365 días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Morelos, en el momento de la operación, pagarán el impuesto mediante declaración ante la Tesorería Municipal, acreditando lo establecido en el artículo 1805 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente. En los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-6.- Se presentará declaración por todas las Adquisiciones aun cuando no haya impuesto a enterar. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-7.- Las obligaciones a cargo del contribuyente derivadas de este impuesto y sus accesorios, se extinguen en un plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente de aquél en el que el Municipio tenga conocimiento por conducto de las autoridades fiscales. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-8.- Cuando la adquisición de bienes inmuebles se produzca por resoluciones de autoridades no ubicadas en el Estado de Morelos, el pago del impuesto se hará dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que haya formalizado la adquisición ante fedatario. Cuando dicha adquisición opere en virtud de actos y contratos celebrados fuera del territorio de la República Mexicana, o bien a través de resoluciones dictadas por autoridades extranjeras, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha en que surtan sus efectos en la República Mexicana. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-9.- No causarán este impuesto: I.- Las Adquisiciones de inmuebles que haga la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, para formar parte de los bienes del dominio público; II.- La adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal, siempre que no crezca el por ciento que originalmente le correspondía a los cónyuges y que se acredite que estos bienes fueron adquiridos bajo este régimen; III.- La extinción de la copropiedad, siempre que los copropietarios extinguidos no excedan de las porciones que proindiviso correspondían a cada uno de los copropietarios; y IV.- Los actos o contratos traslativos de dominio en los que intervenga una institución u organismo creado por el Estado para promover la vivienda como adquirente por lo que a ellas se refiere. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-10.- Los fedatarios no podrán autorizar definitivamente las escrituras en que consten los actos que grava esta Ley, hasta en tanto no les sea devuelta por la autoridad competente la declaración en que se manifestó la operación o se realizó el pago del impuesto a que esta Sección se refiere, según sea el caso. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) ARTICULO 94 TER-11.- El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no registrará la operación traslativa de dominio, si no se le exhibe el documento que contenga la declaración de este impuesto, debidamente sellado por la autoridad fiscal respectiva. "ARTICULO 119.- Es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio. ARTICULO 120.- Son sujetos del impuesto adicional quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los pagos a que se refiere el Artículo anterior. ARTICULO 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio. ARTICULO 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el Artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el Artículo 123 de esta Ley. (REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2016) ARTICULO 123.- El Impuesto adicional referido a: (F. DE E., P.O. 24 DE FEBRERO DE 2016) a).- Impuesto de traslado de dominio, así como de los derechos sobre fraccionamientos se aplicará como sigue: I. El 15% se asigna para apoyo a educación; II. El 5% se asigna Pro-Universidad; (REFORMADA, P.O. 22 DE FEBRERO DE 2017) III. El 2.5% se asigna al equipamiento y desarrollo de los Cuerpos de Bomberos Municipales, y IV. El 2.5% se asigna al FAEDE. Lo anterior se sumaría al 1.5% de los ingresos propios, participaciones federales e ingresos coordinados con que ya cuenta dicho fondo. (F. DE E., P.O. 24 DE FEBRERO DE 2016) b).- Los demás impuestos y derechos. 25% General para el Municipio. ARTICULO 124.- El entero del impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos objeto del gravamen. ARTICULO 125.- Este impuesto no será objeto de reducción, su aplicación se hará sobre la base del crédito principal.". Cabe aclarar que, por cuanto al diverso 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, únicamente hace remisión a los elementos del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que se prevén en los artículos 94 ter y 94 ter 1, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; advirtiéndose que, justamente los artículos 94 ter a 94 ter 11 de esta norma, son los que consagran la totalidad de los elementos de dicho impuesto y no aquél precepto, como se aprecia de su trascripción literal: "ARTÍCULO 7.- ESTÁN OBLIGADAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE ADQUIERAN INMUEBLES, QUE CONSISTAN EN LAS SUPERFICIES DE TERRENO Y LA DE CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. ASÍ COMO LOS DERECHOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS. El IMPUESTO SE CALCULARÁ APLICANDO Al VALOR DEL INMUEBLE LA TASA DEL 2% (DOS POR CIENTO) DE ACUERDO A LO QUE DISPONE El ARTÍCULO 94 TER, DE LA LEY GENERAL DE HAClENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES SE ENTENDERÁ POR ADQUISICIÓN TODO LO SEÑALADO EN El ARTICULO 94 TER-1, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. El VALOR DEL INMUEBLE QUE SE CONSIDERARÁ PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 94 TER DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, SERÁ EL QUE RESULTE MAS ALTO DE ENTRE EL: VALOR DE LA ADQUISICIÓN, EL VALOR CATASTRAL Y El AVALÚO PRACTICADO POR PERITO. VALUADOR ACREDITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO MUNICIPAL O INSTITUCIÓN AUTORIZADA, CUANDO NO SE PACTE PRECIO, EL IMPUESTO SE CALCULARÁ SOBRE El VALOR MÁS ALTO ENTRE El VALOR CATASTRAL Y EL VALOR QUE RESULTE DEL AVALÚO PRACTICADO POR PERITO VALUADOR ACREDITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO MUNICIPAL O INSTITUCIÓN AUTORIZADA El PAGO DEL IMPUESTO DEBERÁ HACERSE EN PRIMER TÉRMINO POR EL NOTARIO PÚBLICO Y EN SEGUNDO TÉRMINO POR EL CONTRIBUYENTE; CUANDO SE TRATE DE UN ACUERDO ENTRE PARTICULARES, SE HARÁ MEDIANTE El FORMATO DE DECLARACIÓN PARA· EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, APROBADO POR LA TESORER[A MUNICIPAL, Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL COMPROBANTE OFICIAL DEL PAGO CORRESPONDIENTE.". Dicho lo anterior, debe establecerse que de acuerdo al artículo 94 ter de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se prevé que son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento. En tanto que en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se establecen los elementos del derecho adicional, al señalarse que es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio; siendo los sujetos obligados quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los pagos a que se refiere el Artículo anterior y que la tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el Artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el Artículo 123 de esta Ley. En las condiciones apuntadas, es innegable que se acreditan los actos de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa, lo que la posibilita para reclamarlas a través del presente juicio de garantías. QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. 1. El Congreso del Estado de Morelos, invoca que cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresamente o implícitamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino del contenido del supuesto acto de aplicación, acto que en la especie no se demuestra. Tales manifestaciones implican la invocación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". Al respecto, de acuerdo a las razones que se expondrán, se considera que es fundada dicha causal de improcedencia por lo que hace al artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Conveniente explicar que el quejoso la reclama, según se advierte de la demanda, con motivo de la aplicación en su perjuicio, supuesto en el que en primer lugar resulta necesario que tal acto se acredite; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida; y por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio del quejoso; pues de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no son inconstitucionales, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio anterior, está contenido en la jurisprudencia Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Página: 63, Tesis: 90, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, del tenor literal siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación.". En ese sentido, el acto en el que el quejoso sostiene que se actualiza la aplicación del artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, es el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, con motivo de la compraventa que constan en la escritura pública 79,656. Si bien se demostró el cobro de ese impuesto, lo cierto es que en dicho acto no se concretó de forma expresa ni implícita la hipótesis normativa contenida en aquélla disposición, en perjuicio del quejoso. En efecto, en el fedatario público estableció en dicho testimonio, que la compradora tenía conocimiento del cobro, además del impuesto adicional, del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y que éste encontraba fundamento en los artículos 94 ter a 94 ter 11, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, sin referirse en ninguna parte al artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, como se advierte de la cita textual de la parte conducente: ".DECLARA LA PARTE COMPRADORA, QUE TIENE CONOCIMIENTO QUE EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, SE DETERMINA PARA SU ENTERO CONFORME AL FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 94 TER (NOVENTA Y CUATRO TER), 94 TER-1 INCISOS DEL I AL XIII (NOVENTA Y CUATRO TER UNO INCISOS DEL UNO AL DÉCIMO TERCERO) AL 94 TER-11 (NOVENTA Y CUATRO TER ONCE) Y EL IMPUESTO ADICIONAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 119 AL 125 (CIENTO DIECINUEVE AL CIENTO VEINTICINCO), TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.- CONFORME A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN EL ARTÍCULO NOVENTA Y CUATRO TER DOS.- $1'000,000.00.- TASA 2%.- $20,000.00.- MAS 25% DE IMPUESTO ADICIONAL.- SEGÚN EL ARTÍCULO CIENTO VEINTITRÉS.- $5,000.00.- IMPUESTO A PAGAR.- $25,000.00.". Consecuentemente, no hay fundamentación expresa del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en el artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; ni tampoco ocurre una aplicación tácita de ella, ya que éste únicamente establece una remisión para su cobro, a los elementos del impuesto de dicho tributo, previstos en los artículos 94 ter y 94 ter 1, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, precepto combatido que dispone: "ARTÍCULO 7. ESTÁN OBLIGADAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE ADQUIERAN INMUEBLES, QUE CONSISTAN EN LAS SUPERFICIES DE TERRENO Y LA DE CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. ASÍ COMO LOS DERECHOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS. El IMPUESTO SE CALCULARÁ APLICANDO Al VALOR DEL INMUEBLE LA TASA DEL 2% (DOS POR CIENTO) DE ACUERDO A LO QUE DISPONE El ARTÍCULO 94 TER, DE LA LEY GENERAL DE HAClENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES SE ENTENDERÁ POR ADQUISICIÓN TODO LO SEÑALADO EN El ARTICULO 94 TER-1, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. El VALOR DEL INMUEBLE QUE SE CONSIDERARÁ PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 94 TER DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, SERÁ EL QUE RESULTE MAS ALTO DE ENTRE EL: VALOR DE LA ADQUISICIÓN, EL VALOR CATASTRAL Y El AVALÚO PRACTICADO POR PERITO. VALUADOR ACREDITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO MUNICIPAL O INSTITUCIÓN AUTORIZADA, CUANDO NO SE PACTE PRECIO, EL IMPUESTO SE CALCULARÁ SOBRE El VALOR MÁS ALTO ENTRE El VALOR CATASTRAL Y EL VALOR QUE RESULTE DEL AVALÚO PRACTICADO POR PERITO VALUADOR ACREDITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO MUNICIPAL O INSTITUCIÓN AUTORIZADA El PAGO DEL IMPUESTO DEBERÁ HACERSE EN PRIMER TÉRMINO POR EL NOTARIO PÚBLICO Y EN SEGUNDO TÉRMINO POR EL CONTRIBUYENTE; CUANDO SE TRATE DE UN ACUERDO ENTRE PARTICULARES, SE HARÁ MEDIANTE El FORMATO DE DECLARACIÓN PARA· EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, APROBADO POR LA TESORER[A MUNICIPAL, Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL COMPROBANTE OFICIAL DEL PAGO CORRESPONDIENTE.". Por tanto, es claro que es precisamente en los artículos 94 ter a 94 ter 11, donde se prevén todos los elementos esenciales de ese impuesto y que la referida norma de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, hace remisión por cuanto al acto de cobro, a la observación de aquéllas, que definen de modo entero el sujeto, base, tasa, lugar y época de pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En este orden de ideas, la demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa). Es aplicable la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice, 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 317, Página: 373, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS.- La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Así, al no demostrarse la aplicación expresa o tácita del artículo 7 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se debe sobreseer el juicio por cuanto a su reclamo, ya que no se debe perder de vista que resulta necesario que se compruebe fehacientemente, la existencia de actos en los que se concrete expresa o implícitamente en perjuicio del gobernado la hipótesis normativa que combata, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías sino, de su plena demostración. Orientan tal argumento, la tesis de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 199-204 Primera Parte, Página: 79, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Común: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.". De la misma forma, es aplicable la jurisprudencia de la Octava Época, Registro: 1002355, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, Tesis: 289, Página: 309, que se cita enseguida: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.". También es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 2a./J. 71/2000, Página: 235: cuyo rubro a continuación se cita: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". En conclusión, al no acreditarse la existencia del acto concreto de aplicación indicado, respecto a la explicada norma jurídica tildada de inconstitucional, se actualiza la causal de improcedencia explicada, por cuanto hace a dicha norma combatida, por lo que debe sobreseerse en el juicio conforme al diverso 63, fracción V, de la Ley de amparo. 2. Las autoridades Ayuntamiento y Tesorero, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, esencialmente aducen que la demanda fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; para reclamar con motivo del primer acto de aplicación, los artículos 94 ter a 94 ter 11, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que prevén el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; así como los diversos 119 a 124, de la citada Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que contienen los elementos esenciales del impuesto adicional. Sostienen que la parte quejosa tuvo conocimiento de la aplicación de dichas disposiciones, desde que se otorgó el instrumento notarial 79,656 en que se hizo constar el contrato de adquisición de compraventa sobre bien inmueble, de siete de noviembre de dos mil diecisiete y en la que se hace mención de que fue firmado hasta el cinco de diciembre de ese año; por lo tanto, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". Al respecto, como se explicará más detalladamente, el Notario Público que actuó al dar fe de la adquisición de propiedad en la escritura pública 79,656, dejó asentados los motivos y fundamentos del cobro tanto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, como del adicional; siendo esta razón suficiente para considerar que a partir del día siguiente de la suscripción de dicho instrumento, empezó a transcurrir el plazo para que la parte peticionaria del amparo combatiera las leyes y los actos de aplicación de las leyes que consagran los elementos esenciales de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y el adicional. En efecto, la parte quejosa debió promover la demanda de amparo para reclamar los artículos 94 ter a 94 ter 11, y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, desde el día siguiente al de la firma de la escritura 79,656 pues la aplicación de las indicadas disposiciones se dio en el momento del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su respectivo impuesto adicional. Tal situación se acredita con la propia observación de la escritura pública de mérito, donde puede leerse que se liquidó el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a razón de una tasa del dos por ciento, sobre el valor de la operación de adquisición del bien inmueble, a razón de $1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo precisamente $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más veinticinco por ciento por concepto de impuesto adicional, de lo que se obtiene la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Como se hizo mención en párrafos anteriores, en la escritura pública donde constan los actos de adquisición de propiedad, el Notario Público asentó los fundamentos y mecanismo del cobro de los impuestos generados, tanto de adquisición de bienes inmuebles como su respectivo adicional, como se aprecia enseguida: ".DECLARA LA PARTE COMPRADORA, QUE TIENE CONOCIMIENTO QUE EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, SE DETERMINA PARA SU ENTERO CONFORME AL FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 94 TER (NOVENTA Y CUATRO TER), 94 TER-1 INCISOS DEL I AL XIII (NOVENTA Y CUATRO TER UNO INCISOS DEL UNO AL DÉCIMO TERCERO) AL 94 TER-11 (NOVENTA Y CUATRO TER ONCE) Y EL IMPUESTO ADICIONAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 119 AL 125 (CIENTO DIECINUEVE AL CIENTO VEINTICINCO), TODOS DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.- CONFORME A LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN EL ARTÍCULO NOVENTA Y CUATRO TER DOS.- $1'000,000.00.- TASA 2%.- $20,000.00.- MAS 25% DE IMPUESTO ADICIONAL.- SEGÚN EL ARTÍCULO CIENTO VEINTITRÉS.- $5,000.00.- IMPUESTO A PAGAR.- $25,000.00.". En las condiciones apuntadas, es innegable que en la escritura pública a que se viene haciendo alusión, ocurrieron los actos de cobro de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional, que constituyeron actos de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa; de lo cual estuvo enterada MARÍA THELMA SAAVEDRA ITURBE, al ser parte suscribiente de la escritura y quedar asentado que era sabedora del cobro de dichos impuestos, el mecanismo aplicado así como los fundamentos en que se sustentaron éstos. Entonces, a partir del día siguiente a la firma de la escritura pública referida, tal quejosa estuvo en posibilidad de reclamar dichas normas generales y sus respectivos actos de aplicación, a través del juicio de amparo, máxime que el Notario Público que realizó el entero, como se explicó, se fundó en los artículos 94 ter a 94 ter 11, así como 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, dejando asentado el mecanismo de cobro y la mención de haberles leído a las partes intervinientes el instrumento notarial y explicado el valor y la fuerza legal de su contenido y que estuvieron conformes en ratificar y firmar el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. En cuanto a este tema, el Más Alto Tribunal de Justicia del país, en la jurisprudencia 2a./J. 5/2006, con el rubro: ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, emitida por la Segunda Sala, Novena Época, consultable en la página 657, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, registro número 176048, resolvió acerca de la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, los Notario Públicos tienen la obligación de calcularlo y enterarlo. Que la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario, siempre y cuando sea informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que el quejoso tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley. En ese tenor, de acuerdo a lo que ya se explicó en párrafos precedentes, la aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ocurrió de forma expresa e informada, como se establece en la tesis jurisprudencial en cita, porque de manera indudable se funda en los preceptos combatidos que se citaron en la escritura y, además, por darse con exactitud los supuestos normativos contenidos en las normas jurídicas antes invocadas, que contienen todos los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional, respectivamente; por lo que debieron ser combatidos a partir del día siguiente al en que el Notario les hizo saber de su aplicación, a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." En tanto que el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, establece que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor; precepto que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para la presentación de la demanda, empezó a transcurrir desde el día siguiente a la firma de la escritura pública, en que tuvo conocimiento con exactitud de los supuestos normativos contenidos en los artículos 94 ter al 94 ter 11, y 119 al 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que contienen todos los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto adicional, respectivamente, y los cobros que conforme a ellas le fueron realizados; es decir, a partir del seis y hasta el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Es de precisar que el momento en que aparece demostrado que conoció de la aplicación de las normas jurídicas impugnadas, es la firma de la escritura pública y no el veintiocho de mayo del año en curso, como lo afirmó la parte quejosa en el escrito de demanda; en virtud de que no puede desconocer que intervino en la firma de la escritura pública de mérito y que en ella consta fehacientemente el conocimiento de la aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad impugna. Luego, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda, dieciocho de junio de dos mil dieciocho, según el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ya había fenecido el plazo de quince días para la presentación de la demanda, que transcurrió del seis y hasta el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los sábados y domingos, que en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo son inhábiles. En tales condiciones, al no combatirse oportunamente los artículos 94 ter a 94 ter 11, y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse en el juicio respecto a dichas normas y sus actos de aplicación, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, con fundamento en el diverso 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARÍA THELMA SAAVEDRA ITURBE, respecto a la expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; y 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que se reclamaron al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Secretario de Hacienda del Estado de Morelos; así como respecto al cobro de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más el cobro de su impuesto adicional a razón de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que se reclamaron a las autoridades, Presidente y Tesorero, ambas del Municipio de Cuernavaca, Morelos; por las razones expuestas en este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinte de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, dando cumplimiento al requerimiento formulado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado. NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza da fe.DCSM*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, asimismo, en misma fecha se giró oficio al Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos para que remitiera copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo 972/2018 de su índice, a efecto de que el suscrito Juzgador esté en condiciones de dictar la resolución correspondiente en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, para dar tiempo a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza da fe.

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