María Teresita Madrid Hernández
Expediente 195/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/06/2016
Partes del expediente
- Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana
- María Teresita Madrid Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por María Teresita Madrid Hernández, en su carácter de parte quejosa, atento a su contenido, se le tiene autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Manuel Antonio Ceceña del Callejo y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ricardo Márquez Villaneda, revocando así los nombramientos hechos con anterioridad. Asimismo, se tiene como nuevo domicilio procesal el ubicado en calle Colima número 2225, interior 6, colonia Cacho, en esta ciudad.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor proveído, el escrito signado por José Paris Rincón Avena, quien se ostenta como representante legal de María de la Luz Niz Talamantes, toda vez que del estado de autos se advierte que no es parte en el presente juicio de amparo.
- Principal
EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA Jorge Fernando Carrillo Chang, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL CITATORIO DE FECHA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha en el cuaderno del juicio de amparo 195/2016-4, promovido por María Teresita Madrid Hernández, contra actos del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 131, 132, 136 y 138, de la ley de la materia, con dos copias simples de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio de ésta, tramítese por duplicado el incidente de suspensión respectivo. En consecuencia, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; enviándoles para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberá precisar si es cierto o no el acto reclamado, la naturaleza del juicio, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia, y en caso de ser así comunicar el monto de lo condenado; así como expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de sus informes hará presumir de cierto el acto reclamado, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Se faculta a la actuaria de la adscripción, para que una vez constituido en la dirección en la que se encuentren ubicadas las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, si éstas se rehúsan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, se les entregue en términos del artículo 28, fracción I, de la vigente Ley de Amparo, sin perjuicio de imponerles una multa de cien días, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 245 del citado ordenamiento legal, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto citado anteriormente. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, consistente en original de contrato de arrendamiento celebrado el quince de octubre de dos mil quince, entre Paola Alexandra Gutiérrez España y María Teresita Madrid Hernández, respecto del bien inmueble ubicado en calle Aldebarrán, número 13, fraccionamiento Benton, delegación La Mesa, de esta ciudad. Anterior medio de convicción que por no requerir un procedimiento especial, se tiene por desahogado, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A las autoridades responsables tanto ORDENADORAS Y EJECUTORAS, se les reclama su inconstitucional ORDEN DE DESALOJO Y/O LANZAMIENTO que se ha dado para que el suscrito fuera desposeído, de la propiedad en la cual habito cotidianamente en forma pacífica, y desconocer totalmente si exista un juicio en mi contra o que se haya dictado fuera de todo procedimiento legal por autoridad competente, sin las formalidades procesales y sin ser oído y vencido en juicio del siguiente bien inmueble: A) que el suscrito quejoso MARÍA TERESITA MADRID HERNÁNDEZ manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy arrendador del bien inmueble en cuestión y cuyas características de la unidad HABITACIONAL: 1.- Una casa habitación, con domicilio en calle ALDEBARÁN, NÚMERO 13, Fraccionamiento BENTON, de esta ciudad de Tijuana, B. C." Cabe señalar que en tratándose de la procedencia o improcedencia de la concesión de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. En la especie, la quejosa solicita expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo anteriormente citado. Por cuanto hace al requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, en el presente caso, se estima que con la concesión de la medida cautelar, no se sigue perjuicio al interés social, toda vez que los actos que se pretenden suspender, no se encuentran en ninguno de los supuestos del artículo 129 de la ley de la materia, advirtiéndose que en esencia el objeto de la medida cautelar es que no se efectúe en perjuicio de la quejosa al privarla de la posesión o derechos, sobre la propiedad; además, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público; y, sí se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, con su ejecución. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 138, fracción I y 150 de la Ley de Amparo, y advirtiéndose que con la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y son de difícil reparación los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar con la ejecución de los actos reclamados, se concede la suspensión provisional a María Teresita Madrid Hernández, a fin de que no sea desposeída del bien inmueble identificado como calle Aldebarrán, número 13, fraccionamiento Benton, delegación La Mesa, de esta ciudad, con motivo de la orden de lanzamiento emitida por el Juez responsable; hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Dicha determinación es en ese sentido, toda vez que la quejosa acredita su interés suspensional, con el original del contrato de arrendamiento celebrado el quince de octubre de dos mil quince, entre Paola Alexandra Gutiérrez España y María Teresita Madrid Hernández, respecto del bien inmueble ubicado en calle Aldebarrán, número 13, fraccionamiento Benton, delegación La Mesa, de esta ciudad, por el cual la quejosa reclama el desposeimiento; lo anterior, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y sin que en el caso se den efectos restitutorios. Es aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia por contradicción de tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Diciembre de 1997, Tesis: P./J. 96/97, Página 23, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado". Esta determinación surte efectos desde luego, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe ante este órgano jurisdiccional, dentro del término de cinco días siguientes a su legal notificación, garantía por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos moneda nacional) en billete de depósito, póliza de fianza o cualquiera de las formas permitidas por la ley; cuantía que se fija discrecionalmente en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo, artículo 132 del ordenamiento legal citado, numerario que se fija para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la medida suspensional que nos ocupa, pues al tratarse de una orden de lanzamiento, desalojo o desposeimiento dentro de un juicio civil, evidentemente con la concesión de esta medida se le estaría causando algún daño o perjuicio a las partes que contiendan en el juicio natural. Al entender que se trata de una sola quejosa, expídase únicamente una copia certificada de este proveído, previa constancia que por su recibo obre en autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve a de apoyo a lo anterior, la tesis I.10o.C.13 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 1374, que a la letra reza..." Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Del Mar, número 22-3, fraccionamiento José Sandoval, La Mesa, de esta ciudad, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Carlos Ramón Luque Nájera y Efraín García Aguirre. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17, Constitucional y conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que deriven de este juicio. Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. ...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Fernando Carillo Chang, en su carácter de tercero interesado; en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio constitucional, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de amparo.Asimismo, se le tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el referido tercero interesado, en el libelo que se atiende, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo.
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