María Teresa Zurita Reyes

Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
366/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • María Teresa Zurita Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que María Teresa Zurita Reyes, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 366/2022-9, promovido por María Teresa Zurita Reyes, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el quince de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el dieciocho siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el veintidós posterior, María Teresa Zurita Reyes, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detalla: ACTOS RECLAMADOS A).- La negativa por parte del C. Actuario Adscrito a la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, de llevar a cabo la NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LOS DEMANDADOS LA C. MARGARITA MORALES PORTILLA Y ARELI ALCOCER FRIAS, AMBAS POR SI Y COMO PROPIETARIAS DE LA FUENTE DE TRABAJO QUE PARA EFECTOS COMERCIALES SE DENOMINA, "ZAPATERIA ELBA", (.) AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (.)" (sic) B).- El Acuerdo de fecha 11 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, consistente en la omisión de la inobservancia de los Artículo 685 Y 873 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la responsable señaló fecha y hora de manera excesiva para la celebración de UNA AUDIENCIA EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, A LOS CINCO MESES de que no se celebró la misma por causas imputables a ella (.) ya que señala a mi representada fecha y hora para la celebración de la Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones a celebrarse hasta el día 13 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (.)"(sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 366/2022-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; dada la naturaleza del acto que reclama, no se tuvo a la demandada en el juicio natural como tercero interesado; no se ordenó tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente por la quejosa; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; dado que las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como actos reclamados: a. La omisión del actuario adscrito a Junta responsable, de notificar y emplazar a las demandadas, en el expediente laboral 1048/2020, de su índice. b. El señalamiento de la fecha y hora lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demandas y excepciones en el sumario 1048/2020 del registro de la Junta responsable. ????????????? TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, quien rindió por el actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados descritos en el considerando precedente; no obstante, dicha negativa queda desvirtuada dado que, del análisis del propio informe y de las constancias que le acompañó se advierte su existencia, ya que aceptó haber dejado sin efectos el señalamiento de la audiencia de conciliación demanda y excepciones para la diez horas del trece de agosto del dos mil veintidós, fijando en su lugar nueva fecha dentro del término establecido por la ley para tal efecto; cuya emisión constituye el reclamo en la presente controversia. Asimismo, de las constancias de notificación y emplazamiento que acompañó al informe, se advierte que tales diligencias se practicaron el cinco de abril de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -quince de marzo de dos mil veintidós-. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la 1 Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por tanto, se tienen por cierto los actos reclamados a las citadas autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo deviene improcedente cuando, hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan los actos mismos y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, respecto al acto reclamado identificado con el inciso b. del considerando segundo de esta ejecutoria, de la constancias que la Junta responsable acompañó a su informe se advierte que, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós [Foja 20] dictado en los autos del expediente natural, dejó sin efecto las diez horas del trece de agosto de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones, y en su lugar fijó las trece horas del día veintiséis de abril de dos mil veintidós para que tenga verificativo esa diligencia. Por otro lado, en relación al reclamo identificado con el inciso a. del considerando segundo, consistente en la omisión de notificar y emplazar a la parte demandada en la controversia de origen, la Junta responsable allegó copia certificada de la cédula de notificación de cinco de abril de dos mil veintidós [Foja 24], por medio de la cual se constata el llamamiento a juicio de Margarita Morales Portilla y Areli Alcocer Frías por sí y como propietarias de la fuente de trabajo denominada "Zapatería Elba". Sin que pase inadvertido a esta juzgadora que, si bien el impetrante también señala como acto reclamado la omisión de notificar y emplazar al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que no existe medio de prueba rendido en el presente sumario que acredite fuera de toda duda que la citada dependencia tenga carácter de parte en el juicio laboral de origen. Para mejor proveer, se reproducen digitalmente las constancias en comento. En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -quince de marzo de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de parte de la autoridad responsable ya que había señalado las diez horas del trece de agosto de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones, dentro del procedimiento laboral de origen y además no había notificado y emplazado a las demandadas; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos tales actos han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por tanto, en consideración a lo antes plasmado, surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********** por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante la copia certificada de diversas constancias inherentes al expediente laboral 1048/2020, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, por proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se reservó acordar sobre las pruebas que ofreció la parte quejosa, consistentes en la instrumental de actuaciones y el informe justificado que rindiera la responsable, y en virtud de lo decretado en el párrafo que antecede, se acuerda: con fundamento en el precepto citado con antelación, se tienen por admitidas las aludidas pruebas, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Sin que sea necesario requerir copia certificada de todo el expediente laboral del que deriva el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que las constancias que remitió son suficientes para resolver el presente juicio. Notifíquese.

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