María Teresa Zepeda Sánchez y Otros.
Expediente 423/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/10/2018
Partes del expediente
- María Teresa Zepeda Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa *** y ***, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29, de la Ley de Amparo, que dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, con residencia en esta ciudad, rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las constancias que anexa en copia certificada. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En atención a lo señalado por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa en copia certificada y las allegadas por el Juez de Control del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante oficio NSJP/ENS/04185/2018, mismas a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Lo anterior, en virtud de que los quejosos *** y ***, promovieron demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Estado de Baja California, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, y Director de Averiguaciones Previas, todos con residencia en esta ciudad, cuyos actos reclamados los hizo consistir en: "De la Autoridad, señalada como responsable, le reclamo su falta de interés y/o expedites procesal y/o el excesivo tiempo para procurar justicia en la querella interpuesta en nuestra contra los suscritos quejosos, por el delito de Sustracción de Menores (COMETIDO POR FAMILIAR SOBRE EL MENOR DE DOCE AÑOS), formándose la Carpeta de Investigación con número Único de Caso (NUC) ***, presentada dicha denuncia. por la C. ***, ante el Modulo de Orientación Calle Novena de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, de esta Ciudad de Ensenada, y posteriormente canalizada a la Unidad de Delitos Sexuales de la misma Dependencia, de esta misma Ciudad de Ensenada. [.] En el caso particular, de acuerdo a lo anterior, las razones dadas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para estimar que procede el juicio de amparo contra la abstención del Ministerio Público, así como del órgano jurisdiccional encargado de llevar el proceso penal correspondiente, de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal o decretar de que se ha radicado en su caso la carpeta de investigación, resultan jurídicamente válidas para aplicarlas al caso particular que nos ocupa, donde específicamente se reclama la omisión y falta de expedites para procurar justicia por parte del C. Agente del ministerio Público del Fuero Común titular de la Unidad de Delitos Sexuales de esta Ciudad. Mientras que en el apartado de los antecedentes del acto reclamado, señalaron "Así las cosas, como el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, autoridad responsable, hasta ese momento no había determinado la carpeta de investigación en cuestión, habiendo pasado ya el tiempo en demasía, los suscritos interpusimos demanda de amparo, la cual fue radicada ante el H. Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad, bajo número de expediente 172/2018-VIII, en la cual, se dictó Sentencia el día 17 de Mayo del 2018, y al rendir el informe correspondiente la autoridad responsable, informo que, con fecha 11 de Junio del presente año, había consignado y enviado la carpeta de investigación en cuestión a un Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Partido judicial de esta Ciudad, y hasta la presente fecha, nuevamente ha pasado el tiempo en demasía y no sé, me ha notificado nada, ni por parte de algún Juzgado Penal o por parte del C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, hecho que violenta mí seguridad jurídica, mis garantías fundamentales, ya que vivó en la incertidumbre y en la zozobra, de que pasara de los suscritos, lo que hace que afecte nuestra salud, ya que somos personas de la tercera edad. Acompaña al presente escrito inicial de demanda, el auto de fecha 26 de Julio del 2018, en el cual, se le tiene a la autoridad responsable cumpliendo con la Sentencia dictada en dicho juicio de amparo." Así, de una interpretación integral de la demanda de amparo se colige que la inactividad procesal que se hace valer como acto reclamado, consiste en la omisión del Juez de Control del Estado de Baja California, de esta ciudad, de notificar a los quejosos la determinación recaída a la resolución de ejercicio de la acción penal de once de junio de dos mil dieciocho, emitida por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación 201-2017-10575, instruida en contra de los quejosos. Por su parte, el Juez de Control del Estado de Baja California, de esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, ya que mediante proveído de trece de julio del año en curso, en atención a lo solicitado por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, con residencia en esta ciudad, radicó la causa penal 687/2018 y señaló las nueve horas del once de octubre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación, proveído que le fuera notificado a los quejosos *** y ***, el tres y cuatro de septiembre del año en curso, respectivamente, constancias de las cuales envió copia certificada. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión del Juez de Control del Estado de Baja California, de esta ciudad, de notificar a los quejosos la determinación recaída a la resolución de ejercicio de la acción penal de once de junio de dos mil dieciocho, emitida por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, con residencia en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ***, instruida en su contra. Lo anterior, en atención a que de las constancias que exhibieron el Juez de Control del Estado de Baja California, y el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, ambos con residencia en esta ciudad, se desprende que el Juez responsable, el trece de julio del año en curso, en atención a lo solicitado por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y la Familia, con residencia en esta ciudad, radicó la causa penal 687/2018 y señaló las nueve horas del once de octubre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación, proveído que le fuera notificado a los quejosos *** y ***, el tres y cuatro de septiembre del año en curso, respectivamente; de ahí que hayan cesado los efectos del acto aquí reclamado, pues si bien pudo existir la omisión por parte del Juez de Control del Estado de Baja California, de esta ciudad, lo cierto es que a la fecha se restituyó a la parte quejosa en la violación reclamada, como si se hubiera concedido el amparo, de ahí que sería ocioso continuar con la tramitación del juicio de amparo y analizar un acto que ya no está surtiendo efectos. Por lo anterior, se estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación las tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, queda sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil dieciocho). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, atendiendo al grosor de los anexos, para su mejor manejo, se ordena la apertura del tomo I de pruebas. |
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